CLARIDAD

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¿Por qué gastar tanto dinero —$535 millones— para ahorrase de 7 a 8 minutos?  ¿Quiénes son los verdaderos interesados en la extensión de la carretera 10 que transcurriría de Utuado a Adjuntas?

Estos son tan solo parte de los cuestionamientos abordados por un equipo de profesionales expertos en sus áreas, como ingenieros y científicos, en un examen de los variados aspectos que conlleva la extensión de la mencionada carretera. El grupo fue convocado por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, quien ha estado dando seguimiento al asunto.

El veterano científico Neftalí García y la representante Mariana Nogales Molinelli afirmaron que la extensión de la Carretera 10  se entronca con la explotación minera.

Nogales Molinelli contó que hizo el ejercicio de exploración y constató que cuando se sale de Utuado a Adjuntas por la carretera  123, el tramo se toma de 18 a 20 minutos.  “La carretera a construir se supone que va ahorrar nueve minutos. Se está haciendo una inversión de $532 millones para ahorrar de 7 a 8 minutos”.

“¿Quién necesita la carretera?”, se cuestionó el grupo.

Para García, quien ha estudiado la explotación minera en el país y prepara un libro sobre ello, la carretera a extenderse la necesita la gente que transita camiones que llevan gasolina, diesel y cemento en grandes cantidades; podría necesitarla también gente que transporte enormes cantidades de materiales de canteras. Los puentes de la actual carretera 103 son estrechos, algunos de ellos son curvos, lo que hace difícil ese transporte.

García y la representante Nogales Molinelli dieron a conocer que en dos reuniones que sostuvieron con personal del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés) le confirmaron que dicha agencia está realizando un Earth MRI, sobre todo del archipiélago de Puerto Rico y sus plataformas, para identificar lugares donde haya minerales estratégicos.  Las reuniones con el USGS fueron a petición de la representante Nogales Molinelli, por haber recibido comentarios de personas que observaron aviones sobrevolando cerca de sus techos en varios pueblos.

García dio a conocer que el USGS tiene un mapa señalando lo que andan buscando los vuelos, que es identificar dónde hay tierras raras. Las tierras raras son compuestos de minerales que se utilizan para teléfonos celulares, cohetes, satélites de comunicaciones, computadoras, para la llamada inteligencia artificial y para cuestiones militares). El país que tiene las mayores reservas de tierras raras en el mundo es China, el 60% en su territorio, además de que es el que procesa del 80 % a 90 % de estos. Estados Unidos y los países europeos también andan buscando minerales raros por todos lados y aquí, en Puerto Rico, hay  algunos lugares donde puede haberlos.

Este agregó  que los estudios  que lleva a cabo el USGS están relacionados con uranio, sodio y con estudios geomagnéticos. Recordó que en 1965 dos compañías mineras sometieron una  propuesta de explotación en el área del río Viví y río Pellejas Abajo, entre Adjuntas y Utuado. El 98 %  de los escombros de la explotación de cobre, oro y plata se iba a concentrar en vertederos o se trituraría para arrojarlos al mar. El proyecto comenzaba en el sector Pellejas, de Adjuntas, y contemplaba para después la explotación del  área entre el río Tanamá y  el río Camuy.

El científico resaltó que en el momento en que el país todavía creía que no tenía recursos minerales, las compañías mineras le exigían al Gobierno (en ese momento, el de Luis a Ferré) construir la carretera de Arecibo a Ponce (la carretera 10), darle agua del embalse Caonillas y establecer un sistema de alto voltaje para la energía que necesitaba el proyecto. En un principio, la explotación era por 20 años para cada una de las compañías y luego cambiaron a 30 años entre ambas. La explotación sería una a cielo abierto.

Edwin J. Irizarry, presente en la reunión, quien era ingeniero de la Autoridad de Carreteras (AC) en el 1967 e hizo los primeros  mapas de ruta  de la carretera, confirmó que los mapas se hicieron con ese propósito.

Sobre la reunión con el USGS, García y Nogales Molinelli expusieron que los funcionarios les confirmaron los vuelos y les informaron que fueron suspendidos entre junio y octubre para retomarlos en diciembre o enero, cuando concluirán los vuelos sobre todo el país porque ya han hecho ¾ partes del trabajo.

