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Editorial-Un golpe injusto a los pensionados de la AEE

 

El golpe que se anticipó por décadas, desde que comenzó el colapso irreversible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por fin se dio para desgracia de cerca de 12,000 personas, entre  jubilados de la corporación pública, viudas, viudos e hijos menores de trabajadores y trabajadoras de la otrora «joya de la corona» del Gobierno de Puerto Rico.
En una carta a los jubilados activos del sistema de retiro de la AEE, se les notifica la inmediata insolvencia del Plan y su incapacidad para cumplir la obligación de pagar las pensiones de sus retirados. Según la misiva, el último cheque se pagaría el próximo mes de abril de 2023.
El gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP sabían que la insolvencia del Plan era inminente. Lo sabía también la Junta de Control Fiscal(JCF), que tiene el «candado y la llave» de acceso a los fondos de la AEE. Lo sabía la Junta de Síndicos de la corporación pública, las Cámaras Legislativas y todos aquellos oficiales y entidades con algún poder de maniobra para impedir la insolvencia. Sin embsrgo, nada se hizo a tiempo. La reacción no fue hasta ahora que la gerencia del Plan de Retiro se vio obligada por su deber de fiducia a notificar oficialmente la insolvencia a sus participantes.
Esta historia es larga y trae cola. La AEE le debe al Plan de Retiro cerca de $1mil millones en aportaciones para las pensiones. Desde el 2013, bajo el gobierno de Alejandro Garcia Padilla, del PPD, se interrumpieron las remesas de la AEE al Plan, dinero que se utilizó en la compra de combustible, principalmente petróleo y sus derivados. En el 2014, la AEE, ya golpeada y casi insolvente, entró en su primer proceso de reestructuracion financiera bajo Alix Partners (recordemos a Lisa Donahue), y las remesas al Plan continuaron interrumpidas. En el 2016, tras la aprobación de la Ley PROMESA, la llegada de la JCF, y la declaración de quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico y de la AEE, las remesas para pensiones nunca más se hicieron. Los fondos de la AEE quedaron congelados  y bajo el control de la JCF, organismo a través del cual el Gobierno de Estados Unidos ejerce su poder sobre nuestro pais.
Siete años, dos gobernadores y una gobernadora del PNP después – y tras desastres naturales de gran magnitud, una pandemia mundial y una creciente ola de corrupción pública y privada, se llega a esta situación penosa, injusta y extrema que pudo haberse evitado y atendido con decoro y sensibilidad. Sin embargo, no se le dio importancia y,  por eso, confrontamos el momento de angustia y sobresalto de una población vulnerable de retirados empobrecidos.
Todos han hecho que hacen, sin hacer nada. El gobernador Pierluisi, como siempre se lavó las manos y le soltó la «papa caliente» a Omar Marrero, su representante ante la JCF. A éste solo se le ocurrió culpar a la gerencia del Plan de AEE por cumplir con su deber de notificar la insolvencia. Mientras, la JCF parece paralizada ante un proceso de quiebra de la AEE que se le ha salido de las manos y ante unos bonistas buitres amotinados que no aceptan recortes a la deuda. Por otro lado, aunque avalado por el Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA, el Plan de Ajuste de Deuda presentado por la JCF ha sido impugnado desde todos los flancos legales y políticos, y el llamado proceso de mediación impulsado por el Tribunal ha fracasado. Ahora, la JCF confronta también un Plan de Pensiones insolvente, cuyo colapso representará un golpe mortal para 12,000 familias trabajadoras que sudaron sus pensiones trabajando por largos años y que nada tuvieron que ver con las malas decisiones, la politiquería y la corrupción que causaron la debacle de la AEE.
Este cuadro crítico refleja el fracaso y la inefectividad de la gestión de la JCF, ya en su séptimo año en Puerto Rico, y de las medidas de austeridad, recortes del gasto público y coercion que eligieron como ruta para la reestructuración de la deuda. El proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y de la AEE quedará inscrito en nuestra historia como una de las grandes injusticias del coloniaje estadounidense en nuestro país. Un proceso cínico e irrespetuoso, parcializado hacia los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos, y hostil y abusivo hacia nuestro pueblo, sobre todo hacia los sectores trabajadores y productivos, contribuyentes al erario, quienes cargarán con el peso del pago de la deuda y de las pensiones, y con las crisis sucesivas y el desgaste moral del agotado proyecto colonial de Estados Unidos en Puerto Rico.

