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Luego de mes y medio de emitir una carta abierta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi,  representantes del  Junte Multisectorial contra el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE lograron una  reunión en La Fortaleza con miembros del equipo del Ejecutivo para presentar sus preocupaciones sobre el nuevo PAD de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En su carta enviada en septiembre, el Junte Multisectorial, integrado por  más de 60 organizaciones, le advirtió al gobernador que el nuevo PAD, que propone aumentos en la tarifa durante los próximos 35 años para pagar a los bonistas de la AEE, continúa estableciendo como prioridad el pago de una deuda no asegurada por encima de las necesidades del sistema eléctrico, el pago de las pensiones actuales y futuras y el desarrollo económico del país.

Por parte del Ejecutivo, en la reunión participaron Noelia García, secretaria de la Gobernación; el Lcdo. Carlos Yamín, subsecretario de la Gobernación; el Ing. Francisco Berríos Portela, secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, y el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Nelson Pérez, representante de AAFAF. Por parte del Junte participaron Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados (AJ-AEE) de la AEE; la Lcda. Marimar Pérez-Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios; Wilson López, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos; José Rivera Rivera, presidente del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, y Cathy Kunkel, portavoz del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.

En entrevista con este semanario, el presidente de la Asociación de Jubilados dio a conocer que los representantes del Junte presentaron al equipo del Ejecutivo una propuesta para evitar el aumento en las tarifas y asegurar las pensiones. Señaló que en el Gobierno central hay dinero suficiente para pagar sus pensiones, de por vida, incluso. “Hay cerca de 8 mil 600 millones ociosos allí”.

El planteamiento de parte de los jubilados y el Junte es que no es necesario aumentar las tarifas para mantener las pensiones debido a que con ese dinero se logran dos propósitos: salvar el plan de pensiones y evitar un aumento permanente en las tarifas. Además, plantearon que en cuanto a los aproximadamente 3,000 empleados de la AEE que continúan trabajando pero que fueron movilizados a otras agencias, el Gobierno central podría hacer un abono de unos $740 millones o menos para cubrir sus pensiones vitalicias y no tendría que hacer ningún otro pago debido a que con ese dinero la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro estaría dispuesta a capitalizar el sistema para aquellos que todavía están trabajando.

El equipo del Ejecutivo pidió que les llevaran información reciente, tanto actuarial como contable, para ellos analizar la propuesta y en un futuro cercano volver a reunirse. Rodríguez desmintió que el Junte o los jubilados hayan  planteando en la reunión que se tocara el PAD. Explicó que lo que se propuso fue que se evite el aumento de las tarifas. Sobre las tarifas postularon que se vuelva al método que se utilizaba en el pasado, a partir de 1965 hasta el 1989, en que el Gobierno financiaba el plan de subsidio en la tarifa, ya que si el Gobierno financia el subsidio en la tarifa, la AEE tendría dinero para el pago de las pensiones.

En la reunión que duró cerca de una hora, los jubilados llevaron la voz cantante. De parte del equipo del gobernador no hubo ninguna expresión sobre el  PAD, pero sí manifestó resistencia a que los retirados de la AEE formaran parte del sistema de retiro del Gobierno central porque según alega el Ejecutivo, los jubilados de la AEE  eran trabajadores de una corporación pública.

Ajuicio de Rodríguez, este argumento es uno poco transparente, ya que en el Gobierno central hay 180,000 jubilados cobrando su pensión del Fondo General. Esto equivale a $2,500 millones a anuales del presupuesto, lo que representa un 25 % del total del presupuesto. Como beneficiarios de esa nómina hay empleados de la AAA, la Autoridad de Carreteras y de Edificios Públicos, entidades que también son corporaciones públicas. “La objeción que presenta la secretaria (de la gobernación) es un aspecto ignorante de la realidad. Nosotros hemos demostrado de varias formas que hay el dinero, que hay la forma. Lo que no hay es la voluntad del Gobierno. Verdaderamente lo que falta es la voluntad del Ejecutivo”, Incluso, en la reunión, el equipo del gobernador no presentó ningún argumento de que existen los $8, 600 millones. Ni lo negaron, ni lo aceptaron, señaló.

