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El presupuesto de 2024: ¿Qué les dice a las nuevas generaciones?

Por

junio 11, 2024

Especial para CLARIDAD

En el debate del presupuesto público se ha perdido de perspectiva su función principal: el Presupuesto como una herramienta de desarrollo. Como la Junta de Control Fiscal (JCF) domina el debate del presupuesto, este se ha enfocado en la situación financiera del gobierno de Puerto Rico, pagar y refinanciar la deuda, el plan de ajuste, las privatizaciones, la eliminación de derechos y servicios esenciales. Esta importante herramienta no está en nuestras manos la determina la Junta de Control Fiscal (JCF) y no tenemos claro sus objetivos pues no son discutidos con el pueblo. Entonces ¿qué pretende la JCF al manejar los recursos financieros y cuáles son las prioridades que ofrece para el gobierno? ¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo social de los mismos? El pueblo no participa en determinar el presupuesto y lo único que dicen es que hay para pagar la deuda y comprometernos con más deuda al futuro, vivir de la dependencia de fondos externos y recortar todos los servicios que provee el gobierno para privatizarlos, además de recortes a la educación en especial a la Universidad de Puerto Rico (UPR). La JCF nos lleva por la ruta equivocada con el presupuesto. En ese presupuesto no existe un plan de desarrollo y se proyecta más crisis. Además, es preocupante que el presupuesto público no ofrece alternativa de futuro para los y las jóvenes de Puerto Rico. En el presupuesto los/las jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, educación universitaria, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, empleos dignos, derechos laborales y otros recortes que afectan su desarrollo.

La teoría económica define el presupuesto público como la herramienta clave del Gobierno para promover el desarrollo económico y social, a la vez que promueve mejorar la distribución del ingreso, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de las capacidades productivas entre la población. En este contexto, el presupuesto es la descripción de los planes de los gastos y de los ingresos en un periodo de tiempo (la asignación de recursos a través del presupuesto) para encaminar los objetivos fundamentales de política económica y social, antes mencionados. Es importante entenderlo como una herramienta de desarrollo que debe diseñarse para poder ejecutar un gasto responsable, compatible con la estabilidad macroeconómica, fortalecer el gobierno y lograr crecimiento económico. El presupuesto público debe ser un instrumento que genere bienestar y equidad social y una herramienta económica que muestre las prioridades económicas del gobierno que quedan plasmadas en el mismo. A través del presupuesto se impulsan áreas prioritarias que a la vez reflejan el compromiso ideológico del gobierno, su plataforma política y objetivos de economía fiscal con el fin de evitar desequilibrios fiscales.

Los presupuestos públicos de los últimos años expresan una historia en la gestión financiera pública de mal uso de fondos año tras año (corrupción de diversas formas) con la excusa de estar balanceados. Los mismos muestran la incapacidad del gobierno y de la JCF para diseñar e implantar una política económica que fomente desarrollo. Además no continen partidas para los diversos grupos sociales de forma transversal que existen en la sociedad. Esta situación se ha agravado por la extrema politización de la gestión pública, tanto de la administración y la JCF, acumulando malas decisiones, fomentando la corrupción y administrando sin la adecuada racionalidad económica, desviando fondos en contratos y actividades que no son prioridad.

El presupuesto público de Puerto Rico aún no prioriza a las juventudes y no provee un respiro para poder ver un futuro mejor. El futuro de mejorar su condición laboral, los/las jóvenes sólo ven desocupación, bajos ingresos, participación en empleos de baja productividad y sin derechos. No ven mejoras en la salud para poder tener hijos/as, o en la vivienda y en la educación universitaria. No existe una inversión pública suficiente y de calidad que mejore sus condiciones de vida, lo cual tendrá enormes costos individuales y sociales, fomentando la emigración.

Si tomamos control del presupuesto y definimos los objetivos sociales se puede contribuir a cerrar las brechas existentes en las asignaciones presupuestales de modo que se pueda asegurar que los/las jóvenes alcancen plenamente su potencial, así como el desarrollo sostenible para todas las generaciones, en especial poder hacer frente a los desafíos del envejecimiento de la población.

