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Editorial-Palestina se desangra: ¿quién detiene la matanza?

Foto Archivo CLARIDAD/Alina Luciano

 

Mientras Palestina continúa desangrándose bajo el implacable azote de las fuerzas armadas israelíes contra su población en la franja de Gaza, y simultáneamente avanza la violencia de los colonos que, con la protección de las milicias israelíes, despojan de sus tierras y propiedades ancestrales a los habitantes de Cisjordania, el territorio palestino en la ribera occidental del río Jordán, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lleva varios días intentando aprobar una resolución que logre un alto al fuego, al que tenazmente se oponen los gobiernos de Israel y Estados Unidos. Si hay alto al fuego o no- o si se permite el flujo continuo de más ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra- depende ahora de la delegación estadounidense que, el pasado 8 de diciembre, ejerció su poder de veto para impedir la aprobación de una resolución similar del Consejo de Seguridad. La meta de los países favorecedores del alto al fuego- que son la inmensa mayoría- es lograr que el voto de Estados Unidos se cuente entre las abstenciones a la resolución, en lugar de derrotarla mediante el veto. Hasta ahora, Israel y Estados Unidos han tenido éxito en sabotear los esfuerzos de la ONU y  la voluntad inmensamente mayoritaria de la comunidad internacional, impidiendo una decisión sobre el reclamo para que se decrete un alto al fuego.

Al cierre de estas líneas, la situación humanitaria en la franja de Gaza era crecientemente terrible. La hambruna y sed generalizadas, la falta de alimentos, agua potable, medicinas y bienes básicos, la destrucción de la infraestructura eléctrica, de agua, hospitalaria y de salud, el deterioro en las condiciones sanitarias en la franja por los cadáveres descompuestos bajo los escombros y la amenaza inminente de enfermedades y plagas que sigan cobrando vidas, y un invierno despiadado sobre una población sin techo,  derrumban los mitos y las excusas que tratan de justificar como “legítima defensa” las atrocidades, con categoría de crímenes de guerra, cometidas por Israel a nombre de un supuesto “derecho a existir” que nadie les niega.

El sufrimiento en Gaza va más allá de la desesperación. Cerca de 20,000 palestinos han sido asesinados como resultado de las agresiones inmisericordes de las fuerzas armadas israelíes. Las víctimas son principalmente mujeres, ancianos y niños. Solamente este pasado lunes, medios de prensa de todo el mundo informaron que 100 personas fueron asesinadas en Gaza como resultado de ataques aéreos israelíes. El periódico británico The Guardian publicó un extenso reportaje, con puntuales detalles de los crímenes cometidos por Israel durante dichas 24 horas. Informó que en Rafah, en la parte sur de Gaza, una serie de ataques aéreos destruyeron tres casas contiguas, asesinando a 25 personas en el acto. Diez personas más fueron asesinadas en un centro para refugiados en Jabalia, al norte de Gaza. Ese mismo día lunes, “las fuerzas israelíes arrasaron uno de los últimos hospitales que seguían en funciones, el hospital anglicano Al –Ahli, donde arrestaron a la mayoría del personal del hospital, y efectivamente, cerraron el mismo, según informó la St. George Cathedral de Jerusalén, quien opera el hospital”, informó The Guardian.

Precisamente, ese proceder errático y cruel de las fuerzas armadas israelíes, y su aplicación arbitraria de las reglas de enfrentamiento en la guerra- o como dicen en inglés, the rules of engagement- han “levantado una bandera” en la opinión pública mundial, que hoy se pregunta cuál es el verdadero objetivo de Israel en esta guerra. La pregunta es si verdaderamente lo es “la destrucción militar y política” de la organización palestina Hamas, como han proclamado todos los altos oficiales de su gobierno y repiten sus homólogos del gobierno de Estados Unidos, o si, por el contrario, Israel persigue un objetivo más perverso. Este sería, por ejemplo, la “limpieza étnica” y el desplazamiento físico de la totalidad de la población palestina fuera de sus actuales lindes territoriales, para expandir a dichos territorios el “Gran Israel”, o peor aún, el exterminio o genocidio del pueblo Palestino. Otro ejemplo que “levanta bandera” sobre la conducta arbitraria de la milicia israelí hacia quienes no son sus soldados, fue el asesinato a sangre fría de tres de sus propios rehenes, contra los cuales se abrió fuego a mansalva, a pesar de que estaban desarmados y portaban una bandera blanca.