Según el USGS, los vuelos radiométricos tienen tres propósitos: primero, estudiar fallas geológicas, en especial en lugares donde ha habido problemas, eso incluye el suroeste; segundo, estudiar lugares donde puede haber derrumbes para tener una idea del tipo de suelo y materiales; y tercero, para detectar minerales estratégicos: aluminio, níquel y cobalto. Además hay un área en el mapa que señala posible presencia de aluminio, que es otro de los minerales estratégicos, y  el cobre, explicó García.

Por su parte, la representante Nogales narró que los oficiales del USGS también le afirmaron que ella había sido la única persona que había solicitado información sobre los vuelos y que era la única persona del Gobierno de Puerto Rico con que habían compartido información del proyecto. Según le dijo el USGS, una vez concluido el proyecto, le presentarán un resumen al Gobierno. Con el único ente que ellos han tenido comunicación es con el Departamento de Geología del recinto de la UPR en Mayagüez.

“La administración colonial no ha mostrado interés en el asunto, porque le entregaron todo lo que tiene que ver con minería al Archivo General”, comentó Nogales Molinelli.  Esta puso en duda la alegación de que el Gobierno no sabe nada al respecto. Tanto García como Nogales Molinelli comentaron que los funcionarios del USGS presentaron alguna resistencia a soltar información. La representante trajo a la atención que se supone que un ente que intervenga en el estudio es el Negociado de Energía, e hizo la observación de que la secretaria Jennnifer Granholm ha venido a Puerto Rico, ya en  seis ocasiones, con el argumento de promover proyectos de energía solar.

En lo que respecta a la construcción, el ingeniero Irizarry indicó que el tramo que falta, que tiene alrededor de 7.6 kilómetros, es el más difícil de construir debido a la naturaleza de la topografía. Esto se debe a que las montañas son continuas, ya que van siguiendo el cauce del rio Tanamá de Utuado. Agregó que como consultor de la AC en el 2017 vio que la extensión costaba aproximadamente $150 millones. La misma ruta en el 2012 cuando se inauguró el primer tramo, el entonces gobernador Luis Fortuño dijo que había costado $75 millones.

A juicio de Irizarry el actual costo anunciado por el gobierno de cerca de $535 millones es mucho dinero, y lo peor, observó, es que siempre hay contratistas que se unen y acuerdan precios. Explicó que la  carretera consiste de la unión de una serie de 20 a 24 puentes y que, a su juicio, desde el punto de vista de la topografía, no es posible separar la construcción. Se supone que en una carretera bien diseñada haya un balance de movimiento de tierra, que no sobre tierra o que haya que conseguirla. Es por eso que cuando se divide el trabajo, no es posible que lo puedan hacer más de dos firmas. En este caso, el Gobierno tiene cuatro, alertó.

Mientras más caro es un proyecto, más ganan los ingenieros que asumen la obra. En este proyecto,  sería el 10 % del costo total de la obra de $535 millones para una población de menos de 40 mil personas en Adjuntas y de alrededor de 28 mil en Utuado. De acuerdo con estudios del Departamento del Trabajo, las personas cruzan de Utuado hacia Ponce para trabajar, pero de Adjuntas hacia Arecibo, el traslado es mínimo.  La mayor parte de la gente de Utuado cruza para  Arecibo y la de Adjuntas a Ponce.

Una vez más, el grupo y la representante Nogales Molinelli cuestionaron cuál es el propósito ulterior de la extensión de esa carretera. Para esa construcción el Gobierno va a utilizar fondos CDBG y CDBG-MIT, los cuales se  supone que son para darle mayor fortaleza a las comunidades en épocas de desastres naturales y evitar que se queden incomunicadas. Las personas que viven en la carretera 123 no tendrán salida hacia esa extensión y para poder montarse en ese nuevo tramo tendrían que dirigirse a Adjuntas o a Utuado.

