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“El concepto ‘alianza’ es un eufemismo para referirse a las escuelas chárter”

Tomada de Facebook

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El presidente de la  Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Victor Bonilla, afirmó que el utilizar el concepto ‘alianza’ es un eufemismo para referirse a las escuelas chárter. “No vemos gran diferencia en utilizar fondos públicos para crear cualquier sistema análogo, pero, independientemente, ya constituye una violación a la Constitución, y lo podemos ver como una privatización de la educación pública de nuestro país, no importa el modelo que se utilice”.

En entrevista con este semanario, el presidente de la AMPR explicó que la utilización del término de escuela alianza y el hecho de que haya cinco escuelas que conforman una Alianza para la Educación Alternativa (AEA), es un tipo de escuelas chárter. En particular, esta AEA (según publicó el periódico El Nuevo Día) recibió entre el 2015 a 2019 la cantidad de $49 millones, a razón de de $9 a $10 millones anuales.

A la pregunta de cómo compara ese presupuesto con el que reciben las escuelas, Bonilla indicó que existe una diferencia abismal. “Si vemos las escuelas públicas de nuestro país, en estos momentos no están recibiendo el presupuesto asignado totalmente, mientras a estas escuelas se les está otorgando, hemos calculado, casi $2 millones. Es inaceptable y a la misma vez no es justo que se traten de forma diferente, aunque entendemos y sabemos que el presupuesto de estas escuelas no se está asignando como lo establece la ley, porque no hay un cómputo de presupuesto por estudiantes”.

En cuanto al modelo de éxito del cual se ufanan las escuelas alianza, preguntamos qué considera que tienen de diferente que no pueda hacer el DE. El educador concedió que habría que hacer la investigación para saber cuál es el método utilizado en esas escuelas; si la enseñanza es individualizada, si es por destrezas, y que están haciendo tan diferente que “no podamos hacer las escuelas públicas del sistema, sabiendo que nosotros tenemos más de 150 escuelas de excelencia”.

Agregó y cuestionó si no es que esas escuelas se están  adelantando. Este tiene conocimiento, como maestro, de que esas escuelas son para graduar estudiantes de una manera rápida, de una manera acelerada; que utilizan  módulos para pasar exámenes, una prueba, para poderlos certificar. Aclara que esa no es la enseñanza pública que se da en las escuelas de nuestro país y defendió que en el sistema público la enseñanza es una de  conceptos, de destrezas y de un proceso gradual.

Bonilla precisó que en  la actualidad hay 10 escuelas alianza y que, de  acuerdo con una investigación de la AMPR,  hay escuelas alianza que han perdido estudiantes porque no han recibido el presupuesto por estudiante que se les había otorgado, por lo que ha habido estudiantes que han regresado a la escuela tradicional. Estas escuelas alianza, dijo, también han confrontado problemas en atender la educación de los niños de Educación Especial porque no tienen el personal capacitado para atender a esa población.

También destacó que de acuerdo a la  Ley 85-2018, de Reforma Educativa, se supone que se creen  87 escuelas chárter, las llamadas ‘alianza’. Incluso hubo una escuela, la Jesús María Quiñones, de Santurce, que el DE tuvo que cancelar su contrato debido a que un miembro de su junta es convicto por malversación de fondos.

Bonilla afirmó que  ya sea que se les llame chárter o alianza, el modelo constituye una privatización del sistema, por lo que son anticonstitucionales y “vamos a seguir luchando para que no se abra una más. En todas las ponencias y conversaciones con el secretario nos hemos opuesto tanto a las escuelas chárter  como a los vales educativos porque se están utilizando los fondos del Gobierno para la privatización”. Denunció también que el dinero no está llegando a las escuelas, otro aspecto del cual la AMPR estará muy pendiente

El presidente de la sindical que negocia un convenio colectivo con el DE acreditó que en las reuniones que tienen cada dos semanas con el actual secretario  no lo ven tan apercibido por traer el tema de las escuelas chárter como lo estaba el anterior secretario, que sí lo llevaba a la mesa de conversación.

