Por la Redacción de CLARIDAD

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), que agrupa a los primeros ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD),  destacó  que uno de los principales problemas durante el proceso de reconstrucción luego de los huracanes Irma y María fue el proceso burocrático, “en especial el famoso acuerdo del 2017 entre el Gobierno y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) con relación al manejo de los desembolsos”.

El presidente de la Asociación, Luis Javier Hernández Ortiz, los legisladores Juan José Santiago Nieves, Jesús Chui Hernández, Marially González y miembros del Comité de Reconstrucción de la entidad  presentaron en conferencia de prensa una radiografía de la reconstrucción del país a seis años del paso del huracán María y un año del huracán Fiona. Además, ofrecieron recomendaciones específicas para acelerar los procesos.

Según denunciaron los ejecutivos municipales, luego de una evaluación por su Comité de Reconstrucción, encontraron que el acuerdo del 2017 con relación al manejo de los desembolsos entre el Gobierno y FEMA era uno discriminatorio. A esos efectos, en marzo de 2021, los alcaldes asociados acudieron a Washington DC, para solicitar  al Gobierno federal un cambio en las guías de desembolso sobre las reclamaciones por el huracán María. “Ya en septiembre del 2021, a cuatro años del paso de ese fenómeno atmosférico, logramos un acuerdo histórico que agilizó los procesos dramáticamente luego de años de parálisis”, aseguró Hernández Ortiz.

Los alcaldes presentaron una larga lista de los que consideran son los principales retos actuales sobre las tareas de reconstrucción. Entre ellos: 

-El aumento vertiginoso en costos de materiales, falta de mano de obra cualificada para los   trabajos de reconstrucción y subastas, que se declaran desiertas por la poca disponibilidad de contratistas cualificados.

-No hay certeza sobre qué pasará con los proyectos relacionados con el huracán María que fueron afectados luego por el huracán Fiona.

-No queda claro el status de los desembolsos producto del huracán Fiona en los proyectos permanentes, según se indicó por el tranque partidista en el Congreso.

-Lentitud en el proceso de reembolso de trabajos de emergencia del huracán Fiona.

Con relación a la reconstrucción en instalaciones del Departamento de Educación y Autoridad de Energía Eléctrica (ahora, GeneraPR), los alcaldes asociados presentaron gráficas específicas del status de las mismas, con las siguientes recomendaciones para lograr soluciones:

-Ya hay un estudio de aumento en costos (creado por COR3) para revisar los PW aprobados   hace años, razón por la que los municipios no han logrado adjudicar sus subastas. La Asociación acudirá a la capital federal junto a COR3 para solicitar la revisión de los costos.

-Generar un plan uniforme para revisar e inspeccionar proyectos relacionados con el paso del huracán María que fueron afectados luego por el huracán Fiona.

-Usar el modelo de consorcio de terremotos para adelantar proyectos de fondos Community Development Block Grant – Disaster Relief (CDBG-DR), en la modalidad City revitalization que se encuentra detenido por permisología y burocracia

-En el caso de energía, clasificar el modelo del consorcio energético como programa piloto para las miniredes en las comunidades.

-Descentralización de los fondos FEMA del Departamento de Educación y entrar en acuerdos con municipios para adelantar las subastas, como las de los aires acondicionados, por citar un ejemplo.

Como parte de la presentación, se expuso que en el caso del Departamento de Educación, de $1,700 millones asignados, solamente se han gastado $19 millones, lo que representa 0.11 % del total. En el caso de proyectos, de 2,023, solo se han realizado 127, para un 6.27 %. Una situación similar ocurre con la AEE,  donde hay asignados $11,000 millones y solamente hay $500 millones en construcción, para un 0.45 %. El caso más dramático parece ser el Departamento de Vivienda. De $35,600 millones asignados, hay $7,900 millones gastados, para un 22.19 %.

Por otro lado, los alcaldes expresaron su parecer con relación a la reunión que sostuvieran el día antes de su conferencia de prensa con oficiales de FEMA, sobre la recuperación post Fiona. “Lo que estamos viendo es que las diversas situaciones procesales en el Congreso federal tienen paralizados los desembolsos de todo proyecto permanente en Fiona y cualquier aprobación de proyecto permanente nuevo en María. Vamos a viajar a finales de este mes a la capital federal para atender todas estas preocupaciones y buscar soluciones de manera directa con los oficiales, congresistas y senadores. Ciertamente, cuando el contacto es personal y directo, se es más efectivo en el proceso de comunicar y convencer”, concluyó Hernández Ortiz.