V

En una asamblea extraordinaria, la organización política incipiente favoreció que los diálogos continúen con el partido histórico

CLARIDAD

Con un 96.6% a favor de la “Alianza de País”, la Asamblea Ciudadana Nacional (ACN) del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) consintió, el domingo pasado, a que el liderato del partido político fortalezca el pacto reciente entre MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La decisión se da después de un año y ocho asambleas en las que el partido- creado en 2019- auscultó, gestionó y concertó el acuerdo que, por la pasada semana, ha sido tema de análisis en distintos foros tradicionales.

“Eso dijimos [en 2019], que Victoria Ciudadana impulsaría una agenda urgente sobre la cual construiríamos una alianza. La alianza es parte, es tema y es germen de Victoria Ciudadana. Nuestra manera de ver el accionar político es desde el concepto de la alianza”, declaró la expresidenta del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, antes de comenzar la discusión de los preacuerdos, que contó con 644 participantes presenciales y 483 en línea.

Asimismo, la coordinadora general de la Juventud, Gabriela Flores, ofreció un mensaje a quienes se dieron cita en el Teatro Tapia. “Antes de estar aquí, a mis 13 años estaba en una búsqueda ardua de cómo podía aportar a mi país”, contó la joven, quien narró sus razones de pertenecer al partido. Entre las más destacadas, la posibilidad de crear alianzas con distintos grupos sociales.

La “Alianza de País” se divide en dos facetas: a nivel de gobernanza y a nivel de candidaturas. En lo que respecta a la política pública, el liderato de ambas organizaciones acordó “mantener y fortalecer la elaboración entre componentes electorales” y crear “un programa de consenso mínimo entre el PIP y MVC”.

“También, nos propusimos, como parte de ese proceso [de alianza], unir a las personas que no se sienten representadas por los partidos tradicionales, y sabemos que aquí hay muchas personas que, en el pasado, quizás militaron en alguno de estos partidos tradicionales- aquí siendo uno- y que hemos dado el paso para construir”, aseveró, en aras de reconocer que se puede cambiar de ideal, el coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, también exmiembro del Partido Popular Democrático (PPD).

Entre otras cosas, el nuevo acuerdo fijó organizar los equipos de cada colegio como una de sus metas, así como organizar los demás componentes electorales y cumplir con los requisitos de la nueva ley electoral, cuya redacción fue calificada como “perversa” por Natal Albelo. El coordinador general denunció que, para que una franquicia electoral permanezca inscrita, debe presentar, al menos: un candidato a la gobernación, un candidato a la comisaría residente, varios a la legislatura y, como mínimo, el 50% de las alcaldías. De lo contrario, los resultados electorales están sujetos a que se descalifiquen.

Por otro lado, el pacto contempla que, en lo que respecta a las candidaturas cuasiligadas, las personas aspirantes deben adherirse al programa de consenso que se establezca entre el PIP y MVC.

¿Cómo se organiza la Alianza?

Sobre estos principios colaborativos, tanto MVC como el PIP buscan presentar sus futuros candidatos bajo las siguientes clasificaciones: Apoyo Mutuo, No Competencia y Competencia Fraternal.

El primero tipo de acuerdo- apoyo mutuo- es una candidatura que ambos partidos impulsarán, como en el caso de la gobernación- Juan Dalmau- y la comisaría residente- Ana Irma Rivera Lassén.

El segundo estilo de candidato- no competencia- sirve para que, en caso de que MVC y el PIP puedan presentar más de un candidato a la misma posición, se minimice la cantidad de competencia. Por ejemplo, ambos partidos tienen derecho a presentar 40 candidatos para la Cámara de Representantes, pero concertaron que cada colectividad apoyará formalmente a 20.

Por último, se daría una competencia fraternal entre ambas franquicias. En otras palabras, sería una contienda usual entre dos candidatos para la misma posición.

“La Alianza de País no es una varita mágica que se hace de un día para otro. La Alianza de País es un proceso que, inclusive, no culmina en el día de hoy, con la presentación de estos preacuerdos”, afirmó Natal Albelo. De hecho, recordó “el 20 de febrero de 2022, [cuando] en su cuarta reunión ordinaria, el Consejo Ciudadano Nacional aprobó su plan de trabajo para el segundo año de este cuatrienio 2021-2024, y aprobó una resolución, de manera unánime, para tomar todas las medidas conducentes a derogar la prohibición de las alianzas y las candidaturas coaligadas”, agregó el líder del MVC, en alusión a las medidas y pleitos que presentaron ambos partidos para cambiar el Código Electoral.