La estupidez de los demás como defensa

 

 

CLARIDAD

Estamos en temporada de juicios por corrupción, que en Puerto Rico a veces dura todo el año. Como recordarán, la nueva etapa comenzó con el proceso que mandó a la cárcel a un tal ¨Sixto George¨, que sirvió para presentar de forma bastante gráfica la podredumbre que campea en ciertos medios de comunicación. Ahora le toca el turno, una vez más, a las administraciones municipales.

Luego del juicio del tal George, a quien el jurado se apresuró a condenar a pesar de que los abogados-analistas decían que la prueba era insuficiente, pensé que los corruptos en espera de juicio correrían a negociar un acuerdo de culpabilidad y ese fue el caso de la mayoría de los alcaldes imputados. El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez, sin embargo, optó por ir a juicio, permitiendo así que se conozca la evidencia acumulada en la investigación policial. Cuando hay declaraciones de culpabilidad, como fue el caso de los demás alcaldes acusados, esa prueba se mantiene oculta en el expediente fiscal. Por eso dije una vez que los corruptos que optan por defenderse, sin pretenderlo, le hacen un favor al pueblo.

Cuando al comenzar el juicio de Pérez la fiscalía resumió la prueba que desfilaría, nos sorprendió aún más que el acusado optara por someterse a ese proceso. Gracias a la cooperación de los otros implicados en la trama hay fotografías y vídeos que muestran al exalcalde recibiendo fajas de billetes literalmente por debajo de la mesa y escondiéndolos en una de sus medias. Además de esta prueba documental, a todas luces demoledora, la fiscalía cuenta con el testimonio de la persona que ejecutó el soborno e hizo la entrega del dinero y el de otro exalcalde acusado que, al ser descubierto en un esquema similar al de Pérez, optó por confesar y exponer a sus compinches.

Ante ese cuadro probatorio, completo y gráfico, lo que más sorprende es la teoría de la defensa del exalcalde Pérez, en cuya elaboración parece haber participado la esposa del acusado, la abogada Lisa Fernández. Según la exposición inicial que se le hizo al jurado, Pérez pretende que éste crea que la faja de billetes recibida por debajo de la mesa era una inofensiva ¨contribución¨ a su campaña política y que de lo único que es culpable es de violar la ley electoral por lo que debe imponerse una pequeña multa. Claro está, nunca reportó esa ¨contribución” y el propio ¨contribuyente¨ dice que eso es falso.

Esa defensa me recuerda un cuento que una vez le escuché a un individuo que, junto a sus amigos, disfrutaba de una juerga repleta de bebidas y chistes. El individuo, que se jactaba de ser mujeriego, decía entre risas que si su esposa lo descubría con otra mujer en la cama le diría que allí no había nadie más, que ella estaba sufriendo visiones. En medio de la juerga sus compinches le rieron el chiste como si fuera la gran ocurrencia.

La teoría de defensa de Ángel Pérez es similar a la del bebedor machista. Parte del supuesto de la estupidez de los demás, que el jurado no va a ser capaz de ver lo obvio. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el cuento del mujeriego borracho y la defensa de Pérez. El primero pretende hacer un chiste para entretener a sus amigos quienes en medio de la juerga le ríen las gracias. Todo es producto de los tragos y del machismo pernicioso. Ninguno de los interlocutores realmente piensa que el pretendido evento ocurrirá. En el caso del exalcalde de Guaynabo, su abogado expone su teoría con seriedad, sin ni siquiera percatarse que está suponiendo que el jurado juzgador padece de estupidez.

Lo mismo ocurre con la esposa del exalcalde Pérez, Lisa Fernández, quien tiene su propia historia. Conoció a su marido en la principal escuela forjadora de corruptos de Puerto Rico, la Legislatura, donde ambos representaban al PNP. Se volvió famosa diciendo tonterías en entrevistas en la radio. Una vez dijo que Enrique Laguerre escribía novelas para la televisión y el morbo popular le puso el mote de ¨la literata¨. Ese anecdotario no le impidió, más bien le ganó, un nombramiento de jueza. Cuando su esposo obtuvo la muy lucrativa alcaldía de Guaynabo, tras la renuncia forzada del hostigador Héctor O’Neill, Fernández anunció su renuncia a la judicatura para dedicarse a ser ¨primera dama¨. Algunos vieron esa renuncia como un acto de desprendimiento, pero gracias al juicio contra su marido sabemos que, tan pronto dejó de ser juez, el sobornador de su esposo le gestionó un jugoso nombramiento en el cercano municipio de Cataño donde recibiría un salario sin hacer nada porque, como admitió el alcalde que la nombró, allí no hacían falta más abogados.