Pero para que las juventudes puedan desarrollar su pleno potencial, es necesario velar por el pleno ejercicio de sus derechos, promover una transición saludable hacia la vida adulta y realizar inversiones estratégicas y específicas para el grupo. La mayoría debe estar orientados en la educación, la salud, en protección social, vivienda y servicios a la comunidad y ciencia, tecnología e innovación. Es hora de que Puerto Rico cuente con presupuestos específicos para las juventudes que les garantice el acceso a bienes y servicios públicos adecuados a sus necesidades y sus intereses. Algunas de sus aspiraciones se encuentran:

El gasto en educación técnica, tecnológica y universitaria que mejores sus destrezas profesionales y provean para que puedan acceder a empleos dignos y productivos con altos salarios. Educación universitaria que se concentre en investigación, tecnología, desarrollo e innovación para crear mayor conocimiento, para mejorar la producción y productividad.

El gasto en salud tiene una alta participación de jóvenes de 18 años a más, lo que se relaciona con la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para quienes han iniciado actividad sexual, y salud materno-neonatal para adolescentes y jóvenes gestantes o que ya son madres

La inversión social en trabajo que se concentra también en los/las jóvenes mayores de 18 años, edades en las que se intensifica la participación en el mercado laboral. Mejoras en sus derechos laborales.

La inversión en viviendas dignas y accesibles, con rentas apropiadas.

Inversión en protección social, en especial para mujeres, minusválidos, con pensiones que asegure su vejez.

En el presupuesto lo que existen son recortes en la mayoría de los programas en educación, salud, trabajo, protección social y vivienda mostrando que los/las jóvenes no son prioridad para la JCF y el Estado. Es imposible mejorar las condiciones de vida de los/las adolescentes y jóvenes que demandan la atención del Estado y la garantía de sus derechos. Puerto Rico debe reconocer su deuda con las juventudes y avanzar hacia una mejor planificación, diseño, financiamiento y ejecución de políticas públicas orientadas al bienestar de las y los jóvenes. Se requiere de acciones estratégicas en materia de inversión en el grupo poblacional comprendido entre los 12 y 29 años, para retener los mismos en la Isla.

En conclusión se obliga mejorar la distribución del gasto específico para atender las necesidades de adolescentes y jóvenes en salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva; en educación, incluyendo la educación sexual integral, educación en ciencia y tecnología, educación universitaria; en empleos dignos, con buenos salarios y con derechos laborales; en viviendas accesibles con rentas apropiadas; y en protección social incluyendo seguro de salud y pensiones, considerando las demandas específicas de cada subgrupo etario, así como las brechas de desigualdad por género, pobreza, área de residencia y condición de discapacidad. Además, en infraestructura como energía, agua potable, comunicaciones, otros servicios, cultura, mejoras en la producción y productividad.

Para tener un buen presupuesto es necesario articular políticas públicas como instrumentos de desarrollo con acciones transparentes y con objetivos medibles en todas las ejecuciones gubernamentales. El presupuesto debe ser una herramienta que esté atado a objetivos medibles previamente planificados que generen las riquezas, mejore la protección de servicios, planifique y asigne recursos. Debemos aspirar a que se elimine el gasto público que no responde a los objetivos sociales, ese gasto que no genera bienestar social y elaborar indicadores de desempeño que midan el logro de estos objetivos sociales.

Perdemos las oportunidades para la transformación económica, con los fondos de reconstrucción, pero debemos cambiar nuestro enfoque hacia el desarrollo, crecimiento y la inversión. Si nos quedamos atrás, la oportunidad de una nueva generación de empleos y prosperidad se nos escapará y, como consecuencia, continuaremos con la dependencia de fondos donde nos condena a ser más pobres y vulnerables. Por eso el presupuesto público debe prioriza en la juventud debido a que genera una oportunidad para el desarrollo inclusivo y sostenible e impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso. Esto se logra solo si se realizan inversiones en capital humano, sobre todo en educación, educación universitaria, tecnología, salud, empleo productivo, entre otros. Creando sociedades más incluyentes, con mayor participación de los jóvenes, que serán más exitosas frente a los desafíos del envejecimiento de la población y el financiamiento de pensiones para una población progresivamente envejecida.

Cabo Rojo, otro pueblo que está en la mira de los extranjeros

Por

candida-cotto

junio 11, 2024

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Son muchas las dudas que levanta el anunciado proyecto turístico, Esencia, que se pretende construir en 2,000 cuerdas de terrenos sobre tres millas de la zona costanera en Cabo Rojo.

