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Venezuela: la cuestión del estado 

 

 

Especial para CLARIDAD

Los decretos sorpresivos y las amenazas militares como parte de un juego cruel en apariencia caprichoso, son signos inequívocos del derrumbe institucional de Estados Unidos, el cual se extiende –por ahora– a instituciones y leyes internacionales. El secuestro tipo mafia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores estuvo lejos de derrocar el estado, pero sin duda fue un golpe severo. Las fuerzas estadounidenses produjeron un apagón en la zona de Caracas con medios cibernéticos y tecnología sofisticada que la riqueza del país imperialista permite, y de que carece la generalidad de los países. Apagón, bombardeo y secuestro de un presidente serían advertencias de que Washington puede hacer lo mismo en cualquier país latinoamericano, en otras regiones, o en Venezuela de nuevo. Será imposible, parece decir, que dejemos de tener control del hemisferio; los desafíos son ejercicios futiles de ingenuidad.

Desde luego, una eterna omnipotencia militar yanqui es una posibilidad abstracta, en un mundo donde no hubiese lucha política ni fuerzas contrarias al colonialismo. Es una fácil visión unilineal de la historia, de una sola vía. En cambio, el ataque estadounidense expuso debilidades del proceso bolivariano, y también sus fortalezas.

Tendencias americanas

Crucial para la soberanía de un país es su control estatal de la tierra, el suelo y los recursos naturales, sobre todo los estratégicos o de alto valor en el mercado. Al ejercer estos controles, Venezuela se aleja de la sumisión tradicional latinoamericana al capital estadounidense y europeo. A la vez transita el ambiguo y contradictorio camino que deben caminar los países pobres y excoloniales, de negociaciones continuas con fuerzas del mercado como parte de la construcción de su estado y del desarrollo nacional. Deben abrirse a capitales extranjeros, en el caso venezolano especialmente los petroleros estadounidenses, mientras mantienen el control de sus recursos por medio del estado. Sus proyectos reciben críticas o ataques desde la izquierda, exigiendo que sean más antimperialistas o menos capitalistas, y desde la derecha, acusándolos de dictatoriales y agrediéndolos económica o militarmente.

Por varios siglos el sistema imperialista organizó el mundo y la llamada modernidad. Podría decirse que en las Américas la clase dominante es el imperialismo norteamericano. Los países latinoamericanos y caribeños, históricamente jóvenes, han estado bajo su influencia desde el siglo XIX, casi desde la independencia. El duro golpe que recibieron con el neoliberalismo, a fines del XX, profundizó el colonialismo de formas nuevas, y en algunos casos una anexión económica a Estados Unidos y otros centros capitalistas mundiales. Fue una concentración drástica del capital; en todos las ámbitos del mercado y la sociedad los más poderosos destruyeron, se tragaron o marginaron a los débiles. Se amplió la desigualdad, especialmente con las deudas.

Pero también cobró fuerza una corriente nueva de descolonización, una reorganización radical del mercado global inclinada hacia la multipolaridad y la soberanía. La propiciaron en parte las propias inversiones imperialistas. Era inevitable, sin embargo, por el fortalecimiento de las culturas nacionales y las clases populares y productivas, y la expansión salarial y del consumo, la educación, la ciencia y la tecnología. La obligación inescapable de participar en el mercado internacional empuja los países al desarrollo social y de sus fuerzas productivas, la más importante de las cuales es el trabajo.

En el siglo XX destacaron clases capitalistas relativamente poderosas en Brasil, Argentina y Chile, sólo para sucumbir a la fuerza disolvente del capital monopolista, por la deuda pero además por sus propias debilidades. Pues en realidad eran, en diversos grados, apéndices del colonialismo norteamericano y europeo. La incapacidad de las pretendidas burguesías ha propiciado proyectos populares, policlasistas, en favor de una hegemonía estatal de la economía. Estos proyectos debilitan la ‘clase’ de los capitalistas, mientras los incluyen individualmente en la nueva estrategia. En los años 60 y 70 proyectos de estado de este tipo en Brasil y Chile fueron derrocados con cruentos golpes de estado auspiciados por la CIA, a los cuales sucedieron largos regímenes sanguinarios. También Argentina tuvo su horripilante dictadura, que fracasó en resolver la crisis de la deuda, que continúa.

En México la Revolución de 1919-1929 había propulsado movimientos populares potentes y un nacionalismo relativo, y emblemático, de la clase capitalista. Pero el proyecto nacional capitalista sucumbió a las contradicciones del sistema. El impresionante desarrollo que había logrado se empantanó por el crecimiento sorprendente del narcotráfico desde los años 80, quizá estimulado secretamente por Estados Unidos para socavar el nacionalismo relativo mexicano. También en Colombia la narcoeconomía avanzó con el empobrecimiento de fines del siglo y la crisis recurrente de formación nacional. En ambos países las dificultades para que una clase dirigente unifique la nación han dado pie, en años recientes, a amplios movimientos populares que se han hecho gobierno. En 1948 Gaitán intentaba en Colombia un proyecto similar, pero fue misteriosamente asesinado.