Al rechazar la  implementación de escuelas chárter y las escuelas municipalizadas, la  Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) también hizo un llamado a que derogue la Ley 85-2018.  En particular, en  comunicado de prensa la organización magisterial denunció la pretensión del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, de junto a un artista urbano llamado Jowell comenzar  el proceso de  apertura de una escuela privatizada en dicho pueblo, bajo el modelo de municipalización de  escuela alianza.

“Durante décadas, la FMPR ha denunciado que este tipo de escuela no persigue otro objetivo que el lucro mediante el robo del presupuesto destinado a las escuelas, y en el caso de las escuelas municipalizadas, es uno de los vehículos para continuar con la politiquería rampante en el proceso educativo”, denunció la organización que agrupa también a parte del  magisterio del DE.

El vicepresidente de la Federación, Edwin Morales, calificó de una vergüenza que se esté planteando abrir escuelas de este tipo, “mientras a muchísimos de nuestros planteles le falta lo más básico para dar un servicio de excelencia, desde una fotocopiadora hasta simplemente papel”.  Precisó que pese a que el DE cuenta con un  presupuesto de más de $5 billones, las escuelas siguen sin los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad.

Agregó que de parte de la Federación han  planteado en innumerables ocasiones la necesidad de ampliar la oferta académica para tener un currículo llamativo y enriquecedor que genere interés en nuestros estudiantes. “Sin embargo, esto no se puede hacer a costillas de seguir desmantelando nuestra educación pública, dejando de asignar los recursos adrede, para otorgarlos a estos quioscos que a la larga terminan convirtiéndose en un nido de saqueo y corrupción”.

La Federación recordó que  la ley que permite este tipo de escuelas  fue impulsada y aprobada por el gobierno del depuesto Ricardo Rosselló, su secretaria del DE y ahora convicta por corrupción, Julia Keleher, y el también convicto por corrupción, el exsenador y alcalde de Yauco, Abel Nazario.

Los portavoces de la FMPR estiman que la mayoría del interés en la privatización ha provenido de colegios privados que están montando sus negocios, desangrando el presupuesto del DE  y robándose la matrícula del sistema público de enseñanza. “Ahora se impulsa esta otra modalidad, que representa un descaro al país, de cerrar escuelas para volver y abrirlas privatizadas y seguir quitándole matrícula a las escuelas existentes” indicó la educadora.

La Federación hizo un llamado al magisterio y a las comunidades a organizarse para luchar y detener este proceso de privatización de escuelas desde donde sea. “También hacemos un llamado a los artistas que bien quieren contribuir a la educación de nuestra niñez, a no prestarse para validar este modelo de saqueo de fondos públicos en nuestras escuelas ni lavarle la cara a quienes perjudican al pueblo con políticas que afectan a la gente humilde”.

Con el mismo énfasis hicieron un  llamado a los legisladores para que detengan la implementación de este modelo de negocio en medio de la crisis educativa que persiste a pesar de esta ley 85. “La privatización de escuelas la tendremos que detener desde la calle tomando las acciones concertadas que sean necesarias”, concluyeron los líderes de la Federación de Maestros.

 

Listado de Escuelas Alianza (según el DE)

Christian Military Academy – Vega Baja

Academia de Ciencias y Tecnología – Bayamón

Escuela Camino al Éxito – Yabucoa

Escuela Pública Bilingue Cacica Yuisa – Loiza

Escuela Superior Rosalina C Martínez – Guaynabo

LEAP STEAM + E Academy of San Juan – San Juan

Escuela Especializada en Ciencias y Tecnología – Montellano, Rio Piedras

Escuela del Deporte – San Juan

 

 

Editorial – A ritmo vertiginoso la entrega del país a manos privadas

Hotel Normandie. Foto por: Esteban Gómez

 

 

Un golpe tras otro. Como si quisieran mantenernos aturdidos para que casi no podamos reaccionar. Así se suceden los tratos y contratos que traspasan o arriendan propiedades del pueblo puertorriqueño a las manos veloces de los “empresarios de la Ley 22 (60)”, nombre legal con el cual el Gobierno de Puerto Rico ha bautizado la práctica de la evasión contributiva que, en nuestro país, es cobijada bajo el manto de “incentivos económicos” para multimillonarios extranjeros. El caso más reciente es el del Parque Sixto Escobar en el sector de la Playa del Escambrón, ahora objeto de un contrato de arrendamiento entre el Municipio de San Juan e Ishay Group, propiedad de un empresario de nombre Ezra Ishay. En el contrato se arrienda por 30 años (pero todo indica que podrían ser más) el uso de los terrenos del Parque Sixto Escobar  para  construir un estacionamiento de huéspedes y otras amenidades para el hotel Normandie, propiedad de Ishay, que es inmediato al predio donde ubica el parque.

