CLARIDAD
¿Por dónde anda la redacción del nuevo Reglamento Conjunto (RC), cuál es el interés de la Junta de Control Fiscal (JCF) en “colaborar” con la Junta de Planificación (JP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercial (DDEC) en la redacción del nuevo Reglamento Conjunto?
Luego de que en junio el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nulos los RC del 2019 y 2020 y dijo que el reglamento vigente con el cual se deberán evaluar las nuevas solicitudes de permisos es el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 2010 (RC 2010), al día siguiente la JP informó que estaba adoptando un reglamento de “emergencia”. Desde ese entonces no se ha sabido nada más del reglamento.
Lo que sí se sabe es que la JCF le envió una carta a la Junta de Planificación, en la cual le dio hasta el 29 de septiembre para que aceptara su propuesta de colaborar en el desarrollo de una nueva regulación. La carta de la JCF fue cursada el 18 de septiembre. En esta, la Junta amenaza que “en la medida en que la regulación conjunta que la Junta de Planificación está desarrollando actualmente no vaya lo suficientemente lejos para agilizar los procesos de permisos en Puerto Rico, si no tenemos noticias suyas antes del 29 de septiembre de 2023, no tendremos más remedio que rechazar el actual Reglamento Conjunto de Emergencia”.
La intromisión de la JCF en la redacción del RC se desprende de la carta que se remonta a enero del 2021. Plantea la JCF que en esa fecha aprobó de manera condicional el RC del 2020, sujeto a que le presentaran una copia traducida al inglés. Cosa que la JP nunca hizo, por lo cual alega la JCF que el reglamento nunca fue aprobado formalmente. Todavía hoy, dice la JCF, la Junta de Planificación no le ha entregado una copia en inglés, tampoco del RCE.
Para el conocido planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, tanto el proceder de la JCF como de la JP es una ridícula y una perogrullada de ambas partes. Al cuestionar el proceder de la JCF, Cardona Roig, trajo a la atención que en una actividad de la Asociación de Contratistas Generales, estando presente el señor Gabriel Hernández, que era el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, presentó el RC del 2020 junto a Lizzie Rosso, quien dirige el programa de Doing Businnes, de la JCF. Explicó que ella y sus asesores habían preparado el RC del 2020 y que lo habían entregado a María Gordillo (la presidenta de la JP en ese momento) en la JP y a Gabriel Hernández, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). “O sea, la JCF nunca ha estado ajena a esos documentos. Ese asunto de que lo quieren en inglés o es un capricho o una perogrullada, no sé exactamente qué. Es una cosa algo ridícula si ustedes, la JCF, lo redactó, ¿qué está pidiendo?”
El conocido también como El Urbanista, por su activa defensa de los recursos naturales, apuntó que de acuerdo con la Ley PROMESA, para toda reglamentación que se adopte en Puerto Rico hay que certificar que está de conformidad con el Plan Fiscal, no obstante, cuestionó por qué la JCF pide ciertos documentos y otros no, que son documentos de expresión de política pública, que determinan aprovechamiento del territorio; cosas que están expresas en la ley PROMESA y que por ende tienen una posibilidad de tener un impacto sobre lo que está contenido en el Plan Fiscal, por ejemplo, los planes territoriales.
“Pero no los piden todos. Para qué se está pidiendo el RC es la pregunta, ¿cuál es el propósito final de esto? A no ser que quieren a un reglamento que desreglamente el RC del 2020 y el del 2023, que es copia; dice lo mismo, permite cualquier cosa en cualquier lugar. Este es el reglamento hecho con la mentalidad de la JCF. Este reglamento permite que ellos puedan autorizar cualquier cosa que les favorezca a los intereses de la JCF”, denunció.
El planificador reparó en que la ley PROMESA cita un solo instrumento que requiere adhesión absoluta en cualquier trámite al uso de suelo y ese instrumento es el Plan de Uso de Terrenos (PUT). Acotó que está expresado que para poder certificar cualquier proyecto estratégico, este tiene que estar en total cumplimiento con el PUT. “Entonces, siendo eso así, ¿por qué la JCF no dice nada del PUT? Aquí hay algo raro detrás de esa carta, a menos que sea que vayan a echar para atrás el RC 2020, que se han dado cuenta de que tampoco le sirve bien a sus planes de desarrollo. Pero lo hicieron ellos”, reiteró Cardona Roig.
