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El nuevo Plan de Ajuste de Deuda de la AEE es insostenible

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Contrario a lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende presentar de que el nuevo  Plan de Ajuste de Deuda (PAD)  reduce en un 72 %  la deuda de $8.3 mil millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el nuevo PAD continúa siendo uno insostenible para el  desarrollo económico del país y el futuro energético de los residentes de la isla, según denunció la Comisión Ciudadana para la Auditoría  Integral del Crédito Público. (CCAIP).

En días recientes, la Comisión dio a conocer su análisis sobre el tercer PAD presentado por la JCF. El economista José Alameda, presidente y portavoz de la Comisión Ciudadana, señaló que “aunque los pagos a bonistas son menores que en el PAD anterior, los aumentos a la factura propuestos para este pago afectarían los bolsillos de los consumidores residenciales, comerciales e industriales, ya golpeados por las medidas de austeridad de la Junta. Los aumentos propuestos por 35 años podrían obstaculizar una recuperación que logre sacar al país de los más de quince años de estancamiento económico”.

El informe expone que aun cuando todas las tarifas bajaron en comparación con el PAD anterior, se puede notar que la Junta redujo mucho más las tarifas fijas de los grandes comercios e industrias, mientras las tarifas fijas mensuales serán de $1 y de $1.25 para los clientes residenciales sin subsidios y para los pequeños comercios, respectivamente. Otros comercios de mayor tamaño pagarán $50 o $112.50 al mes, dependiendo de su clasificación como clientes de la AEE. Estos aumentos pueden parecer menores, pero el verdadero golpe, advierte la Comisión, está en las tarifas volumétricas.

Las tarifas volumétricas son el cargo de consumo de cada cliente. Se explica que a mayor consumo, mayor el pago por hacer. La tarifa volumétrica se divide en dos, lo que se pagaría por cada kilovatio hora (kWh) consumido por los primeros 425 kWh y lo que se pagaría una vez se sobrepase este límite. Expone el informe que la Junta redujo el tope entre la primera y la segunda tarifa volumétrica de 500 kWh a 425 kWh, lo que afectaría principalmente a todos los clientes residenciales y a los pequeños comercios, pues el costo de cada kWh consumido una vez sobrepasado el límite aumentaría hasta cuatro veces.

A los clientes residenciales con subsidio la tarifa volumétrica les aplicaría una vez sobrepasen los 425 kWh de consumo y pagarían 1.33¢ (un centavo con 33 centésimas) por cada kWh. Para los clientes residenciales sin subsidio la tarifa sería de 66¢ (66 centésimas de un centavo) por cada kWh por los primeros 425 kWh y, al pasar este límite, pagarían 2.65¢ (dos centavos con 65 centésimas) por cada kWh. De la misma manera, los pequeños comercios pagarían 1.33¢ por cada kWh por los primeros 425 kWh, mientras que pagarían 2.65¢ por cada kWh por el resto.

En tanto, el  cliente residencial promedio no subsidiado que consume 575 kWh mensuales, bajo el nuevo PAD pagaría $7.78 adicionales en su factura. Un pequeño comerciante que consume 1500 kWh pagaría $35.39 mensualmente. Un supermercado que consume 110,000 kWh mensualmente pagaría un cargo de $1,509.50 adicional por mes en su factura, solo para el pago a bonistas.

A preguntas de CLARIDAD, el presidente y portavoz de la Comisión indicó que  los residentes residenciales se estiman en 1.3 millones. Según el PAD anterior, unos aproximados  600 mil iban a ser excluidos de este cargo. En el presente PAD ese número no se dice.

 

“El problema serio es que en la medida en que más gente se desconecta, más precario se pone el acuerdo con los bonistas. Va a ser  difícil que se pueda mantener ese pago”, observó. Por otra parte, señaló que el pago que propone el PAD del “instrumento de valor contingente” (CVI, siglas en inglés), que depende de los ahorros de Genera PR, se tendría que  aumentar de nuevo si la privatizadora no logra los ahorros.

 

“El  punto aquí es que esto cambia el juego porque se permite ahora convertir bonos no asegurados por bonos asegurados; se les asegura el pago a los bonistas. Esa es una de las cosas incomprendidas de este plan”. Comentó que hasta donde tiene entendido hay un grupo de bonos buitres que no están de acuerdo con esa propuesta: “Ese grupo  de cinco bonistas tienen mucho poder, pueden contratar abogados y estar litigando hasta que se congele el infierno”.

El nuevo acuerdo con fondos buitres

El informe de la Comisión Ciudadana expone que la JCF llegó a un acuerdo con un grupo de fondos buitres encabezados por Black Rock, el fondo de inversión más grande del mundo. Revela además que,  según declaraciones del propio presidente de la Junta, fue por iniciativa “creativa” de dicho acreedores. Además de Black Rock, los que están a favor del PAD son Nuveen, Taconic, Whitebox y Franklin.

Mientras, el grupo de bonistas que rechaza el PAD, conocido como el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE,  está compuesto por siete fondos multimillonarios que poseen alrededor de la mitad de los bonos en circulación de la AEE.  Invesco no apoya el acuerdo propuesto, mientras que GoldenTree busca apelar las decisiones de la jueza Taylor Swain en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston y solicitó que la AEE sea puesta en sindicatura a favor de los bonistas.

