CLARIDAD
La historia es un proceso de avances y retrocesos, pero cuando se produce un empujón hacia atrás de ordinario no se anula por completo el camino andado. Por eso avanzamos. En ocasiones, sin embargo, el retroceso es grande y el costo enorme. Eso ocurrió en Europa durante tercera y cuarta década del siglo XX, como consecuencia del fascismo y el nazismo. Tras el proceso democrático y revolucionario que siguió a la Primera Gran Guerra, el extremismo de derecha apareció y dominó el continente. El costo que esos movimientos representaron para la humanidad fue tan grande que todavía no tenemos una idea certera del mismo. Países enteros quedaron arrasados, comunidades étnicas, como la judía, casi desaparecieron y en uno solo de los estados destrozados, la URSS, la cifra de personas muertas superó los veinte millones.
Tras esa terrible experiencia, pocos pensaron que aquellas ideologías extremas, montadas sobre el exclusivismo racial y el nacionalismo de conquista, pudieran aparecer otra vez como fuerza amenazadora. Sin embargo, la realidad de los últimos años nos indica otra cosa, particularmente en la misma Europa que las creó hace 90 años. En país tras país, el extremismo de derecha está alcanzando el poder de forma directa o en alianza con partidos menos extremistas. En Italia, con Giorgia Meloni como figura principal, los descendientes de Mussolini ya controlan el gobierno, mientras que en Finlandia, dominan siete ministerios. En Austria las encuestas colocan en la delantera a un mal llamado “Partido de la Libertad” para las elecciones del próximo año, y en Alemania los neonazis del AFD ganaron recientemente una elección regional y por primera vez se ubican como una de las principales fuerzas políticas. Mientras tanto, en Francia los dislates del gobierno de Macron le pavimentan el camino a Marine Le Pen.
Una vez más, el odio hacia determinados grupos étnicos, en esta ocasión la constante llegada de inmigrantes alimenta el crecimiento de estos movimientos. Igual que el nazismo con los judíos, se inventan consecuencias apocalípticas como resultado de la inmigración para intentar justificar su odio y buscar apoyo popular fundamentado en el miedo. También enfilan sus cañones contra los avances del feminismo, los derechos de la comunidad LBJTT y la diversidad nacional que se manifiesta en áreas del viejo continente.
Hasta hace poco esos retrocesos que se dan en Europa parecían indetenibles. Por eso desde el resto del continente miraron con mucha aprehensión hacia España cuando el gobierno del socialista Pedro Sánchez optó por convocar elecciones adelantadas para el pasado 23 de julio. “Europa necesita que la apuesta de Sánchez salga bien”, decía un editorial del diario británico The Guardian publicado semanas antes de las elecciones de julio. La constitución y legislación española (y de la mayoría de los países europeos) facultan al ejecutivo en funciones a tomar una decisión de ese tipo, que podría implicar reducir su mandato o, si sale bien, expandirlo por otro término.
La decisión de Sánchez, jefe de gobierno y presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se anunció luego conocerse el resultado de las elecciones regionales o autonómicas celebradas el 28 de mayo. Con pocas excepciones, particularmente las de Cataluña y País Vasco, el 28M demostró que tanto la derecha representada por el Partido Popular, como el extremismo franquista que se concentra en Vox, estaban ganando terreno en España. En casi todas las comunidades autónomas la suma de los escaños conseguidos por ambas formaciones sumaba la mayoría absoluta, permitiéndoles controlar los gobiernos regionales. Hasta en regiones tradicionalmente dominadas por el PSOE, como Extremadura, se produjo el mismo resultado, aunque allí los socialistas siguieron siendo el partido más votado. Con el resultado del 28 de mayo se anunciaba en España la misma tendencia que ya recorría Europa y Sánchez optó por intentar detenerla ahora porque en diciembre tal vez sería muy tarde.
Cuando los españoles fueron a las elecciones anticipadas el 23 de julio ya habían transcurrido casi dos meses de las regionales de mayo y en casi todas las comunidades se habían constituido los gobiernos de la coalición PP-Vox. Desde semanas antes de la cita electoral empezaron a conocerse algunas de las acciones de estos entes regionales que retrataban la cara real, no retórica, del extremismo franquista. La censura literaria, desconocida desde hace cuarenta años, apareció en un municipio, mientras que en casi todos los lugares se manifestaron acciones contra inmigrantes, la limitación de derechos a la comunidad LBJTT, el discurso que niega la violencia machista y promueve el sometimiento de la mujer. De igual manera, cobró fuerza el discurso que pretende negar la realidad multinacional española para abrirle paso a la uniformidad al trágala del franquismo.
En ese ambiente se celebraron las elecciones del 23 de julio. Las encuestas anunciaban que aun adelantando elecciones la tendencia de Europa se repetiría en España, pero como ya sabemos, no ocurrió. A pesar de que todavía está por delante un difícil proceso de negociación que permita repetir el gobierno progresista del último cuatrienio, la extrema derecha fue detenida impidiéndoles que puedan formar gobierno junto con el PP. Ahora mismo las opciones son que se mantenga el actual gobierno progresista, lo que parece probable, o nuevas elecciones.
La “apuesta” que mencionaba el editorial de The Guardian le salió bien a Sánchez para alivio de muchos, pero la amenaza del nuevo fascismo sigue planeando sobre Europa.