Como dije antes, la ¨letrada¨ Fernández también supone la estupidez de los demás. Cuando saliendo del tribunal una periodista la confrontó con el contrato que le gestionó el amigo sobornador, donde recibía un sueldo sin trabajar, afirmó de lo más tranquila que eso fue una simple ¨decisión administrativa¨ del alcalde corrupto que la contrató. Nada de malo hay en eso, nos dijo.

La única manera que una defensa como la de Pérez pudiera prosperar sería gracias a la presencia de un solo jurado “cooperador” para impedir la unanimidad que la ley requiere. Hasta ahora esa manipulación no la ha conseguido ningún corrupto acusado. Todo lo contrario, lo que sale a flote en todo momento es el hartazgo del pueblo puertorriqueño con la corrupción manifestándose entre quienes componen los jurados.

 

 

 Todavía sin confirmar Procuradora de la Mujer

Vilmarie Rivera Sierra. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Luego de una maratónica vista pública, ahora hay que esperar por que la Comisión de Nombramientos del Senado presente su informe final con su recomendación. Entonces, será presentado al pleno del Senado para que finalmente sus miembros voten si confirman o no a Vilmarie Rivera Sierra a ocupar en propiedad la silla de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM).

En la vista pública ante los miembros de la Comisión, el pasado 16 de marzo, Rivera  Sierra, primero abordó sus logros en  su trayectoria de trabajo para con las mujeres, desde la dirección del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Cayey, el desarrollo de proyectos como el Programa de Vivienda Transitoria, el Programa de Reubicación Rápida y el programa CAIS para ofrecer servicios a mujeres de comunidades en áreas rurales, así como su trabajo en alianzas, entre ellos, en el Comité Directivo de la Coalición de Personas sin Hogar, en la Coalición Puertorriqueña de Violencia Doméstica y Agresión Sexual, la Coordinadora Paz para la Mujer, la fundación de la Red  de Refugios y Centros de Acogida (RIRE) y ser integrante del Comité PARE.

Luego pasó a presentar a los miembros de la Comisión las funciones y responsabilidades que establece la ley de la OPM. Precisó que en estos momentos la OPM  cuenta con 44 empleadas: solo 18 de ellos son de carrera, 2 de los cuales están en licencia sin sueldo, 19 son personas transitorias y 7 ocupan puestos de confianza. El presupuesto para el año fiscal 2022-2023 es de apenas de $4,304, 000.

“Ciertamente, la OPM a través de los años ha enfrentado desafíos y cambios de visión. La disminución en los fondos recibidos, la disminución en la plantilla de personal, así como la falta de un plan para aumentar los recursos económicos a través de propuestas a nivel federal también ha limitado la capacidad que tiene la Oficina para atender adecuadamente todos los principales problemas que afectan la vida de las mujeres”. La nominada describió la OPM como un organismo que debe ser un faro de esperanza para que las mujeres del país sientan que cuentan con una estructura que tiene la capacidad de fiscalizar, crear alianzas, fortalecer las organizaciones, desarrollar políticas públicas que vayan más allá del tema de la violencia doméstica y que trabaje diariamente para adelantar la equidad y erradicar la violencia de género.

Rivera Sierra dijo sentirse capaz de desempeñar ese trabajo porque ya desde hace años ejercía esa función, que le toca a la OPM. Entre la larga lista de señalamientos que enumeró necesita la agencia, sobresalen la necesidad de que se active la Junta Reglamentadora de los Programas de Desvío, la cual no cuenta en la actualidad con el quórum para reunirse, debido a que hay términos vencidos (su última reunión fue en junio del 2021), y el que se nombre el Consejo Consultivo, organismo que se supone apoye el trabajo de la OPM. Este consejo fue establecido por la Ley 20-2001 y no se nombra desde el 2012. La responsabilidad de nombrar a los miembros de este comité es del gobernador.

En su presentación sobre sus planes de trabajo, la procuradora interina habló sobre las áreas de administración, educación, prevención y formación, de fiscalización relacionada a fortalecer el seguimiento a las querellas de violencia de género, de la necesidad de estudios e investigaciones, de alianzas estratégicas y de proyectos especiales.