CLARIDAD

¿Acaso se había olvidado que los cuatro grandes de la literatura latinoamericana firmaron una declaración en 1970 denunciando a “los enemigos de la cultura y la independencia de Puerto Rico”? En su momento el manifiesto tuvo impacto noticioso en Puerto Rico y ahora un nuevo libro nos los recuerda.

La editorial española Alfaguara recién publicó un libro que por primera vez reúne la correspondencia que los cuatro grandes del “boom” literario latinoamericano – Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez- se cursaron entre sí durante los años ´60 y ´70. Aquellos fueron, precisamente, los años claves del llamado “boom”, cuando las principales obras de estos cuatro autores se escribieron y se publicaron convirtiéndose en clásicos de la literatura latinoamericana y mundial. La enorme importancia de esa correspondencia radica en su contemporaneidad porque recoge lo que los autores se decían entre sí mientras escribían, publicaban y leían a críticos “eruditos” opinando de sus obras.

Los cuatro escritores escogidos por la casa editora, sin duda los más importantes del periodo, se destacaron, además, por la estrecha amistad que forjaron durante aquellos años y por las posturas que asumieron. Su visión de la literatura fue muy similar y también sus posiciones ante los eventos políticos que marcaron el periodo a partir de la triunfante Revolución Cubana de 1959. En algunos casos esas posturas empezaron a cambiar poco después, pero durante el periodo que cubre la correspondencia el grupo constituía un bloque unido cuyos enfoques se reflejaban tanto en sus obras como en casi todas las manifestaciones de la vida. Además de las cartas, el libro recoge varios ensayos y manifiestos importantes que los cuatro autores suscribieron sobre eventos literarios y políticos de aquellos años.

Fue una grata sorpresa encontrar allí la que tal vez sea la única declaración que los cuatro grandes del “boom”, junto al chileno José Danoso, suscribieron sobre un asunto relacionado directamente con Puerto Rico. Está contenido en la sección “Documentos” con el título “Declaración en solidaridad con Nilita Vientós Gastón”. Está precedido de la siguiente nota editorial: “La escritora puertorriqueña Nilita Vientós Gastón dirigió la revista Asomante desde su fundación en 1945. En mayo de 1970, sectores hostiles a la revista presentaron una demanda judicial para remover a Vientós Gastón de su cargo de directora, lo que generó la protesta de los escritores. El juzgado falló en contra de Vientós Gastón, quien en septiembre de ese año comenzó a dirigir la revista Sin Nombre.”

Esta declaración de quienes ya eran escritores de gran impacto mundial demuestra, en primer lugar, la relevancia que la boricua Vientós Gastón había ganado a nivel latinoamericano, en buena medida gracias a su gestión al frente de Asomante, a la que había convertido en una de las principales revistas literarias del continente. Por aquellos meses se había publicado el número 100 de la revista, un gran logro en publicaciones de su tipo. Pero, más que por su continuidad, Asomante sobresalía por la calidad de su contenido, convirtiéndose en foro de los más importantes escritores puertorriqueños y latinoamericanos. Esa importancia en momentos que el independentismo puertorriqueño crecía atrajo a hostilidad de la derecha política. Una llamada Asociación de Graduandas de la UPR, liderada por la líder del PPD Juana Rodríguez Mundo, persona muy cercana al rector Jaime Benítez, reclamó propiedad sobre la revista y el nombre Asomante. Como un juez les amparó, Nilita se vio obligada a fundar Sin Nombre. La victoria judicial no les sirvió de mucho porque pronto Asomante desapareció y la nueva revista ocupó su espacio.

En su declaración, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar y Danoso “expresan su enérgico repudio de esa maniobra mediante la cual se quiere acallar una tribuna literaria no conformista y destruir la obra de una intelectual que es honra para su país y para América Latina, y declaran su total solidaridad con Nilita Vientós Gastón.” El manifiesto incluye también una exhortación “a los intelectuales y escritores latinoamericanos a negar sus colaboraciones a Asomante, en caso de que esa revista pase a poder de los enemigos de la cultura y de la independencia de Puerto Rico.”

El manifiesto de los grandes del “boom” circuló por toda América Latina. En Puerto Rico lo recogió la prensa y, además, se incluyó en un anuncio publicado en El Mundo, junto a otra declaración suscrita por más de treinta intelectuales y escritores puertorriqueños que incluía, entre otros, a Águedo Mojica, Arcadio Díaz Quiñonez, Margot Arce, Luis Rafael Sánchez y Flavia Lugo de Marichal.

