En Rojo
El Caso del Cerro Maravilla, el asesinato de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado a manos de un escuadrón de la Policía de Puerto Rico, generó una polémica discursiva que duró treinta años. Trataré de explicar esta afirmación.
Los hechos son muy conocidos: Soto y Rosado, alegados defensores radicales de la independencia de Puerto Rico fueron asesinados el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, donde supuestamente planeaban sabotear una torre de retransmisión de una estación de televisión comercial.
Acompañando a los jóvenes en la misión estaba un agente encubierto, Alejandro González Malavé, quien alertó a la policía y a su supervisor -Carmelo Cruz- sobre el presunto plan. Según los informes oficiales del Gobierno, la policía vigiló el área y se vio obligada a matar a Soto y Rosado cuando se negaron a obedecer una orden de rendirse e intentaron resistir disparando. Ese fue el primer relato sobre los hechos. La primera vez que lo escuché fue el mismo día, ese 25 de julio de 1978, de boca del entonces gobernador, Carlos Romero Barceló, un rabioso defensor de la estadidad. Los que vimos – por curiosidad morbosa- los actos oficiales de conmemoración de la fundación del Estado Libre Asociado podemos ser testigos. Alguien se acercó al primer mandatario con un papel. Mi recuerdo es que fue el flamante Secretario de Estado, Reinaldo Paniagua. Segundos después, vociferante, Romero Barceló anunció que unos policías habían logrado repeler un ataque terrorista y dos facinerosos habían sido neutralizados. Los policías eran unos héroes.
Desde el primer día aquella versión oficial estaba llena de problemas, vacíos y contradicciones. Sin embargo, la prensa comercial se hizo eco de aquel relato estrafalario. El periódico CLARIDAD publicó declaraciones de Juan Mari Brás que ponían en duda el testimonio policial. Dos días más tarde, el San Juan Star, el único periódico en inglés del país, publicaba una entrevista al señor Julio Ortiz Molina, un chofer de carro público -taxista, si quieren- que había sido secuestrado por Soto, Rosado y el agente encubierto, el notorio González Malavé. El señor Ortiz Molina, con una humildad enternecedora y una voz suave pero segura, apareció más tarde en un programa noticioso de la televisión en el que afirmó que se agachó debajo del tablero del automóvil después de que los tres hombres en cuestión se bajaron del automóvil y vio a «10 hombres armados» acercándose.
Cuando fue sacado a la fuerza del automóvil, vio a los tres hombres vivos. Dos de ellos, Soto y Rosado eran golpeados por los hombres armados. Más tarde supo que aquellos hombres armados eran policías y que uno de los secuestradores era un agente encubierto. Siempre se refirió a los jóvenes asesinados como “los muchachos”.
Esa fue la “otra versión” a la que poco a poco se le fueron añadiendo detalles. En aquel momento, presionado por los artículos en CLARIDAD, las investigaciones de Manny Suárez y Tomás Stella, entre otros, el gobernador Romero Barceló ordenó dos investigaciones por parte del Departamento de Justicia. Por supuesto, las investigaciones exoneraron a la Policía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también investigó el incidente en dos ocasiones sin llegar a conclusiones de ningún tipo. El FBI, aún seis años después, no sólo había aceptado el relato policial, sino que había redactado varios memorandos afirmando que las declaraciones de inconsistencias, de encubrimiento y violación de derechos humanos, eran un plan de elementos independentistas de la prensa para hacerle daño al gobierno pro estadista.
El 4 noviembre de 1980, poco más de dos años después de los asesinatos en Cerro Maravilla, se celebraron las elecciones generales. Fue una contienda cerrada. El gobernador Romero Barceló sabía que los sucesos de Cerro Maravilla habrían de debilitar su campaña. Estaba claro que la oposición realizaría una investigación en caso de prevalecer en la gobernación o la legislatura. Para mayor ansiedad, Carlos Gallisá y Juan Mari Brás, eran candidatos a la legislatura y parecían tener bastantes posibilidades a partir de los votos mixtos. Esa noche, cuando el conteo de votos colocaba a Rafael Hernández Colón en la delantera, ocurrió un apagón en el área donde se realizaba el conteo general. Fallaron las computadoras. Se inició entonces un recuento que duró semanas.
Una búsqueda en los periódicos comerciales de la época -El Mundo, El Nuevo Día- nos permite leer titulares y diagramaciones perfectas para estudios semióticos e ideológicos. Por ejemplo, el miércoles 5 de noviembre, la primera plana del periódico El Mundo anunciaba que CRB y RHC (Rafael Hernández Colón) reclamaban la victoria. En una nota redactada por Bienvenido Ortiz, Romero Barceló afirmaba “que aparentemente los puertorriqueños escucharon las prédicas engañosas del PPD en cuanto al Cerro Maravilla y otros isssues importantes” . Sin embargo, el gobernador alegaba tener -a las 11:30 pm del martes- una ventaja de 40,000 votos. En esa misma primera plana, la redacción de El Mundo señalaba que la Comisión Estatal de Elecciones, en la madrugada del miércoles, le daba una ventaja de unos siete mil votos a Hernández Colón (46.9%) sobre Romero (46.2%).
Dos días después, ya estaba claro que el PPD tendría mayoría en las cámaras legislativas. El impasse en la gobernación continuaba. Los votos “mixtos” a los candidatos legislativos del PSP estaban en ascuas. El sábado 8 de noviembre, el titular de El Mundo rezaba: Partido Socialista Puertorriqueño pide al Supremo controle el conteo. En esa misma primera plana una nota curiosa: Policía le da ventaja a CRB por 198 votos.
