CLARIDAD
Contrario a lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende presentar de que el nuevo Plan de Ajuste de Deuda (PAD) reduce en un 72 % la deuda de $8.3 mil millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el nuevo PAD continúa siendo uno insostenible para el desarrollo económico del país y el futuro energético de los residentes de la isla, según denunció la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público. (CCAIP).
En días recientes, la Comisión dio a conocer su análisis sobre el tercer PAD presentado por la JCF. El economista José Alameda, presidente y portavoz de la Comisión Ciudadana, señaló que “aunque los pagos a bonistas son menores que en el PAD anterior, los aumentos a la factura propuestos para este pago afectarían los bolsillos de los consumidores residenciales, comerciales e industriales, ya golpeados por las medidas de austeridad de la Junta. Los aumentos propuestos por 35 años podrían obstaculizar una recuperación que logre sacar al país de los más de quince años de estancamiento económico”.
El informe expone que aun cuando todas las tarifas bajaron en comparación con el PAD anterior, se puede notar que la Junta redujo mucho más las tarifas fijas de los grandes comercios e industrias, mientras las tarifas fijas mensuales serán de $1 y de $1.25 para los clientes residenciales sin subsidios y para los pequeños comercios, respectivamente. Otros comercios de mayor tamaño pagarán $50 o $112.50 al mes, dependiendo de su clasificación como clientes de la AEE. Estos aumentos pueden parecer menores, pero el verdadero golpe, advierte la Comisión, está en las tarifas volumétricas.
Las tarifas volumétricas son el cargo de consumo de cada cliente. Se explica que a mayor consumo, mayor el pago por hacer. La tarifa volumétrica se divide en dos, lo que se pagaría por cada kilovatio hora (kWh) consumido por los primeros 425 kWh y lo que se pagaría una vez se sobrepase este límite. Expone el informe que la Junta redujo el tope entre la primera y la segunda tarifa volumétrica de 500 kWh a 425 kWh, lo que afectaría principalmente a todos los clientes residenciales y a los pequeños comercios, pues el costo de cada kWh consumido una vez sobrepasado el límite aumentaría hasta cuatro veces.
A los clientes residenciales con subsidio la tarifa volumétrica les aplicaría una vez sobrepasen los 425 kWh de consumo y pagarían 1.33¢ (un centavo con 33 centésimas) por cada kWh. Para los clientes residenciales sin subsidio la tarifa sería de 66¢ (66 centésimas de un centavo) por cada kWh por los primeros 425 kWh y, al pasar este límite, pagarían 2.65¢ (dos centavos con 65 centésimas) por cada kWh. De la misma manera, los pequeños comercios pagarían 1.33¢ por cada kWh por los primeros 425 kWh, mientras que pagarían 2.65¢ por cada kWh por el resto.
En tanto, el cliente residencial promedio no subsidiado que consume 575 kWh mensuales, bajo el nuevo PAD pagaría $7.78 adicionales en su factura. Un pequeño comerciante que consume 1500 kWh pagaría $35.39 mensualmente. Un supermercado que consume 110,000 kWh mensualmente pagaría un cargo de $1,509.50 adicional por mes en su factura, solo para el pago a bonistas.
A preguntas de CLARIDAD, el presidente y portavoz de la Comisión indicó que los residentes residenciales se estiman en 1.3 millones. Según el PAD anterior, unos aproximados 600 mil iban a ser excluidos de este cargo. En el presente PAD ese número no se dice.
“El problema serio es que en la medida en que más gente se desconecta, más precario se pone el acuerdo con los bonistas. Va a ser difícil que se pueda mantener ese pago”, observó. Por otra parte, señaló que el pago que propone el PAD del “instrumento de valor contingente” (CVI, siglas en inglés), que depende de los ahorros de Genera PR, se tendría que aumentar de nuevo si la privatizadora no logra los ahorros.
“El punto aquí es que esto cambia el juego porque se permite ahora convertir bonos no asegurados por bonos asegurados; se les asegura el pago a los bonistas. Esa es una de las cosas incomprendidas de este plan”. Comentó que hasta donde tiene entendido hay un grupo de bonos buitres que no están de acuerdo con esa propuesta: “Ese grupo de cinco bonistas tienen mucho poder, pueden contratar abogados y estar litigando hasta que se congele el infierno”.
El nuevo acuerdo con fondos buitres
El informe de la Comisión Ciudadana expone que la JCF llegó a un acuerdo con un grupo de fondos buitres encabezados por Black Rock, el fondo de inversión más grande del mundo. Revela además que, según declaraciones del propio presidente de la Junta, fue por iniciativa “creativa” de dicho acreedores. Además de Black Rock, los que están a favor del PAD son Nuveen, Taconic, Whitebox y Franklin.