Este es el contexto en el que se debate la nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que propone la “suspensión de hostilidades” y que se abra libremente el flujo de ayuda humanitaria a la población de Gaza, bajo la supervisión de la ONU, y cuya aprobación fue aplazada por Estados Unidos hasta este miércoles o en adelante esta semana. Es claro que Estados Unidos se encuentra cada vez más solo en el respaldo incondicional a Israel y a su campaña militar sin precedentes en métodos y alcance, la cual próximamente entrará a su tercer mes de ofensiva encarnizada. Mientras Estados Unidos se regodea en determinar qué hará en cuanto a la resolución del Consejo de Seguridad- lo que no es muy difícil de predecir- los otros catorce países miembros de dicho cuerpo siguen enfrascados en las negociaciones que hagan viable el alivio humanitario urgente que desesperadamente necesita la población de Gaza.

Mientras se conducen los debates y las negociaciones que pueden ser fructíferas o inútiles, continuará el martirio para la indefensa población palestina de Gaza al margen de las maquinaciones, cálculos y estrategias geopolíticas del imperio del Norte y de su Estado gendarme en la región del Medio Oriente.

 

 

“Eso de que los fondos federales vienen a salvarnos es una falacia.”

 

Habla Arturo Massol Deyá

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

No son gratis. La instalación de los paneles solares que ha anunciado el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés), por medio del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PRERF)  a 40 mil hogares a familias de bajos ingresos y de diversidad funcional,  no es gratis, advirtió el director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá.

El dato también fue revelado por Alejandra Castrodad, economista y directora de la organización sin fines de lucro, Resilient Power PR, quien compartió con un grupo de personas interesadas, un análisis científico de lo que estipula el programa del PRERF, de  $1,000 millones para sistemas solares y de los cuales recientemente el DOE ya asignó la mitad de estos.

El director asociado de Casa Pueblo, organización que se ha destacado por impulsar proyectos de energía  renovable,  señaló el historial político que supone el citado programa. Recordó que en octubre del 2022, el presidente Biden visitó a la isla tras el huracán Fiona y anunció que designó a la secretaria del DOE, Jennifer Granholm, para atender los asuntos de energía de Puerto Rico. En esa misma semana  se  radicó un proyecto de los $1,000 millones para sistemas solares y una semana más tarde la secretaria Granholm estuvo en Puerto Rico. Luego ha estado otras seis veces, la más reciente en noviembre.  “En ese proceso lo único que se ve que es público es el anuncio de los $1 mil millones,  de lo demás no se sabe qué ha hecho de reestructurar el sistema eléctrico. Da la impresión de que la secretaria vino a gerenciar esos $1,000 millones”, denunció.

Massol Deyá indicó que en esta primera ronda se asignó $400 millones, el 90 %  a tres empresas con base en Houston, California y Wisconsin. Apuntó que en esencia, los $400 millones que van directamente a las compañías son para incentivar que personas de bajos recursos puedan financiar un sistema solar; pero la gente lo tiene que pagar. La impresión que se ha dado hasta el presente es que las personas no tendrán que pagar por la instalación  de los paneles. Señaló que si se divide $400 millones entre 40 mil casas, eso da $10 mil por casa, que está poniendo el DOE. Pero los sistemas de energía que define el DOE, sistemas de 3-5 kW DC de energía solar con baterías, con almacenaje y medición neta, cuestan  alrededor de $25 mil dólares. El otro aspecto es que en el contrato de instalación se estipula que es un acuerdo o contrato a tercero, es  decir, que quien será el dueño de los panales será la empresa, por 20 a 25 años.

“No es lo mismo que la persona lo financie y a los 7 años lo haya pagado. Aquí la empresa es la dueña, mientras la vida útil de estos equipos es de 25 años. Cuando se viene a ver, 400 millones que van directamente a las empresas, deberían ser para reducir los costos, pero la gente va a tener que pagar. Los pobres van a poner en ese modelo de negocio sobre mil millones en esos 20 a 25 años”, tronó Massol Deyá.