Según dieron a conocer los propios desarrolladores, la corporación de inversión inmobiliaria Reuben Brothers junto a la firma Three Rules Capital Esencia, el proyecto constará de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y su propio aeropuerto privado, entre otras instalaciones. La inversión superará los $2,000 millones. De acuerdo con la información del Single Business Portal de OGPe, el dueño del proyecto y de los solares es Cabo Rojo Land Acquisition LLC.

La divulgación de la información del proyecto levanta dudas sobre el proceso de permisos, alarmas respecto a las consecuencias de la privatización que suelen representar este tipo de construcciones que impactan la zona marítimo terrestre (ZMT) y hace cuestionarse una vez más dónde queda el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y cuánto interviene la Junta de Planificación (JP) en este tipo de proyecto.

Sobre esa premisa, en entrevista el exmiembro de la JP, el planificador Félix Aponte Ortiz, señaló que ahí es que está el primer problema: la conducta reiterada de la JP de desmontar las conceptualizaciones de planificación, los compromisos, porque el PUT es un compromiso de política pública, una ley que a su vez reconoce la responsabilidad de ley de los planes territoriales de los municipios, por lo que hay que ver si el proyecto incide tanto sobre el Plan Territorial de Cabo Rojo, como en el PUT, aunque sea de manera mínima.

Además, hay que mirar también por el impacto económico que tendría una intervención de esa magnitud y si incide sobre los otros municipios. Otros planteamientos recurrentes en este tipo de proyecto es si hay agua suficiente, si hay capacidad para tratar las aguas usadas, si hay acceso a la red vial y si en términos regionales la inversión pública puede sostener esa operación sin perjuicio a los que ya están en el área, tanto residentes como los empresarios que tienen actividades de turismo que están adaptadas a las condiciones a una escala distinta.

El exprofesor de planificación puso en duda que el proyecto sea uno que vaya a vistas públicas, lo que derrota los instrumentos de planificación que se han formalizado con consentimiento público, fueron a vista públicas, se validaron y se adoptaron —se refiere al PUT y al PMT—, pero que luego con una intervención particular, individualizada, sin análisis se dejan sin efecto. “Ya eso, de por sí, se descalifica; se adoptan los planes para los intereses particulares de un proyecto”. Aun cuando indicó que el proyecto debiera tener vistas públicas, por lo que ha visto, lo probable es que se pretenda darle seguimiento por Internet “como si fuera proyectito”.

Aponte Ortiz trajo a la atención que hay un componente que cree que la JP no sabe, ni tiene idea. Recordó que en el 1978 se adoptó como política pública un Plan de Manejo de la Zona Costanera en compromiso con la NOAA (siglas en inglés de la Oficina Nacional de Administración Oceánica), el cual designó varias áreas de planificación especial en Puerto Rico, una de ellas es el suroeste, precisamente para proteger el litoral desde el bosque de Guánica hasta los manglares de Joyuda. “Que conozca, ese plan no ha sido derogado; que conozca, el Gobierno federal hace donativos anuales para que Recursos Naturales y la Junta de Planificación administren ese programa de manejo y esas reservas naturales”.

Observó que cuando se hizo el plan no se tenía idea de algo como el calentamiento del planeta y el cambio del climático. Ante estos aspectos, explicó, la JP tiene la función de validar que cualquier iniciativa o proyectos con fondos federales sean compatibles con ese programa y la ley federal de la zona costanera. En esa línea, apuntó a que hay un desfase debido a que, por ejemplo, todos los proyectos de agua, sanitarios, de comunicaciones y de manejo de desperdicios sólidos se atienden con donativos federales que da FEMA. Cuestionó entonces que cómo sería ese proyecto a la luz del manejo de la zona costanera, que no es discrecional: “Nosotros, voluntariamente, como pueblo dijimos queremos participar física y financieramente de ese programa”.

Otro elemento que trajo a la consideración es que la zona es susceptible a terremotos y que ahora mismo hay tres fallas geológicas activas, frente a la costa de Cabo Rojo, que siguen activas continuamente. Eso significa que las estructuras requieren una construcción más rigurosa, lo que resulta también más costoso, incluida la estructura pública. Aponte Ortiz planteó que hay que cuestionarse si se quiere favorecer un turismo de alto costo o un turismo de naturaleza, de acceso a las playas, a la contemplación del litoral y los recursos costeros, a la observación de mamíferos marinos, de todas los recursos naturales que ofrece el área.