Los subterfugios del PAD

La Comisión refiere que uno de los grandes problemas de este PAD es que por medio de subterfugios se invisibiliza el pago real que estarían recibiendo los fondos buitre. En primera instancia, advierte que el PAD estipula que el Gobierno central asignará $400 millones para pagarle a los acreedores por sus gastos de abogados y asesoría financiera. Segundo, repara en que  llama la atención que los cinco fondos buitre que apoyan el PAD se comprometieron a comprar alrededor de $1.6 mil millones de los nuevos bonos por emitirse. A cambio estos fondos cobrarán 8.25 % del total de estos bonos en comisiones, lo que implica un pago de alrededor de $124 millones, más honorarios adicionales de aproximadamente $74 millones.

“En total, en el PAD se pueden identificar sobre $670 millones en honorarios y pagos en efectivo para bonistas y para los abogados y asesores de las varias partes del caso de quiebra”.

La Comisión Ciudadana advierte además que se puede identificar que hay dos pagos de CVI  que, de materializarse, abrirían la posibilidad de que estos bonos sean pagados en un 100 %. El primero, el que está basado en los ahorros de Genera PR. Este se activaría si Genera PR, la corporación subsidiaria de New Fortress Energy, contratada para administrar las plantas generatrices de la AEE, logra ciertos ahorros en sus operaciones en los próximos diez años. Los fondos buitre recibirían hasta un 25 % de estos ahorros. A esos efectos, repara en que el 15 de septiembre Genera PR presentó al Negociado de Energía su Fuel Optimization Plan, el cual predice ahorros de $200 millones a través de los próximos cinco años, aumentando anualmente a través del periodo. Extrapolando a los diez años del contrato de Genera, implicaría un pago a los bonistas de $100 millones o más.

Una vez más, la Comisión hace una advertencia y es que se observa que en vez de escoger  una métrica simple para comprobar si ha habido ahorros, como las tarifas, el PAD amarra este CVI a una métrica difícil de fiscalizar por ser un cálculo hecho por el mismo Genera PR, quienes elaboran los datos basados en su operación del sistema y reciben un incentivo financiero por generar ahorros, lo que puede conllevar a que calculen más ahorros de los que realmente existen. “Sin la privatización, la AEE hubiera podido utilizar el 100 % de los ahorros para reducir las facturas de los clientes”.

Del análisis de la Comisión se desprende que los grandes ganadores de este PAD son los fondos buitres dueños de las líneas de crédito que la AEE obtuvo para la compra de combustible. Dicha deuda será intercambiada por $650 millones de nuevos bonos, lo que representa un recorte de solo 16 % de estos préstamos. Además, estos fondos buitre recibirán hasta $26 millones en efectivo o en nuevos bonos, dependiendo de lo que decida la Junta.

El informe destaca tres aspectos del PAD. Uno, que el pueblo de Puerto Rico estará pagando por los nuevos bonos hasta el 2059, o sea, por los próximos 35 años, un periodo de tiempo en extremo  largo para un sistema eléctrico que está en tan malas condiciones. Dos, que los intereses que pagarán los bonos alcanzan hasta poco más del 7 %, una tasa alta que debilita las finanzas de la AEE. Y tercero, que los nuevos bonos son por alrededor de $2.3 mil millones. En realidad, el país terminaría pagando más del doble o $5.15 mil millones al sumar el pago de intereses. Esta cifra tampoco incluye los posibles pagos por los CVI, ni los pagos millonarios en honorarios ni comisiones, por lo que el pago final podría ser muchísimo mayor en claro detrimento del pueblo de Puerto Rico.

Una propuesta genérica y populista

 En un asunto al margen del estudio de la Comisión, a preguntas de CLARIDAD sobre la propuesta de la comisionada residente de utilizar dinero del Fondo General para pagar la deuda de la AEE,  el economista la catalogó de genérica y populista. Según la comisionada Jenniffer González, el FG tiene $8,600 millones en una de sus cuentas, los cuales se podrían usar para pagar la deuda de la AEE.

A juicio de Alameda, a la propuesta le falta razonamiento y ver sus vertientes porque aunque el dinero está ahí, es dinero que está comprometido, se utiliza para el pago de las pensiones de los retirados del Gobierno central, de  la Judicatura y los maestros; de ahí saldrán los $400 millones para el pago de abogados, el dinero de reintegro, el Child Credit, entre otros gastos, aspectos que la comisionada no tomó en consideración. “Debió ser un poco más sistemática; pero es obvio que eso es para las gradas”.

 

 

 

 

Pocas opciones de vivienda y comercio en Río Piedras

Plaza del Mercado Rio Piedras. Foto Archivo CLARIDAD/ ElíasCarmona

 

 

CLARIDAD

Comercios viejos cierran y llegan inversores extranjeros

 Miguel Rivera Pérez, estudiante de cuarto año de Comunicación e Información, viaja todas las semanas de Fajardo a su hospedaje en Río Piedras. Cuando no trabaja sus turnos asiduos- de viernes a domingo- prefiere regresar a “la Metrópolis del Este” porque, a su juicio, la zona riopedrense carece de lugares en los que se pueda “sentar a hablar”, así como negocios que “atraigan a la juventud”.