La Alianza, por igual, busca presentar candidatos en todos los distritos representativos y senatoriales del País.

A modo de recordación, Natal Albelo, también, mencionó las medidas colaborativas y los esfuerzos jurídicos que han hecho los integrantes del PIP y MVC para lograr la alianza

Más allá de un acuerdo entre el PIP y MVC, la “Alianza de País” busca integrar organizaciones sindicales, ambientales y comunitarias que afiancen el intento de un esfuerzo político multisectorial.

¿Quiénes ocuparán estos cargos?

Hasta el momento, tanto el MVC como el PIP se han reservado la divulgación de quiénes aspirarán a qué puesto, aunque una que otra candidata se ha filtrado,

Ana Irma Rivera Lassén, Juan Dalmau y Manuel Natal rompieron el hielo aliado al presentarse como candidatos y candidatas a la comisaría residente, gobernación y alcaldía de San Juan, respectivamente.

En las demás candidaturas, solo se han revelado algunos de los acuerdos de la Alianza. A nivel municipal, MVC y PIP, en apoyo mutuo, concertaron apoyar ocho alcaldías. Cuatro de ellas- San Juan, Dorado, Vega Baja y Humacao- son candidaturas de Victoria Ciudadana. En cuanto al Partido Independentista, solo se anunció que aspirará, apoyado por el MVC, a la alcaldía de Caguas; aún quedan tres por anunciar.

Al final de la presentación, hubo un espacio de preguntas y deliberación. De los asistentes presenciales, un inquisidor recurrió al micrófono: Luis Santos. El joven, que, con libreta en mano, poco mencionó de su afiliación al MVC, cuestionó la confiabilidad detrás de una alianza que posiciona a un independentista como su cara (Juan Dalmau) y arriesga la pérdida de la franquicia.

No obstante, a la hora de ejercer el voto- que se hizo a través de un QRCode- la mayoría del cuerpo de Victoria Ciudadana apoyó los preacuerdos entre el PIP y MVC, en la primera ronda de pactos anunciados por una alianza que, entre otras cosas, le motiva el hartazgo añejado por la insuficiencia bipartita.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciaron  que ¡La Alianza va!, luego de varios meses de especulaciones y  comentarios de  favorecedores, detractores y de los partidos políticos.

En conferencia de prensa, el coordinador general del MVC, licenciado Manuel Natal  Albelo y el secretario general del PIP, licenciado Juan Dalmau Ramírez, dieron a conocer  los preacuerdos a que hasta ahora  han llegado ambas colectividades de cara a las elecciones del 2024. De entrada, como un hecho ilustrativo de la animosidad por parte  de los partidos que se han repartido la gobernación en el país en contra de la ya anunciada alianza, Natal Albelo dio a conocer  que la conferencia de prensa estaba supuesta a  ocurrir en el interior de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero  quefue desautorizada luego de las presiones del PNP. A la Prensa no se le permitió ni hacer uso del estacionamiento. La conferencia se llevó a cabo en la acera frente al edificio de la CEE.

“Hemos llegado a unos preacuerdos entre los comités de diálogo del PIP y el MVC. Entendemos que estos entendidos ponen por encima de cualquier consideración el bienestar colectivo y los objetivos comunes que tenemos para el país. Estos objetivos tienen básicamente dos elementos: uno de gobernanza y otro de candidaturas”, explicó.

Natal Albelo indicó que como antesala a la conducta de la CEE, el primer entendido de ambas colectividades en cuanto a los temas de gobernanza nacía precisamente en ese espacio. De cara al proceso  electoral del 2024, el MVC y el PIP estarán colaborando y fortaleciendo esas relaciones en lo que concierne al proceso de la CEE y el proceso electoral del 2024, incluido el voto adelantado. “No se trata únicamente de tener las mejores ideas, no se trata de tener las mejores candidaturas;  se trata de tener las mejores personas que puedan asegurarse que los votos se cuenten según es la voluntad del pueblo, y ese es el primer entendido de este colectivo”.