Mientras, el grupo de bonistas que rechaza el PAD, conocido como el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE, está compuesto por siete fondos multimillonarios que poseen alrededor de la mitad de los bonos en circulación de la AEE. Invesco no apoya el acuerdo propuesto, mientras que GoldenTree busca apelar las decisiones de la jueza Taylor Swain en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston y solicitó que la AEE sea puesta en sindicatura a favor de los bonistas.
Los subterfugios del PAD
La Comisión refiere que uno de los grandes problemas de este PAD es que por medio de subterfugios se invisibiliza el pago real que estarían recibiendo los fondos buitre. En primera instancia, advierte que el PAD estipula que el Gobierno central asignará $400 millones para pagarle a los acreedores por sus gastos de abogados y asesoría financiera. Segundo, repara en que llama la atención que los cinco fondos buitre que apoyan el PAD se comprometieron a comprar alrededor de $1.6 mil millones de los nuevos bonos por emitirse. A cambio estos fondos cobrarán 8.25 % del total de estos bonos en comisiones, lo que implica un pago de alrededor de $124 millones, más honorarios adicionales de aproximadamente $74 millones.
“En total, en el PAD se pueden identificar sobre $670 millones en honorarios y pagos en efectivo para bonistas y para los abogados y asesores de las varias partes del caso de quiebra”.
La Comisión Ciudadana advierte además que se puede identificar que hay dos pagos de CVI que, de materializarse, abrirían la posibilidad de que estos bonos sean pagados en un 100 %. El primero, el que está basado en los ahorros de Genera PR. Este se activaría si Genera PR, la corporación subsidiaria de New Fortress Energy, contratada para administrar las plantas generatrices de la AEE, logra ciertos ahorros en sus operaciones en los próximos diez años. Los fondos buitre recibirían hasta un 25 % de estos ahorros. A esos efectos, repara en que el 15 de septiembre Genera PR presentó al Negociado de Energía su Fuel Optimization Plan, el cual predice ahorros de $200 millones a través de los próximos cinco años, aumentando anualmente a través del periodo. Extrapolando a los diez años del contrato de Genera, implicaría un pago a los bonistas de $100 millones o más.
Una vez más, la Comisión hace una advertencia y es que se observa que en vez de escoger una métrica simple para comprobar si ha habido ahorros, como las tarifas, el PAD amarra este CVI a una métrica difícil de fiscalizar por ser un cálculo hecho por el mismo Genera PR, quienes elaboran los datos basados en su operación del sistema y reciben un incentivo financiero por generar ahorros, lo que puede conllevar a que calculen más ahorros de los que realmente existen. “Sin la privatización, la AEE hubiera podido utilizar el 100 % de los ahorros para reducir las facturas de los clientes”.
Del análisis de la Comisión se desprende que los grandes ganadores de este PAD son los fondos buitres dueños de las líneas de crédito que la AEE obtuvo para la compra de combustible. Dicha deuda será intercambiada por $650 millones de nuevos bonos, lo que representa un recorte de solo 16 % de estos préstamos. Además, estos fondos buitre recibirán hasta $26 millones en efectivo o en nuevos bonos, dependiendo de lo que decida la Junta.
El informe destaca tres aspectos del PAD. Uno, que el pueblo de Puerto Rico estará pagando por los nuevos bonos hasta el 2059, o sea, por los próximos 35 años, un periodo de tiempo en extremo largo para un sistema eléctrico que está en tan malas condiciones. Dos, que los intereses que pagarán los bonos alcanzan hasta poco más del 7 %, una tasa alta que debilita las finanzas de la AEE. Y tercero, que los nuevos bonos son por alrededor de $2.3 mil millones. En realidad, el país terminaría pagando más del doble o $5.15 mil millones al sumar el pago de intereses. Esta cifra tampoco incluye los posibles pagos por los CVI, ni los pagos millonarios en honorarios ni comisiones, por lo que el pago final podría ser muchísimo mayor en claro detrimento del pueblo de Puerto Rico.
Una propuesta genérica y populista
En un asunto al margen del estudio de la Comisión, a preguntas de CLARIDAD sobre la propuesta de la comisionada residente de utilizar dinero del Fondo General para pagar la deuda de la AEE, el economista la catalogó de genérica y populista. Según la comisionada Jenniffer González, el FG tiene $8,600 millones en una de sus cuentas, los cuales se podrían usar para pagar la deuda de la AEE.
A juicio de Alameda, a la propuesta le falta razonamiento y ver sus vertientes porque aunque el dinero está ahí, es dinero que está comprometido, se utiliza para el pago de las pensiones de los retirados del Gobierno central, de la Judicatura y los maestros; de ahí saldrán los $400 millones para el pago de abogados, el dinero de reintegro, el Child Credit, entre otros gastos, aspectos que la comisionada no tomó en consideración. “Debió ser un poco más sistemática; pero es obvio que eso es para las gradas”.