“La verdad es que desde que cerró el Ocho [de Blanco], no hay mucho para escoger. El negocio que queda al lado, quizás, pero ya no está el ambiente de antes”, aseguró el estudiante, vecino de Santa Rita. “Sería nítido si hubiera más opciones. Aquí hay muchos estudiantes y personas que consumirían de todo”, continuó Rivera Pérez.

Los lamentos de los estudiantes reflejan el vacío que ha dejado el cierre de lugares como el Ocho de Blanco, barra icónica que operó por más de 35 años en la zona.

Para Ariana Vélez Freytes, estudiantes de Relaciones Públicas y Publicidad, el asunto trasciende el “jangueo”. Para ella, “no hay casi tiendas de ropa”, así como las opciones de comida “variadas”, están relegadas a partes muy lejos del Recinto de Río Piedras.

“Las opciones de comida en el recinto están saturadas. Las filas son muy largas para, al final, no poder encontrar mesa cerca de donde compraste comida. Si sales del recinto, se pueden encontrar otras opciones, pero no es conveniente si estás en medio de clase”, explicó la estudiante de último año.

 

Cada año cambia más el escenario local

Para los y las estudiantes entrevistados por CLARIDAD, quienes ingresaron en el Recinto de Río Piedras durante la pandemia por COVID-19, las opciones de vivienda cerca del recinto han estado limitadas a las propiedades arrendadas limítrofes. También, aseguran que los negocios del área se concentran, mayormente, en la Avenida Universidad. No obstante, ese no siempre fue el caso.

Para 2015, tanto ResiCampus y Torre Norte- las dos estructuras de vivienda históricas de la UPR en Río Piedras- estaban abiertas con una capacidad total para alojar sobre 700 estudiantes. Ahora, ocho años, dos huracanes y una pandemia después, ambos hospedajes permanecen cerrados. ResiCampus, por un lado, ya está en trámites de remodelarse; y Torre Norte sigue en la espera que, para muchos, desespera.

Por igual, en febrero de este año Adrián González Costa, excandidato a la alcaldía de San Juan, denunció la adquisición extranjera de nueve edificios para propósitos de establecer viviendas rentadas. La consecuencia de este tipo de compra es el aumento el las rentas mensuales, el precio de las propiedades e, incluso, el desplazamiento de la población, aseguró González Costa.

 

Transporte público no apoya el comercio local

“El tren me deja en el recinto, a tres minutos caminando de otra parada de tren que queda en pleno Río Piedras. Creo que esta segunda parada [la del recinto] es un desperdicio porque te priva de ver los negocios del área cuando te bajas del tren”, dijo Rivera Pérez.

El estudiante, quien lleva tres años viviendo en el área, le sorprende lo poco frecuentado que son las calles aledañas al recinto.

“Después de cierta hora, esto está vacío. Todos los negocios no duran hasta depués de las seis. Es una pena porque son pocos los lugares que tienen tanta accesibilidad para caminar y establecer negocios”, agregó el cariduro fajardeño

Para Vélez Freytes, la situación de transporte le obliga a madrugar e ir a casa de sus abuelos, quienes viven cerca de la estación del Tren Urbano. “Si el tren tuviera más rutas, sería mucho mejor y conveniente”, reiteró Vélez Freytes, residente de Bayamón.

Al contactar a la Oficina de Desarrollo e Infraestructura del Recinto de Río Piedras- único recurso referido a este medio para obtener información- ningún personal ofreció entrevista al cierre de esta edición.

           

Israel y Palestina: golpe de gracia en la historia de ocupación, exterminio y resistencia 

La incursión y ataque armado de la organización palestina Hamas en Israel, todavía en desarrollo, no debe sorprender a nadie que conozca, aunque sea de pasada,  la historia de este conflicto y la barbarie y atrocidades sufridas por la población Palestina en Israel y en los territorios palestinos ocupados en Cisjordania ( margen occidental del Río Jordan) y Gaza, por las políticas de ocupación y exterminio del gobierno de Israel y las crueles acciones represivas de su aparato militar y de inteligencia.

Tras el ataque, el gobierno de Israel está lívido, en alerta máxima, y en modo de «tierra arrasada». Le ha solicitado más apoyo militar de emergencia a su padrino y aliado Estados Unidos, y ya el presidente Joe Biden se lo prometió, sobre todo aviones bombarderos y pilotos con los cuales, sin duda, harán arder los territorios palestinos ocupados. Acostumbrado a ser el agresor, el conquistador, el poderoso que actúa con total  impunidad y expande su dominio colonizador sobre los territorios palestinos, la contundente respuesta armada   de éstos sacudió de su zona de “confort” a las autoridades israelíes. Esa mullida zona de comodidad y altos niveles de vida labrados sobre el sufrimiento y la sangre de millones de palestinos inocentes a lo largo de los años y las décadas.