El resto de los fondos han sido designado: $40 millones o el 10 % para proyectos comunitarios,  $10 millones para educación y $3.5 millones para los “embajadores solares”. Los embajadores solares serán los vendedores de los sistemas, y en lugar de recibir una comisión tradicional del 3-5 %, recibirán una comisión promedio de $100 por casa. Es decir, $3.5 millones por 35 mil casas, que equivale a 7 a 10 veces menos que lo que recibe un vendedor de Sunnova para un sistema solar de esa escala.

En tanto, Resilient Power PR advirtió que en Estados Unidos existen referentes de programas parecidos como el Property Assessed Clean Energy (PACE), que deben servir de espejo a Puerto Rico. El aspecto más preocupante sobre este programa en EE. UU. es que cientos de personas han recurrido a quiebras o  les han ejecutado su propiedad por retrasos en el pago de deudas. Además, reparó el director asociado de Casa Pueblo, un gravamen sobre la propiedad también representa una limitación en la capacidad de las personas a mudarse, migrar o vender las propiedades según quisieran.

Sin pretender echar loas a LUMA, comparó que aunque a esta se le deba dinero, no puede quitarle el negocio, ni la casa a un cliente; pero en este modelo, las compañías sí pueden ir detrás de la propiedad, cosa que ya ha sucedido en EE. UU., reiteró.

Se supone que en estos tres próximos meses el DOE estará dilucidando el acuerdo específico entre el Gobierno federal y las agencias  pertinentes, y que en marzo del 2024 se comiencen a instalar los paneles. Massol Deyá destacó que es importante tanto orientar a las personas como exigir protecciones.

Al respecto RPPR resaltó varias recomendaciones para atender en esta etapa, como prohibir que se utilice como colateral las viviendas de los participantes para el financiamiento, establecer las salvaguardas para que el financiamiento no exceda la vida útil de los sistemas de energía solar y establecer mecanismos de protección al consumidor para asegurar que los participantes conozcan y entiendan a cabalidad los términos y condiciones del contrato.

Massol Deyá hizo la salvedad de que Casa Pueblo nunca aspiró ni aspira a estos fondos. “Eso de que los fondos federales vienen a salvarnos es una falacia. Los fondos asignados son una inversión para la economía y los intereses de allá. El modelo propuesto es colonial, extractivista y de capitalismo climático”, subrayó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogada independentista enfila su carrera a la Cámara

Adriana Gutiérrez

 

 

CLARIDAD

 La carrera política de Adriana Gutiérrez Colón, excandidata al Distrito 1 del Senado en 2020, tiene un fuerte arraigo en su ideal independentista. Cuando cursó el cuarto grado, cuenta la lideresa, clamaba por la paz para Vieques durante las oraciones y rezos del colegio católico en que estudió. Ese ánimo decolonial le llevó a militar por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), colectividad desde la que aspira a convertirse en la próxima representante del Distrito 4 de San Juan. En entrevista con CLARIDAD, la lideresa presentó sus posturas, planes y trasfondos.

“Durante el primer cuatrienio del representante Denis Márquez, recibí una llamada de él para ser parte del equipo de trabajo de su oficina. Con mucho gusto acepté ese trabajo y, definitivamente, me ha brindado la oportunidad de aumentar mi militancia y ocupar otras posiciones de liderato dentro del partido”, contó Gutiérrez Colón, quien trabaja hace seis años con Márquez Lebrón y funge como secretaria de Asuntos de Mujer y Género del PIP.

No obstante, la militancia independentista de Gutiérrez Colón comenzó mucho antes de trabajar con el legislador. En un momento dado, fungió como funcionaria de colegio electoral y, luego de graduarse de su bachillerato en Historia de las Américas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), trabajó como asistente legislativa de María de Lourdes Santiago. Asimismo, forma parte del equipo de trabajo del podcast Radio Independencia.

“La he tenido un poco más fácil que otra gente porque vengo de una familia independentista. Momentos como el proceso de la invasión estadounidense en Vieques me marcaron mucho porque desde ese entonces yo pude conectar la realidad de lo que significaba la relación colonial en Puerto Rico de una manera bastante evidente: el ejército estadounidense entró y bombardeó a Vieques”, detalló la candidata al Distrito representativo 4, que comprende áreas como Cupey, Caimito, Las Lomas, Puerto Nuevo y otros sectores de la ciudad capital.