El segundo entendido tiene que ver con poder desarrollar un programa mínimo en común que atienda   las  necesidades urgentes de nuestro país. Precisó que eso incluye el acordar un proceso que sea justo y participativo para la descolonización de Puerto Rico, entre alternativas no coloniales y no territoriales. El coordinador general del MVC indicó que más adelante podrán estar haciendo anuncios adicionales sobre los elementos de dicho programa en común, el cual “es la punta de lanza, la pega de La Alianza”.

Punto seguido dio paso a anunciar el aspecto más esperado sobre la Alianza, que es lo relacionado con las candidaturas. Aquí también han podido llegar a entendidos. Al respecto, informó que ambas colectividades cumplirán con los mínimos que establece el Código Electoral con relación a las candidaturas.

“Ni el PIP ni VC se pueden dar el lujo de que un Edwin Mundo de la vida venga un 2 de enero del 2024 a decir que incumplimos con algún requisito de presentación de candidaturas y que por eso no vamos a poder competir en las próximas elecciones”, expresó Natal Albelo.

Aclaró que el  cumplimiento con los requisitos mínimos de las candidaturas nada tenían que ver con retener la  franquicia electoral después de la elección del 2024. “Eso es secundario, solo tiene que ver con que podamos presentarnos a la elección del 2024 y que tengamos las candidaturas para así hacerlo”.

Los requisitos mínimos con los cuales hay que cumplir y que se afirmó que ambos partidos cumplirán es que cada uno presentará un candidato a la gobernación y la comisaria residente,  por lo menos una candidatura por acumulación a la Cámara de Representantes y otra por acumulación al Senado y que presentarán candidaturas agrupadas por lo menos en 39 municipios.

Los entendidos de colaboración parten de reconocer que las circunstancias de las candidaturas pueden ser distintas a nivel nacional, a nivel de distrito y a nivel municipal. El primero de los tres entendidos de colaboración a los cuales se llegó es el de una Competencia fraternal.  Eso significa que habrá candidaturas en donde ambas colectividades presentarán sus respectivos candidatos, quienes competirán de manera fraternal. Ejemplo de ello son las candidaturas por acumulación tanto en la Cámara como el Senado. En MVC tendrá por los menos sus dos candidatos en ambos cuerpos.

El segundo acuerdo es uno de no competencia, es decir que en algunas candidaturas van a evitar que sus colectividades compitan para un cargo en particular. Natal Albelo dijo que lo que se busca con esto es consolidar la mayor cantidad de votos para lograr la elección de una persona eje. “Si en la pasada elección hubiésemos llegado a un entendido como este, hoy en la Cámara de Representantes tendríamos tres representantes adicionales en representación de esta Alianza y por lo menos a una senadora adicional”, puntualizó.

Según el MVC y el PIP, lo que están  proponiendo en cuanto los entendidos o preacuerdos es tener la capacidad y la disposición de tener una mayoría legislativa tanto en Cámara como en Senado y un gobernador.  El apoyo  mutuo significa que habrá candidaturas en donde el PIP apoyará a las del MVC y viceversa.

Natal Albelo reclamó  que los entendidos trascienden una candidatura a la gobernación y una candidatura a la alcaldía de San Juan. “Nuestros entendidos van a las tres papeletas, la legislativa, la municipal y la estatal”. El objetivo, precisó, es  tener 26 votos en la Cámara de Representantes para aprobar una pieza legislativa; 14 votos en el Senado para aprobar una pieza legislativa; un gobernador que convierta en ley esa pieza legislativa y un comisionado residente que defienda esa política pública en Washington. También alcaldes y alcaldesas que puedan hacer el trabajo a nivel municipal.

En cuanto a la papeleta municipal, se anunció que se llegó a un entendido de No competencia, es decir, de apoyo mutuo en por lo menos cuatro municipios del MVC y cuatro del PIP. En los cuatro que concierne al MVC, estos presentarán sus candidaturas a las alcaldías y legisladores municipales, y el PIP no presentará candidaturas. De igual forma, en los municipios en los que el PIP presente, el MVC no presentará candidatos. Se adelantó como ejemplo que dos de esos municipios son San Juan y Caguas. En las pasadas elecciones en estos dos municipios los candidatos a estas posiciones de ambas colectividades obtuvieron el mayor porcentaje de votos.