La nominada enfrentó con mucho aplomo el interrogatorio por parte de los senadores del PNP, que dejaba en evidencia  el rechazo a su nombramiento. En particular, el de Thomas Rivera Schatz, que insistía en que aceptara que, según una auditoría al hogar que dirige, hubo señalamientos de malversación de fondos. Este insistió también en que Rivera Sierra aceptara que ella había expresado según Gregorio Matías, que la Policía encubría sus casos de violencia de género. William Villafañe le leyó y preguntó sobre el supuesto Programa de la Mujer del gobernador Pierluisi. A la pregunta de si lo  conocía, esta contestó que no.

Por parte de los senadores de mayoría (PPD), la portavoz alterna Gretchen Hau, entre otros aspectos, preguntó sobre las prioridades inmediatas que entiende requiere la OPM, como qué se requiere para erradicar la violencia de género y cómo llegan los casos a la Oficina. Recalcó la necesidad de educar en cuanto a la perspectiva de género, del trabajo directo con la parte agresora (lo que no está ocurriendo con los programas de desvío) y, por último, de garantizar oportunidades a la mujer en términos de empleo.

La senadora Elizabeth Rosa preguntó sobre lo que podría hacer la OPM por las mujeres de edad avanzada. Anotó que está pendiente una reunión con la organización AARP para traerla a la mesa. Rosa expresó que entendía que  Rivera Sierra está capacitada para ocupar el puesto.

María de Lourdes Santiago, senadora del PIP, dio oportunidad a que Rivera Sierra explicara sobre los alegados señalamientos de malversación de fondos en el hogar La Merced. La evaluación en cuestión, según se discutió en la vista, fue hecha por la OPM y data de hace más de 10 años. La evaluación en cuestión, según se discutió en la vista, fue hecha por la OPM hace más de 10 años. De ello no surgió ningún hallazgo de malversación.

Le temen al nombramiento

Ana Irma Rivera Laseén. Foto: Alina Luciano/CLARIDAD

 El planteamiento que mejor evidenció el porqué la delegación del PNP, que  pertenece al mismo partido que el gobernador, se opone a la nominada lo presentó la senadora por el MovimientoVictoria Ciudadana (MVC) y una de las gestoras de la creación de la OPM, la licenciada Ana Irma Rivera Lassén.

En su turno, felicitó a Rivera Sierra por aceptar la nominación, que ha estado bajo ataque y presionada. Esta explicó lo que a su juicio son las razones para esa presión: “Cuando se crea esta oficina, se crea como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Eso quiere decir que no es parte del gabinete del gobernador y eso le crea gran incomodidad a  mucha gente que está acostumbrada a que no se respeten  las oficinas que son independientes porque van por encima de la política partidista. Y esta, en particular, va por encima de la política partidista para el rendimiento, precisamente, de las políticas públicas”.

La senadora por el MVC  dijo estar consternada por la falta del Consejo Consultivo y le urgió a cumplir con la ley para su creación. La licenciada Rivera Lassén fue la presidenta del primer Consejo Consultivo, cuando se creó la OPM.

A las cinco de la tarde hubo un receso de 15 minutos para luego continuar una segunda ronda de preguntas de tres minutos por cada miembro presente de la comisión. A preguntas de la prensa durante el receso, Rivera Sierra se expresó confiada en que sería confirmada. “Claro que sí, que me van a confirmar que yo voy a ser la procuradora de las mujeres por los próximos 10 años”.

A pregunta de CLARIDAD de si no le parecía que el interrogatorio de los senadores fue uno machista, respondió: “No voy a entrar en ese juicio. Yo lo que quiero es que me den la oportunidad de poder servir a las mujeres, a todas las mujeres. Eso lo que yo quiero, y yo tengo la capacidad, tengo la experiencia. Yo tengo lo que la ley establece para poder hacerlo”.

 

 

 

 

 

Mirada al País-Los locos y las locas  de la Patria

 

Especial para CLARIDAD

 

«Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: Hasta luego.

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo.»

Eduardo Galeano

No es la primera vez que oigo a alguien decir que los independentistas estamos todos locos. ¡Bienvenida la compañía¡  Veamos quienes han sido considerados como locos en la historia de la humanidad.

Mahatma Ghandi: «I have been known as a crank, faddist, madman. Evidently the reputation is well deserved. For wherever I go, I draw to myself cranks, faddists, and madmen.» (All men are brothers, 2013)

Al ¨loco¨de Ghandi lo acompañan: John Forbes Nash (Premio Nobel de Economía 1994), Vincent Willem van Gogh, pintor neerlandés y figura destacada del Postimpresionismo, Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, uno de los maestros universales del relato corto, Ludwig van Beethoven e Sir Isaac Newton, cuyas presentaciones huellgan.