En la página cinco reaparece el Caso Maravilla. Una nota de Associated Press (AP) reseña que el chofer de carro público, Julio Ortiz Molina, que presenció el tiroteo dijo al fiscal especial Antonio Villanueva que la Policía “pudo salvarle la vida” a los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví. La afirmación, según la nota de prensa, la hizo en el lugar de los hechos. “Básicamente le dije al fiscal Villanueva todo lo que anteriormente he manifestado a la prensa”. “Ambos jóvenes quedaron con vida tras el primer tiroteo y luego a mí me llevaron hacia una de las torres de comunicaciones y escuché un segundo tiroteo” dijo Ortiz Molina al fiscal Villanueva. La nota termina de manera claramente sesgada ideológicamente: “Ortiz Molina dijo que en las pasadas elecciones votó por Hernández Colón porque siempre he sido Popular” .
A fin de cuentas, semanas después, Carlos Romero Barceló fue proclamado ganador por un margen de 3,000 votos, pero su partido perdió el control de la Legislatura. Como era de esperarse, el proclamado presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, ordenó una investigación legislativa de Cerro Maravilla. En noviembre, tres oficiales de policía que testificaron después de recibir inmunidad de enjuiciamiento dijeron, en resumen, que los dos jóvenes -Soto y Rosado- habían sido prácticamente fusilados por un pelotón policial cuando estaban de rodillas en control de la policía. De manera casi obscena, uno de ellos -ni siquiera voy a mencionar su nombre- alegó que Darío era un cobarde porque pidió clemencia y que Soto era valiente porque habría dicho: “dispárame a la cabeza que solo estoy herido”.
El gobernador Romero Barceló anunció posteriormente que el Departamento de Justicia llevaría a cabo otra investigación.
Todavía muchos recordamos aquellas vistas legislativas en las que el principal investigador del panel del Senado, Héctor Rivera Cruz, trataba de determinar quiénes habían realizado disparos y quién había ordenado encubrir el caso. El 7 de febrero de 1984, a pocos meses de las elecciones, se informaba que 10 oficiales policíacos eran acusados por las autoridades federales por conspirar para encubrir la golpiza y el asesinato de dos jóvenes activistas en Cerro Maravilla. Había 44 acusaciones que incluían perjurio en las dos anteriores investigaciones federales, destrucción de evidencias e intimidar a testigos del Gran Jurado Federal. Los acusados eran Nelson González Pérez; Rafael Torres Marrero; Luis Reverón Martínez; Nazario Mateo Espada; Angel Pérez Casillas, Jaime Quiles Hernández, Rafael Moreno Morales, Juan Bruno González, William Colón Berríos y José Ríos Polanco.
Los que dispararon a matar, Luis Reverón y Rafael Moreno -con una larga lista de agresiones y con un odio irracional a los independentistas- fueron acusados posteriormente de asesinato.
Aquella versión inicial del relato policíaco, así como el alegato de Carlos Romero Barceló de que aquel “circo político” que resultó en las acusaciones a agentes y funcionarios gubernamentales, fue revivida en la legislatura el 19 de marzo de 1998 en la legislatura. El legislador Sergio Peña Clos, un antiguo legislador del PPD, fogoso defensor de las investigaciones iniciales realizadas por la legislatura en los años 80, se había convertido entonces en un furibundo defensor de la inocencia de Carlos Romero Barceló. Ese día se presentó un largo documento que reescribía la historia de “los sucesos del Cerro Maravilla”. Se trataba, según el récord del Senado, del Informe de Hallasgos (escrito así en el documento) y Concluciones (escrito así en el documento) de la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico que Investiga Alegadas Irregularidades, Actuaciones Ilegales o Impropias en las Pasadas Pesquisas sobre los Sucesos en el cerro Maravilla (1981-1992). Aquel largo texto se proponía probar que “el caso del Cerro Maravilla era una conspiración política dirigida a involucrar a figuras públicas que nada tenían que ver con la planificación, muerte ilegal y posterior encubrimiento de parte de la policía de Puerto Rico”.
El debate legislativo posterior a la presentación de dicho informe debe estar en los anales del absurdo tropical. El documento, por su parte, es una reescritura de la historia en la que se absolvía y se rechazaba cualquier posibilidad de que Carlos Romero Barceló -o hasta los policías involucrados- participaran en la planificación de aquellos asesinatos.
Yo no voy a resumir los alegatos presentados en el delirante informe de Peña Clos. Les dejo un enlace electrónico para que lo lean si les interesa:
https://senado.pr.gov/document_vault/session_diary/1981/document/031998.pdf
Lamentablemente, el intento de crear el espacio para desmentir las conclusiones de varias investigaciones, así como el intento de dejar impunes a los agentes y funcionarios que cometieron delitos, continuó por varios años más. Gracias a una investigación periodística de Rosita Marrero para Primera Hora se supo en el año 2000, que se pretendía excarcelar a Rafael Moreno, el asesino de Soto Arriví, sin cumplir un solo día de cárcel por ese crimen. El vicepresidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Héctor Martínez Maldonado, visitó al escritor Pedro Juan Soto para informarle de la cuestión Marrero supo que todos los policías implicados en en Caso Maravilla habían sido excarcelados. Gracias a la investigación de Marrero, la entonces secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, ordenó una investigación, que concluyó con reingreso a prisión de los expolicías.
Al día de hoy, 24 de julio de 2024, los intentos de escribir historias alternas sobre luchas políticas en Puerto Rico continúan. Conservar nuestra memoria histórica es un deber. El “Caso Maravilla” es solo un ejemplo, trágico y penoso, de cómo todo el aparato estatal en contubernio con medios corporativos es capaz de tergiversar actos de represión. El Caso Maravilla tiene aún aspectos que merecen atención. No para condonar crímenes, sino para conocernos y reconocernos. Para que no vuelva a ocurrir algo semejante. Para estar preparados.