En lo que concierne a la Legislatura, resumió que en el caso de la Cámara hay 40 escaños  de representantes por distrito, por lo que están buscando llegar a una distribución justa y equitativa de esos  escaños.  Al momento, tienen pre acuerdos en el 4 % de estas  candidaturas y van a buscar nivelar ese número para que se logre una mayoría legislativa.

Por último, en cuanto a la papeleta estatal, confirmó que el MVC estará apoyando la candidatura a la gobernación que presente el PIP y que el PIP apoyará la candidatura a la comisaría residente que presente VC.  “De esta forma estará representada la diversidad y la fortaleza de La Alianza en las tres papeletas. La forma en que ambas  colectividades manejamos estos temas es tan diversa como la composición de nuestras organizaciones”, afirmó el coordinador general de MVC.

“Hubo quien apostó a que este día no llegaría. Hubo quien pensó juzgando al PIP y a VC como se juzgan ellos mismos en otros partidos, o rojo y azul, donde priva la mezquindad y el egoísmo. La Alianza va y vamos a ganar…”, aseguró el secretario general del PIP, Dalmau Ramírez.

El candidato del PIP a la gobernación, que asume una tercera campaña a esa posición, apuntó que el  contraste que querían  subrayar es el que mientras los otros partidos tienen al país secuestrado en una guerra fratricida por apetitos personales de candidaturas individuales, “aquí hay dos partidos políticos con el desprendimiento de poner a Puerto Rico por delante, por encima de cualquier otra consideración, y darle una opción para un verdadero cambio y una transformación de la gobernanza. Ese es el contrate y eso es lo que va a estar en juego en estas elecciones”.

Dalmau Ramírez dijo que se sentía optimista y orgulloso de los que por parte de MVC y el PIP han estado trabajando en el diálogo.  Reconoció que habrá retos de orientar al país, a los electores,  y que estaban dispuestos a asumir ese reto “con honor y dignidad. No le quepa duda a nadie vamos pa’ lante. Vamos a triunfar la esperanza. Nadie nos para”.

Ambos dirigentes defendieron que todas las candidaturas son indispensables y rechazaron que fuesen candidaturas “fantasmas” o de “agua”, como señalaron algunos periodistas presentes y como han expresado oponentes políticos. Defendieron que estas candidaturas contribuyen a la discusión de los diversos temas y luchas del país.

Dalmau Ramírez trajo a la atención a que al PIP y al MVC les ha tocado llegar a un entendido con un instrumento insuficiente y antidemocrático —la Ley electoral—, la cual definió como una  abusiva, que combate que se pueda llegar a posibles entendidos, “así que para nosotros, todas son candidaturas indispensables”.

Al respecto, Natal Albelo alertó de que ahora mismo en la Asamblea Legislativa, el PPD y el PNP tienen proyectos que buscan enmendar tanto el CEE como la Ley de Financiamiento de  Campañas para poner trabas e impedimentos adicionales a movimientos emergentes.  Denunció que los cambios nefastos que hizo el PNP al CE del 2020 y que han contado en este cuatrienio con la complicidad y consentimiento del liderato del PPD no se limitan a temas de voto adelantado, sino que  incluyen también un cambio en la forma y manera que va a operar la CEE a partir de enero del 2025. En tono grave expuso que en noviembre del 2024 La Alianza podría ganar la gobernación de Puerto Rico, la  comisaria residente, la Cámara de Representantes con mayoría el Senado; con mayoría ganar las principales alcaldías  y no quedar inscritos y no tener representación en la CEE. Esto responde a que la forma y manera en que está redactada la ley estipula que lo que determina quién participa en la CEE a partir de enero 2025 no es quien saca la mayor cantidad de votos, sino el partido que saca la mayor cantidad de votos íntegros.

“Con las medidas de estos partidos corruptos,  ¿qué quiere decir eso? En términos simples, que a esta gente hay que venir a derrotarle con sus propias reglas”, concluyó.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, hizo una nueva petición a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que reconsidere su postura en torno a la Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura y pendiente de la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi para proporcionar alivios al bolsillo de los trabajadores y a los pequeños comerciantes.