¿En qué consiste la ¨locura¨de los patriotas independentistas? En atreverse a confrontar y cuestionar el poder del imperio económico y miliar mas poderoso del mundo desde la Segunda Guerra Mundial al presente.

Los que pusimos nuestros cuerpos como escudos humanos para detener la Marina de Guerra de Estados Unidos de continuar sus maniobras miltares en Culebra y Vieques estamos locos. Muy bien la Marina de Guerra de Estados Unidos pudo seguir adelante con sus maniobras y simplemente volarnos en pedazos como le hicieron a David Sanes.

Los que peregrinamos años tras años a la Organización de Naciones Unidas a denunciar el colonialismo contra el país miembro que al día de hoy controla el foro estamos locos de pensar que la ONU puede enfrentarse a Estados Unidos y acabar con el colonialismo en Puerto Rico.

Los que organizamos protestas contra la Junta de Control Fiscal pensando que de alguna manera podemos detener su ingerencia sobre Puerto Rico y el destino de la vida de millones de puertorriqueños que son impactados por las medidas de austeridad y la privatización de servicios esenciales como la electricidad, estamos locos.

Los que denunciamos y oponemos la deuda que nos pretende cobrar la Junta de Control Fiscal con imposición de medidas de austeridad que empobrecen aun más a las familias humildes puertorriqueñas, estamos locos de atar.

Los que ocupan las playas para detener la destrucción de nuestros recursos naturales costeros tratando de detener la construcción de viviendas y hoteles de lujo para el uso exclusivo de los poderosos económicamente, están locos.

Somos los locos de la denuncia, del activismo político, de la solidaridad con nuestro pueblo, de la denuncia de los efectos de la migración de nuestros jóvenes y profesionales, del rescate de nuestras tierra, de la demanda de mejores servicios de salud, de vivienda, de mejores condiciones laborales, de los derechos de las mujeres, la comunidad lLGBTQI, de demandar el fin del discrimen racial, por edad, por discapacidad.

En fin, somos unos locos que viven la vida en inconformidad y nadando contra la corriente, sin cansarnos, sin renunciar a las ¨fantasías¨que nos provoca nuestra locura.

La historia de la denominación de locos a los independentistas está claramente documentada en la historia. Por lo general provienen del sector de derecha conformista sirviente de Estados Unidos del espectro político puertorriqueño.

Muñoz Marín, tras el ataque por el comando nacionalista en el Congreso de Estados Unidos dirigido por nuestra heroína Lolita Lebrón se apresuró a cumplir con su indigno y nauseabundo rol de colonizado y acudió a Washington, DC para asegurar al mundo que él (y el resto de Puerto Rico) no aprobaba las acciones de estos «lunáticos, fanáticos, fascistas y comunistas». Así es como describió Muñoz Marín a los Nacionalistas al The New York Times, antes de la entrevista televisiva en Washington Merry Go Round, moderada por Drew Pearson, el principal columnista político de esa era. Muñoz describió a Albizu Campos como un lunático que constantemente se envolvía en toallas frías y húmedas, para protegerse de «máquinas misteriosas que le lanzaban rayos nucleares» desde una gran distancia «.

¨En la televisión nacional, Muñoz Marín y Pearson se burlaron de este loco de Puerto Rico. El mensaje implícito era que cualquiera que creyera en la independencia de Puerto Rico estaba tan loco como Albizu Campos.¨[1]

Hostos por su parte se incorporó a la locura de la lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba. Asi se lo manifestó en carta suscrita a los Señores Manuel A. y Guillermo Matta de Santiago de Chile, en carta enviada desde Nueva York, 19 de junio de 1870:

¨Si entre tanto se presenta ocasión de hacer una locura, la mas loca, la mas desesperada, en favor de Puerto Rico o Cuba, la haré sin vacilar.  Si algo se hace y no estoy yo donde lo han hecho, digan ustedes que hasta de morir me privan aquellos a quienes combaten mis ideas.¨

En “La Virgen de Borinquen” (1859) Betances es la figura del  “loco suicida”, figura literaria imposible de separar del amante doliente ante la pérdida del amor no consumado. [2]

De locura en locura, los  locos y las  locas de la Patria seguimos denunciado, demandando, luchando y caminando por los caminos de la libertad. Como lo ha demostrado la historia de la humanidad, se necesitan locos para cambiar y alterar el rumbo de la historia.