Rutas populares impulsadas por la izquierda, pues, se aparecen como única alternativa para formar la nación y el desarrollo. También aparecen tendencias a que el país se anexe económicamente al capital norteamericano, como en Argentina, si bien el gobierno de Milei sufre debilidades inherentes y es contestado desde múltiples flancos. Hay una diversidad de caminos sinuosos, tímidos por la amenazante vigilancia estadounidense, por ejemplo de República Dominicana, Panamá, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Perú o Chile. Progresos electorales antimperialistas en Bolivia y Honduras fueron revertidos con intervención yanqui, pero el debate público de estos temas crece y se intensifica.

Los países generalmente oscilan entre el neocolonialismo y las perspectivas nuevas que ofrece el comercio con China y BRICS. La cultura y psicología coloniales atraviesan el mundo. Los temores profundos de los llamados políticos de Puerto Rico, territorio colonial todavía, por la intimidación norteamericana permanente, también abruman a políticos de otros países del hemisferio, incluida Canadá, o de Europa. La civilización occidental ha confirmado más que ninguna otra el concepto, de Hobbes, de que el miedo es fundamento del estado.

No es falso el reclamo usual de los políticos yanquis de que lo que ocurra en tal o cual país afecta la seguridad nacional de Estados Unidos. Más que nación, desde el siglo XVIII Estados Unidos es un centro de relaciones y redes financieras, comerciales y militares, internacionales e imperialistas, de las que depende su privilegiada economía. Miller, asesor de Trump, teoriza que los estados soberanistas han robado la riqueza, sobre todo Venezuela con la nacionalización del petróleo. Según este discurso contrarrevolucionario fueron los estadounidenses quienes construyeron la industria petrolera en Venezuela con su trabajo, tecnología y destreza industrial. Omite que el petróleo está en suelo venezolano y que el trabajo de los venezolanos fue esencial para la edificación de la industria.

La co-dependencia entre Estados Unidos y Latinoamérica, en fin, ha sido más intensa de lo que suele suponerse. Por tanto las rupturas de liberación nacional son literalmente radicales; desgarran el tejido de un sistema, patológico por así decir, en que han descansado intereses y visiones de mundo no sólo yanquis sino de estratos diversos en sociedades caribeñas e iberoamericanas. Washington convierte en moda liberal su desprecio y hostilidad contra los estados desafiantes. Es pública su política de agredirlos, aislarlos, sabotearlos, difamarlos y forzarlos a hambre y necesidad lo más posible.

 El estado

El estado puede hacerse un lugar de intelecto colectivo para la formación nacional y para que las clases populares logren poder y participación. Estrategias de desarrollo del estado suelen incluir el capital privado mientras procuran el progreso cultural y educativo de las clases trabajadoras. Es clave que el estado asegure su propiedad y posesión de los recursos naturales y siente la pauta en los negocios con el capital privado. El capital extranjero resulta a veces indispensable. La extracción de recursos minerales, como el petróleo, requiere tecnologías y maquinarias, o sea capital, que el país no tiene. En el tradicional neocolonialismo el capital extranjero se adueñaba, formal o informalmente, del recurso natural.

El petróleo venezolano es propiedad y está en posesión del estado. La República Bolivariana debe proteger esta conquista, a la vez que contiene ambigüedades y contradicciones relativas a su propio origen. Es un estado alternativo –promueve el poder popular– que surgió de un estado neocolonial y burgués. La ruta ‘amplia’ bolivariana, inspirada por el socialismo y a la vez capitalista en buena medida, seguramente prefigura proyectos soberanistas en otras naciones donde frentes izquierdistas accedan al gobierno por vía electoral, desde ahí transformen paulatinamente las estructuras políticas, y eventualmente procuren capital estadounidense o europeo, de forma regulada, para acumular riqueza en función del desarrollo nacional.

No es el venezolano un proceso encabezado por un partido que llegó al poder mediante la revolución armada popular, cohesionado y curtido en conceptos comunistas. Es dirigido por un estado que ha surgido del estado anterior. Esto dificulta los estigmas imperialistas de ‘anti-democrático’, ‘tiránico’, etc., y propicia espacios de negociación con variados intereses capitalistas del mundo y de Estados Unidos. A su vez, Washington lo verá fácil de manipular o someter a través de las relaciones y conversaciones del mercado.

Los líderes de un proceso revolucionario que ha nacido del estado, o de una dirección antimperialista del estado, podrían representar con probable éxito en el teatro político disposición a la negociación y la transacción, y distanciamiento de la imagen común en medios occidentales de los supuestos comunistas intransigentes y minoritarios de discurso adversativo, enfrentados al mercado de manera dramática.

