CLARIDAD
El acuerdo al que llegó el gobernador, Pedro Pierluisi, con la Junta de Control Fiscal (JCF) en sustitución del proyecto de reforma contributiva PC 1839 no es ni incentivo, ni reforma ni atiende los problemas estructurales de la economía puertorriqueña. Es más bien una jugada política de Pierluisi y la Junta, afirmó el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), profesor Ricardo Fuentes Ramírez en entrevista.
Luego de que la JCF les advirtiera al gobernador y a los presidentes de Senado y Cámara que haría uso de sus prerrogativas para dejar sin efecto el citado proyecto, en menos de dos semanas este y la JCF llegaron a un acuerdo para conceder un llamado incentivo solo para este próximo año. Según la JCF, el proyecto de reforma 1839 causaría la pérdida este año de aproximadamente $750 millones y casi $3 mil millones en los próximos cinco años.
En su lugar, el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, y Pierluisi dieron a conocer en la reunión pública del 8 de diciembre que habían llegado a un acuerdo para la otorgación de un “incentivo”, a los contribuyentes, individuos, para lo cual hay que enmendar el Plan Fiscal y agregarle $260 millones, el costo del incentivo. Según se informó, cerca de 600 mil personas recibirán el alivio contributivo. Ante el inusual acuerdo, CLARIDAD entrevistó al profesor Ricardo Fuentes Ramírez, quien fue economista de la JCF.
El anterior PC 1839 no era una reforma, esto tampoco lo es. ¿Es correcto llamarlo incentivo?
Definitivamente no es una reforma y tampoco es correcto llamarlo incentivo. Un incentivo contributivo tiene el objetivo de fomentar ciertos comportamientos o actividades. Ese no es el caso aquí. De lo que estamos hablando es de un alivio contributivo.
En términos económicos es la misma cantidad de alivio que ofrecía la llamada reforma. ¿Qué uso tiene darlo más allá de que la gente tendrá un dinero en su bolsillo por una sola vez?
Me parece que incluso cuando se trataba de un alivio que durara más de un año seguiría siendo un parcho que no atiende los problemas estructurales de la economía o tan siquiera el sistema contributivo. Nuestro sistema contributivo no es suficientemente progresivo. Es decir, no logramos cumplir con el principio de que el ciudadano aporte según su capacidad de aportar.
Como la propia exposición de motivos del PC1839 ilustra con datos de Hacienda, en Puerto Rico las personas que ganan entre $75,000 y $90,000 pagan prácticamente la misma tasa efectiva que las personas que ganan más de $500,000. Incluso, los que ganan $500,000 tienen una tasa efectiva menor que los que ganan entre $100,000 a $150,000. Similarmente, las empresas grandes pagan aproximadamente la misma tasa efectiva que las pequeñas empresas y las medianas empresas tienen una tasa efectiva mayor a la de las grandes.
Evidentemente, el sistema contributivo está sesgado a favor de los más ricos y las empresas más grandes del país. En parte esto explica por qué Puerto Rico es una de las economías más desiguales del mundo. Y que conste, que se encuentra lo mismo a través de varios indicadores distintos de desigualdad, como el coeficiente GINI, el índice Atkinson y el índice de Palma. Ni la propuesta original, ni la actual, atendían el problema de la falta de progresividad en el sistema.
¿El que sea por un año y en año electoral parece más una maniobra, un favor, de la Junta al gobernador en año electoral?
Yo creo que es sumamente improbable que el factor electoral no haya jugado un rol en Pierluisi proponer alivios contributivos. Incluso, dejándonos llevar por el historial de la Junta, yo esperaba que lo rechazaran del todo y no aprobaran ni un alivio temporero. Pierluisi conoce muy bien los procesos de la Junta, yo creo que él sabía que la Junta lo iba a rechazar, y fue una jugada política. Porque de esa forma podía decirle a los electores “yo traté de dar alivios, pero fue la Junta la que no me dejó”
Para mi sorpresa, y sospecho que para la de Pierluisi también, la Junta aprobó este alivio temporero. Mi percepción no es que fue un favor de la Junta a Pierluisi. Yo creo que fue un favor a ellos mismos. Aunque ellos no se tienen que preocupar por ganar elecciones, desde 2019 han mostrado un interés mayor en mejorar su imagen. Quizás recuerdan que en el verano del 2019 el coro completo era “Ricky, renuncia y llévate a la Junta”.
Y debemos recordar que el acuerdo con los bonistas contenía una cláusula que dice que si los recaudos contributivos sobrepasan las proyecciones de la Junta, los bonistas reciben dinero adicional, por encima de lo que ya le está pagando el Gobierno.
Durante los últimos 5 años, los recaudos casi siempre han llegado por encima de las proyecciones. Así que tenemos una situación donde hay mucho dinero adicional disponible y, automáticamente, los bonistas reciben una partida significativa de eso. Sin embargo, al pueblo de Puerto Rico no necesariamente le toca algo, ya que primero tiene que pasar por el cedazo de la Junta.
