El golpe que se anticipó por décadas, desde que comenzó el colapso irreversible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por fin se dio para desgracia de cerca de 12,000 personas, entre jubilados de la corporación pública, viudas, viudos e hijos menores de trabajadores y trabajadoras de la otrora «joya de la corona» del Gobierno de Puerto Rico.
En una carta a los jubilados activos del sistema de retiro de la AEE, se les notifica la inmediata insolvencia del Plan y su incapacidad para cumplir la obligación de pagar las pensiones de sus retirados. Según la misiva, el último cheque se pagaría el próximo mes de abril de 2023.
El gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP sabían que la insolvencia del Plan era inminente. Lo sabía también la Junta de Control Fiscal(JCF), que tiene el «candado y la llave» de acceso a los fondos de la AEE. Lo sabía la Junta de Síndicos de la corporación pública, las Cámaras Legislativas y todos aquellos oficiales y entidades con algún poder de maniobra para impedir la insolvencia. Sin embsrgo, nada se hizo a tiempo. La reacción no fue hasta ahora que la gerencia del Plan de Retiro se vio obligada por su deber de fiducia a notificar oficialmente la insolvencia a sus participantes.
Esta historia es larga y trae cola. La AEE le debe al Plan de Retiro cerca de $1mil millones en aportaciones para las pensiones. Desde el 2013, bajo el gobierno de Alejandro Garcia Padilla, del PPD, se interrumpieron las remesas de la AEE al Plan, dinero que se utilizó en la compra de combustible, principalmente petróleo y sus derivados. En el 2014, la AEE, ya golpeada y casi insolvente, entró en su primer proceso de reestructuracion financiera bajo Alix Partners (recordemos a Lisa Donahue), y las remesas al Plan continuaron interrumpidas. En el 2016, tras la aprobación de la Ley PROMESA, la llegada de la JCF, y la declaración de quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico y de la AEE, las remesas para pensiones nunca más se hicieron. Los fondos de la AEE quedaron congelados y bajo el control de la JCF, organismo a través del cual el Gobierno de Estados Unidos ejerce su poder sobre nuestro pais.
Siete años, dos gobernadores y una gobernadora del PNP después – y tras desastres naturales de gran magnitud, una pandemia mundial y una creciente ola de corrupción pública y privada, se llega a esta situación penosa, injusta y extrema que pudo haberse evitado y atendido con decoro y sensibilidad. Sin embargo, no se le dio importancia y, por eso, confrontamos el momento de angustia y sobresalto de una población vulnerable de retirados empobrecidos.
Todos han hecho que hacen, sin hacer nada. El gobernador Pierluisi, como siempre se lavó las manos y le soltó la «papa caliente» a Omar Marrero, su representante ante la JCF. A éste solo se le ocurrió culpar a la gerencia del Plan de AEE por cumplir con su deber de notificar la insolvencia. Mientras, la JCF parece paralizada ante un proceso de quiebra de la AEE que se le ha salido de las manos y ante unos bonistas buitres amotinados que no aceptan recortes a la deuda. Por otro lado, aunque avalado por el Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA, el Plan de Ajuste de Deuda presentado por la JCF ha sido impugnado desde todos los flancos legales y políticos, y el llamado proceso de mediación impulsado por el Tribunal ha fracasado. Ahora, la JCF confronta también un Plan de Pensiones insolvente, cuyo colapso representará un golpe mortal para 12,000 familias trabajadoras que sudaron sus pensiones trabajando por largos años y que nada tuvieron que ver con las malas decisiones, la politiquería y la corrupción que causaron la debacle de la AEE.
Este cuadro crítico refleja el fracaso y la inefectividad de la gestión de la JCF, ya en su séptimo año en Puerto Rico, y de las medidas de austeridad, recortes del gasto público y coercion que eligieron como ruta para la reestructuración de la deuda. El proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y de la AEE quedará inscrito en nuestra historia como una de las grandes injusticias del coloniaje estadounidense en nuestro país. Un proceso cínico e irrespetuoso, parcializado hacia los grandes conglomerados financieros de Estados Unidos, y hostil y abusivo hacia nuestro pueblo, sobre todo hacia los sectores trabajadores y productivos, contribuyentes al erario, quienes cargarán con el peso del pago de la deuda y de las pensiones, y con las crisis sucesivas y el desgaste moral del agotado proyecto colonial de Estados Unidos en Puerto Rico.
