Por Frei Beto

En las últimas décadas, el mundo asiste a un fenómeno económico paradójico: la producción global de riquezas aumenta significativamente mientras que su distribución es cada vez más desigual. La acumulación en manos de una minoría privilegiada despierta inquietudes. Baste decir que 1% de la población global (80 millones de personas) acapara 2/3 de la riqueza de todo el planeta. Esa desigualdad abisal no es solo una cuestión moral, sino que significa un obstáculo al desarrollo sostenible, la cohesión social y la estabilidad política.

El avance tecnológico, la globalización y la expansión de los mercados financieros contribuyen a un crecimiento económico sin precedentes en muchos países. No obstante, los frutos de ese progreso son cosechados de manera desigual.

Esa concentración es alimentada por sistemas tributarios regresivos, exenciones fiscales a las grandes fortunas, paraísos fiscales y estructuras corporativas que priorizan las ganancias de los accionistas en detrimento de los trabajadores y la sociedad. De modo general, los más ricos ven crecer sus fortunas mediante rendimientos del capital, mientras que el pobretariado depende del trabajo asalariado o informal, muchas veces mal remunerado e inestable.

La desigualdad flagrante afecta directamente la calidad de vida de la mayoría de la población. Está asociada a peores índices de salud, una educación precaria, el aumento de la violencia y una menor movilidad social. Cuando una parte significativa de la población no tiene acceso a recursos básicos, oportunidades o representación política, se crea un círculo vicioso de pobreza y exclusión.

Algunos economistas alertan que la desigualdad compromete el propio crecimiento económico. Las sociedades más igualitarias tienden a ser más estables y productivas. Cuando la renta se distribuye más equitativamente, hay mayor consumo, innovación e inversión en capital humano. Por el contrario, la concentración excesiva de la renta reduce la demanda agregada y limita el potencial de desarrollo.

Otro factor que contribuye a la desigualdad es la transformación del mercado de trabajo. La automatización y la digitalización favorecen a los trabajadores altamente calificados y dueños de capital tecnológico, pero precarizan los empleos de baja calificación. El trabajo informal, los contratos temporales y la “uberización” de las relaciones laborales se expanden, muchas veces sin la debida protección social.

Las grandes empresas tecnológicas, las Big Techs, por ejemplo, se convierten en símbolos de esa nueva economía, y concentran fortunas inmensas y poder político. Sus fundadores acumulan miles de millones, mientras que millones de trabajadores enfrentan la inseguridad financiera.

Ante ese escenario, el papel del Estado resulta fundamental en la corrección de las distorsiones del mercado. Políticas públicas como los gravámenes tributarios a las grandes fortunas, el combate a la evasión fiscal, la inversión en educación y salud pública, un salario mínimo digno y una protección social amplia son instrumentos esenciales para reducir la desigualdad.

Algunos países nórdicos, como Finlandia e Islandia, han demostrado que es posible crecer económicamente con justicia social. Con sistemas tributarios progresivos y servicios públicos de calidad logran mantener altos niveles de bienestar y bajos índices de desigualdad. Esos modelos muestran que la equidad no es enemiga del crecimiento, sino una condición para su fortalecimiento.

La desigualdad no es solo un problema interno de cada país, sino que constituye un desafío global. Las cadenas productivas transnacionales, el sistema financiero internacional y los flujos de capital inciden directamente sobre la distribución de la riqueza entre países y dentro de ellos. Por eso resulta necesario un esfuerzo coordinado entre naciones para crear mecanismos más justos de gobernanza global, como la regulación de las redes digitales y los paraísos fiscales, la cooperación tributaria internacional y la promoción del desarrollo sostenible.

El aumento de la riqueza mundial, lejos de beneficiar a todos, ha acentuado las disparidades sociales y económicas. La concentración de la riqueza en pocas manos debilita la democracia, mina la confianza en las instituciones e impide la construcción de sociedades más justas y solidarias.

Esa disparidad demuestra que la democracia, tal como la conocemos hoy, es una falacia. ¿Cómo justificarla si la democracia política, basada en el sufragio universal, no se ve complementada por la democracia económica? Todos votan, pero no todos comen. Ante esta contradicción, la humanidad se enfrenta a una disyuntiva: compartir la riqueza, el socialismo; o la concentración, el poder político en manos de quienes ya detentan el poder económico, la autocracia plutocrática. Esta última tendencia se propaga en la actual coyuntura.

Combatir la desigualdad no es solo una exigencia ética, sino también una necesidad urgente para garantizar un futuro más equilibrado, inclusivo y sostenible para todos.