Además, esta incursión inesperada dentro de su propio país los ha dejado en vergüenza. Aunque jamás lo admitan, también tienen miedo. Todo su poderío militar y de inteligencia, y el resguardo de la CIA de Estados Unidos y la M16 de Gran Bretaña, les falló al dejar pasar por debajo de todos los radares un asalto de considerable magnitud y precisión en su ejecución. Fue un operativo diseñado para sorprender, lo cual requiere de mucha agilidad y arrojo – y también de armas y equipo muy difíciles de mantener secretos-  bajo las condiciones en que se vive en Gaza.

Como de costumbre, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias occidentales, que son los principales habilitadores de las políticas y acciones genocidas de Israel hacia Palestina, cierran filas con el gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu tras la manoseada excusa de que «Israel está amenazado y tiene derecho a defenderse». Lo que no dicen, pero ya el resto del mundo sabe, es que hace rato que Israel pasó de la defensiva a la agresión descarnada sobre Palestina, y muchos países ya no están disponibles  para dar respaldo a un estado de apariencia democrática, pero racista y genocida, que practica estrategias de exterminio hacia una enorme minoría étnica dentro de su población. Esa incomunicación, que dejó en babia a los servicios de inteligencia de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña sobre este operativo de Hamas, no fue casualidad.  Es signo de que la simpatía y la comprensión casi monolíticas que Israel una vez convocó- en recuerdo del  Holocausto sufrido bajo los Nazis por el pueblo judío- ya se está erosionando.

Lo mínimo que se espera hoy de un pueblo como el judío, que una vez fue objetivo del más brutal sistema de limpieza étnica, es que no repita sobre ningún otro pueblo las atrocidades que una vez sufrió, particularmente si este pueblo es su vecino más cercano.

Un informe de la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, que fue presentado el 1 de febrero de 2022, bajo el título «Israel’s Apartheid against Palestinians: cruel system of domination and crime against humanity», llegó a conclusiones devastadoras sobre las crímenes de lesa humanidad de Israel en las poblaciones palestinas. El informe concluye que Israel debe ser responsabilizado por cometer el crimen de «apartheid» contra el pueblo palestino y serle aplicadas las disposiciones de las convenciones internacionales a países que violan los derechos humanos y cometen crímenes contra la humanidad.

La franja de Gaza, de donde surgió el ataque, es una cárcel al aire libre, donde, día a día, caen despedazados los cuerpos y las esperanzas de palestinos y palestinas. Gaza ha estado bajo estado de sitio desde 2006, año en que Hamas ganó las elecciones del gobierno local. Entre otras medidas de control, Israel: restringe severamente el movimiento de sus residentes y les deniega continuamente sus derechos nacionales y ciudadanos. El bloqueo ha paralizado la economía e impide la llegada de alimentos y bienes básicos, ocasionando la nutrición deficiente y el deterioro progresivo de la salud de 1.8 millones de personas, una tercera parte de la población de Gaza, según datos de 2021. En la salud, solo hay facilidades, equipo y servicios para emergencias. El resto está sujeto al permiso de traslado de las autoridades israelíes. La energía y el agua potable están racionadas a unas horas al día. No hay infraestructura sanitaria y los acuíferos y demás fuentes de agua están contaminados. Hay continuas incursiones militares de Israel, con desahucios forzados de tierras, casas y negocios que han sido de los palestinos por generaciones. Estas se ceden arbitrariamente a nuevos colonos israelíes. En resumen, los palestinos son parias en su propia tierra y miles de ellos mueren todos los años por ejercer el derecho a la protesta, el cual la milicia de Israel sofoca salvajemente. Ya el gobierno de Israel comenzó a desquitarse del ataque con incursiones indiscriminadas a objetivos civiles. Próximamente, ocurrirán los bombardeos masivos a mansalva. Por necesidad, la lucha de resistencia palestina no puede ser una guerra convencional. Se da desde el seno de la población, y las fuerzas israelíes la utilizan para incursiones con objetivo de exterminio del pueblo palestino.

Sin embargo, quedan cosas muy claras ante la incertidumbre del momento. Primero, que los luchadores palestinos armados llevaron a cabo un operativo nunca antes visto dentro de Israel. Que esta acción ha quebrado el cristal de invencibilidad que cubría al estado opresor. Que el nuevo orden mundial emergente no le ofrece respaldo irrestricto ni impunidad a la estrategia de «apartheid» que ha impuesto Israel sobre los territorios Palestinos. Que Estados Unidos, Gran Bretaña y las potencias occidentales se colocan a espaldas de la tendencia mundial, con su respaldo ciego a Israel. Que siguen en aumento las personas en el mundo que cuestionan a las élites globales y su pretensión de hegemonía. Pero sobre todo, sobresale que, a pesar de su dolor, Palestina resiste y se afirma como nación. Y que el Becerro de Oro y sus adoradores tienen los pies del barro que se desborona.

 

La Junta de Control Fiscal lo que quiere es acelerar permisos en áreas sensitivas

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

¿Por dónde anda la redacción del nuevo Reglamento Conjunto (RC),  cuál es el interés de la Junta de Control Fiscal (JCF) en “colaborar” con la Junta de Planificación (JP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercial (DDEC) en la redacción del nuevo Reglamento Conjunto?

Luego de que en junio el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nulos los RC del 2019 y 2020 y  dijo que el reglamento vigente con el cual se deberán evaluar las nuevas solicitudes de permisos es el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 2010 (RC 2010), al día siguiente la JP informó que estaba adoptando un reglamento de “emergencia”. Desde ese entonces no se ha sabido nada más del reglamento.