El Parque Sixto Escobar es un monumento arquitectónico e histórico de mucho valor para nuestro pueblo y aún conserva un uso práctico como espacio para deportes para niños, y la celebración de eventos deportivos y recreativos. La Playa del Escambrón, aledaña al parque y al hotel, es de libre acceso público- como todas las playas de Puerto Rico- y un balneario altamente atesorado y utilizado por la gente de San Juan, pues constituye uno de los pocos espacios gratuitos de esparcimiento en todo el litoral costero de la Capital. Nada de eso pesó en el ánimo del Alcalde de San Juan, Miguel Romero, a la hora de arrendar para uso privado dicha propiedad pública. De hecho, la forma atropellada en que se acordó el contrato y los términos del mismo- en extremo generosos con el arrendatario y pobres para el pueblo de Puerto Rico- además de las mentiras  y medias verdades que han rodeado la narrativa oficial en torno al mismo, han levantado una masiva ola de protestas y oposición a que se continúe con este proyecto. A pesar de que el alcalde Romero ha insistido en que el arrendamiento de los terrenos del Parque Sixto Escobar no impedirá el acceso público a la playa, un examen de los planos del proyecto de construcción del estacionamiento demuestra que no es así. De acuerdo al plano, dicho proyecto se extendería mucho más allá de la estructura del hotel hasta el llamado Parque del Tercer Milenio, que es parte de la playa. También se conoce que Ishay Group pidió incluir en el plano, además del estacionamiento, varias áreas recreativas y acceso al mar, todo lo cual le ha sido concedido en el contrato firmado con el Municipio de San Juan. Así consta en la evidencia en detalles presentada a CLARIDAD y publicada en esta edición, por el grupo Escambrón Unido, que organiza la oposición ciudadana al proyecto de estacionamiento y al contrato perdidoso para San Juan y Puerto Rico firmado por el Municipio.

Este proyecto, así como la venta a empresarios privados de edificios de vivienda pública y otras propiedades de uso público en Puerta de Tierra y otras localidades dentro de la isleta de San Juan, son el ejemplo más reciente de la nefasta política de enajenación y traspaso de bienes públicos hacia manos privadas contenida en la llamada Ley 22,  la cual demuestra la decadencia creciente de los sucesivos gobiernos coloniales de Puerto Rico, bajo el binomio partidista PPD- PNP, los dos pilares que sostienen el despojo y la dominación colonial en Puerto Rico. Diseñada y aprobada bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, del PPD, la Ley 22 ha ido cobrando cada vez más espacio bajo los gobiernos de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia, todos del PNP. Sin embargo, hasta este momento, ninguno de esos gobiernos ha podido divulgar una lista de los logros alcanzados por Puerto Rico desde la implantación de la Ley 22, ni mucho menos han podido demostrar, con datos concretos, cómo dicho estatuto ha beneficiado y beneficiará al pueblo de Puerto Rico en métricas tan sencillas como la cantidad de empleos directos e indirectos generados, ni las pruebas del impacto social de la labor filantrópica o de las actividades de desarrollo económico y comunitario que dichos proyectos han generado, o dichos empresarios han llevado a cabo, y que justifiquen los incentivos tan jugosos que disfrutan. Lo que sí ha logrado la Ley 22 es levantar una bandera roja en el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), que tiene unidades de agentes dedicadas  a investigar y analizar la conducta fiscal de los empresarios acogidos a la Ley 22, y los efectos del estatuto en los recaudos contributivos en las arcas del gobierno federal, que es donde verdaderamente le importa al Imperio que nos gobierna.

