CLARIDAD
Un departamento dirigido por personas ajenas a la profesión de trabajo social, problemas sociales agudizados por la complejidad de la sociedad actual, bajos salarios, falta de recursos y la falta de una política pública de bienestar social a largo plazo son las circunstancias que rodean al llamado Departamento de la Familia. A finales de diciembre, la secretaria del DF, Carmen Ana González Magaz, renunció a su posición y hasta el presente la dirección es ocupada de manera interina por Ciení Rodríguez. Ninguna de las dos es graduada en Trabajo Social (TS).
El presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTS), Larry Emill Alicea Rodríguez, ha señalado que es bien difícil que el DF pueda funcionar con una secretaria o secretario interino debido a que se le impide establecer política pública a largo plazo. “Parte de los problemas que tiene el DF, precisamente, es eso. Le hace falta unos cambios estructurales que van a ser medidas a largo plazo. Y sin una persona en propiedad, es muy difícil lograrlo porque por lo regular esa persona a lo que está es a la expectativa de que venga otra persona. Es muy poco lo que se puede lograr de un interinato”.
Alicea Rodríguez subraya que además de una dirección en propiedad, el CPTS entiende que tanto el DF y sus divisiones, como la de la Administración de Familias y Niños, deben estar dirigidas por trabajadores sociales, por ser agencias de prestaciones de servicios sociales. “Es como si el Departamento de Salud estuviese dirigido por un abogado o sociólogo. Se espera que sea un médico, se espera que Justicia sea dirigida por un abogado. Pues se esperaría que el DF, que presta servicios sociales, sea dirigido por uno o una o trabajadora social”.
Recordó que tanto la reciente secretaria como algunos de los nombramientos de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, luego de haber destituido Glorimar Andújar, que tampoco era TS, todos han sido abogados. “En este país hay una tendencia a pensar que los abogados pueden atender todo y muchos de estos departamentos tienen unas áreas especializadas que requieren una persona especializada para poder hacer el discernimiento del servicio”.
El presidente del CPTS reconoció que los profesionales de TS han ido disminuyendo en los últimos años, producto de la precariedad de las condiciones de trabajo, aparte de que hay un éxodo hacia Estados Unidos por las mejores condiciones de trabajo que s les ofrecen. Añadió que “los problemas sociales hoy son más fuertes que hace unas décadas porque la complejidad de la sociedad ha ido evolucionado y cada día los problemas son más complejos, más multidimensionales y se complican con otro tipo de desarrollo económico, la tecnología, aparte de la precariedad económica que vive el país”.
A la pregunta de si consideraba que los protocolos del DF para el manejo de casos están atemperados a los tiempos, dijo que el problema no es tanto los protocolos, sino las condiciones laborales. Describió que los trabajadores sociales tienen protocolos, pero con una sobrecarga de casos, por lo que es difícil cumplir con ellos. Por ejemplo, según el protocolo, una investigación de una querella de maltrato no debe durar más de 72 horas sin ser investigados; pero se sabe que hay casos desde el 2016 que no se han podido investigar.
Alicea Rodríguez señaló que la raíz del problema, no importa quién esté en el DF, es que las condiciones laborales no se transforman y no hay un mejoramiento en las condiciones salariales. Hizo la aclaración de que salario no es lo mismo que condiciones laborales; el problema es la carga de trabajo del TS, la falta de personal de apoyo y de facilidades para poder trabajar. Incluso denunció que hay muchas oficinas del DF que están en condiciones precarias.
Reveló que en un momento dado el DF tenía cerca de 2,000 TS y que ahora no llegan 1,000. Eso se complica con la falta de personal de apoyo que fue despedido con la Ley 7 de Fortuño. Se despidieron choferes, asistentes de familia, supervisores, especialistas y secretarias, trabajadores que apoyaban el trabajo de los profesionales y que ahora mismo no existen en el DF. Toda esa carga ha ido recayendo en los trabajadores sociales, que cada día son menos.
“Ahí tienes un problema: dificultad para trabajar, porque nadie quiere trabajar en esas condiciones, y dificultad para retener”. Describió que un TS puede tener hasta 40 casos, o 15 casos por turno, para investigar. Se supone que luego que los casos se investigan, y si se fundamenta que hay maltrato, se envían a la oficina local para el seguimiento. Aquí el TS puede tener de 35 a 40 casos. Alicea Rodríguez reconoció que quien investiga un caso lo puede hacer de manera inadecuada porque en un turno no se pueden investigar bien 15 casos. La respuesta a esto es que se pone en riesgo la seguridad de la niñez y la juventud e incluso la del mismo TS, que en muchas ocasiones va solo en su propio vehículo, a ver qué se encuentra, a lugares con problemas de seguridad.
Al presente, el sueldo básico de un TS con bachillerato que investiga es de $1,300. El sueldo fluctúa entre $1,500 a $1,700, según los años de servicios.
En entrevista por separado, la directora de Monitoreo y Cumplimiento de los Programas de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, Emibell Chong Trinidad, calificó la falta de un profesional del trabajo social en la dirección del DF como un asunto ya casi histórico. Consiste en la práctica de invisibilizar la importancia del TS ante un departamento tan importante. “Una persona que su preparación académica es abogada, su pensamiento va ir dirigido a lo punitivo, no necesariamente a la prevención. No tiene la experiencia, bagaje y peritaje para desarrollar un plan estratégico para trabajar con familias”.
Su apreciación es que cuando hay un TS dirigiendo el Departamento, se ven cambios, se ven proyectos nuevos para las familias dirigidos a la prevención, contrario a cuando los profesionales no tienen la preparación académica en Trabajo Social.