¿Cómo engrana la candidatura de Gutiérrez Colón en la Alianza?

A modo de recordatorio, la licenciada Gutiérrez explicó los tres tipos de candidaturas que impulsará la Alianza de País. Por ejemplo, existen las candidaturas de Apoyo Mutuo, que se traducen en un candidato avalado por ambas colectividades; las de No Competencia, que buscan minimizar la cantidad de candidatos que aspiran a un mismo cargo por ambas franquicias, y las de Competencia Fraternal, que implican una contienda usual entre los dos partidos.

También, Gutiérrez Colón describió la distribución de los cargos en los distritos representativos. “En el caso particular de San Juan, los distritos 1, 2 y 3 serán ocupados por candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana, y los distritos 4 y 5, por el Partido Independentista, siendo el 4 al que yo aspiraré. Al Precinto 5, aspirará el compañero Gabriel Casals, asesor en la oficina de María de Lourdes Santiago”, sostuvo la candidata.

“Hemos avanzado mucho en la recepción de ideas de personas independentistas”, contó Gutiérrez Colón. La lideresa política asegura que, con los años, los cambios generacionales han permitido que la “hegemonía bipartita” se desmorone y que, a diferencia de otros tiempos, disminuyan la cantidad de campañas que “infunden miedos y clichés” en el electorado.

“Cuando se habla de independencia, viene acompañado de bulletpoints, como Cuba, Venezuela, comunismo, socialismo, pobreza, anticapitalismo y todo esos comentarios que han lacerado ese posible acercamiento al tema de la independencia”, aseveró la candidata pipiola.

Sin embargo, Gutiérrez Colón confía en que ese “derrumbe bipartito”, en esta generación, responde a la quiebra del país, al “exilio” de miles de jóvenes a otros lugares, al desplazamiento de la población local y la falta de planes de gobierno que no dependan de fondos federales. Asimismo, los casos de corrupción —que afloran en los rotativos del país— ayudan a que el electorado se muestre abierto a otras ideas, como la independencia.

Temas prioritarios en la campaña

El Partido Independentista ha evidenciado su apoyo y esfuerzos por mejorar las condiciones del país, de acuerdo con Gutiérrez Colón. Para eso, la candidata asegura que la lista de posturas, medidas y logros que tiene el PIP es muestra suficiente de ello. “Aunque hemos sido minoría en esos espacios políticos, hemos levantado la voz sobre unos asuntos de política pública que debemos estar discutiendo como país, y yo creo que hemos ayudado y aportado a que esa discusión crezca más y más”, expresó Gutiérrez Colón.

Un ejemplo de estos esfuerzos es la medida legislativa por un plan de salud universal, presentado por primera vez el cuatrienio pasado. En esa pieza, Gutiérrez Colón colaboró en la redacción, en uno de sus primeros trabajos con el representante Denis Márquez Lebrón.

La salud debe reconocerse como un derecho humano que no debe estar a la merced del mercado y de las aseguradoras. El hecho de que se esté discutiendo cada vez más y sea parte de la discusión pública es un gran adelanto y es parte del trabajo del Partido Independentista”, destacó la exalumna de Derecho de la Universidad Interamericana.

Entre los otros proyectos que busca atender Gutiérrez junto al PIP están: reforzar la protección de las costas nacionales, cuya única legislación concreta se remonta a los tiempos de la Corona Española, y la declaración de un estado de emergencia por la violencia infantil, que está a la espera de la aprobación del Senado. “Algunos se han convertido en ley, como la ley para crear una oficina de enlace con la comunidad sorda, de la autoría de Juan Dalmau cuando fue senador. Eso es un ejemplo del trabajo que hace el PIP desde esos espacios de creación de política pública, en que, sin lugar a dudas, hacen falta más aliados de esas ideas para que no quede engavetado”, detalló la aspirante independentista.