El presidente de la AJ-AEE reparó en que cuando la Junta de Control Fiscal (JCF)  presentó el PAD de la AEE al tribunal, lo que dijo con relación a las pensiones es que se separara 4.ctv por kilovatio para el pago; pero no dijo ni cómo, ni bajo qué condiciones sería. “De  manera, que se le dejó al Gobierno el libre albedrío, si quisiera, para resolver este asunto”. Con relación a los planes de los jubilados también reparó en que existe el precedente de que cuando la JCF estaba trabajando el PAD del Gobierno central,  estaba empeñada en reducir las pensiones. Entonces, el Ejecutivo y la Legislatura se adelantaron y legislaron para evitar la reducción, por lo que ahora se podría hacer lo mismo.

Por otra parte, en declaraciones a la prensa, el Junte Multisectorial conformado por organizaciones religiosas, comerciales, industriales, profesionales, sindicales, ambientales, comunitarias, educativas, culturales y pensionados, entre otras, insistió en que la propuesta de la JCF llega en un momento en que: (1) el pueblo sufre de un servicio eléctrico deficiente, con apagones y fluctuaciones de voltaje frecuentes y una tarifa alta y volátil (2) 12,000 jubilados de la AEE y sus familias viven en la incertidumbre de no saber el futuro de su principal fuente de ingresos, dado que el Sistema de Retiro se quedó insolvente en abril de este año y (3) los residentes, industrias y negocios no aguantan los aumentos en tarifas propuestos bajo el nuevo PAD.

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A seis meses de haberse aprobado en el presupuesto del país, con una asignación de apenas $20 millones para distribuir entre más de un centenar de organizaciones sin fines de lucro y a dos semanas de que termine la presente sesión, todavía la Legislatura parece estar debatiendo cuál va a ser  la asignación a cada organización.

María de Lourdes Ortiz, directora ejecutiva del Movimiento Una Sola Voz (MUSV), informó a CLARIDAD que la Legislatura no les ha dado ninguna explicación concreta para la demora. “Lo único que nos han dicho es que estas son dinámicas que usualmente se dan dentro de la Legislatura”. Además de por la falta de una explicación, lamentó que en esta ocasión tampoco se haya hecho pública la lista de organizaciones con sus asignaciones, cosa que se suele hacer ya para agosto o, como tarde, septiembre.

La importancia de la lista es que una organización pueda saber si efectivamente entró en ese registro y cuánto podría ser la asignación, lo que permite ir haciendo los ajustes que necesite. La última información que recibieron —al momento de la entrevista con este medio— fue una llamada en la que les dijeron que ya habían hecho las asignaciones, habían cuadrado los números y que la resolución estaba en el escritorio del presidente del Senado, quien en esos momentos se encontraba  fuera de Puerto Rico.

En cuanto a la cantidad asignada, la directora ejecutiva del MSUV explicó que $20 millones no son suficientes y que mientras la cifra no ha cambiado en los últimos siete años ven que cada año son más las organizaciones que solicitan los fondos legislativos. Este año la Comisión Conjunta de Fondos Legislativos les informó que recibieron cerca de 900 solicitudes de ONG y, de esas, entre 500 a 600 cualificaban para recibir fondos.  Agregó que cuando se suma las cantidades de dinero que las organizaciones solicitaron, ascienden a  $90 millones. Pero según alegan algunos legisladores, ellos han hecho las gestiones para aumentar la cantidad, y es la Junta de Control Fiscal  quien no ha dado luz verde a ese aumento. Aclaró que eso no les consta de manera directa, sino que es algo que  le comentó  la directora de la Comisión.

Además de la demora en informar qué organizaciones han recibido alguna asignación, Ortiz denunció que este año a las organizaciones tampoco se les ha permitido poder llevar a cabo procesos de abogacía. Describió que el proceso de abogacía se fundamenta “más que nada, pensando en el servicio que ofrece esa organización y en el impacto que podría tener si la organización no recibiera los fondos o sufriera una disminución”.

Debido al número de solicitantes y la cantidad asignada, lo más probable es que las organizaciones reciban una disminución. Un estudio del MUSV de los últimos 10 años, de cómo han sido las asignaciones año tras año, ha reflejado  que las asignaciones se han reducido casi en un 60 %. Es difícil saber en qué tipo de organizaciones se ve la disminución y no les queda 100 %  claro cómo es que los cuerpos legislativos hacen la distribución. “Sabemos que cada cuerpo  otorga $10 millones, y ahí están los $20 millones, pero cuál es la fórmula para decidir cuánto se le  otorga a una organización y por qué, la verdad es que nunca se nos ha explicado”.