Lo que sí se sabe es que la JCF le envió una carta a la Junta de Planificación, en la cual le dio  hasta el 29 de septiembre  para que aceptara su propuesta de colaborar en el desarrollo de una nueva regulación.  La carta de la JCF fue cursada el 18 de septiembre. En esta, la Junta amenaza que “en la medida en que la regulación conjunta que la Junta de Planificación está desarrollando actualmente no vaya  lo suficientemente lejos para agilizar los procesos de permisos en Puerto Rico, si no tenemos noticias suyas antes del 29 de septiembre de 2023, no tendremos más remedio que rechazar el actual Reglamento Conjunto de Emergencia”.

La intromisión de la JCF en la redacción del RC se desprende de la carta que se remonta a enero del 2021. Plantea la JCF que en esa fecha aprobó de manera condicional el RC del 2020,  sujeto a que le presentaran una copia traducida al inglés. Cosa que la JP nunca hizo, por lo cual alega la JCF que el reglamento nunca fue aprobado formalmente. Todavía hoy, dice la JCF, la Junta de Planificación no le ha entregado una copia en inglés, tampoco del RCE.

Para el conocido planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, tanto el proceder de la JCF como de la JP es una ridícula y una perogrullada de ambas partes.  Al cuestionar el  proceder de la JCF, Cardona Roig,  trajo a la atención que en una actividad de la Asociación de Contratistas Generales, estando presente el señor Gabriel Hernández, que era el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, presentó el RC del 2020 junto a Lizzie Rosso, quien dirige el programa de Doing Businnes, de la JCF.  Explicó que ella y sus asesores habían preparado el RC del 2020 y que lo habían entregado a María Gordillo (la presidenta de la JP en ese momento) en la JP y a Gabriel Hernández, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). “O sea, la JCF nunca ha estado ajena a esos documentos. Ese asunto de que lo quieren en inglés o es un capricho o una perogrullada, no sé exactamente qué. Es una cosa  algo ridícula si ustedes, la JCF, lo redactó, ¿qué está pidiendo?”

El conocido también como El Urbanista, por su activa defensa de los recursos naturales, apuntó que de acuerdo con la Ley  PROMESA, para toda reglamentación que se adopte en Puerto Rico hay que certificar que está de conformidad con el Plan Fiscal, no obstante, cuestionó por qué la JCF pide ciertos documentos y otros no, que son documentos de expresión de  política pública, que determinan aprovechamiento del territorio; cosas que están expresas en la ley PROMESA y que por ende tienen una posibilidad de tener un impacto sobre lo que está contenido en el Plan Fiscal, por ejemplo, los planes territoriales.

“Pero no los piden todos. Para qué se está  pidiendo el RC es la pregunta, ¿cuál es el propósito final de esto?  A no ser  que quieren a un reglamento que desreglamente el  RC del 2020 y el del 2023, que es copia; dice lo mismo, permite cualquier cosa en cualquier lugar. Este es el reglamento hecho con la mentalidad de la JCF. Este reglamento permite que ellos puedan autorizar cualquier cosa que les favorezca a los intereses de la JCF”, denunció.

El planificador reparó en que la ley PROMESA cita un solo instrumento que requiere adhesión absoluta en cualquier trámite al uso de suelo  y ese instrumento es el Plan de Uso de Terrenos (PUT). Acotó que está expresado que para poder certificar cualquier proyecto estratégico, este  tiene que estar en total cumplimiento con el PUT. “Entonces,  siendo eso así, ¿por qué la JCF no dice nada del PUT? Aquí hay algo raro detrás de esa carta, a menos que sea que vayan a echar para atrás el RC 2020, que se han dado cuenta de que tampoco le sirve bien a sus planes de desarrollo. Pero lo hicieron ellos”, reiteró Cardona Roig.

Mientras, la JP sigue funcionando con el llamado RCE.  Al respecto, indicó que se supone que hay un procedimiento establecido por ley para poder adoptar un reglamento de emergencia. Explicó que un RCE  se puede aprobar solo cuando se tiene un documento y hay una condición apremiante que hace que se apruebe. Luego, hay que llevarlo a vista pública para su discusión previa y a la aprobación formal de ese reglamento. Hizo hincapié en que las declaraciones de Manuel Cidre siempre han sido que el RCE  va a ser sustituido por otro. “Eso no cumple con la ley. No se puede adoptar un reglamento de emergencia porque no se tenga el tiempo para hacer el trámite necesario para el que realmente se quiera aprobar”.

Cardona Roig, quien fue vice presidente de la JP, advirtió que eventualmente esta situación le puede explotar en la cara a la Junta de Planificación debido a que se supone que el RCE que aprobó el 16 de junio de 2023 estuviera ahora mismo en una publicación de edicto para llevarlo a vistas publicas hacia su adopción y aprobación final.  Pero alertó de que la JP y OGP lo que van hacer es sustituir ese reglamento por uno totalmente distinto entre octubre y noviembre. Reiteró que eso no se supone que se pueda hacer, que se tienen que  celebrar vistas públicas  para ese RCE. De otra forma, ese reglamento nunca ha sido válido, por lo que ningún permiso concedido bajo ese reglamento es válido, lo que puede dar margen  a que  los perjudicados puedan acudir  al tribunal.