De un interés en representar diálogo, negociación y flexibilidad resultaría la curiosa disposición de Maduro, en diciembre, a hablar por teléfono con Trump aun después de éste llamarlo narcotraficante, corrupto y otros insultos y vociferar que aplastaría al estado bolivariano; o que Delcy Rodríguez hablara en Venezuela hace unos días con el jefe de la CIA, la organización nefasta que ayudó a organizar el secuestro del presidente de la nación y su esposa. El encuentro sería breve y aparentemente pasajero, pero es de suponer que fue calculado por Washington para representar en las noticias que Venezuela está bajo control estadounidense, y fomentar dudas e intrigas en el movimiento bolivariano. Después de lo que ha pasado, estos gestos públicos de cooperación con un estado gansteril resultan más escandalosos todavía, si bien se apoyan en un razonamiento estratégico certero.

Generalmente un partido revolucionario, si es efectivo, produce un espacio cultural cohesivo y consistente al que siempre se remitan sus portavoces, y por supuesto al relacionarse con el estado imperialista más poderoso. Que el proyecto revolucionario venezolano haya surgido en el estado puede hacer que los estilos de sus portavoces reflejen las formas de la naturaleza transaccional, pragmática y comercial de todo estado y de las relaciones entre estados. Sin embargo, lo que imparte coherencia al proceso anticolonial no es el estado, sino el partido; es de éste que pueden aparecer formas efectivas de representar flexibilidad y a la vez verticalidad. No hay mayor problema mientras la cuestión se reduzca a estilos en las relaciones públicas. Es distinto si la seguridad e integridad del estado se ponen en cuestión por la pretendida flexibilidad o laxitud ‘cívica’ y por tratar de representar relaciones ‘normales’.

No debe, otra vez, subestimarse la dominación estadounidense en Latinoamérica y el Caribe durante casi doscientos años; su peso es enorme. En fin, los seres humanos somos en gran medida fruto de los medios de cultura y comunicación.

 Mirada a la prensa

En Venezuela siguen las protestas exigiendo que Nicolás Maduro y Cilia Flores sean liberados. La población escribe cartas de apoyo a los prisioneros. Se indica que el ataque del 3 de enero dejó más de cien muertos y 112 heridos. El Ministro de Defensa informó que 47 militares venezolanos murieron, así como 32 cubanos internacionalistas que formaban parte de la seguridad; no parece claro el número de civiles muertos. Delcy Rodríguez informó que al menos 463 apartamentos de vivienda fueron destruidos por los bombardeos en Ciudad Tiuna, Caracas. Brigadas de trabajadores repararon en 96 horas la estación de electricidad en Fuerte Tiuna, que los aviones estadounidenses bombardearon. El Ministro de Exteriores de Rusia calificó el ataque de ‘brutal invasión armada’. Maduro envió un mensaje desde Nueva York exhortando a que el pueblo se mantenga unido y a tener confianza en Delcy Rodríguez, y reafirmando que él y Cilia están firmes. Rodríguez anunció el inicio de la exportación de gas licuado de petróleo. Insistió en fortalecer la industria de hidrocarburos (petróleo, gas natural, gas licuado). Reorganizó el equipo directivo y nombró dirigentes que, según la agencia de prensa yanqui-británica Reuters, son de ‘línea dura’. Si le tocara ir a Estados Unidos, indicó, lo hará con la frente en alto, afirmando con dignidad la soberanía nacional. Delcy Rodríguez y Trump dijeron que tuvieron una conversación productiva por teléfono. Se abrirán embajadas en ambos países. El dirigente bolivariano Diosdado Cabello indicó que una embajada venezolana en Estados Unidos servirá para la comunicación con Maduro y dar apoyo a los dos presos políticos. Sigue surgiendo información del 3 de enero. La resistencia venezolana fue dura, aun contra el elemento sorpresa y el apagón general en Caracas. El enfrentamiento armado fue más cruento y extenso de lo que proyectaron la Casa Blanca y los medios de difusión en los primeros días. Que en Estados Unidos esta información todavía sea escasa y oscura, reducida a comentarios de celebración de Trump y unos pocos, indica sumisión ideológica y cobardía intelectual en la prensa dominante norteamericana.

Washington ampliará la licencia de Chevron para que pague al estado venezolano en efectivo en lugar de pagos en especie, como venía siendo, y pueda vender en el mercado internacional todo el petróleo que produce en Venezuela.

Reuters informó que el Departamento de Energía de Washington explora intercambiar petróleo pesado venezolano por petróleo medio y ácido estadounidense y trasladar el crudo venezolano a Luisiana para abastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Washington dijo que es falso.

Las sanciones estadounidenses a Venezuela y los países que participaran en su comercio petrolero aumentaron en 2019, en una continuada reacción a la nacionalización del petróleo por el gobierno de Hugo Chávez. Pero el bloqueo comercial obstaculizó las inversiones de las corporaciones yanquis, según ejecutivos de Exxon y Conoco. Después, el secuestro de Maduro, la agresión militar y el supuesto bloqueo naval del tránsito petrolero en el Caribe han deteriorado el ‘clima de inversiones’, dijeron. Delcy Rodríguez propuso enmendar la ley de hidrocarburos, quizá para facilitar las inversiones norteamericanas en colaboración con la estatal Petróleos de Venezuela, que tiene por ley la participación mayoritaria. China, que Washington quisiera desplazar del hemisferio, es el comprador principal de petróleo venezolano. Estados Unidos hace un distante segundo. También están Rusia y empresas de Francia, España y otros países.