El funcionario reiteró que el gobierno tiene la capacidad financiera para conceder estos alivios sin impedir que cumplamos con las obligaciones del Estado, incluyendo aquellas contraídas en el Plan de Ajuste de la Deuda confirmado por el tribunal federal.

“Si logramos que la Junta entienda la importancia que tiene este asunto para la gente, estoy seguro de que finalmente apoyarán el proyecto aprobado, cuyo impacto fiscal sería de unos $550.2 millones anuales”, aseguró Parés Alicea.

Destacó que se estima que las reducciones en tasas contributivas para individuos y corporaciones tendrían un efecto positivo significativo en la economía, porque generarían ingresos adicionales en un promedio de $283 millones anuales.

“Esto significa que, preliminarmente, el costo neto de los alivios aprobados sería $267 millones anuales. También estimamos que los alivios promoverán el regreso a Puerto Rico de unas 15,000 personas, lo que movería aún más la economía”, destacó el funcionario.

Parés Alicea dijo que asesores externos están en el proceso de actualizar los estudios de impacto económico de la Reforma Contributiva, según los cambios finales aprobados, y no anticipa alteraciones sustanciales.

“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo.

El proyecto aprobado por la Legislatura se mantuvo igual a la propuesta inicial del gobernador Pierluisi, en cuanto al ajuste en tasas contributivas. Se aprobó una tasa de 7% para ingresos netos entre $9,001 y $25,000; de 14% para ingresos netos de $25,001 a $41,500; de 22% para ingresos entre $41,501 y $81,500; 30% para ingresos de $81,501 a $300,000 y 33% para ingresos de$300,001 o más. El Ajuste por Costo de Vida, tendría vigencia a partir del año contributivo 2024.

Otros beneficios aprobados para individuos incluyen un aumento en el crédito para personas de 65 años o más de $200 a $400; una nueva exención de hasta $40,000 para médicos residentes en Puerto Rico, por cinco años consecutivos, desde que son admitidos a la práctica de la medicina, a partir del año contributivo 2024 y el descuento del 5% y el 3%, decretado en las leyes 257-2018 y 40-2020, respectivamente, para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado no exceda los $100,000.

Por otro lado, el proyecto establece tres nuevas escalas contributivas progresivas para corporaciones de 16%, 26% y 36%. Se elimina la contribución adicional de hasta 19%, al igual que el pago mínimo de $500 de la Contribución Alternativa.

El proyecto aprobado recomienda una tasa de 16% para ingresos netos sujeto a contribución entre $0 y $500,000; 26% para ingresos entre $500,001 y$2,000,000 y 36% para ingresos de $2,000,001 o más.

Otras medidas aprobadas incluyen la eliminación de la reconciliación de gastos, cuando el contribuyente está bajo el método de acumulación (accrual basis). Se elimina la obligación de rendir un Informe Anual de Corporaciones ante el Departamento de Estado a entidades domésticas y foráneas, aunque se mantiene el pago de los derechos anuales correspondientes. También se permite al Departamento de Hacienda entrar en acuerdos voluntarios con los municipios para manejar el Impuesto sobre Ventas y Uso Municipal y la Declaración de Volumen de Negocios (Patente Municipal), por SURI.

Se aprobó también que el Informe Anual Exento de entidades con decreto de exención contributiva, se radique como parte de la Planilla de Contribución sobre Ingresos y se mantiene el pago de derechos anuales; mientras que las licencias de Rentas Internas, que actualmente se manejan a través de la plataforma de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), se gestionarán por SURI.

La exención sobre el ingreso de renta de propiedad residencial bajo la ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles, Ley 132 de 2010, se extiende 15 años, del 2025 al 2040.

No se aprobó extender los beneficios de la Ley 22/Ley 60, a los residentes de Puerto Rico; tampoco consolidar los errores matemáticos en ajustes de planilla, (que era una medida de simplificación), ni eliminar el Impuesto sobre Ventas y Uso en la cadena de distribución para importaciones y compras de inventario para la reventa.