También trajo la interrogante sobre el uso del agua. Debido a que Cabo Rojo está casi en el límite del distrito de riego del Valle de Lajas, eso quiere decir que ese Cañón de Boquerón es el punto del sistema del drenaje del riego del valle y ese canal de riego llega a Cabo Rojo y descarga en la playa. Ese espacio, en principio, da servicio y hace que funcione el sistema de riego del Valle de Lajas, que es una reserva agrícola de casi 50 mil cuerdas. Aponte afirmó que fue durante su participación en la JP que se designó dicha reserva agrícola.

Frente a este hecho, planteó el conflicto que representa el decidir si utilizar el agua para producir alimento o usar esa agua para proveer a unos turistas que no aportan a Puerto Rico. Apeló al criterio de seguridad alimentaria vis a vis a una actividad empresarial que deja dinero a unas pocas personas. “Ese escenario tiene todos esos ingredientes. Un proyecto de esa magnitud requeriría ver cómo armoniza, si es compatible, y si es una incompatibilidad, el pueblo tendría que decidir ya no queremos sembrar en el Valle de Lajas, el agua y la tierra que se use para otra cosa. Esa decisión requiere acción legislativa”, puntualizó.

Sobre el uso del agua añadió y explicó que ese sistema de riego es uno que está bien subsidiado. El costo de la producción de un volumen de agua de 126 mil galones se mide como acres-pies. Ese sistema lo administra la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual se la vende a la Autoridad de Acueductos en $135 .00 por acre-pie y al agricultor se le vende a $5.00 el acre-pie. La diferencia se concibe como un subsidio social porque es importante tener alimentos. Observó que esa región es una de las más secas de Puerto Rico. “Me gustaría que alguien me explicara y me convenciera de que todos estas señalamientos, ya todo eso, puede ser superado”, concluyó.

Senado aprueba resolución

En tanto, el Senado de Puerto Rico aprobó el 5 de junio una Petición de Información 2024-0060, presentada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón. En esta se le exige a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que entregue el expediente del controvertido proyecto Esencia así como cualquier otra documentación que se haya sometido bajo los números de trámite que aparecen en el portal digital de la agencia.

“El país tiene derecho a tener toda la información sobre este proyecto y su efecto sobre el ambiente, el acceso al mar y la disponibilidad de agua potable. Debe además considerarse cómo la proliferación de espacios diseñados para extranjeros con alto poder adquisitivo, que además son beneficiarios de generosos incentivos, provoca cambios en el mercado de bienes raíces, que hacen cada vez más difícil que las familias puertorriqueñas puedan alquilar o comprar viviendas”, puntualizó Santiago Negrón, en comunicado de prensa.

La resolución dispone que la OGPe tendrá un término de cinco días laborables para contestar la solicitud presentada. De no hacerlo, el Senado podrá acudir a los tribunales para obligar a que se cumpla con lo solicitado.

Candidata del PIP para Isabela apuesta al ambientalismo

Por

adrian rodriguez alicea

junio 11, 2024

Especial para CLARIDAD

En entrevista con CLARIDAD, la aspirante a la poltrona municipal compartió su trasfondo, proyectos y visiones.

Hace muchos años, a la orilla del río Guajataca, existía un salón de actividades dentro del antiguo túnel del Tren de Circunvalación, con quioscos y negocios en sus zonas aledañas. Allí, donde el cuerpo de agua dulce divide Isabela de Quebradillas, se daban bailes, fiestas y encuentros de la comunidad frente al bramido del mar y bajo un sol que teñía de esmeralda el río desembocante. Ahora, tras múltiples cambios de mando, cunden los grafitis, musgos y muestras de abandono frente a un pueblo donde las inversiones extranjeras —en lugar de los intereses comunitarios— cobran fuerza. Así lo afirmó a CLARIDAD Bitita Plumey Banuchi, candidata a la alcaldía isabelina por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Mira las condiciones en que lo tienen [el túnel]. Yo no sé hasta qué punto, ambientalmente, hay que dejar ciertos aspectos, pero esto se puede limpiar para mantener el área. Aquí bailaba la gente”, denunció Plumey Banuchi, quien ha residido en Isabela toda la vida.