Associated Press dice que en el último par de meses la Armada estadounidense ha impedido el tránsito de siete tanqueros petroleros en el Caribe. Circula la suposición de que Washington exige a Venezuela reducir su petróleo a China y Cuba y venderle más a Estados Unidos. Venezuela da a entender que sus políticas permanecen inalteradas. China anunció ayudas a Cuba para aliviar la crisis agravada del sistema energético y eléctrico provocada por el bloqueo, dijo el estado cubano.

Mientras Trump muestra burlonamente un dibujo de Venezuela arropada por la bandera estadounidense y deja ver que la actividad conspirativa para desestabilizar el estado bolivariano continúa, éste último sigue informando sus trabajos y la movilización popular en ellos. La Presidenta Encargada señala que ya entraron 300 millones de dólares de los 500 millones acordados con compañías estadounidenses; indica que las divisas que se obtengan de la actividad petrolera van a fondos para beneficio del pueblo trabajador e infraestructuras, y su uso será informado de forma transparente. La prioridad, subraya, es promover la producción nacional y la sustitución de importaciones. Indica que el estado colabora con la banca venezolana, que a su vez apoya la economía nacional. Su gobierno continúa el plan económico que Maduro propuso y el estado adoptó en 2018. Anuncia que el estado impulsará la producción de oro, hierro, bauxita y carbón.

Un líder sindical asegura que Estados Unidos está convirtiendo a Venezuela en una colonia, y el estado venezolano está entregándole el petróleo y otros recursos al capital norteamericano. No ofreció sin embargo datos ni contestó la información que provee el gobierno; pareció apoyarse en expresiones de Trump de que en Venezuela manda Washington. Después del 3 de enero el gobierno ha excarcelado una buena cantidad de presos políticos, en aparente gesto de buena fe en función de la unidad nacional. No sólo grupos de derecha sino de izquierda, notablemente el Partido Comunista de Venezuela, han acusado al gobierno de ser autoritario y reprimir trabajadores por la política en favor del capital privado; los comunistas han tildado de ‘neoliberal’ la política oficial.

 

LUMA en la mirilla de la jueza Taylor Swain

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

De no haber intervenido la Junta de Control Fiscal en el caso en que la privatizadora LUMA Energy le solicitó a la jueza Laura Taylor Swain remover del tribunal de Puerto Rico las demandas en su contra, ya la jueza hubiese resuelto en contra de LUMA. Esas demandas fueron radicadas por la Alianzas Público Privadas a nombre de la Autoridad de Energía (AEE) y la de la gobernadora,

Consultado por CLARIDAD, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, puso en contexto que ya van dos veces en que LUMA acude al tribunal de Titulo 3 (de la Ley PROMESA) y la jueza le ha devuelto el caso al foro en Puerto Rico porque indica que son asuntos regulatorios. Los casos de la gobernadora y de la AEE son lo mismo, son una cuestión regulatoria de un cumplimiento de contrato donde  se está alegando que no se cumplió con sus disposiciones.

De no haber sido por la intervención de la Junta, indicó el experto en la Ley PROMESA,  el caso hubiese seguido su curso normal y la jueza  ya lo hubiese devuelto.  “El problema es que al meterse la Junta, que porfía y dice que el plan  fiscal requiere que LUMA maneje el sistema eléctrico, y como el plan fiscal es algo que no es revisable, pues, el tribunal no puede ir sobre eso”.

Emmanuelli Jiménez describió como una  ironía esta postura de la JCF, dado a que  el propio ente fiscal  ha admitido que el sistema eléctrico de Puerto Rico está peor que antes y más caro y admite que el costo del sistema eléctrico  es insostenible. Además, en el proceso de Titulo 3 la Junta dijo que la capacidad de pago del pueblo puertorriqueño no era más del 6 % del presupuesto familiar y que por culpa de LUMA y Genera (encargada de la generación) cada vez aumentan más los costos de un servicio que es malo.

En tono enfático señaló  que la JCF  ha comparecido ante la jueza a decir que el sistema está realmente peor. Denuncia que lo que está  defendiendo la Junta es meramente su decisión arbitraria de que LUMA se mantenga, lo que no tiene ningún tipo de racionalidad a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. La postura de la JCF le  quita a la gobernadora la facultad de proteger al pueblo de Puerto Rico, cuando se supone que eso se mantenga, advirtió.

“La jueza tiene un tostón, por decirlo así. Por un lado, el caso se debe devolver y, por el otro, tiene a la junta dictatorial diciendo por qué ella dice que no se debe devolver”.

A su juicio, lo que la Junta  pretende es que se legalice algo que no existe, porque lo que alega la gobernadora es que el contrato de LUMA es nulo, y si el contrato es nulo, nunca  existió, por lo que  entonces la Junta estaría diciéndole a la jueza ‘mira, que eso nunca existió y ahora existe  porque yo lo digo’.  Apuntó que la intervención de la Junta complica el caso, pero crea la contradicción de que el darle la razón permitiría que la Junta valide algo que no existe y que se continúe  con un contrato que sale más caro de lo que el pueblo de Puerto Rico  puede pagar.