Contraste de campañas

 “Raya en lo absurdo y negligente” la forma en que operan los partidos tradicionales PPD-PNP, de acuerdo con Gutiérrez Colón. Para contrarrestar ese modus operandi partidista, la candidata por el Distrito 4 de San Juan afirmó que con la campaña de educación e información que se está dando a nivel nacional, el electorado podrá purgarse de todas “las mentiras y los mitos” que cunden en las imágenes de cualquier medio. “Yo creo que el electorado sabe y le molesta mucho que esos espacios mediáticos, que se pueden prestar para discusiones serias de política pública o de problemas del país, se dediquen a repetir estos mitos y esas acusaciones desinformadas e injustas. La contraparte de eso son datos y evidencia, que es lo que queremos y hemos hecho por los pasado años como partido”, adujo Gutiérrez.

Una nueva amenaza a la equidad de género

 Aunque, con cierto regodeo, Gutiérrez Colón habla sobre el deterioro de los partidos regentes, reconoció que existe una nueva fuerza política que significa un riesgo para asuntos relacionados con los derechos de las mujeres, como sería una legislación que proteja el derecho a la lactancia en el trabajo.

En esa línea, la licenciada candidata asegura que no hay adelantos porque en una Cámara de Representantes compuesta por 51 integrantes, solo 11 son mujeres. También recalcó que aunque haya mujeres en estos cargos, es posible que las ideas machistas queden replicadas en las medidas que presenten.

“Además de crear nuevas leyes, hay muchas leyes existentes que no se cumplen, y esa fiscalización de esos problemas y del cumplimiento de los patronos con esas leyes —como en el caso de la Ley de Lactancia—es parte del trabajo que hay que hacer ahí. También, demuestra por qué deben haber más mujeres en la Legislatura; no todos los hombres están al tanto de nuestros problemas” añadió Gutiérrez Colón.

Con ese mismo ánimo, la candidata independentista aseguró que el sistema correccional debe tener un enfoque más salubrista y no punitivo. “Yo creo que el país quiere algo nuevo, y eso es lo que electoralmente se ha evidenciado en los últimos años, y ese algo nuevo no puede venir de las mismas instituciones que nos han llevado adonde estamos hoy”.

Gutiérrez concluyó su exposición resaltando la importancia de la inscripción electoral de las nuevas generaciones. Destacó que de un universo de 150,000 electores, hay 37,000 nuevos votantes que, de insertarse de lleno en los procesos políticos, garantizarán un cambio.

 

 

 

El acuerdo de la Junta y Pierluisi: ni reforma, ni incentivo

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El acuerdo al que llegó el gobernador, Pedro Pierluisi, con la Junta de Control Fiscal (JCF) en sustitución del proyecto de reforma contributiva PC 1839 no es ni incentivo, ni reforma ni atiende los problemas estructurales de la economía puertorriqueña. Es más bien una jugada política de Pierluisi y la Junta, afirmó el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), profesor Ricardo Fuentes Ramírez en entrevista.

Luego de que la JCF les advirtiera al gobernador y a los presidentes de Senado y Cámara que haría uso de sus prerrogativas para dejar sin efecto el citado proyecto, en menos de dos semanas este y la JCF llegaron a un acuerdo para conceder un llamado incentivo solo para este próximo año. Según la JCF, el proyecto de reforma 1839 causaría la pérdida este año de aproximadamente $750 millones y casi $3 mil millones en los próximos cinco años.

En su lugar, el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, y Pierluisi dieron a conocer en la reunión pública del 8 de diciembre que habían llegado a un acuerdo para la otorgación de un “incentivo”, a los contribuyentes, individuos, para lo cual hay que enmendar el Plan Fiscal y agregarle $260 millones, el costo del incentivo. Según se informó, cerca de 600 mil personas recibirán el alivio contributivo. Ante el inusual acuerdo, CLARIDAD entrevistó al profesor Ricardo Fuentes Ramírez, quien fue economista de la JCF.

El anterior PC 1839 no era una reforma, esto tampoco lo es. ¿Es correcto llamarlo incentivo?

Definitivamente no es una reforma y tampoco es correcto llamarlo incentivo. Un incentivo contributivo tiene el objetivo de fomentar ciertos comportamientos o actividades. Ese no es el caso aquí. De lo que estamos hablando es de un alivio contributivo.

En términos económicos es la misma cantidad de alivio que ofrecía la llamada reforma. ¿Qué uso tiene darlo más allá de que la gente tendrá un dinero en su bolsillo por una sola vez?

