Especial para CLARIDAD
El 25 de febrero de 1998 se firmó por Pedro Rosselló González el proyecto de ley impulsado por sindicatos norteamericanos para controlar una vez más al movimiento sindical en Puerto Rico. Han transcurrido veinticinco años desde entonces. ¿Dónde estamos después de entrar en vigor la llamada “ley de sindicalización de empleados públicos”?
La Ley 45 de 1998 no solo ha sido una camisa de fuerza para las luchas sindicales necesarias, sino que ha sido el instrumento que ha permitido a gobiernos y empresarios instrumentar las políticas neoliberales, es decir, lograr los cambios estructurales para que el capital acumule más ganancias y riquezas mientras la clase trabajadora pierde sus empleos, sus salarios, sus beneficios marginales, sus pensiones, en fin su seguridad social.
Para entender la intención y el contexto en que se aprobó esta ley debemos repasar brevemente los eventos que precedieron al 1998 que fueron creando “las cosas” para que otras “cosas” ocurran, entre ellas las políticas neoliberales que nos ocupan los espacios de vida.
Las propuestas impulsadas por el ex asesor del Fondo Monetario Internacional, James Tobin, en 1972 al entonces gobernador Rafael Hernández Colon hoy se hacen realidad en parte porque la Ley 45 logró domesticar, dividir y desmovilizar al movimiento sindical puertorriqueño. En ese momento Tobin recomendó limitar el gasto público, congelar los salarios de los empleados públicos, eliminar beneficios marginales a trabajadores y dar mayores incentivos a la empresa privada para mayor creación de empleos.
En ese primer cuatrienio de RHC se impulso el proyecto Helfeld que proponía la sindicalización de empleados públicos junto a una ley de personal que uniformaba el sistema de personal entre las corporaciones públicas y gobierno central lo cual limitaba la negociación de convenios en las corporaciones públicas. Las propuestas no recibieron el aval del movimiento sindical por lo cual solo se aprobó la Ley de Personal basada en el Principio de Merito.
Los dos cuatrienios (1977-1984) que gobernó Carlos Romero Barceló se destacaron por la política anti obrera y los intentos de controlar las uniones y su liderato. Se creó un Consejo Asesor sobre Política Laboral el cual hizo estudios sobre los niveles de organización sindical en el empleo público. A su vez proponía cambios en la legislación protectora del trabajo.
El regreso de RHC a la gobernación por ocho años (1985-1992) represento políticas aparentemente contradictorias. Hizo cambios dirigidos a descentralizar el sistema de personal del gobierno central. Abrió un espacio de diálogo con el movimiento sindical (Comité de Organizaciones Sindicales) y auspicio a su vez las políticas claramente neoliberales que desde el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado creado por la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales en 1988.
Propuso vender la Telefónica, privatizo la administración de residenciales públicos, vendió las Navieras, Telefónica Larga Distancia y Carreteras entre otras modalidades implantadas como la subcontratación. Todo ello con la oposición militante del movimiento obrero puertorriqueño.
Los dos cuatrienios de Pedro Rosselló González (1993-2000) se caracterizaron por un discurso neoliberal con apoyo en la opinión pública (entiéndase los medios de comunicación corporativos). Se privatizaron programas en agencias gubernamentales como Departamento de Salud, Educación, Corrección, Agricultura, Sistema de Retiro, Servicios Sociales y Turismo (hoteles) entre otros. Se impulso la sindicalización de los empleados públicos en una primera fase fallida ya que los legisladores de su partido no lo apoyaron.
Luego, a partir de 1995, entraron los intereses de la AFL-CIO quienes calmaron las preocupaciones de los legisladores PNP, coaptaron el liderato progresista de las uniones del sector público (con limitadas excepciones) y neutralizaron a las uniones del sector de las corporaciones públicas y privado. Así se aprobó una “Ley de Sindicalización” que criminaliza la huelga, prohíbe negociar áreas esenciales de condiciones de trabajo, planes médicos y retiro entre otras temáticas.
La propuesta de sindicalización estaba acompañada por propuestas de reforma laboral a favor de los patronos en la empresa privada y la venta de la Telefónica. Para la AFL-CIO, el proyecto de sindicalizar 200,000 empleados públicos era la moneda de cambio para permitir la venta de la Telefónica y aceptar reformas laborales desde la óptica neoliberal. Mientras por un lado el pueblo se lanzo a la calle en el verano del 1998 para oponerse a la venta de la “Nuestra Telefónica” en abierto desafío al gobierno, en otros lares, ciertos dirigentes sindicales, empresarios, banqueros y lideres políticos intentaban conciliar sus intereses en lo que denominaron “La Cumbre Social”. Así calmaron la lucha de clases.