El hecho es que el costo de operación de LUMA les quita dinero  a los bonistas porque mientras más gaste la privatizadora,  menos dinero sobra para ellos, y así  lo han hecho saber al tribunal. Emmanuelli Jiménez, recordó que a LUMA se le han dado $2 mil millones adicionales del presupuesto que tenía la AEE. Este dato se le llevó a la jueza Swain en el anterior proceso de plan de ajuste de deuda, pero el asunto quedó en el aire.

Al presente, la jueza tiene que resolver la petición de LUMA y la de la Junta de si tiene  jurisdicción o no en el caso. Si la tuviese, tendría que resolver el caso de la legalidad o no del contrato, conforme a lo que dice PROMESA.

Mientras, en el proceso de la negociación de la deuda con los bonistas, la jueza Swain dio permiso a que se elimine el tema de los gastos administrativos. Los bonistas están pidiendo  que dichos gastos se les pague con lo que sobró de la quiebra del 2017. En tanto, el plan de ajuste depende de que se resuelva lo de los gastos administrativos, porque si los bonistas ganan, habría que añadir  esa cantidad al plan de ajuste, lo que según Emmanuelli Jiménez,  no lo haría viable debido a que  no habría dinero para pagar.

 

 

 

 

Casa Pueblo presenta innovador modelo de interconexión entre microrredes

Arturo Massol, Cas Pueblo Foto por Rolando Pérez

 

CLARIDAD

 

El esfuerzo podría dar paso a una forma más democrática y renovable para producir y distribuir energía eléctrica

 

Entre exministros, profesores, estudiantes, integrantes de la comunidad y personas de los más variados perfiles, el equipo de Casa Pueblo presentó, el 20 de enero, su Laboratorio Comunitario para la Transición Energética, desde la sede de la organización. Establecido como un centro de estudio e investigación, el espacio aspira a reunir los saberes de la comunidad para distribuir la energía generada.

Explicación a los presentes. Foto Rolando Pérez/Especial para CLARIDAD

El director de la colectividad, Arturo Massol Deyá, agradeció a quienes asistieron a la actividad para atestiguar la demostración de lo que describió como una alternativa a la economía energética de Puerto Rico, tan dependiente de los combustibles fósiles. Repasando las propuestas del Estado para crear gasoductos, líneas de conexión hacia países vecinos y más plantas de generación eléctrica, el líder comunitario criticó esta fórmula “impuesta y extractivista”.

“La conversación que se ve de arriba hacia abajo es una traición a esa aspiraciones que creo que tenemos colectivamente de movernos hacia un futuro limpio y renovable, como nos han dicho. Esto (la dependencia) no es eso, y esa es la conversación y ese es el problema”, aseguró el también biólogo.

En ese sentido, Massol Deyá recordó, además, el rol y la historia de Casa Pueblo como pionero en la instalación de energía fotovoltaica. Contó que, en 1999, la organización colocó cinco paneles solares en su techo. A pesar de ser una apuesta novel, el espacio de autogestión logró independizarse paulatinamente.

“Esta es la ruta. Debemos movernos en esa ruta. Del 1999 al 2007 hicimos una actualización  (con) Gerson Beauchamp y la Universidad de Puerto Rico, donde nos movimos del 5 % al 50 % con el sol. En el 2017 modernizamos la instalación, y es la que tenemos hoy. Somos completamente libres energéticamente. Así que Casa Pueblo, como institución, ha vivido la transición energética y la escala comunitaria”, elaboró.

El director acuñó el modelo como uno de “buen vivir” en el contexto energético, en el sentido de que puede producir y compartir electricidad con ciudadanos y mantener en función autónoma a la Radio Casa Pueblo, el Cine Solar y la Plaza de la Independencia Energética. A juicio de Massol Deyá, ese buen vivir es reproducible a través de los más de 175,000 hogares del país que han invertido en su propia energía solar.

“El problema energético ya no es en el 100 % del país. La pregunta es si esas instalaciones solares, esa intervención individual en las casas debe ser un derecho para todos y todas, y no solamente para aquellos que puedan pagar por un sistema solar. Por aquí va una ruta de cambio, cambiando cómo se genera la energía. En lugar de centralizada es descentralizada”, afirmó el autor de Democracia y energía: desafiando la economía de combustibles fósiles por un país propio.

Como parte de los hitos renovables, el biólogo destacó la conexión de la radio y el cine en 2018, consolidando la primera microrred del país. De esa manera, múltiples espacios comenzaron a beneficiarse de la electricidad que generaba un solo edificio. Esta “comunidad energética” puede, así, integrar lugares con y sin paneles solares.

“De una misma instalación solar o varias, se maximiza y se optimiza la eficiencia energética dentro de este conjunto… La pregunta es si este buen vivir puede expandirse. Si puede ser interactiva esa expansión, como ocurrió con las casas solares. En lugar del buen vivir, reproducir el buen convivir”, dijo Massol Deyá.