[1]Dennis A. Nelson: El rey de las toallas: La tortura y asesinato de Pedro Albizu Campos
https://acosorganizado.weebly.com/pedro-albizu-campos.html
[2] Mario Cancel Sepúlveda: Ramón E. Betances Alacán literato: las heterodoxias

 

 

El Reglamento Conjunto, otra vez

 

 

CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

Por segunda ocasión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nulo el Reglamento Conjunto 2020 (RC) de la Junta de Planificación (JP). La decisión del Tribunal emitida el pasado miércoles, 15 de marzo, fue una por unanimidad.

A preguntas de la prensa, el gobernador, Pedro Pierluisi, declaró que no se iba a detener ningún trámite de permisos ni ningún permiso ya otorgado para obras de construcción o desarrollo porque la decisión del TSPR era una “prospectiva” y anticipó que pedirá una reconsideración al Tribunal. Esta sería la tercera ocasión en que el Gobierno acude al Tribunal para pretender que prevalezca el RC 2020.

En entrevista con este medio, el experto en Derecho Ambiental y director de la Clínica Legal Ambiental de la UPR, Pedro Saadé Lloréns,  explicó que lo que el  Supremo decidió fue que no había ningún  problema de jurisdicción por la razón de que la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe)  no fue parte citada en el procedimiento, que a quien le toca  aprobar el Reglamento es a la Junta de Planificación, no a OGP.

La primera decisión del TSPR que declaró nulo el reglamento fue por falta de participación ciudadana. El Gobierno entonces apeló esa decisión con la intervención de la OGPe. Esta segunda decisión fue una confirmación de una decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones de que la OGPe no es la que interviene en el proceso de elaborar y aprobar el Reglamento Conjunto. A   juicio de Saadé Lloréns,    hay un interés implícito por menoscabar la autoridad y responsabilidad de la Junta de Planificación por parte de sectores de intereses en Puerto Rico que pretenden restarle facultades.

Saadé denunció que el Gobierno y sus agencias han sido negligentes en insistir en la aplicación del RC 2020 aun cuando hay varias sentencias del Tribunal de Apelaciones invalidando dicho reglamento. Por el contrario, el Gobierno continúa aplicándolo como si esa sentencia no existiera.

“Ya veo que renunció la secretaria auxiliar de la OGPe, pero hay otros funcionarios responsables por esta situación, concretamente, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio DDEC) y también los mismos miembros de la Junta de Planlificación”.

La secretaria auxiliar de OGPe,  María Cintrón, “renunció” el jueves, horas después de haber emitido un comunicado de prensa en el que informaba que la plataforma de solicitud de permisos de la agencia se había dejado sin efecto. El anuncio de la “renuncia” fue emitido por el propio  secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, quien aseguró que el portal de permisos “está abierto y listo para continuar recibiendo las solicitudes que a bien tengan someter los usuarios, como de costumbre”.

Ante la postura declarada por el Gobierno, el licenciado Saadé Lloréns,  alertó de que se puede predecir que la OGPe va acelerar la aprobación de los permisos que están pendientes con todos los defectos señalados al RC 2020, los cuales han sido muchos, mientras el Gobierno busca una receta jurídica para continuar aplicando el reglamento en lo que  se da la aprobación del  borrador del  próximo RC, 2022. Ese borrador de reglamento también ha recibido muchísimos señalamientos, inclusive por parte del Consejo de Expertos de Cambio Climático.

En entrevista por separado, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) licenciado Dennis Márquez Lebrón, expresó que  le parecía  que en la coyuntura de lo que declaró el Tribunal Supremo, tiene más sentido lo planteado en su resolución. Márquez Lebrón es quien presentó la RC 451 que pretende que la JP retire el borrador del RC 2022 y se le ordene iniciar un proceso que cumpla con la ley de participación ciudadana.

“Ahora mismo tenemos un planteamiento de que el reglamento está declarado nulo, y el fundamento principal del Tribunal de Apelaciones fue que el documento no cumplía con la participación ciudadana adecuada.  Queremos que se repita el mismo, que pase lo mismo, que se someta a grupos de interés a un proceso similar. Me parece que es menester que la Asamblea Legislativa le cuestione a la Junta de Planificación la forma en que trató este asunto”.

En tanto,  la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciada Mariana Nogales  Molinelli, también radicó una resolución conjunta (RCC 466) en la que propone que se ordene a la JP y a la OGPe que se abstengan de continuar litigando en los tribunales la validez del RC 2020 y a las agencias a tomen las medidas necesarias de inmediato para aplicar de manera temporera el RC del 2010.