En entrevista por separado, el experto en Derecho  Ambiental, el licenciado Pedro Saadé Lloréns, expresó que es importante que la carta de la JCF se conozca. Resaltó que el interés de  JCF en  hacerse sentir en la confección del RC responde a  su meta dentro de lo que ellos llaman ‘facilidad de hacer negocios’, Doing Business, “que no es otra cosa que acelerar los permisos que pueden ser en áreas ambientales, naturales sensitivas con implicaciones a la salud, al ambiente. Es sumamente  preocupante, esto debe denunciarse y censurarse”.

Añadió que esta no es una gestión nueva de la JCF, que en planes fiscales de años anteriores  ha planteado el mismo asunto. “En esta ocasión dejaron fuera el achicar o desmejorar los análisis ambientales, pero eso está dentro de los objetivos de la junta. Visto en contexto, el tema es cómo la presencia de la Junta y su poder causa un deterioro en nuestro ambiente, en la protección de los recursos. Ya sabemos que sus medidas de austeridad le ha quitado poder a la agencia del DRNA, impulsando políticas de energía que retrasan la energía renovable, y ahora otro renglón más es el RC”.

Saadé Lloréns coincidió con la apreciación de que es evidente de que la JCF está pensando en algunos proyectos que sabe que van a tener objeciones, por lo que interesa crear  un marco de trámites casi automáticos. “Es peligroso, porque la Junta quiere insertarse en lo que ellos llaman colaboración, que no es otra cosa que un cabildeo en la JP de lo que debe decir el RC. Ese argumento de que todo afecta el PF. La Junta tiene una interpretación tan amplia, es una interpretación excesiva de la Ley PROMESA para inmiscuirse en todos esos ámbitos. Creo que el Gobierno y la JP deben cuestionar esa posición de la Junta”.

Por su parte, el  planificador David Carrasquillo, anticipa que la JP va a salir con el nuevo reglamento en Navidad, cuando hay menos participación, ya que esa ha sido la costumbre por los pasados años. Censuró la intervención de la JCF, como una continua por los pasados años. “Es  bien preocupante que se  vea la planificación del país como una herramienta para fomentar lo que ellos llaman desarrollo económico, que lo es para un sector particular que se mantiene tratando de ignorar el tema de para  quién es la planificación, y que se vea el proceso de permisos como la llave para un desarrollo económico que hasta los propios inversionistas tiene la incertidumbre de si funciona, precisamente, porque ellos saben que el proceso no es serio”.

Carrasquillo coincidió  en que la JCF no está llegando a un punto de análisis de una planificación pensada respecto al territorio para mantener recursos. Asegura que no se puede dejar que cada cual ponga lo que quiera donde quiera. “Es evidente que en la JCF no están llegando a ese punto de análisis y están bregando la situación desde un punto bien a corto plazo para generar un ingreso, que no la están atando a la recuperación del país ni a las poblaciones vulnerables.  Uno pensaría que después de la llegada de fondos post desastres sería el momento para establecer una planificación seria y a largo plazo, ya que esa cantidad de dinero facilita una serie de construcciones, y no el concepto que hemos tenido de verlo como una oportunidad para el Gobierno ganar un dinero inmediatamente, no para crear una base sólida sobre lo que se puede hacer con eso”.

CLARIDAD preguntó  a la Junta de Planificación  si había respondido a la carta de la JCF. Al cierre de esta edición no se había recibido ninguna respuesta.

 

 

 

Desarmando las piezas de nuestro cuadro de salud mental

 

Columnista Invitada

 

Como se ve, cuando se afirma que es la sociedad
la que está loca más que los individuos,
no se quiere decir con esto que haya trastornos
psiquiátricos de la conciencia colectiva;
las neurosis y las psicosis son siempre individuales.
Lo que se afirma es que la sociedad amplifica
las tendencias mórbidas de sus miembros;
Es que puede presentar situaciones tales
que multipliquen el número de sus enfermos mentales.

Sociología de las enfermedades mentales

Roger Bastide

Do I look like a psychiatrist? ¿Parezco psiquiatra?

Edie Flowers. Personaje-compendio ficticio de investigadores del Gobierno de Estados Unidos

Painkillers NETFLIX

Corrían las décadas del 60 y del 70. Para esa época en la urbanización modesta de Country Club se contó por algunos años con un velódromo y una piscina pública, en ambos se recibía la muchachería de residenciales y barriadas circundantes además de la juventud de la urbanización. Fui testigo y parte del disfrute sano y bullicioso en medio de musarañas que se tejen cuando se es joven. Desaparecieron ambas facilidades, una fue un legado de unos juegos y la otra era administrada con los fondos del pueblo.  Pasan varias décadas e inicia el nuevo milenio y para el estudiantado de nuestras escuelas y la comunidad escolar, el concepto de las llamadas escuelas de la comunidad son un tema recurrente.  Un Secretario de Educación deja saber en una entrevista que para calmar sus nervios luego de un día de labores, disfruta de su piscina privada, actividad que probablemente pocos estudiantes y empleados de nuestras escuelas públicas podían experimentar luego de un día de trabajo. No se trata del funcionario que fue preso.

