Un golpe tras otro. Como si quisieran mantenernos aturdidos para que casi no podamos reaccionar. Así se suceden los tratos y contratos que traspasan o arriendan propiedades del pueblo puertorriqueño a las manos veloces de los “empresarios de la Ley 22 (60)”, nombre legal con el cual el Gobierno de Puerto Rico ha bautizado la práctica de la evasión contributiva que, en nuestro país, es cobijada bajo el manto de “incentivos económicos” para multimillonarios extranjeros. El caso más reciente es el del Parque Sixto Escobar en el sector de la Playa del Escambrón, ahora objeto de un contrato de arrendamiento entre el Municipio de San Juan e Ishay Group, propiedad de un empresario de nombre Ezra Ishay. En el contrato se arrienda por 30 años (pero todo indica que podrían ser más) el uso de los terrenos del Parque Sixto Escobar para construir un estacionamiento de huéspedes y otras amenidades para el hotel Normandie, propiedad de Ishay, que es inmediato al predio donde ubica el parque.
El Parque Sixto Escobar es un monumento arquitectónico e histórico de mucho valor para nuestro pueblo y aún conserva un uso práctico como espacio para deportes para niños, y la celebración de eventos deportivos y recreativos. La Playa del Escambrón, aledaña al parque y al hotel, es de libre acceso público- como todas las playas de Puerto Rico- y un balneario altamente atesorado y utilizado por la gente de San Juan, pues constituye uno de los pocos espacios gratuitos de esparcimiento en todo el litoral costero de la Capital. Nada de eso pesó en el ánimo del Alcalde de San Juan, Miguel Romero, a la hora de arrendar para uso privado dicha propiedad pública. De hecho, la forma atropellada en que se acordó el contrato y los términos del mismo- en extremo generosos con el arrendatario y pobres para el pueblo de Puerto Rico- además de las mentiras y medias verdades que han rodeado la narrativa oficial en torno al mismo, han levantado una masiva ola de protestas y oposición a que se continúe con este proyecto. A pesar de que el alcalde Romero ha insistido en que el arrendamiento de los terrenos del Parque Sixto Escobar no impedirá el acceso público a la playa, un examen de los planos del proyecto de construcción del estacionamiento demuestra que no es así. De acuerdo al plano, dicho proyecto se extendería mucho más allá de la estructura del hotel hasta el llamado Parque del Tercer Milenio, que es parte de la playa. También se conoce que Ishay Group pidió incluir en el plano, además del estacionamiento, varias áreas recreativas y acceso al mar, todo lo cual le ha sido concedido en el contrato firmado con el Municipio de San Juan. Así consta en la evidencia en detalles presentada a CLARIDAD y publicada en esta edición, por el grupo Escambrón Unido, que organiza la oposición ciudadana al proyecto de estacionamiento y al contrato perdidoso para San Juan y Puerto Rico firmado por el Municipio.
Este proyecto, así como la venta a empresarios privados de edificios de vivienda pública y otras propiedades de uso público en Puerta de Tierra y otras localidades dentro de la isleta de San Juan, son el ejemplo más reciente de la nefasta política de enajenación y traspaso de bienes públicos hacia manos privadas contenida en la llamada Ley 22, la cual demuestra la decadencia creciente de los sucesivos gobiernos coloniales de Puerto Rico, bajo el binomio partidista PPD- PNP, los dos pilares que sostienen el despojo y la dominación colonial en Puerto Rico. Diseñada y aprobada bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, del PPD, la Ley 22 ha ido cobrando cada vez más espacio bajo los gobiernos de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia, todos del PNP. Sin embargo, hasta este momento, ninguno de esos gobiernos ha podido divulgar una lista de los logros alcanzados por Puerto Rico desde la implantación de la Ley 22, ni mucho menos han podido demostrar, con datos concretos, cómo dicho estatuto ha beneficiado y beneficiará al pueblo de Puerto Rico en métricas tan sencillas como la cantidad de empleos directos e indirectos generados, ni las pruebas del impacto social de la labor filantrópica o de las actividades de desarrollo económico y comunitario que dichos proyectos han generado, o dichos empresarios han llevado a cabo, y que justifiquen los incentivos tan jugosos que disfrutan. Lo que sí ha logrado la Ley 22 es levantar una bandera roja en el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), que tiene unidades de agentes dedicadas a investigar y analizar la conducta fiscal de los empresarios acogidos a la Ley 22, y los efectos del estatuto en los recaudos contributivos en las arcas del gobierno federal, que es donde verdaderamente le importa al Imperio que nos gobierna.
Peor aún, la voz se sigue regando como pólvora, en Estados Unidos y otros países, de que Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un “paraíso fiscal”, y de que los gobernantes y oficiales de la Isla son dulces y dóciles ante los grandes empresarios, y que no hacen muchas preguntas, ni fiscalizan, ni exigen, lo cual atrae cada vez más a personajes excéntricos y altisonantes que llegan a nuestro país con las maletas cargadas de proyectos fantasiosos y billetes, para comprar o arrendar todo lo que tenga valor, y de paso, obtener apertura y cobertura para su botín.