La candidata por Isabela, quien figura como parte de una “competencia fraternal” dentro de la Alianza de País, aseguró que este espacio público e histórico tiene la capacidad de ser transformado en un lugar turístico, “con una pequeña oficina de turismo isabelino”. Incluso, la pipiola opina que los predios pueden servir de inicio para una ruta de senderismo.

“Esto es para que la gente pueda pasar, caminar, correr, venir por la playa y volver. Yo quiero rescatar a Isabela para los isabelinos y para Puerto Rico. Que todos lo puedan utilizar, pero de una manera segura y que no se lo regalen a los inversionistas”, declaró Plumey Banuchi, quien distingue la protección ambiental como uno de los pilares de su campaña por el municipio.

Según las denuncias de la candidata, los desarrolladores del Royal Isabela, una hospedería y parque de golf que queda en uno de los farallones isabelinos, han invadido otras partes de la costa contigua, en la playa del Pastillo. De hecho, un recorrido por el paso del antiguo tren devela unos pedruscos ingentes colocados como un muro a mitad de la vía.

“Las pusieron para impedir el paso. Fíjate en esas plantas espinosas al lado. Todo ha sido acomodado a propósito”, advirtió la también activista. “Colocaron esta muralla de rocas inmensas que obstaculizan la vía del tren. Esto es patrimonio nacional”.

Trasfondo

Bitita Plumey Banuchi comenzó su militancia dentro del PIP hace más de 40 años, cuando estudiaba en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En esos espacios académicos, conoció a Eduardo Tuto Villanueva y, por influencias del abogado, ingresó al partido.

“Esto era un tabú para mi generación. Ser independentista no era bueno. O sea, te tildaban de pelú, socialista; todas esas connotaciones, y más si eres una mujer. De un tiempo para acá es que uno ha podido liberarse”, compartió Plumey Banuchi respecto a su relación con la colectividad histórica. Asimismo, atribuyó este aumento reciente de tolerancia a la juventud y su “conciencia clara”.

Además de ambientalista e independentista, la pipiola reveló su carrera como sonografista médico, trabajo que ejerce desde que se graduó del Recinto de Ciencias de Médicas de la UPR.

“A mí me han llamado para trabajar afuera por tres o cuatro veces de lo que gano aquí, pero yo no me voy. Me quedo aunque no trabaje”, afirmó la activista, cuyo uniforme consiste en una camiseta de “PE ERRE”, un broche de Palestina y banderas patrias, de azules celestes.

En 2019, durante las protestas en contra de la gobernación Ricardo Rosselló Nevares, nació la compañera de protestas y denuncias de Plumey Banuchi, la marioneta Yayita. Una muñeca vestida de una camisa negra que lee “Soy boricua”. “Yayita Mi Isla”, nombre de pila del personaje, ha estado presente en el Campamento Pelícano, el “abrazo solidario por Ramona” y otros flancos de la justicia social.

Un Isabela para los isabelinos

Si bien Plumey Banuchi lucha contra el abuso ambiental, también contempla la conservación de los activos locales como una posible fuente de actividad comunitaria y económica, como en el caso de Ermita San Antonia de la Tuna.

Cercado por su propio deterioro y unas vallas despintadas, el templo bicentenario sirve de ícono para el barrio San Antonio; un poblado de promontorios tupidos y casas pintorescas. No obstante, las vallas, aunque inconexas, se extienden hasta las entradas montunas del río, adonde acudía la comunidad para aprovechar las aguas.

“¿A qué se te parece ese portón? Al mismo que está ubicado por la playa. Todo por no darle acceso a los residentes de esta comunidad, que tienen el derecho de aprovechar estos recursos”, alertó la candidata por la alcaldía isabelina. A pocas millas del poblado, más portones idénticos impiden el acceso a los terrenos baldíos de la playa Pastillo.

De acuerdo con El Nuevo Día, la compañía dueña del Royal Isabela —Costa Isabela LLC— tiene aproximadamente 960 cuerdas de terreno, incluyendo el litoral que recorre del río Guajataca hasta la Cueva de las Golondrinas, justo debajo de la hospedería.

“Hicieron lo mismo que allá [en el túnel]. Colocaron las mismas rocas en el mismo medio para que produzca un desagüe, un boquete que obstaculiza el acceso a esta playa”, agregó Plumey Banuchi.

Para la pipiola, el Municipio de Isabela ha estado “de brazos cruzados” para atender el asunto de los inversores. Previo a su candidatura, Plumey Banuchi se comunicó con el alcalde actual, Miguel Méndez Pérez (PPD), de quien recibió una respuesta ambigua que no esclareció la postura del municipio.