Pasan otras dos décadas y ahora los funcionarios del gobierno colonial pretenden decirnos que el calor que casi literalmente nos quema se va a enfrentar con ropa liviana y aires acondicionados. Tal y como si los hubiese tomado por sorpresa se ha esperado hasta entrado septiembre para hacer un gesto. ¿Desde cuándo el calor es agobiante dentro de un centro de trabajo al menos en algunos meses del mes en nuestro país? ¿Desde cuándo las oficinas administrativas en las escuelas y otras instituciones cuentan con aires, pero no así los salones de clase?  Esto fue así por años inclusive en instituciones que servían personas con discapacidades muy serias.  ¿Desde cuándo muchas familias duermen con aires en sus dormitorios siempre que los puedan pagar?

No hay duda que se está rompiendo récord pero el calor siempre estuvo ahí. No hay duda que ahora puede ser letal pero la incomodidad en una parte del año siempre existió. Lo que sucede es que las disposiciones dentro de nuestra estructura económica dieron el espacio para que la clase adinerada y una parte privilegiada de la clase trabajadora dentro y fuera de la economía formal pudiese resolver con aires (algunos con piscinas). La propaganda inmisericorde de consumo superfluo y superficialidades demagógicas en los medios masivos funcionó como cortina de humo para disimular que las temperaturas altas siempre fueron y ahora más que nunca son otro renglón divisorio y discriminatorio de nuestras clases sociales y sus niveles de vida.  Las casas y edificios con estructuras inapropiadas porque atrapan el calor se multiplicaron por doquier desde el siglo pasado y representaron una fortuna tanto para los productores de cemento como para la industria de electro domésticos. Estos últimos en combinación con la imposición del automóvil privado como medio principal de transportación ha provocado a través de varias décadas desde el siglo pasado una crisis en muchos de nuestros vertederos. Las marcas famosas de Westinghouse, General Electric, Dupont y otras, todos brazos del criminal Departamento de Defensa de Estados Unidos engordaron sus arcas mientras se creaba un problema muy difícil de resolver para nuestro pueblo.

Se difunde un discurso fragmentado en torno a las necesidades de consumo como parte de la cortina de humo aludida. Uno de las líneas principales del discurso es que la satisfacción de las necesidades debe ganarse a través del trabajo.   ¿Cuál trabajo? La falsa división y desarticulación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual han llevado al pueblo a una aceptación tácita de condiciones disimiles y atropelladoras tanto de vida como de trabajo dentro de la clase trabajadora dando espacio que se ignore el robo que realizan a diario los grandes explotadores. El que te recoge la basura y te limpia un patio hace una labor tan fundamental para la salud como el médico. Las maestras que te enseñaron a leer son necesarias para que el que escribe libros tenga lectores.  Se espera que el trabajador manual luego de soportar calor en la calle o en su taller de trabajo regrese a soportar calor en su vivienda siguiendo la larga tradición esclavista-feudal-capitalista del mundo occidental. [1]  El discurso se fragmenta aún más cuando se trata de los trabajadores por cuenta propia en las tareas manuales. Se les designa como chiriperos de forma despectiva y se aduce que no pagan contribuciones y que esconden ingresos. En otras palabras, estar condenados a mirar sobre el hombro cada vez que cobran por algún trabajo con el temor de una posible denuncia es una ventaja para los que así piensan.

Las disposiciones para comenzar a cerrar esta brecha entre lo que se racionaliza y lo que son las realidades concretas de cada cual casi no existen y las pocas que existen tienden a estar llenas de obstáculos. En el enfrentamiento ocurrido en pasados meses entre la administración de la UPR y el Sindicato de Trabajadores, el Dr. Luis Ferrao, presidente de la UPR, se atrevió a decir que el había concedido un bono a estos trabajadores quienes devengaban salarios que ya eran bien bajos desde antes del huracán María. Esto lo hizo con un tono de jactancia como si se tratara de dinero de su bolsillo y sin excusarse por la brecha irrazonable y clasista que existe en términos salariales en nuestro primer centro docente. Precisamente, estos trabajadores de mantenimiento que no pueden ser catalogados de chiriperos recibieron un trato ilustrativo de la brecha que se impone por parte de los cuadros medios entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Luego dicho funcionario fue parte de un capitulo bochornoso relacionado a un cambio de notas de una estudiante en el recinto de Ciencias Médicas que sugiere que la brújula moral de jóvenes y adultos en la crema del trabajo intelectual en nuestro país necesita urgentemente recalibrarse.