Me parece que incluso cuando se trataba de un alivio que durara más de un año seguiría siendo un parcho que no atiende los problemas estructurales de la economía o tan siquiera el sistema contributivo. Nuestro sistema contributivo no es suficientemente progresivo. Es decir, no logramos cumplir con el principio de que el ciudadano aporte según su capacidad de aportar.

Como la propia exposición de motivos del PC1839 ilustra con datos de Hacienda, en Puerto Rico las personas que ganan entre $75,000 y $90,000 pagan prácticamente la misma tasa efectiva que las personas que ganan más de $500,000. Incluso, los que ganan $500,000 tienen una tasa efectiva menor que los que ganan entre $100,000 a $150,000. Similarmente, las empresas grandes pagan aproximadamente la misma tasa efectiva que las pequeñas empresas y las medianas empresas tienen una tasa efectiva mayor a la de las grandes.

Evidentemente, el sistema contributivo está sesgado a favor de los más ricos y las empresas más grandes del país. En parte esto explica por qué Puerto Rico es una de las economías más desiguales del mundo. Y que conste, que se encuentra lo mismo a través de varios indicadores distintos de desigualdad, como el coeficiente GINI, el índice Atkinson y el índice de Palma.  Ni la propuesta original, ni la actual, atendían el problema de la falta de progresividad en el sistema.

¿El que sea por un año y en año electoral parece más una maniobra, un favor, de la Junta al gobernador en año electoral?

Yo creo que es sumamente improbable que el factor electoral no haya jugado un rol en Pierluisi proponer alivios contributivos. Incluso, dejándonos llevar por el historial de la Junta, yo esperaba que lo rechazaran del todo y no aprobaran ni un alivio temporero. Pierluisi conoce muy bien los procesos de la Junta, yo creo que él sabía que la Junta lo iba a rechazar, y fue una jugada política. Porque de esa forma podía decirle a los electores “yo traté de dar alivios, pero fue la Junta la que no me dejó”

Para mi sorpresa, y sospecho que para la de Pierluisi también, la Junta aprobó este alivio temporero. Mi percepción no es que fue un favor de la Junta a Pierluisi. Yo creo que fue un favor a ellos mismos. Aunque ellos no se tienen que preocupar por ganar elecciones, desde 2019 han mostrado un interés mayor en mejorar su imagen. Quizás recuerdan que en el verano del 2019 el coro completo era “Ricky, renuncia y llévate a la Junta”.

Y debemos recordar que el acuerdo con los bonistas contenía una cláusula que dice que si los recaudos contributivos sobrepasan las proyecciones de la Junta, los bonistas reciben dinero adicional, por encima de lo que ya le está pagando el Gobierno.

Durante los últimos 5 años, los recaudos casi siempre han llegado por encima de las proyecciones. Así que tenemos una situación donde hay mucho dinero adicional disponible y, automáticamente, los bonistas reciben una partida significativa de eso. Sin embargo, al pueblo de Puerto Rico no necesariamente le toca algo, ya que primero tiene que pasar por el cedazo de la Junta.

Me parece que saben que eso puede crear mucho más malestar y descontento del que ya existe contra ellos. En una economía donde seis de cada diez niños está bajo el nivel de pobreza, que los bonistas sean los primeros que gocen de cualquier bonanza es algo que contribuye a la tensión social.

Usted trabajó para la Junta, la Junta dice que trabajará con el gobernador para una verdadera reforma, ¿qué podemos esperar de la Junta de una llamada «verdadera reforma”? Si los recaudos están en $726 millones por encima de las proyecciones establecidas para el año fiscal, ¿se puede o no se puede extender la supuesta reforma?

La Junta no se debe ver como un ente monolítico. Por ejemplo, los dos miembros demócratas, los tres republicanos, el staff interno puertorriqueño y los diferentes consultores externos, probablemente todos tienen visiones distintas de lo que se debe hacer con el sistema contributivo. Habrá que ver cuál de esas visiones predomina.

