La educación al consumidor es vital

 

 

CLARIDAD

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Portavoces de  organizaciones que cabildearon en el Congreso para que se le asignara a Puerto Rico la cifra de $1,000 millones para apoyar la instalación de sistemas solares y de almacenamiento  de baterías en techos de comunidades vulnerables de bajos recursos afirmaron a CLARIDAD que se mantendrán atentas a que el dinero llegue a las comunidades.

La asignación fue aprobada en la última sesión de diciembre del Congreso de Estados Unidos, como parte de su proyecto de ley de asignaciones suplementarias de emergencias. En entrevista, David Ortiz, director del Programa de Puerto Rico para Solar United Neighbors (SUN), organización sin fines de lucro, explicó que esto fue un esfuerzo en el que participaron  múltiples grupos —comunitarios, pequeños negocios, iglesias— para abogar por una asignación que en principio era de $5,000 millones. La petición de esta cifra se hizo a base de un estudio del profesor Marcel Castro, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que indica que unas 200 mil personas en Puerto Rico estuvieron sin electricidad por cinco meses después del huracán María. Dijo que la Casa Blanca apoyó la asignación de $3,000 millones y terminó con la asignación de $1,000 millones. Se supone que el dinero pase por el Departamento de Energía de Estados Unidos, junto con HUD (Departamento de Vivienda Federal) y por último, FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencia).

Ortiz indicó que aunque todavía no se sabe cómo va a ser la estructura para la asignación del dinero, tanto el SUN como las otras organizaciones van a estar tratando de que este llegue a las comunidades y de que puedan solicitarlo. En ese propósito se centra el trabajo del SUN, cuyo fin es orientar y educar a las comunidades para que puedan hacer compras colectivas de sistemas solares, lo que redunda en precios y beneficios que de manera individual no tendrían. La otra parte es la educación sobre los derechos del consumidor, información sobre la energía renovable, políticas públicas y créditos que puedan estar recibiendo.  Además, trabaja en la política pública protegiendo los derechos del consumidor sobre cómo moverse a la energía renovable y los derechos sobre esta.

Este hizo hincapié en que es importante que la gente sepa que el dinero no es algo que le va a llegar a todo el mundo, es decir, a cada casa, por lo que también se promueve los proyectos de microredes comunitarios.  El SUN se enfoca en la educación para que la información llegue a las comunidades y  “que los fondos no se queden sin usar, como en otras ocasiones”.

Por otra parte, a la luz de esta asignación, CLARIDAD le planteó  a la licenciada ambiental Ruth Santiago, quien también participó del cabildeo para su logro, si no consideraba que  hay una falta de coordinación entre  los esfuerzos por avanzar en la instalación de sistemas de  energía renovable y las asignaciones que  ha recibido la Autoridad de Energía Eléctrica para la reconstrucción del sistema ($9.6B de FEMA, $4.B de fondos de mitigación) y los 18 proyectos de fincas a escala industrial, promovidos por la AEE, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal.

“Sí, creo que lo que estamos viendo es perderse una oportunidad de transformar nuestro sistema eléctrico desde la entidad pública para servir mejor al interés público, pequeños negocios, etc., a través de toda esa cantidad de fondos de FEMA y HUD para nutrir los sistemas fotovoltaicos en techos con baterías a todos y todas en Puerto Rico, empezando por la gente de medianos ingresos, y proveer una resiliencia que podría salvar vidas”, reaccionó.

En particular, la licenciada Santiago, quien es miembro del Consejo para el Cambio Climático de Casa Blanca, se expresó  en contra de  los proyectos a gran escala de fincas solares, por entender que es innecesario que se sacrifiquen los mejores terrenos agrícolas, las áreas sensitivas y otros espacios abiertos con  proyectos que siguen dependiendo de una red de transmisión y distribución que es vulnerable a huracanes y otros eventos. “Vimos con Fiona cómo LUMA no había  hecho el mantenimiento necesario a la vegetación. Con un mero huracán categoría 1, que mayormente fue una tormenta tropical que pasó por el sur de Puerto Rico,  nos tumbó todo el sistema. LUMA lo que pretende es usar esa cantidad histórica de dinero para reconstruir lo mismo: un sistema centralizado. Eso no va a proveer la resiliencia que la gente necesita para vivir”.

Hasta ahora no se sabe cómo se van a canalizar los fondos. “Eso está por verse. Estamos pendientes de que se avise, inclusive, cómo vamos a incidir en el proceso. Es un poco atendiendo los reclamos que hemos hecho los distintos sectores. Vamos a hacer todo lo posible para que lleguen a los residentes de bajos ingresos y diversidad funcional que requieren tener un servicio confiable. Esperamos que no pase como con los fondos de CDBG, tenemos una objeción muy seria a los proyectos solares, no es necesario sacrificar terrenos”.

La ingeniera Ingrid Vila, presidenta de Cambio, otra de las organizaciones que cabildeó por la asignación, advirtió: “Esperamos que se establezca un proceso de participación transparente y amplio que garantice que las organizaciones y comunidades locales participen en la planificación, diseño e implementación del programa”.

 

 

 

 

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