Esta filosofía desembocó en la creación de lo que Casa Pueblo apoda el Orquestador, un equipo innovador que permitirá la transferencia de energía entre las distintas microrredes de la organización. La idea, agregó el director, es que la electricidad no venga del exterior sino que se produzca, “de manera más democrática”, desde las comunidades.

“Ese Orquestador es un producto de esa experiencia comunitaria que estamos viviendo y que le está dando servicio a la comunidad. A la misma vez, estamos aprendiendo e innovando para mejorar lo que tenemos, para capacitar y ayudar a otros, para educar que estas transiciones las podemos impulsar”, expresó Massol Deyá.

Por otro lado, resaltó la importancia de romper con la dominación de grandes empresas o gobiernos que, siendo dueños de las tecnologías, imponen las soluciones a los problemas, sin consultar a las personas afectadas. Para cambiar esa relación, Casa Pueblo propone una relación igualitaria entre quienes generan y participan de la comunidad energética.

Como testimonio de esa visión, el evento reconoció los diferentes acuerdos y colaboraciones que la organización autosostenible ha formado con numerosas universidades y ciudadanos adjunteños. Esta fórmula, arguyó el biólogo, no promueve el aislamiento de conocimiento sino la cooperación entre instituciones tanto del Norte como el Sur global.

“Compartimos una profunda causa común con el enfoque de sistemas de energía limpia, resiliente y con comunidades prósperas, y estamos honrados de estar en colaboración”, expresó, vía mensaje grabado, el profesor de la Universidad de Massachusetts Jared Starr.

 El Orquestador

Fotos por Adrián Rodríguez Alicea

Maximiliano Ferrari, doctor en ingeniería eléctrica, investigó y diseñó el Orquestador para transferir y regular la energía que producían las microrredes de Casa Pueblo. De ese esfuerzo resultó una caja metálica y rectangular, con ciertos cables pasando por entre sus interfases. Encima de la caja, que además es alta, un monitor da paso a los comandos de interconexión. Es evidencia de la ciencia práctica, como le llama el propio Ferrari.

“Tenemos todas las semillas para empezar un laboratorio. Era algo que tal vez debimos empezar antes, pero ha sido este momento en el cual utilizamos toda esta red de personas y recursos que tenemos para tener un impacto verdadero, social, a través de las ciencias y la tecnología”, aseveró el investigador.

Para el Dr. Ferrari, el asunto de la ciencia aplicada ayuda a que las teorías y propuestas no queden en los confines de la universidad o el laboratorio. Asimismo, explicó algunas limitaciones de las microrredes –como la reducción de energía utilizada por falta de baterías– y que existen tres tipos de “arquitectura de microrredes”:

  1. Microrred aislada
  2. Microrredes en red (interconectadas por sincronización)
  3. Microrredes en red (interconectadas por un convertidor).

La tercera arquitectura permite mayor acceso a la energía entre microrredes puesto que puede transferir energía de una microrred a otra. El Orquestador hace, de forma manual, ese mismo proceso. Para observar la maquinaria, hay que ponerse lentes de seguridad dado el alto voltaje del cuarto en que está. Al encenderse, un zumbido similar al de una computadora inicia el proceso; al acabar, expide dos sonidos de interruptor que confirman el intercambio de determinados kilovatios entre la Casa Pueblo y la Plaza de la Independencia Energética.

“Estamos diseñando un sistema que, en teoría, puede conectar sistemas mucho más grandes”, comentó Ferrari en la demostración, que dio lugar en el nuevo Laboratorio Comunitario.

Luego de la presentación, el equipo de Casa Pueblo organizó una mesa de diálogo en la que participaron: Tatiana Roa, ex viceministra de Ambiente de Colombia; Fernando Lloveras, director de Para la Naturaleza; Miriam Torres, vecina de Casa Pueblo, y otros representantes de varias comunidades del país.

Roa, ambientalista e ingeniera de combustibles, cuestionó sobre cómo las iniciativas de Casa Pueblo aquilatan las voces y voluntades de las comunidades beneficiadas por sus proyectos. Es decir, cuánto participan. La conversación continuó entre la exfuncionaria y Gustavo Irizarry, presidente de la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña (ACESA).

“El que quiere autonomía energética tiene que gobernarla”, dijo Roa.

En aras de expandir y compartir estos conocimientos con las universidades y comunidades interesadas, Casa Pueblo habilitará el equipo para que estudiantes e investigadores puedan experimentar estos ejercicios desde la sede de la organización. La actividad cerró con un recorrido por las microrredes de Adjuntas y algunos de los comercios y hogares beneficiados por este proyecto social que cada vez crece más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se preparan para el conteo de personas sin hogar

Foto Archivo CLARIDAD/Alina Luciano

 

 

 

Las personas sin hogar que llegan a Puerto Rico desde los Estados Unidos, los jóvenes en Puerto Rico y los adultos mayores que quedan en la calle por motivos de desahucio o por problemas económicos serán los tres grupos poblacionales prioritarios en el Conteo de Personas sin Hogar de este año.