Peor aún, la voz se sigue regando como pólvora, en Estados Unidos y otros países, de que Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un “paraíso fiscal”, y de que los gobernantes y oficiales de la Isla son dulces y dóciles ante los grandes empresarios, y que no hacen muchas preguntas, ni fiscalizan, ni exigen, lo cual atrae cada vez más a personajes excéntricos y altisonantes que llegan a nuestro país con las maletas cargadas de proyectos fantasiosos  y billetes, para comprar o arrendar todo lo que tenga valor, y de paso, obtener apertura y cobertura para su botín.

 

 

No a la venta y privatización de nuestros parques y playas

Fotos por: Esteban Gómez

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“¿Cuánto más vamos a perder nosotros? Este es el único parque que tenemos los habitantes de la ciudad y los puertorriqueños de a pie para ir, porque desde el Caribe Hilton hacia Isla Verde ya se nos negó el paisaje, está todo tapiado, esto es lo único que nos queda. En cuanto esto empiece a delimitarse, la gente va a dejar de usar la playa y va a ser nuevamente una playa privada”, denunció una de los miembros del grupo Escambrón Unido.

Este movimiento, junto a otros participantes, ha dado  la voz de alerta respecto al arrendamiento del Parque de Pelota Sixto Escobar por parte del Municipio de San Juan (MSJ) a la empresa Normandie OZ, LLC – Ishay Group para la construcción de un estacionamiento y dar paso al desarrollo de un complejo turístico en el área. El   proyecto hotelero que Ishay Group propone para el área tiene como consecuencia la usurpación de bienes de dominio público y la privatización del área del Parque del Escambrón.

La portavoz del grupo Escambrón Unido, Gradissa Fernández, destacó que “este es  un ejemplo más de lo que estamos viendo en el país de la usurpación absoluta de nuestras playas y nuestros parques para regalarlo a un ente privado. ¡Porque esto es un regalo bárbaro!”. Sus expresiones se dieron durante un recorrido por toda la zona en donde se mostraron detalles de lo que se propone construir Ishay Group.

Otro de los participantes, Herminio Pagán, portavoz de un grupo de surfistas que utilizan la playa, explicó que su grupo está en una lucha de hace 20 años tratando de reclamar lo que se conoce en  la esfera federal como la Parcela C, donde ubicaba en un pasado un  club de oficiales del Navy. Son tres cuerdas que incluyen la segunda línea de defensa que en su tiempo trazaron los españoles.

Ante la acción del alcalde, anunció con énfasis que se proponen radicar una querella en la Oficina de Permisos del MSJ porque “no solo este proyecto no cuenta con los permisos…si hace dos días le dieron titularidad.  El primer paso para solicitar permiso de construcción o de demolición es demostrar titularidad, por eso la premura de darle un contrato de arrendamiento para que pueda radicar la solicitud de permisos”. Alertó de que todos saben que no solo en la OPSJ, sino que a nivel estatal, en la Oficina de Gerencia de Permisos que lidera Manuel Cidre (secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, bajo la cual está OGP), habrá influencias de  poderosos extranjeros tratando de sacar esos permisos de manera rápida.

Pagán reclamó que sus conocimientos sobre los procedimientos de permisos le permiten saber que para un proyecto de la  índole del presentado se requieren vistas públicas, la publicación de edictos, enviar cartas certificadas, una  rotulación, una recomendación en uso de calidad ambiental (REA) estatal y federal, por encontrarse en una zona marítimo terrestre (ZMT), y otros  18 requisitos adicionales. Explicó que normalmente, los empresarios locales se tardan un año en obtener un permiso o una preconsulta.

“Vamos a estar bien pendientes, porque vamos a ver si Manuel Cidre va a hacer que esto salga rápido o va a hacer que hagan fila como los locales aquí. Todos los pequeños y medianos comerciantes, para renovar un permiso de uso, se tardan, mínimo, tres meses, seis, un año. Este señor viene a impactar una ZMT imponiendo intereses privados sobre los públicos”.

El activista denunció y cuestionó el anuncio del alcalde Romero y de la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de que para mayo se iba a comenzar la demolición del parque.

“Quiero ver si eso va a suceder, porque entonces estoy seguro que tan pronto salga ese permiso vamos a tener la primera evidencia de corrupción en la oficina de planificación y de permisos, sin contar la oficina del municipio, que probablemente es la peor oficina de permisos de Puerto Rico. Le advertimos que el estacionamiento no va”.