En entrevista por separado, el director ejecutivo de la Fondita de Jesús, Josué Maysonet, denunció que en los últimos años la Legislatura se ha demorado aun más en asignar esos dineros.“El año fiscal se supone que comience en julio y termina en junio del otro año. En los últimos años ha sido costumbre que esa asignación se  trabaja de cinco a seis meses en atrasos, lo que crea la incertidumbre para los que trabajamos de manera directa con las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico de que los servicios se vean impactados”.

El director ejecutivo de la Fondita de Jesús atribuyó la demora a que “lamentablemente no se ponen de acuerdo cada representante. Cada legislador está utilizando, diría yo, el dinero que cada rama tiene para propósitos políticos. Trabajan un borrador determinado, representante o senador, de lo que menos prometió el otro. Se ha convertido en un juego de lado y lado por razones políticas. Se escucha feo, pero de cierta manera están comprando votos. Lamentable, se han convertido estos fondos en una estrategia política para beneficios de los legisladores y no para beneficio del país y de la gente que lo necesita”.

Defendió que cada dólar que las organizaciones sin fines de lucro reciben equivale a 7 que recibe el Estado, además de que los $20 millones no representan ni un 1 % del presupuesto del país. “Se hace mucho más de lo que representa, en cuanto a muchas vidas, para que se esté dilatando un proceso”.

Entre las ONG que reciben fondos legislativos, hay toda gama de servicios de salud, educativos, sociales, culturales, alimentarios, de ayuda a víctimas del crimen y otros.

Una de las organizaciones culturales que alzó su voz  es el Museo de las Américas. La directora ejecutiva, María Ángela López Vilella, aclaró de entrada que el Museo es una institución autónoma sin fines de lucro, fundado hace 32 años por don Ricardo Alegría. Esta argumentó que sobre el donativo legislativo la gente tiene que entender que la organización se somete a un proceso de propuesta y hay que cumplir con muchísimos requisitos, como estar al día con el Departamento de Hacienda, presentar cada año un  plan de trabajo de para qué se van a utilizar los fondos. En el caso del Museo, dijo, se utiliza para cubrir muchos de los servicios a la comunidad.

La directora ejecutiva del MA, que es miembro del MUSV, describió los inconvenientes que conlleva el retraso de las asignaciones. “Estamos hablando de seis meses y medio, casi siete meses. Uno se retrasa y llega el momento en que programas que se supone duren un año los tienes que ofrecer en ocho meses porque te dan una extensión, pero tiene que hacerse eso de manera atropellada. Eso no es sano ni es una política sana llevar esos servicios así”.

En torno a las organizaciones culturales, López Vilella manifestó que  “trabajamos contra viento y marea, y la cultura la ven como que no paga, pero nosotros somos parte del ciclo económico del país, nosotros generamos  muchos empleos en el sector cultural. No es meramente poner un cuadro en un salón, eso hay que defenderlo año tras año. La preocupación es que los fondos no los dilaten más. Hay una urgencia en recibirlos. Yo lo que solicito es que le den un poco mas de importancia a esto. Todos los años ocurre la misma situación, hay que ir a rogar por los fondos, que no los recorten, defenderlos, luchar por ellos. ¡Ese dinero está aprobado desde  junio!”

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), se expresó consternado sobre lo que describió “el espiral de terror y muerte que desde el 07 de octubre viene desarrollándose en el conflicto palestino-israelí y que amenaza según la propia ONU con convertirse en Gaza en una catástrofe humanitaria”.

En declaraciones divulgadas en comunicado de Prensa el presidente ejecutivo del PIP, licenciado Fernando Martín García, expresó: “Ni la ocupación de los territorios palestinos por parte del gobierno de Israel puede justificar la matanza de civiles inocentes por parte de Hamas ni el derecho a la defensa propia puede justificar la barbaridad de los bombardeos indiscriminados por parte de Israel sobre la población civil que ha costado ya miles de vidas inocentes y que solo apunta a intensificarse”.

El PIP respaldó a que ya es tiempo de reconocer que no habrá paz duradera en esa región hasta que se le garantice al pueblo palestino la soberanía plena sobre sus territorios. “Corresponde tomar la iniciativa que permita la solución de “dos estados” que ha sido avalada por Naciones Unidas y cuyo cumplimiento el actual gobierno de Israel continúa ignorando. La comunidad internacional, a la vez que debe condenar los crímenes que han perpetrado milicianos de Hamas, tiene que también condenar severamente la reacción del gobierno israelí y exigir el cese al fuego y la apertura de un proceso político que permita concretar la solución de “dos estados” lo que necesariamente implica la independencia del estado palestino. El PIP une su voz a este reclamo que es indudablemente el de la mayoría de la humanidad.