Me parece que saben que eso puede crear mucho más malestar y descontento del que ya existe contra ellos. En una economía donde seis de cada diez niños está bajo el nivel de pobreza, que los bonistas sean los primeros que gocen de cualquier bonanza es algo que contribuye a la tensión social.
Usted trabajó para la Junta, la Junta dice que trabajará con el gobernador para una verdadera reforma, ¿qué podemos esperar de la Junta de una llamada «verdadera reforma”? Si los recaudos están en $726 millones por encima de las proyecciones establecidas para el año fiscal, ¿se puede o no se puede extender la supuesta reforma?
La Junta no se debe ver como un ente monolítico. Por ejemplo, los dos miembros demócratas, los tres republicanos, el staff interno puertorriqueño y los diferentes consultores externos, probablemente todos tienen visiones distintas de lo que se debe hacer con el sistema contributivo. Habrá que ver cuál de esas visiones predomina.
Por un lado, sabemos que está la visión republicana que se enfoca en que hay que reducir las contribuciones a las corporaciones y, en general, que el Gobierno tenga los impuestos lo más bajitos posible; pero sin que afecte la posibilidad de repago de la deuda. La Junta está consciente de que esta bonanza se debe a los fondos de recuperación, que eventualmente se acabarán. Aun estando de acuerdo en principio con esta visión, es posible que en la Junta no estén dispuestos a aprobar reducciones permanentes a largo plazo para no socavar la capacidad de repagar a los bonistas y caer en una segunda quiebra. Y aunque difiero en el curso de acción a tomar, reconozco que es una preocupación razonable.
¿Puede describir la reforma que se necesita, cuánto tiempo toma su diseño —preparación—, cuándo se pueden comenzar a ver sus resultados?
Ya el bipartidismo de los rojos y azules presentó su visión en el PC 1839: dar la mayor cantidad de alivios contributivos posibles, sin ningún esfuerzo para atender los problemas estructurales del sistema contributivo o la economía. La visión que lamentablemente no se discute mucho, y es la que propongo, es la de usar el sistema contributivo como herramienta de desarrollo económico.
Lo primero que se debe hacer es aumentar las tasas contributivas a los individuos que ganan más de $500,000 al año y asegurar progresividad a través de todos los umbrales. Y estos recaudos deben usarse para financiar programas para la reducción de la pobreza infantil. Similarmente, con el IVU se deben reducir las tasas de los productos en la canasta básica de las familias puertorriqueñas, pero se deben aumentar las tasas en los productos de lujo.
En la literatura económica hay bastante consenso en que la desigualdad obstaculiza el crecimiento y desarrollo económico. Sabiendo esto, es insólito que en una de las economías más desiguales del mundo se hable de reforma contributiva sin hablar de redistribución de ingresos y la reducción de la desigualdad.
En el caso de las corporaciones, las pequeñas y medianas empresas necesitan un alivio, pero con las grandes empresas debemos ser más estratégicos.
Uno de nuestros problemas estructurales es que nuestras grandes empresas nativas se han movido a sectores que no necesariamente son conducentes al desarrollo económico, como comercio, finanzas, seguros, planes médicos o bienes raíces. La manera más sencilla de verlo es que muchas de nuestras grandes empresas prefieren montar un centro comercial o una tienda para importar y vender un producto de afuera, que arriesgarse a hacer un producto “Hecho en Puerto Rico”. Eso es un problema.
Yo no les reduciría los impuestos a todas las grandes empresas. Pienso que el sistema contributivo debe proveer incentivos para que las empresas grandes se muevan hacia áreas estratégicas para la economía.
Y esto puede incluir diversas categorías. Por ejemplo, se pueden proveer incentivos a empresas que cumplan con una o más de las siguientes categorías: empresas que contribuyan a reducir la dependencia de alimentos del exterior y promuevan la seguridad y soberanía alimentaria; creen empleos en el centro y/o el suroeste; empleen a poblaciones vulnerables; manufacturen localmente; sean exportadoras y con eslabonamientos con otras industrias locales o que provean ciertos beneficios marginales, como un período de licencia parental más largo, con protección del empleo a ambos, padres y madres.
Claro, eso implica que tenemos que estar de acuerdo en una visión de país y del tipo de economía a la que aspiramos. Y en ese sentido, la Junta estaría haciendo lo correcto al no proponer su propia visión de país y el sistema contributivo que usarían para llegar a ella. Eso nos toca a nosotros y nosotras, y luego luchar para que la Junta no nos entorpezca el camino.
Sin embargo, hasta el momento en el bipartidismo no se ve la voluntad política de una estrategia económica o una reforma contributiva como la que describo. Si no la incorporan a sus programas, tendremos que darles el voto a los partidos que sí la incorporen.