Por un lado, sabemos que está la visión republicana que se enfoca en que hay que reducir las contribuciones a las corporaciones y, en general, que el Gobierno tenga los impuestos lo más bajitos posible; pero sin que afecte la posibilidad de repago de la deuda. La Junta está consciente de que esta bonanza se debe a los fondos de recuperación, que eventualmente se acabarán. Aun estando de acuerdo en principio con esta visión, es posible que en la Junta no estén dispuestos a aprobar reducciones permanentes a largo plazo para no socavar la capacidad de repagar a los bonistas y caer en una segunda quiebra. Y aunque difiero en el curso de acción a tomar, reconozco que es una preocupación razonable.

¿Puede describir la reforma que se necesita, cuánto tiempo toma su diseño —preparación—, cuándo se pueden comenzar a ver sus resultados?

Ya el bipartidismo de los rojos y azules presentó su visión en el PC 1839: dar la mayor cantidad de alivios contributivos posibles, sin ningún esfuerzo para atender los problemas estructurales del sistema contributivo o la economía. La visión que lamentablemente no se discute mucho, y es la que propongo, es la de usar el sistema contributivo como herramienta de desarrollo económico.

Lo primero que se debe hacer es aumentar las tasas contributivas a los individuos que ganan más de $500,000 al año y asegurar progresividad a través de todos los umbrales. Y estos recaudos deben usarse para financiar programas para la reducción de la pobreza infantil. Similarmente, con el IVU se deben reducir las tasas de los productos en la canasta básica de las familias puertorriqueñas, pero se deben aumentar las tasas en los productos de lujo.

En la literatura económica hay bastante consenso en que la desigualdad obstaculiza el crecimiento y desarrollo económico. Sabiendo esto, es insólito que en una de las economías más desiguales del mundo se hable de reforma contributiva sin hablar de redistribución de ingresos y la reducción de la desigualdad.

En el caso de las corporaciones, las pequeñas y medianas empresas necesitan un alivio, pero con las grandes empresas debemos ser más estratégicos.

Uno de nuestros problemas estructurales es que nuestras grandes empresas nativas se han movido a sectores que no necesariamente son conducentes al desarrollo económico, como comercio, finanzas, seguros, planes médicos o bienes raíces. La manera más sencilla de verlo es que muchas de nuestras grandes empresas prefieren montar un centro comercial o una tienda para importar y vender un producto de afuera, que arriesgarse a hacer un producto “Hecho en Puerto Rico”. Eso es un problema.

Yo no les reduciría los impuestos a todas las grandes empresas. Pienso que el sistema contributivo debe proveer incentivos para que las empresas grandes se muevan hacia áreas estratégicas para la economía.

Y esto puede incluir diversas categorías. Por ejemplo, se pueden proveer incentivos a empresas que cumplan con una o más de las siguientes categorías: empresas que contribuyan a reducir la dependencia de alimentos del exterior y promuevan la seguridad y soberanía alimentaria; creen empleos en el centro y/o el suroeste; empleen a poblaciones vulnerables; manufacturen localmente; sean exportadoras y con eslabonamientos con otras industrias locales o que provean ciertos beneficios marginales, como un período de licencia parental más largo, con protección del empleo a ambos, padres y madres.

Claro, eso implica que tenemos que estar de acuerdo en una visión de país y del tipo de economía a la que aspiramos. Y en ese sentido, la Junta estaría haciendo lo correcto al no proponer su propia visión de país y el sistema contributivo que usarían para llegar a ella. Eso nos toca a nosotros y nosotras, y luego luchar para que la Junta no nos entorpezca el camino.

Sin embargo, hasta el momento en el bipartidismo no se ve la voluntad política de una estrategia económica o una reforma contributiva como la que describo. Si no la incorporan a sus programas, tendremos que darles el voto a los partidos que sí la incorporen.

 

 

 

 

Una nota sobre el holocausto palestino

 

 

Las crecientes críticas mundiales contra la campaña militar genocida lanzada por el Gobierno israelí tras el alto al fuego provisional empujaron al presidente Joe Biden a adoptar una postura crítica sobre los bombardeos indiscriminados de Tel Aviv sobre Gaza.

Los observadores de Washington señalaron que Biden hizo uso de un “lenguaje inusualmente duro” poco antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocara a una sesión para “exigir un alto el fuego humanitario, la protección de los civiles, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso humanitario”.

Biden afirmó que la seguridad de Israel cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos, los gobiernos europeos y la propia Unión Europea, pero que los continuos bombardeos contra civiles indefensos en Gaza estaban empezando a erosionar ese apoyo.