Otro fragmento del discurso contra nuestra clase trabajadora se articula apelando al afecto y a cierto romanticismo y se habla de que si se hace con amor las dificultades se olvidan, etc. Esto se aduce por ejemplo, de abuelas criando nietos o de las cuidadoras en centros de cuido.  Los estudios tienden a indicar que el trabajo físico continuo sí afecta la salud en particular cuando se extiende más allá de la edad mediana.[2] Las ocupaciones que se mencionaron como caracterizadas por esfuerzo físico alto o intermedio fueron vendedores, enfermeras, cuidadores y trabajadores rurales y de producción con animales. Uno de estos estudios realizado en Noruega concluyó que aun después de controlar una serie de variables los individuos con un historial ocupacional de actividad física prolongada estaban en mayor riesgo de desarrollar demencia. Interesantemente una variable que se identificó como atenuante al efecto de demencia fue el grado autonomía que se ejerce en el trabajo. No hay efecto relacionados al practicar ejercicios voluntarios fuera de horas laborables. La insistencia de que personas con condiciones muy cómodas y de las cuales a veces hacen gala públicamente se crean portavoces e intérpretes de las condiciones menos afortunadas de muchos trabajadores ha mermado las posibilidades de diálogo entre diversos sectores sociales.

Una vez pasó el huracán María siguieron unas semanas de calor insoportable lo cual los meteorólogos advirtieron iba a suceder.  La mayoría de la población enfrentó condiciones bien duras mientras el gobernador de entonces y su grupete se reunía en el C.O,E, a negociar contratos en aire acondicionado y con comida de chef.  Quizás la distancia de poco menos de dos años llegado el verano del 2019 nos desdibujó la fuerte agresión de clase que esas acciones representaban y dada la magnitud de las bajezas que nos enteramos en el famoso chat nos apresuramos a identificar únicamente las ofensas especificas a identidades y víctimas del huracán. Sin desmerecer la seriedad de esas ofensas ahora me parece que subyacente a la ira del pueblo en la calle latía un enfrentamiento de clases con una todavía escasa articulación en el plano intelectual. Las posibles razones para esto ameritan otro artículo.

La serie Painkillers se desarrolla en un pueblo de Connecticut y revela la decadencia del capitalismo estadounidense ejemplificada en la historia de la compañía farmacéutica  PerduePharma, propiedad de la familia Sackler, y su venta del opioide semi sintético, clorhidrato de oxicodona o Oxycontin.   Nos enteramos, entre otras cosas que en Puerto Rico nos cogieron de conejillos de india (de nuevo) en las pruebas de este analgésico y que la cacareada FDA es o ha terminado siendo una agencia pequeña y con pocos empleados. Este fármaco resultó abusivo y devastador para la gente humilde y de clase trabajadora que sufrían de dolor intenso causado por accidentes en el trabajo o en el hogar o por condiciones como artritis o cáncer.  En una escena emblemática la joven Shannon Schaeffer empleada de la farmacéutica, se entrevista con la investigadora del gobierno federal y de forma muy afectiva le narra como se dejó llevar por el dinero aún después de entender de lo que realmente sucedía con dicha droga, exclamando que el dinero le hace cosas a la mente. La respuesta seca de la investigadora de que no es psiquiatra puede ser formalmente correcta, pero es fundamentalmente parte del problema. No hay espacios dé vida para alertar sobre las acciones que van exacerbando las tensiones que crea para toda la gente el dinero vuelto fetiche. Se llega a las situaciones límites y lo que resta es un espacio legal cuya función es castigar.

No siempre fuimos así. El narcotráfico nos tragó hace tiempo y su ascenso comenzó precisamente a raíz de la ola migratoria que recibimos luego de la victoria de la revolución cubana, migración celosamente protegida por el gobierno de Estados Unidos.[3]  No fueron los recordados anuncios de comprar, comprar y comprar los que marcaron nuestro derrotero. El consumo y la bestial propaganda que lo propició se orquestaron bajo una visión de mundo que lamentablemente nuestro pueblo compró. Esa visión de mundo se armó acorde a los intereses del poder que nos invadió. Las narrativas para adjudicar a los procesos sociales complejos características de personalidad supuestamente heredadas son una cortina de humo que adquieren fuerza de fetiche. No se llenaron nuestros vertederos porque de pronto caprichosamente decidimos comprar mucho.   No se ha destruido la naturaleza porque Prometeo comenzó todo el desbarajuste al robarle el fuego a los dioses y traerlo a los mortales.[4] Los que se parapetan con este tipo de mito tienen nombres, sus acciones son identificables y se pueden combatir pues son tan humanos como nosotros, aunque se hayan plantado un chip.  Para ser eficaces nos tenemos primero que mirar por dentro como clase trabajadora e identificar las divisiones que dentro de nuestra propia clase hemos apoyado entre nosotros.

Gracias a toda la gente que corre por todo nuestro archipiélago defendiendo nuestra tierra y sus recursos como una vez lo hicimos en Vieques o Isla Verde. Es una cobardía decir que hay que estar diz que afectado directamente para tomar acción. Más que cobardía es una complicidad bajuna con el imperio y la clase privilegiada. El humo del fuego que se origina en Canada ha llegado hasta Florida y la sal del mar ha penetrado el Rio Mississippi. Todo está conectado y tarde o temprano todo le va a llegar a la humanidad completa.

[1] https://www.filosofia.org/enc/ros/contra1.htm
[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666776223001400
[3]López Rojas, Luis A. 2004. La mafia en Puerto Rico: Las caras ocultas del desarrollo. San Juan: Isla Negra.
[4]Saito, Kohei. 2022. Marx and the Anthropocene: towards the idea of degrowth communism. Cambridge: Cambridge University, p. 105.

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