“El alcalde había dicho que estaba en contra. Le puso un papel [en el área] diciendo eso mismo, pero no hace ninguna gestión. Con ese cargo de poder no se puede esperar que, con una carta, todos hagan caso. Hay que presionar”, mencionó la sonografista médico.

En esa línea, recordó los tres cuatrienios del exalcalde Carlos Delgado Altieri, también del Partido Popular Democrático (PPD). Según Plumey Banuchi, esa administración de la pava propició, en un principio, una actividad socioeconómica en gran parte de la comarca isabelina. Con el tiempo, los “elefantes blancos” y los equipos desusados se convirtieron en la norma, como sucedió con el picadero municipal.

“¿Cómo le vas a exigir a un centro cultural que pida permisos para realizar actividades en la plaza? Eso es lo que están haciendo con la Casa de la Cultura Isabelina. Una institución que existe para promover la cultura del pueblo”, reclamó.

En ese sentido, la candidata planteó que los proyectos de las pasadas administraciones han servido para alimentar “el baile, la botella y la baraja”, las inversiones multimillonarias y nada en pro del aprovechamiento ciudadano.

Actualmente, la candidatura de Biotita Plumey Banuchi conversa, de forma amistosa, con la de contraparte del Movimiento Victoria Ciudadana. Incluso, ambas han dialogado sobre la posibilidad de unir fuerzas con los trabajadores del colegio electoral de cada campaña. Igualmente, Plumey Banuchi cuenta con un equipo municipal que incluye activistas, artistas y otros personajes sociales de Isabela.

A cinco meses de las elecciones, Isabela cuenta con una candidatura ambientalista, activista y dedicada al rescate de las comunidades.

Trampa cazabobos

Por

cubadebate

junio 11, 2024

Por Rosa Miriam Elizalde

La administración Biden ha anunciado nuevas medidas para Cuba que eminentes analistas internacionales, usualmente en babia respecto al bloqueo estadounidense, han interpretado como un regalo al gobierno cubano. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, solo el sector privado de la isla puede “abrir, mantener y utilizar de forma remota cuentas bancarias en Estado Unidos”.

Significa que esos ciudadanos, después de demostrar que no son comunistas ni tienen vínculos con el gobierno cubano, pueden usar plataformas de pago en línea de Estados Unidos, servicios en la nube y aplicaciones de Internet. Lo que no dice el Departamento del Tesoro es la verdad. Las nuevas medidas evidencian, como ninguna otra, el férreo bloqueo al ciberespacio para una Cuba acusada por décadas como “enemigo de Internet”.

Estados Unidos tiene la llave de los truenos de Internet y quiere aparecer ahora como una suerte de perdonavidas a cuentagotas sobre el cacareado derecho al libre flujo de información.

El “experto” estadounidense Larry Press acuñó en 2011 la frase el “dilema del dictador” para criminalizar a La Habana, acusándola de necesitar el acceso a la red, pero padecer un miedo ancestral al libre flujo de la información. “El dilema del dictador”, en síntesis, no es arriesgar cierto vínculo político con la esperanza de que el sector privado acabe con Troya utilizando internet, y luego llegue la solución: los marines desembarcando en el Malecón de La Habana. Un juego de bobos con Internet. Por tanto, la única solución de los halcones del Norte para exorcizar ese mantra es dar acceso a red de redes en Cuba, tipo Glasnot digital, sin que se revierta en beneficio a la “dictadura cubana”.

La receta de Washington no es nada fácil cuando se le aplica a esta isla y la sagrada escritura de Larry Press se ha convertido en un bumerán para Washington, que no tiene cómo liberar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para Cuba con el mayor beneficio posible para el Norte y sin daño colateral a la politiquería interna. Es decir, el administrador de turno en la Casa Blanca, aunque no quiera, tiene que levantar al menos un ápice del enjambre de medidas coercitivas del bloqueo. Por ejemplo, Facebook, X, Apple y etcéteras tienen que desbloquear sus sistemas de anuncios para los cubanos y adivinar quién es miembro del Partido y quién trabaja en una funeraria, que es un servicio público.