Otro de los usuarios del parque y participante de Escambrón Unido, José Rodríguez,  quien también es portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, narró que participó en la lucha de Santurce no se Vende:

“Somos una comunidad que fuimos sacados de su hábitat porque somos unas personas vulnerables, inmigrantes que alquilan sitios en que nadie quiere vivir. Luego, los lugares se desarrollan y luego los sacan. Hemos estado en varias luchas en Puerto Rico  y lo que estamos viendo aquí es que aquí no hay un fin público para expropiar y construir. Ponerle cemento a una zona natural, a un sitio donde vienen las especies marinas a aparearse, eso no se menciona; pero eso también va ser afectado. Nosotros le hacemos un llamado al alcalde, que cuenta con los votos de la comunidad migrante, que ha sido desatendida por su administración.  Yo vivo aquí, en Puerta de Tierra, aquí vivimos muchos inmigrantes. Entonces, se le está quitando el área recreativa al pueblo. Aquí corrieron mis hijas en competencias deportivas, aquí se rompió el récord del mundo con Javier Sotomayor, esto es un sitio histórico. ¿Cómo él piensa destruir algo así? Hacemos un llamado al alcalde para que rectifique.   Como portavoz del CDH y en nombre de mi comunidad, nos oponemos a que construya y destruya un área protegida”.

Dos miembros de la organización ambientalista Amigos del Mar, Irimar Landrón y Carlos Rivera, coincidieron en las denuncias de que el proyecto representa una usurpación de bienes de dominio público y resultará en la  privatización del sector.

“Hay  una agenda desde hace mucho tiempo de seguir privatizando al país y seguir desplazando a las y los puertorriqueños de nuestra isla. Todas las costas se siguen vendiendo y entregando a inversionistas que no son boricuas y a algunos boricuas para privatizar y llevarse nuestro tesoro como isla. Esto lo que hace es re confirmar que es un desplazamiento, que nos están sacando. Cada vez nos aumentan más la luz, el costo de vida, y lo están preparando para una clase particular que no representa a la clase empobrecida de nuestro país”, expresó Landrón, coordinadora.

Por su parte, Carlos Rivera, analista de Política Pública, planteó que la situación representa otro ejemplo de la contradicción total que hay entre la política pública y lo que estipulan las leyes. Indicó que es necesario abogar por una moratoria de la construcción en las costas por cinco años y reclamar a la Legislatura una nueva ley de costas.

Desmienten a  Normandie OZ, LLC – Ishay Group

 En comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro Scuba Dog Society (SDS), por medio de sus portavoces, el licenciado Herman Colberg y el ecólogo Ariel E. Lugo, aclaró que nunca ha endosado el proyecto propuesto para el hotel Normandie en el área de El Escambrón,.

“Desautorizamos a cualquier persona u organización que indique o sugiera que Scuba Dogs Society endosó el proyecto. Scuba Dogs Society no endosa proyectos privados”, informó.

La organización reclamó que ha sido parte de los esfuerzos de conservación y mejoramiento de El Escambrón por los pasados 20 años, por lo que considera que en este lugar debe hacerse una planificación integral en armonía ecológica y social, tomando en consideración a la comunidad y el mejor criterio científico. Ese siempre ha sido el acercamiento de Scuba Dogs Society para todas las costas y los espacios naturales de Puerto Rico.

“Las declaraciones que hagan, a título personal, miembros de la Junta de Directores de Scuba Dogs Society o la escuela acuática Scuba Dogs no representan las posturas de nuestra organización. Scuba Dogs Society no ha endosado este proyecto y nunca emite endosos a proyectos privados”, remarcaron Colberg y Lugo.

 

 

Sigue el despojo en San Juan y el Escambrón

Foto por: Esteban Gómez

 

CLARIDAD

Casi al unísono, el gobierno central y el Municipio de San Juan, ambos bajo control del PNP, anunciaron la entrega de valiosos bienes públicos a inversionistas estadounidenses para que los exploten durante largos años. Además del despojo que esa entrega representa, en ambos casos se trata de proyectos de enorme impacto ecológico, que afectarán comunidades y estructuras históricas. A pesar de esa evidente realidad, el anuncio tomó por sorpresa a las comunidades afectadas y, en el caso de uno de ellos, la información se adornó con mentiras sobre el apoyo de organizaciones defensoras del ambiente.