Las manifestaciones masivas en las principales ciudades del mundo contra los bombardeos israelíes, exigiendo el fin de la guerra y la posibilidad de prestar ayuda humanitaria a la población palestina, parecen estar inclinando la balanza de la opinión pública mundial en contra del régimen racista israelí.

La votación del pasado martes en la Asamblea General fue abrumadoramente favorable al alto el fuego y demostró el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel en lo que la propaganda imperialista suele llamar la “comunidad internacional”. Por supuesto, en boca de los funcionarios estadounidenses la “comunidad internacional” sólo incluye a los aliados y vasallos de Estados Unidos; el resto del mundo simplemente no existe. Por eso, cuando la “comunidad internacional” se pronuncia, como lo hizo en la votación en las Naciones Unidas, 153 de sus 193 miembros votaron a favor del alto el fuego; es decir, en contra de la preferencia estadounidense, con 10 países que votaron alineados con Washington y en contra de la resolución propuesta; y 23 que se abstuvieron. Sólo ocho países -Austria, República Checa, Liberia, Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea y sólo dos países latinoamericanos: Guatemala y Paraguay- se unieron a Estados Unidos e Israel en la oposición a la resolución.

En este caso el apoyo al alto el fuego fue muy superior al obtenido por la resolución patrocinada por los árabes el 27 de octubre, que pedía una “tregua humanitaria” que condujera al cese de las hostilidades. En aquella ocasión la votación fue de 120 a favor, 14 en contra con 45 abstenciones.

Hasta ahora, la campaña de bombardeos en Gaza registra un número extraordinario de víctimas: más de 18 000 muertos según los informes oficiales. Pero esta cifra no incluye a los cientos de personas que yacen bajo los escombros de los edificios de viviendas, escuelas, hospitales y campos de refugiados brutalmente destruidos por el ataque israelí, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos.

Biden también renovó sus advertencias de que “Israel no debe cometer los mismos errores de sobrerreacción” que cometió Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Como prueba de esta preocupación, la Casa Blanca decidió enviar a Israel a su principal asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

Según fuentes oficiales estadounidenses, Sullivan visitará el Estado judío los días 14 y 15 de diciembre. Se reunirá con el primer ministro Benjamín Netanyahu, con algunos miembros de su gabinete de guerra e incluso con el presidente israelí Isaac Herzog.

El martes, Sullivan dijo que quiere hablar con funcionarios israelíes sobre su plan de posguerra para la Franja de Gaza, donde Hamas es el partido gobernante. El enviado de Biden tendrá que enfrentarse a Itamar Ben-Gvir, líder de un partido israelí de extrema derecha (descrito habitualmente como nacional-sionista, en referencia al partido nacional-socialista de Hitler) y ministro de Seguridad Nacional de la coalición de gobierno de Netanyahu. Ben-Gvir es un crítico acérrimo de la solución de los dos Estados y ha pedido que Israel reafirme su control sobre toda Cisjordania y Gaza para lograr la construcción del Gran Israel tras la expulsión, o incluso el exterminio, de la población palestina.

Una evaluación cuidadosa de la situación actual en Gaza no puede sino concluir que el régimen racista de Netanyahu continuará sus masacres hasta lograr apoderarse de toda la Franja de Gaza si es que se muestra capaz de doblegar la resistencia de Hamas y del pueblo palestino; y capaz también de hacer oídos sordos a las crecientes críticas y protestas populares que se extienden por todo el mundo y a los llamamientos a la negociación propuestos por algunos gobiernos, principalmente China y Brasil.

Obviamente, tal plan hará aún más inestable y explosiva la situación en Medio Oriente, y aunque a corto plazo pueda considerarse un éxito para Tel Aviv, a medio plazo la vulnerabilidad de “Israel” y el resentimiento generalizado en el mundo árabe hacia un país que cometió las horrendas atrocidades que estamos presenciando en Gaza harán insostenible su situación en la región, incluso con la complicidad y protección de Estados Unidos y sus vasallos europeos. El Holocausto sufrido por la nación palestina no quedará impune, aunque en este momento suene a ingenua ilusión.

Reproducido de www.cubadebate.org