Belinda Hill, presidenta del organismo Continuo de Cuidado (COC) PR-502, a cargo del conteo, indicó mediante comunicado de prensa que el propósito es identificar las tendencias nuevas en el sinhogarismo para explorar cómo mejorar las respuestas de servicios.

Según reveló, una de cada 10 llamadas que reciben para solicitar ayuda es de personas sin hogar que llegan desde Estados Unidos, pensando, equivocadamente, que en Puerto Rico es más fácil ubicarse en una vivienda. En el caso de los jóvenes, por conteos anteriores entienden que es difícil contar a los jóvenes sin techo, por lo que desde hace dos años tienen un sistema coordinado de jóvenes para ayudar en esa tarea. “Los adultos mayores que quedan en la calle por desahucios o problemas económicos son otro grupo que deseamos evaluar si ha aumentado en Puerto Rico”.

El conteo se realizará en las calles de 24 municipios del norte de Puerto Rico, incluyendo a San Juan, que es el municipio con mayor cantidad, el 28 % del total de personas sin hogar en la Isla. El proceso iniciará el miércoles 28 de enero a las 6:00 p. m. y se extenderá por 24 horas hasta las 6:00 p. m. del jueves 29.

Liz Mónica Lamboy, directora ejecutiva del CoC PR-502, explicó que “el requisito del conteo es parte de la regulación federal para poder solicitar fondos al Gobierno federal para servicios de vivienda para personas sin hogar. Los resultados del conteo los utiliza el Congreso para la asignación de fondos para las distintas organizaciones que atienden el sinhogarismo. La actual administración del presidente Donald Trump ha cambiado algunas de las prioridades para atender personas sin hogar y una de las preguntas a realizar como parte de las entrevistas que se hacen en el conteo es si las personas están accediendo a servicios de salud mental y de tratamiento para abuso de sustancias”.

El conteo del 2025 identificó 1,031 personas sin hogar, de las cuales un 40.7 % enfrentaba situaciones de sinhogarismo crónico y un 75.9 % reportó alguna condición de vulnerabilidad, tales como consumo problemático de sustancias, condiciones de salud mental o impedimentos físicos.

Los datos de ese año revelaron, además, que el 59.2 % de las personas entrevistadas indicó que sus condiciones de vulnerabilidad les impiden mantener empleo o vivienda. La distribución por género muestra que el 76 % son hombres, 23.8 % mujeres y 0.2 % personas transgénero. En cuanto a la edad, un 6.4 % son menores de 18 años, 3.9 % están entre los 18 a 24 años, un 14.7 % fluctúa entre los 25 y 34 años, 23.8 % están entre los 35 a 44 años, 22.5 % están entre 45 a 54 años, un 19.7 % fluctúa entre los 55 a 64 años y un 9 % corresponde a adultos mayores de 65 años, un grupo en creciente riesgo de exclusión social.

 

 

La reforma contributiva que propone la Gobernadora ¿es la que se necesita?

 

 

ccotto@claridadpuertorico.com

El proyecto de reforma contributiva presentado por la gobernadora, Jenniffer González Colón,  el cual se encuentra bajo escrutinio ante la Asamblea Legislativa, sigue el principio de la lógica republicana de que el gobierno tenga menos recursos para que las personas tengan un poco más de dinero y de esa manera puedan satisfacer de forma individual las necesidades que se tienen como sociedad. Así lo apuntó el economista Iyarí Ríos, en entrevista con CLARIDAD.

El proyecto de reforma contributiva presentado por la administración de González Colón propone reducciones en las tasas contributivas de los individuos y, según la gobernadora, estos serían los alivios contributivos más altos que va a recibir la clase media desde el 2011.

¿Es esta la reforma que se necesita?, preguntamos. Ríos explicó que el problema de Puerto Rico es que  cada cuatrienio, desde el inicio de la crisis económica del 2006, las diferentes administraciones han estado proponiendo diferentes medidas que van dirigidas al tema de las contribuciones. Durante estos 20 años, con respecto a lo que en términos generales necesitan los especialistas en temas contributivos, han coincidido en que, en efecto, sí es necesario una reforma de nuestro sistema contributivo porque este no cumple con el principio de las mejores prácticas. Se requiere uno que sea sencillo para facilitar navegar por el sistema contributivo y que sea fácil de administrar. En el caso de Puerto Rico, dijo, el sistema es uno fragmentado,  no es sencillo, en parte debido a que en lugar de tener una mirada general, amplia, de las contribuciones sobre ingresos sobre la propiedad, el consumo y otros misceláneos, se atiende de manera fragmentada.  El resultado  es que es un sistema que no es fácil de administrar ni de fiscalizar.