El primero de los anuncios incluye al histórico Parque Sixto Escobar y la playa del Escambrón, que le es contigua. Difícilmente exista un lugar más vinculado a la historia deportiva puertorriqueña que esa estructura. Allí creció el béisbol boricua y desde sus gradas se disfrutaron confrontaciones memorables. También sirvió de escenario para importantes eventos políticos porque partidos y movimientos celebraron allí sus asambleas y concentraciones. Luego de que el béisbol se mudó al nuevo estadio Hiram Bithorn en la década del ’60 el parque siguió usándose y en la década siguiente, en ocasión de los Juegos Panamericanos de 1979, fue mejorado y ampliado, convirtiéndolo en un centro para la práctica del atletismo y el fútbol. A su lado se mantuvo un parque beisbolero conocido como “la liga del Canódromo”, abierto a las comunidades del Santurce y Puerta de Tierra. De allí se caminaba a la playa del Escambrón y la de la Parada 8, centros de esparcimiento para ambas comunidades.

Las construcciones efectuadas antes de 1979, junto al desarrollo posterior de otro parque en el lugar donde estuvo “la liga del Canódromo”, auguraban que el lugar se mantendría por siempre como centro de esparcimiento para Puerta de Tierra y Santurce. Sin embargo, luego llegó la desidia. Las áreas deportivas, que tras los Juegos permanecerían para uso público, fueron poco a poco abandonadas tanto por las administraciones municipales como gubernamentales. A pesar de la gran inversión financiera que allí se hizo, y de la calidad de las instalaciones, la falta de mantenimiento las fue haciendo inservibles. No fueron los huracanes, ni mucho menos el más destructor de ellos, María en 2017, los responsables del deterioro creciente de las instalaciones deportivas y recreativas del Escambrón. Fue el resultado de la desidia gubernamental y de la corrupción pública que desvía el uso del dinero hacia lo menos esencial.

Esa desidia no siempre es producto de la negligencia y la incompetencia de los funcionarios del gobierno. A veces es intencional, pero el efecto es el mismo. Las áreas e instalaciones que sirven al pueblo se abandonan y entonces aparecen los empresarios como “salvadores”. El lugar que la desidia convirtió en ejemplo de abandono, llevándolo a que pareciera un estorbo público, es “rescatado” por un inversionista privado, pero a cambio de convertirlo en un multiplicador de ganancias.

CLARIDAD, 1970

En el caso del Sixto Escobar y el Escambrón es un tal Ezra Ishay, uno de los nuevos ricos que llega a Puerto Rico atraído por nuestra condición de paraíso fiscal. Para lavar dinero especulan con bienes raíces, que luego utilizan para aumentar sus ganancias, trastocando de paso el mercado puertorriqueño. Este tal Ishay primero adquirió el dilapidado Hotel Normandie siendo consciente de que lo que de verdad puede generarle ganancias es la playa del Escambrón que ubica detrás del edificio, así como los terrenos del Sixto Escobar que está al lado. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, corrió a complacerlo y de espalda a las comunidades de Santurce y Puerta de Tierra firmó el contrato de entrega. Para echarle más sal a la herida, el buscón Ishay se inventó aplausos que no tenía, mintiendo durante la conferencia de prensa del supuesto apoyo de organizaciones ambientalistas a su proyecto. El contrato es por 30 años y, según el alcalde, incluye la “garantía” de que no se cerrará el acceso a la playa. Los puertorriqueños ya sabemos lo que esa “garantía” representa.

Casi simultáneo con el proyecto del Escambrón se anunció la entrega de un importante predio de terreno frente a la bahía de San Juan para la construcción de un hotel de la cadena Hard Rock. En este caso no solo se trata de la entrega graciosa de un valioso bien público, sino de la escala del desarrollo propuesto. Según el anuncio y las descripciones gráficas mostradas, lo que se construirá es un mega hotel que terminaría trastocando el valor histórico de la isleta, arrinconando la vieja ciudad. El paseo que ahora existe en la zona portuaria se convertiría en la práctica en el patio delantero del nuevo hotel.