Luego vinieron otras leyes que contaron con la zapata de la ley 45 para seguir eliminando derechos, congelando convenios, despidiendo trabajadores, comprando conciencias, eliminando el derecho a la negociación colectiva y hasta desertificando a las uniones que se lanzan a la huelga. Sila María Calderón (2001-2004) enmendó la ley 45 a favor de los intereses de la AFL CIO y congelo la negociación de convenios.
Aníbal Acevedo Vila impuso el IVU con el apoyo de las uniones de la AFL-CIO. Impulso la descertificación de la Federación de Maestros por hacer una huelga bajo la Ley 45. Llegado el cuatrienio de Luis Fortuño Burset (2009-2012) sufrimos la medicina amarga implantada entre el gobierno y una junta de banqueros y empresarios quienes diseñaron un conjunto de leyes especiales para establecer el modelo neoliberal con respaldo de novedosas interpretaciones judiciales. Así se despidieron 30,000 empleados públicos, se congelaron los convenios colectivos de la ley 45, se privatizaron otras agencias bajo el modelo Alianzas Publicas Privadas y se propicio la desregulación del mercado. A su vez la deuda pública llego a su nivel más alto. La reacción del movimiento sindical estuvo permeado de una defensa legal imposible y un sentimiento de derrota.
La llegada de Alejandro García Padilla (2013-2016) cerró el ciclo de implantación del neoliberalismo criollo. Continuo con la privatización del Aeropuerto, sepulto el sistema de retiro e impuso la Ley 66, que fue la continuidad de la Ley 7 (medicina amarga) pero esta vez aplicada tanto al movimiento sindical del gobierno central como a las corporaciones públicas.
Aumentó el IVU, propuso recortar beneficios negociados y congelar los convenios. Reconoció la deuda pública como principal problema en términos fiscales, no político. Con su anuncio de no poder pagar, llego la Ley PROMESA (2016).
Al llegar a la gobernación Ricardo Rosselló Nevares, la mesa estaba servida. Un movimiento sindical dividido, domesticado y desmovilizado favoreció la implantación de los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal, JCF. Para ello se aprobaron leyes especiales para extender las condiciones de camisa de fuerza al movimiento sindical bajo las Leyes 7 y 66, se impuso una reforma laboral en el sector privado (Ley 4), se amplió el concepto de Alianza Publica Privada y Participativa a favor de lo privado, se legislo el concepto del gobierno como único empleador, se fortalece la Ley de Permisos y se eliminaron beneficios económicos y condiciones de trabajo existentes en convenios colectivos y leyes.
La salida de Rosselló Nevares de la gobernación provocada por la indignación de un pueblo liderado por la juventud no ha detenido el modelo neoliberal que impulsa la JCF. Hoy es gobernador el abogado de la JCF, Pedro Pierluisi Urrutia. Se imponen pagos de deuda onerosos, continúa la privatización en Puertos, ACT, AEE y otras agencias. Los convenios colectivos siguen congelados, el gobierno otorga bonos económicos y especiales fuera de los convenios con el apoyo de ciertos sindicatos y la mirada perdida de otros. Así se van uniformando las condiciones de trabajo del sector público y el privado hacia la mínima expresión.
¿A 25 años que tenemos?
La ley 45 ha servido como herramienta y zapata para implantar el modelo neoliberal sin una oposición ideológica y efectiva. Se han cumplido los objetivos de desmovilizar, domesticar y dividir el movimiento sindical. Logro imponer el modelo de empleador único que RHC propuso en 1975.
Se ha desprestigiado el concepto de Union, se dirigen los intereses sindicales desde la AFL-CIO en Washington, DC, controlando las acciones de cierto sector del movimiento sindical. Se perpetúa la dependencia y mentalidad colonial en el sindicalismo donde las políticas y practicas de los partidos norteamericanos se trasladan en PR.
¿Cuáles son los retos?
Pasamos a mencionarlos para en un artículo futuro ampliar los mismos. Es necesaria la educación y formación sindical a nivel de todas las matriculas y clase trabajadora, incluyendo los estudiantes.
Dar contenido clasista a la lucha. No se puede colaborar ni buscar conciliación con quienes nos oprimen o con quien se presta a hacernos el juego.
Organizar y desplegar actividades que rescaten el derecho de negociación colectiva, incluyendo las huelgas.
Denunciar la Ley PROMESA y la JCF como ilegítimos e ilegales. Denunciar el colonialismo.
Creación de un frente de acción contra el neoliberalismo.