Mientras, la JP sigue funcionando con el llamado RCE. Al respecto, indicó que se supone que hay un procedimiento establecido por ley para poder adoptar un reglamento de emergencia. Explicó que un RCE se puede aprobar solo cuando se tiene un documento y hay una condición apremiante que hace que se apruebe. Luego, hay que llevarlo a vista pública para su discusión previa y a la aprobación formal de ese reglamento. Hizo hincapié en que las declaraciones de Manuel Cidre siempre han sido que el RCE va a ser sustituido por otro. “Eso no cumple con la ley. No se puede adoptar un reglamento de emergencia porque no se tenga el tiempo para hacer el trámite necesario para el que realmente se quiera aprobar”.
Cardona Roig, quien fue vice presidente de la JP, advirtió que eventualmente esta situación le puede explotar en la cara a la Junta de Planificación debido a que se supone que el RCE que aprobó el 16 de junio de 2023 estuviera ahora mismo en una publicación de edicto para llevarlo a vistas publicas hacia su adopción y aprobación final. Pero alertó de que la JP y OGP lo que van hacer es sustituir ese reglamento por uno totalmente distinto entre octubre y noviembre. Reiteró que eso no se supone que se pueda hacer, que se tienen que celebrar vistas públicas para ese RCE. De otra forma, ese reglamento nunca ha sido válido, por lo que ningún permiso concedido bajo ese reglamento es válido, lo que puede dar margen a que los perjudicados puedan acudir al tribunal.
En entrevista por separado, el experto en Derecho Ambiental, el licenciado Pedro Saadé Lloréns, expresó que es importante que la carta de la JCF se conozca. Resaltó que el interés de JCF en hacerse sentir en la confección del RC responde a su meta dentro de lo que ellos llaman ‘facilidad de hacer negocios’, Doing Business, “que no es otra cosa que acelerar los permisos que pueden ser en áreas ambientales, naturales sensitivas con implicaciones a la salud, al ambiente. Es sumamente preocupante, esto debe denunciarse y censurarse”.
Añadió que esta no es una gestión nueva de la JCF, que en planes fiscales de años anteriores ha planteado el mismo asunto. “En esta ocasión dejaron fuera el achicar o desmejorar los análisis ambientales, pero eso está dentro de los objetivos de la junta. Visto en contexto, el tema es cómo la presencia de la Junta y su poder causa un deterioro en nuestro ambiente, en la protección de los recursos. Ya sabemos que sus medidas de austeridad le ha quitado poder a la agencia del DRNA, impulsando políticas de energía que retrasan la energía renovable, y ahora otro renglón más es el RC”.
Saadé Lloréns coincidió con la apreciación de que es evidente de que la JCF está pensando en algunos proyectos que sabe que van a tener objeciones, por lo que interesa crear un marco de trámites casi automáticos. “Es peligroso, porque la Junta quiere insertarse en lo que ellos llaman colaboración, que no es otra cosa que un cabildeo en la JP de lo que debe decir el RC. Ese argumento de que todo afecta el PF. La Junta tiene una interpretación tan amplia, es una interpretación excesiva de la Ley PROMESA para inmiscuirse en todos esos ámbitos. Creo que el Gobierno y la JP deben cuestionar esa posición de la Junta”.
Por su parte, el planificador David Carrasquillo, anticipa que la JP va a salir con el nuevo reglamento en Navidad, cuando hay menos participación, ya que esa ha sido la costumbre por los pasados años. Censuró la intervención de la JCF, como una continua por los pasados años. “Es bien preocupante que se vea la planificación del país como una herramienta para fomentar lo que ellos llaman desarrollo económico, que lo es para un sector particular que se mantiene tratando de ignorar el tema de para quién es la planificación, y que se vea el proceso de permisos como la llave para un desarrollo económico que hasta los propios inversionistas tiene la incertidumbre de si funciona, precisamente, porque ellos saben que el proceso no es serio”.
Carrasquillo coincidió en que la JCF no está llegando a un punto de análisis de una planificación pensada respecto al territorio para mantener recursos. Asegura que no se puede dejar que cada cual ponga lo que quiera donde quiera. “Es evidente que en la JCF no están llegando a ese punto de análisis y están bregando la situación desde un punto bien a corto plazo para generar un ingreso, que no la están atando a la recuperación del país ni a las poblaciones vulnerables. Uno pensaría que después de la llegada de fondos post desastres sería el momento para establecer una planificación seria y a largo plazo, ya que esa cantidad de dinero facilita una serie de construcciones, y no el concepto que hemos tenido de verlo como una oportunidad para el Gobierno ganar un dinero inmediatamente, no para crear una base sólida sobre lo que se puede hacer con eso”.
CLARIDAD preguntó a la Junta de Planificación si había respondido a la carta de la JCF. Al cierre de esta edición no se había recibido ninguna respuesta.