Igual como le sucedió a los vecinos de Puerta de Tierra y Santurce con la entrega del Escambrón y el Sixto Escobar, los vecinos del Viejo San Juan supieron del nuevo proyecto por la conferencia de prensa donde se anunció. El desarrollo trastocará sus vidas, pero nadie los consultó antes de aprobarlo.

CLARIDAD, 1970

Contrario a lo que el gobierno y el municipio esperan, los anuncios efectuados no representan el final del camino. Esos dos nuevos desarrollos se añaden a la agenda de quienes luchamos contra el despojo que promueven y patrocinan los partidos del bipartidismo isleño. En el Escambrón comenzó en 1970 la campaña “Playas para el Pueblo” impulsada por el Movimiento Pro Independencia (MPI). La realidad que la impulsó no solo existe, sino que se ha agravado. Habrá que aumentar la lucha contra esos nuevos proyectos sin olvidar que el principal objetivo tiene que ser ponerle fin a los gobiernos entreguistas que los hacen posible.

Firmes en contra del estacionamiento en el Escambrón

El grupo Escambrón Unido reveló que para desarrollar su proyecto el Ishay Group pidió incluir un estacionamiento, áreas recreativas y acceso al mar. Foto: Esteban Gómez

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Por más que el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, insista en alegar que el arrendamiento de los terrenos del Parque Sixto Escobar a la empresa desarrolladora del Hotel Normandie- Ishay Group garantiza el acceso público a la playa, un examen al detalle del diseño arquitectónico demuestra lo contrario. El proyecto para la construcción de un estacionamiento se extendería desde donde está el parque al aire libre hacia el hotel y los terrenos detrás de la actual estructura, tomando parte de lo que se conoce como el Parque del Tercer Milenio.

El grupo Escambrón Unido reveló que para desarrollar su proyecto el Ishay Group pidió incluir un estacionamiento, áreas recreativas y acceso al mar. A la luz del diseño presentado, el Municipio de San Juan cedió a todas estas peticiones que hasta cierto punto se pueden considerar absurdas si se toma en cuenta el lugar donde ya está la estructura del Normandie.

Con mapa del proyecto en mano, miembros del grupo Escambrón Unido, bajo la dirección de la portavoz Gradissa Fernández, mostraron a CLARIDAD detalles  del diseño desarrollado por la firma de arquitectos Marvel para la empresa Normandie OZ, LLC – Ishay Group.

Comenzamos a la entrada del histórico parque de pelota y parque atlético Sixto Escobar, dentro del Escambrón:“Aquí empezaría la usurpación del parque de pelota que se utiliza para escuela de niños, desde pequeños”. Se refiere a que de acuerdo al mapa, la construcción del estacionamiento conlleva quitar la verja del lado del original parque Sixto Escobar, que da al otro parque de pelota sin verjas, que hay en lugar.  Fernández dio a conocer que en un primer memorando de entendimiento entre las partes, el Municipio de San Juan (MSJ) tenía para ese parque la intención de construir una pista de patinaje. Ante la tardanza por parte del municipio en hacer los planos, y tronchado el parque, Eshay le hizo una enmienda al memorando y se comprometió a que su empresa haría los planos.

Pasamos a toda el área del parque original, donde comenzaría el estacionamiento. Aquí se van a demoler las gradas que quedan al norte, es decir las que dan la espalda al mar. Aunque en un principio se habló de un estacionamiento soterrado, después de hacer un estudio freático, será un estacionamiento de un solo piso (pese a que todavía hablan de un estacionamiento soterrado), por eso requiere tanto espacio. Los pilotes para ese piso solo serán a tres pies de profundidad, que es lo que  resiste el suelo sin que salga agua según el estudio de nivel freático, expuso la portavoz.

El grupo insistió en que el espacio de ambos parques, como el resto del Escambrón, es territorio de dominio público, por lo que le  pertenece al pueblo y tiene que tener un fin público. Es por eso que el privatizador se le ocurre la “magnífica” idea de hacer una pista encima del estacionamiento. Sobre la idea de hacer una pista atlética elevada, el grupo recordó que en el pasado hubo eventos multitudinarios  en los que los atletas se quejaban porque ese es un espacio muy vulnerable al viento.