Por tanto, el anuncio reciente del Departamento del Tesoro de la administración Biden es un informe “cazabobos”. Hasta el plan de Trump conocido como “Cuba Internet Task Force”, de 2019, irónicamente reconocía las inconsistencias de la política de Internet para Cuba debido a la incertidumbre causada por los continuos cambios del sistema regulatorio de Estados Unidos para Cuba. Es muy difícil que cualquier anuncio sea creíble debido a que está sometido a los vaivenes políticos de la Casa Blanca en su relación incestuosa con la Florida para lograr el objetivo estratégico de derrotar la Revolución iniciada en 1959.

No hay que ser un experto para darse cuenta de que la hoja de ruta ciberespacial del gobierno sigue el camino trillado de mantener su estrategia para Cuba en el juego siniestro del bloqueo digital y de la guerra cognitiva, que busca resetear el cerebro de los cubanos para que la isla se derrumbe por sus propios pies.

El gobierno de Estados Unidos no ha comprendido todavía que el desarrollo de las TICs en Cuba no le debe absolutamente nada a Obama, ni a las rendijas del bloqueo en más de 60 años. Ha sido fruto de la Revolución y un triunfo de su política de soberanía digital y del talento extraordinario del pueblo de Fidel Castro. Y eso ha sido posible gracias al acceso pleno a la educación y a la cultura, a pesar de las múltiples carencias, limitaciones y hasta errores propios, con el añadido imperdonable de las sanciones estadounidenses.

Un vocero del Departamento de Estado, recientemente, se asombró del alcance tan amplio de las medidas de lo que ellos llaman “embargo”, cuando le preguntaron por el amplio régimen de sanciones contra la nación caribeña. Él se refería a la trama leyes casi blindadas en miles de artificios para cercar a Cuba, cuando decidieron sacar a la isla de la lista de países que no cooperan con el terrorismo, pero sigue en la otra, la lista de los que patrocinan el terrorismo. Puro circo.

Esa increíble lista de sanciones convierte en puro humo cualquier “medida” para “mejorar” la vida y dar permiso a los cubanos (léase aquellos del sector privado) a las tecnologías autorizadas ahora por el Departamento del Tesoro. Lo que acaban de descubrir los políticos amnésicos de Washington es la cantidad de restricciones y prohibiciones a herramientas, servicios y aplicaciones de todo tipo en el ámbito digital accesibles, incluso para países también incluidos en la lista de naciones que apoyan el terrorismo. La pregunta lógica, en caso de que una pudiera estar en la conferencia de prensa del vocero departamental, sería simple: ¿Cuánto más estarán prohibiendo que desconocemos?

Es infinita la capacidad que tienen los hacedores del bloqueo para determinar milimétricamente qué tecnología impedirle a Cuba para su desarrollo. Lo han hecho muchas veces: anuncios que han sido imposibles de cumplir por las restrictivas sanciones. Por ejemplo, Oracle puede decidir vender supercomputadoras al sector privado a más tardar mañana, pero sus abogados le dirán que hay otras diez leyes que lo impiden, además de mantener a la nación caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo. En la práctica, Oracle no arriesga su mega-negocio por un señor dueño de una mipyme (micro, pequeña y mediana empresa en Cuba).

Nadie se va a arriesgar a hacer nada que después sea interrumpido, con el consecuente daño de tiempo, dinero y politiquería. Es decir, sean serios señores de la Casa Blanca y demás agencias, ¡hasta cuándo la trampa cazabobos!

Reproducido de www.cubadebate.cu

La justicia que nos toca adjudicar

Por

edgardo tormos

junio 11, 2024

Era de esperarse. El lunes 10 de junio de 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió descalificar a los aspirantes por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la Representante Mariana Nogales Molinelli, Gladys Myrna Conty, el Senador Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón. La decisión del más alto foro judicial de Puerto Rico revierte el fallo del Tribunal de Apelaciones, que a su vez había revocado la decisión de descalificar a los candidatos del Juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia.

Hace tiempo que la cultura política de Puerto Rico se vale de instrumentos jurídicos para limitar las alternativas democráticas que amenazan con desestabilizar el régimen de partido único que suponen las administraciones clientelistas del PNP y el PPD. La persecución política de la Representante Mariana Nogales por parte del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) es tan sólo el más reciente y burdo ejemplo de cómo se hace uso de la ley para hacerle la guerra jurídica (lawfare) a personas que representen amenazas para la hegemonía clientelista del país y sus representantes en el bipartidismo.

