CLARIDAD
Noticia de Semana Santa: A “Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, Inc.”, organizada según la Ley de Corporaciones vigente, le asignaron $32.5 millones para la construcción de un templo religioso. El dinero proviene del fondo aprobado por el Congreso de Estados para la reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María de 2017, que controla el gobierno federal por conducto de la agencia para la atención de desastres conocida como FEMA. El anuncio lo hizo muy complacido el gobernador Pedro Pierluisi acompañado de Otoniel Font, identificado como “pastor”, de legisladores del PNP y del exgobernador del PPD Alejandro García Padilla. Durante la ceremonia, Font dijo que fue García Padilla quien le informó de la disponibilidad de fondos. Aun cuando la fuente del dinero es federal, todo indica que el liderato puertorriqueño del bipartidismo tradicional, representado allí por sus principales dirigentes, promovieron la asignación del dinero o, al menos, están muy contentos con ello.
La noticia levanta muchos interrogantes, al menos tres: ¿Por qué esa corporación cualifica para que le den dinero público? ¿Por qué se le asigna a la iglesia de Font y no a las otras que han sido afectadas por huracanes y terremotos? ¿Puede una entidad religiosa recibir dinero del Estado a pesar de que supuestamente existe separación entre ellos?
Otoniel Font no creó la entidad que ahora regentea más como dueño que como “pastor”, sino que la heredó de su padre quien también se proclamaba pastor y reverendo. Aunque se organiza como corporación sin fines de lucro realmente es un conglomerado muy lucrativo que incluye iglesia, escuela y otros negocios. Anteriormente también operó una llamada “torre de oración”, que realmente era una operación inmobiliaria, y hasta un parque de atracciones llamado “Museo de la Biblia”. Muchos de esos negocios quebraron hace varios años y en el proceso quedó expuesto el control de la familia Font y el afán de lucro.
Sin embargo, esa mezcla entre operación religiosa y comercial no es extraña ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. No es ni será el primer caso de un negocio disfrazado de iglesia que logra fondos federales bajo FEMA. Además, si algo ha sabido cultivar la familia Font, desde que operaban el emporio que hasta incluía una emisora de televisión, son las relaciones con los centros de poder, tanto en lo económico como en lo político. Esas vinculaciones facilitan que obtenga dinero público aun cuando a todas luces es un negocio privado.
Esa cercanía al poder también explica el favoritismo tanto de federales como de coloniales. Millares de boricuas sigue esperando por la reconstrucción de sus hogares sin que vean avances. Lo mismo sucede con otros grupos y entidades religiosos. En el área sur del país, donde tras los destrozos del huracán María llegaron los de los terremotos, muchas iglesias siguen operando bajo carpas. Obviamente tienen más necesidad que la que opera la familia Font, pero carecen del poder político de esta. La mano de FEMA no llega a ellos.
Finalmente llegamos a la tercera interrogante de las planteadas antes, la supuesta separación entre iglesia y estado. La república que nació en América del Norte a finales del siglo XVIII fue pionera de muchas maneras en un mundo que solo conocía de imperios y monarquías absolutas. Aun cuando a diferencia de las repúblicas latinoamericanas que nacieron unas décadas después mantuvo por casi un siglo el oprobioso sistema esclavista, adoptó de sus inicios formas de gobierno que representaron importantes avances para la humanidad.
Uno de esos desarrollos fue el principio que Thomas Jefferson llamó “separación de iglesia y estado”, aunque el texto constitucional de donde surge no emplea tales palabras. El texto en cuestión está al comienzo de la Primera Enmienda incorporada a la Constitución en 1791, que expresamente impide la aprobación alguna ley para el establecimiento de una religión o prohibiendo la libertad de culto. (“Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof”.) Cuando ese principio se incorporó a la constitución estadounidense, aunque ya hacía dos años que en la Francia revolucionaria no sólo se habían separado iglesia y estado, sino que se habían confiscado los bienes de la iglesia católica para ayudar a financiar el nuevo orden, en el resto del mundo lo común era la existencia de una “religión oficial”.
Esa separación que Jefferson proclamó nunca ha sido total, pero se mantuvo con sus altas y sus bajas por dos siglos principalmente debido a oportunas decisiones del Tribunal Supremo. Últimamente, sin embargo, como muchas otras cosas el principio ha cedido en la medida en que el movimiento evangélico ha ido controlando el Partido Republicano. Bajo la presidencia del segundo de los Bush, las llamadas “organizaciones con base de fe” tuvieron un representante en Casa Blanca y bajo Donald Trump el avance fue mucho más marcado. Fue precisamente este último el que creó reglamentación para que las entidades religiosas accedan a los fondos que administra FEMA. También fue Trump el que logró que el Tribunal Supremo esté bajo el control de la extrema derecha. Nadie debe sorprenderse si en un futuro cercano aquella separación que Jefferson aplaudió en 1802 comience a desaparecer gracias a decisiones del actual tribunal trumpista.
Claro está, oportunistas como Font no tienen que esperar por esa futura intervención del Supremo estadounidense contra la separación de iglesia y Estado. Con la reglamentación que hay ahora les es suficiente gracias a su cercanía al poder de la colonia. En 2017 Ricardo Rosselló y Julia Keleher le regalaron un edificio para que ampliara su negocio educativo y ahora FEMA le regala $32.5 millones mientras en el resto del país siguen los toldos azules.