“El dolor que tenemos nosotras, que todas somos ya abuelas, es que lo que le vamos a dejar  a nuestros nietos es unas ruinas bien grandes. Esto va a ser ruinas, y no tarda. Todo el antiguo parque original y más sería estacionamiento.

Fernández  contó  que en una ocasión el dueño del Normandie se encontró con el grupo de Escambrón Unido y, a pesar de que se dice que son 500 estacionamientos, este  mismo le dijo a uno de ellos que serán 700 los estacionamientos.

“Todo el parque sería estacionamiento, nos quitan nuestro parque. Nos robaron un espacio más para hacer un estacionamiento cuando sabemos que esta es un área ya con alta densidad de estacionamientos.  La pregunta es por qué no estacionan en Paseo Caribe, en el Caribe Hilton, que era el trato que tenía antes el Normandie con el Caribe Hilton. ¿Por qué no estacionan en el Distrito Coca Cola y hacen un shuter”, cuestionó.

La respuestas a estas interrogantes, denunció la portavoz de Escambrón Unido, tiene dos vertientes. Una, que el hotel va a tener 121 habitaciones y se supone que según los estándares de hoteles, por cada tres habitaciones tenga un estacionamiento. La segunda es que a la estructura le van a añadir dos pisos para construir 21 apartamentos de lujo, para los cuales necesitan los estacionamientos. “Como si no bastara con Paseo Caribe”, comenta con ironía Fernández.

El otro aspecto  que explica la supuesta necesidad del estacionamiento es que Ishay Group quiere hacer un pabellón de eventos (Events Pavilion). La sospecha del grupo es que ese pabellón va a estar junto a la piscina que también se propone construir y que figura en memorandos anteriores en los que se hablaba de levantar un club privado.

“Tenemos dos pérdidas: la del parque de pelota y la entrega total del Sixto Escobar por la renta de $455 mil anuales. Menos de medio millón anuales al Municipio, mientras que Shay va a cobrar por los estacionamientos, toda el área del pabellón de eventos, las habitaciones de hotel y la venta de los apartamentos”, denunciaron.

La construcción del estacionamiento conlleva que los dos espacios peatonales para entrar al área del Escambrón sean eliminados para dar acceso de entrada y salida a los automóviles. En el actual memorándum no aparece qué va a pasar con la planta de aguas usadas del VSJ que está en esos terrenos.

En cuanto a la otra área recreativa, es decir la piscina, su construcción sería una elevada y su extensión duplicaría la del hotel, lo que implica la invasión de terrenos de la parte del Escambrón que se conoce como el Parque del Tercer Milenio. La piscina también conlleva la eliminación del local que tiene en el área la organización Scuba Dogs Society.

Foto por Esteban Gómez

El grupo expuso que en el memorándum entre el MSJ y Ishay Group se establece que la empresa le dará mantenimiento al resto del espacio que quedaría del Parque del Tercer Milenio y que ese gasto se le restaría al pago del alquiler del estacionamiento.

Gradissa Fernández y sus compañeros censuraron que ese fue el plano que se le presentó a la Asamblea Municipal un viernes y fue aprobado  un miércoles, sin hacer una visita al lugar para ver y entender que el proyecto es una usurpación de los bienes de dominio público.

Además, denunciaron que la conferencia de prensa donde se anunció el contrato de arrendamiento y el proyecto es una manera de colocar a Ishay Group en posición para que inicie todo el proceso de permisos como si tuviera un derecho propietario. Más aun, expusieron que se anunció que el contrato sería a 30 años, pero en el memorándum se establece que este es a 60 años. En el documento no se dice qué es lo que se va a levantar primero, si la remodelación del hotel o el estacionamiento.

El proyecto respaldado por el alcalde Romero Lugo va en contra de lo establecido. Un estudio de evaluación de riesgo de la zona realizado en el 2021 por el mismo municipio con dinero de FEMA concluyó que esta es una zona vulnerable en la que no debe haber ninguna otra construcción más allá de las que ya existen.