El argumento de quienes regocijan con la noticia varía levemente en grado de sofisticación, pero, para sorpresa de nadie, el raciocinio de lxs jueces (en su mayoría nominadxs por el PNP) no se distingue en sustancia de las tautologías que se escuchan en la calle. Esencialmente gira en torno a la máxima “la ley debe aplicársele a todos por igual”. Ahí precisamente radica el meollo del asunto.

Según se ha visto en los tribunales, lxs candidatxs que se acogieron al método alterno que permite el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 recibieron una notificación del sistema electrónico que indicaba que la alternativa de no recoger endosos era válida: “Si su partido ha sido acogido por el método alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 no es requisito presentar peticiones de endosos”. Así lo reconoce la opinión disidente del Juez Asociado Estrella Martínez. Vale preguntarse cómo es posible aplicar la ley a todos por igual si el mismo sistema mediante el cual se tramitan las candidaturas (SIEN) le provee información que contradice la ley a algunxs candidatxs. Además, vale preguntarse cómo el Artículo 7.11 del Código no se presta para malinterpretar la ley, ya que da la impresión de proveer una alternativa al Artículo 7.15 del mismo Código. Ni mencionarse la extralimitación de añadirles requisitos a candidatxs que no están explícitamente delimitados en el Código. Ni pensar en los antecedentes históricos que han avalado métodos alternos.

Es crucial que reflexionemos más allá de la ardua tarea estratégica que tiene la Alianza de cara a las elecciones generales, más allá de la reorganización estructural necesaria para acogerse a la nueva imperativa de los endosos y aún más allá de las interpretaciones del gremio “letrado”. Se nos va la vida en ello, porque ya hemos visto adónde nos ha acorralado un país pensado por nuestrxs ilustres licenciadxs.

La oración que abre la opinión del Juez Asociado Kolthoff Caraballo, “Justicia es aplicar la ley de la misma forma a todos aquellos que se encuentren en las mismas circunstancias” es particularmente risible, ya que resalta la deshonestidad y la irónica estrechez intelectual que aqueja a la claque togada del país.

Es obvio que, por una parte, si se tratara de aplicar la ley de la misma forma a todo el mundo, el Departamento de Justicia, el PFEI, los tribunales nacionales y extranjeros y toda la clase jurídica se ahogarían en una marejada de casos criminales por la ineptitud y corrupción de los políticos y funcionarios del bipartidismo.

Resulta cómicamente claro que quienes claman justicia a los pies de una rama de gobierno nominada por sus colegas no se encuentran “en las mismas circunstancias” que quienes no tienen el privilegio de representación ante lxs finales e infalibles. No somos iguales ante la ley ni los mecanismos jurídicos o policiales del país, y cada puertorriqueñx es agudamente consciente de esa realidad: desde las víctimas de violencia de género, a las comunidades que sufren desproporcionadamente los embates de la corrupción y la ausencia del Estado, a quienes no tienen los recursos para resistir el desplazamiento ilegal, hasta las destrucciones del medio ambiente de las que dependemos para subsistir. Siguiendo la definición miope de Kolthoff Caraballo, debe concluirse que en Puerto Rico no existe la justicia.

Por otra parte, la determinación menoscaba aún más la ya erosionada confianza en el sistema electoral de la colonia. Por vía jurídica, en nombre de nuestras virtuosas leyes, no habrá que tomar ninguna decisión en noviembre, porque nuestrxs ilustres ya la tomaron por nosotrxs. Evidentemente, en Puerto Rico no existe otra justicia política que no sea aquella que se adjudica desde la calle.

Mientras más se insiste en celebrar una tradición de ley y orden, más se evoca nuestra atropellada historia jurídica. Mientras más se martilla con el mazo, más se resquebraja la frágil construcción de que nuestra clase gobernante es capaz de emitir justicia. Retumba el mazo y se propaga la desposesión de las masas y sus posibilidades de incidir en el simulacro de democracia. Resuena el mazo como sonó a nombre del ELA. Truena el mazo como ha tronado en defensa de PROMESA. Se nos taladra en la memoria colectiva el mazo del Partido Único, el que ordena que sigamos por el buen camino que llevamos, en el que todxs somos iguales.

¿Qué martillo forjaremos para reventar este espejismo? ¿Qué estruendo será capaz de acabar con la tranquilidad de la tiranía?