Habla Arturo Massol Deyá
CLARIDAD
No son gratis. La instalación de los paneles solares que ha anunciado el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés), por medio del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PRERF) a 40 mil hogares a familias de bajos ingresos y de diversidad funcional, no es gratis, advirtió el director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá.
El dato también fue revelado por Alejandra Castrodad, economista y directora de la organización sin fines de lucro, Resilient Power PR, quien compartió con un grupo de personas interesadas, un análisis científico de lo que estipula el programa del PRERF, de $1,000 millones para sistemas solares y de los cuales recientemente el DOE ya asignó la mitad de estos.
El director asociado de Casa Pueblo, organización que se ha destacado por impulsar proyectos de energía renovable, señaló el historial político que supone el citado programa. Recordó que en octubre del 2022, el presidente Biden visitó a la isla tras el huracán Fiona y anunció que designó a la secretaria del DOE, Jennifer Granholm, para atender los asuntos de energía de Puerto Rico. En esa misma semana se radicó un proyecto de los $1,000 millones para sistemas solares y una semana más tarde la secretaria Granholm estuvo en Puerto Rico. Luego ha estado otras seis veces, la más reciente en noviembre. “En ese proceso lo único que se ve que es público es el anuncio de los $1 mil millones, de lo demás no se sabe qué ha hecho de reestructurar el sistema eléctrico. Da la impresión de que la secretaria vino a gerenciar esos $1,000 millones”, denunció.
Massol Deyá indicó que en esta primera ronda se asignó $400 millones, el 90 % a tres empresas con base en Houston, California y Wisconsin. Apuntó que en esencia, los $400 millones que van directamente a las compañías son para incentivar que personas de bajos recursos puedan financiar un sistema solar; pero la gente lo tiene que pagar. La impresión que se ha dado hasta el presente es que las personas no tendrán que pagar por la instalación de los paneles. Señaló que si se divide $400 millones entre 40 mil casas, eso da $10 mil por casa, que está poniendo el DOE. Pero los sistemas de energía que define el DOE, sistemas de 3-5 kW DC de energía solar con baterías, con almacenaje y medición neta, cuestan alrededor de $25 mil dólares. El otro aspecto es que en el contrato de instalación se estipula que es un acuerdo o contrato a tercero, es decir, que quien será el dueño de los panales será la empresa, por 20 a 25 años.
“No es lo mismo que la persona lo financie y a los 7 años lo haya pagado. Aquí la empresa es la dueña, mientras la vida útil de estos equipos es de 25 años. Cuando se viene a ver, 400 millones que van directamente a las empresas, deberían ser para reducir los costos, pero la gente va a tener que pagar. Los pobres van a poner en ese modelo de negocio sobre mil millones en esos 20 a 25 años”, tronó Massol Deyá.
El resto de los fondos han sido designado: $40 millones o el 10 % para proyectos comunitarios, $10 millones para educación y $3.5 millones para los “embajadores solares”. Los embajadores solares serán los vendedores de los sistemas, y en lugar de recibir una comisión tradicional del 3-5 %, recibirán una comisión promedio de $100 por casa. Es decir, $3.5 millones por 35 mil casas, que equivale a 7 a 10 veces menos que lo que recibe un vendedor de Sunnova para un sistema solar de esa escala.
En tanto, Resilient Power PR advirtió que en Estados Unidos existen referentes de programas parecidos como el Property Assessed Clean Energy (PACE), que deben servir de espejo a Puerto Rico. El aspecto más preocupante sobre este programa en EE. UU. es que cientos de personas han recurrido a quiebras o les han ejecutado su propiedad por retrasos en el pago de deudas. Además, reparó el director asociado de Casa Pueblo, un gravamen sobre la propiedad también representa una limitación en la capacidad de las personas a mudarse, migrar o vender las propiedades según quisieran.
Sin pretender echar loas a LUMA, comparó que aunque a esta se le deba dinero, no puede quitarle el negocio, ni la casa a un cliente; pero en este modelo, las compañías sí pueden ir detrás de la propiedad, cosa que ya ha sucedido en EE. UU., reiteró.
Se supone que en estos tres próximos meses el DOE estará dilucidando el acuerdo específico entre el Gobierno federal y las agencias pertinentes, y que en marzo del 2024 se comiencen a instalar los paneles. Massol Deyá destacó que es importante tanto orientar a las personas como exigir protecciones.
Al respecto RPPR resaltó varias recomendaciones para atender en esta etapa, como prohibir que se utilice como colateral las viviendas de los participantes para el financiamiento, establecer las salvaguardas para que el financiamiento no exceda la vida útil de los sistemas de energía solar y establecer mecanismos de protección al consumidor para asegurar que los participantes conozcan y entiendan a cabalidad los términos y condiciones del contrato.
Massol Deyá hizo la salvedad de que Casa Pueblo nunca aspiró ni aspira a estos fondos. “Eso de que los fondos federales vienen a salvarnos es una falacia. Los fondos asignados son una inversión para la economía y los intereses de allá. El modelo propuesto es colonial, extractivista y de capitalismo climático”, subrayó.