El segundo principio es que el sistema sea uno justo y equitativo, en donde los contribuyentes que estén en una situación fiscal similar reciban un trato similar y aquellos que tengan mayor capacidad económica tengan una carga impositiva mayor. El profesor de Economía apuntó que se ha visto que en el  caso de Puerto Rico  no necesariamente esa ha sido la realidad.  “Aquí se ha tenido unos tratos preferenciales para unos sectores en particular y, a través de exenciones contributivas, no necesariamente los que tienen mayor capacidad económica son los que en términos relativos pagan más contribuciones”

No obstante, reparó en que de lo que se ha discutido, que son los renglones de ingresos donde se propone rebajar, al fin y al cabo va a estar sujeto a lo que decida la Junta de Control Fiscal. Resaltó que un tercer elemento fundamental es que el sistema contributivo debe asegurar que el gobierno disponga de los recursos necesarios para su funcionamiento, para la prestación de servicios. “Aquí eso no se está discutiendo lo suficiente en esta coyuntura con esta reforma contributiva. Debemos recordar que sobre el 40 % de la población vive bajo el nivel de pobreza y, en ese sentido, no se tiene la capacidad para poder satisfacer unas necesidades básicas. En ese contexto, la prestación de servicios públicos resulta fundamental”.

Ríos reiteró que ese es un elemento que no se ha discutido lo suficiente y el énfasis que se ha hecho es en el alivio que van a recibir los contribuyentes y cuántas contribuciones menos van a pagar.  Aunque  la  información que se ha discutido públicamente apunta a que, en efecto, va haber una reducción en el pago de contribuciones de un número importante de familias, una de las preguntas de la discusión pública es el que la Junta de Control fiscal ha cuestionado cómo se va a financiar esa reforma contributiva. La duda que ha surgido  en la discusión pública es si los  recortes se pueden sostener no solo este año, sino hacia el futuro. Esa es un área a la cual  el Gobierno le ha dado largas y ha querido proyectar que cuenta con los recursos, denunció.

Ante esa duda y al hecho de que el 46 % del presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico proviene de  fondos federales de los que se anticipa su recorte, el economista describió  la situación como una muy fluida, que parece que cuando el Gobierno plantea que ha identificado los recursos necesarios para poder llevar a cabo la reforma para que los contribuyentes paguen menos impuestos, el gobierno va a tener menos ingresos. Eso significa que se tienen que reducir más gastos para que tenga un efecto neutro. Recordó que la reforma debe tener un efecto neutro y que está sujeta a la aprobación de la JCF. El Gobierno ha planteado que  va a lograr que la reforma tenga un ese efecto con recortes en el gasto público.

“Eso coincide con la mirada republicana que tiene el Gobierno de Puerto Rico en general, Trump, Jenniffer González y los presidentes de la Asamblea Legislativa de que el gobierno tenga menos recursos para que las personas tengan un poco más de dinero y que de esa manera se pueda satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad o,  más bien, de modo individual. Eso un grupo de individuos lo puede hacer, pero hay otros que aun con esta reforma contributiva 500 o 300 pesos más les dará para algo adicional, pero no necesariamente van a poder satisfacer el conjunto de necesidades que se tienen con ese dinero”, denunció.

El profesor Ríos expresó su objeción a la propuesta de la gobernadora de que para poder generar los  ingresos para financiar la reforma se le pongan impuestos a los sistemas fotovoltaicos y se les eliminen las exenciones a los carros eléctricos. En ambos casos ello representa una contradicción a la política del Gobierno sobre temas ambientales, ya que se supone que hay la política pública para transitar a la energía renovable, limpia, y dejar los combustibles fósiles. Al imponer impuestos y eliminar las exenciones se está desalentando la transición.

En conversación por separado, el profesor de contabilidad José González Taboada igual señaló que,  cada vez que el gobierno de turno somete propuestas de cambios al sistema contributivo, bautizan dichos cambios como una reforma. “Son tantas las llamadas reformas en nuestra historia, que si de verdad hubiesen sido reformas, Puerto Rico sería un ejemplo mundial de justicia contributiva. La realidad está 180 grados distanciada”.

Expuso que una verdadera reforma contributiva atiende todas las fases del sistema tributario de un país; no se limita a cambiar las tasas de contribución personal sobre ingresos. “Los individuos pagamos arbitrios, IVU, impuestos sobre la propiedad y otros tipos de impuestos directos e indirectos”.

González Taboada, quien es miembro de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral para el Crédito Público (CCAICP), trajo a la atención que grupos compuestos por contadores públicos autorizados,  economistas y abogados, entre otros, han hecho, en múltiples ocasiones, recomendaciones serias al gobierno para una reforma, pero lamentó que esas recomendaciones han sido ignoradas cuatrienio tras cuatrienio.

Aunque reconoció que es positivo que se reduzcan las tasas contributivas, hizo la acotación de que en Puerto Rico  pagamos el IVU más alto de todo Estados Unidos, al igual que los arbitrios sobre los vehículos de motor. También recordó que el Gobierno no puede tocar el IVU porque este está comprometido con el pago de la deuda, “como resultado de la quiebra a la que nos llevaron el PNP y el PPD”. El compromiso del IVU con el pago de la deuda es de 50 años.

Al igual que Ríos y otros economistas, González Taboada denunció que eliminar la exención del IVU al costo de los sistemas de energía solar y a los vehículos híbridos y eléctricos, además de desalentar la adquisición de estos productos, contradice la propia política del Gobierno de impulsar el uso de la energía renovable y la energía limpia para los automóviles. “Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás”, concluyó.