Aquel llamado de los grandes del “boom” literario latinoamericano a repudiar a “los enemigos de la cultura y la independencia de Puerto Rico” vuelve a resonar gracias al nuevo libro y es ahora tan vigente y necesario como lo fue en aquel momento.

Por Cándida Cotto/ CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Que la recuperación va lenta no es secreto para nadie, solo que a seis años del paso del huracán María por el archipiélago de Puerto Rico, la falta de mano de obra, la burocracia, las políticas públicas erradas, la corrupción y la Junta de Control fiscal (JCF), lo que continúa siendo el factor que ha obstaculizado el  proceso de recuperación es la desconfianza.  

Para el economista Heriberto Martínez Otero, los obstáculos que entiende han impedido  la recuperación son cuatro importantes. Uno, lo relacionado estrictamente con condiciones económicas al interior de Puerto Rico más los vinculados al tema de la burocracia, que describió como los cuellos de botella de la política pública.

En lo relacionado con lo macroeconómico, está el asunto de la fuerza de trabajo. “La reconstrucción con la cantidad de dinero que hay disponible para realizarla requiere una mano de obra abundante en el tema de la construcción”; pero reconoció  que por nuestra  condición política no se tiene  la facilidad de decir que se van a traer trabajadores de fuera del país.

Por otro lado está la inflación provocada por el impacto que ha habido a partir de la pandemia. Sin embargo, subrayó que desde el punto de vista de la política pública “hemos encontrado que tanto FEMA como COR 3 (Oficina central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia) se han convertido en cuellos de botella, que lo que han hecho es retrasar el análisis de los proyectos, cuáles son los viables y cuáles son los fondos a asignar”.

El economista añadió a que a eso se le suma la desconfianza de las esferas federales en el Gobierno de Puerto Rico. “Eso ha sido una cosa constante presente en los últimos años”. A propósito de ello, no dejó pasar por alto los casos de las contrataciones de las empresas de Cobra y White Fish para trabajos de reparación de la AEE luego del huracán.

A esa capa burocrática, dijo, se le puede añadir la JCF debido a que básicamente para hacer cualquier cambio en el presupuesto primero tiene que hacerlo la Oficina de Presupuesto y Gerencia y luego enviarlo a la JCF para que lo avale. 

“Esos son  los aspectos principales por lo cual la reconstrucción ha tomado seis  años y todavía el 77 % de los fondos para la reconstrucción no han sido desembolsados. Solo el 23 % de los fondos federales se han utilizado para la reconstrucción, señaló Martínez Otero. 

De todos los aspectos que incluye la recuperación, el sistema de energía eléctrica es el más importante, indicó, porque no hay posibilidades de desarrollo económico en ningún país si no se tiene un sistema eficiente, estable y que no represente una carga onerosa para las familias trabajadoras y los sectores empresariales.

Para Martínez Otero, los acontecimientos políticos a partir de la gobernación de Ricardo Rosselló, la poca transparencia, los escándalos de corrupción, entre ellos, el de la entonces secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y otras acciones nebulosas en el Gobierno afectaron las expectativas de que se podrían recibir entre  $15 a $16 mil millones anuales para el proceso de reconstrucción. No obstante, en estos momentos la parte más importante del problema es que no hay suficiente mano de obra para llevarla a cabo. Y mientras tanto, sigue pasando el tiempo y aumentado la inflación y esa inflación se come el poder adquisitivo de esos fondos federales.

Pocas las alternativas de vivienda

“Es obvio que la recuperación no ha seguido el ritmo que se esperaba o que se aguardaba, o sea, una recuperación justa para la gente que está en proceso de esperar una casa”, expresó la licenciada Adriana Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), entidad no gubernamental que desde el momento en que pasó el huracán ofrece servicios a personas y comunidades con problemas de vivienda.

Esta señaló que a los obstáculos impuestos por el Departamento de la Vivienda (DV), como ocurrió al inicio de la asignación de fondos, “seguimos viendo que le corresponde al propio DV levantar los obstáculos que ellos mismos han puesto para que el proceso se siga retrasando”. En ese entonces, el DV les exigió título de propiedad a las personas afectadas (lo que no era requerimiento de FEMA) a sabiendas de que iba a tener un impacto en quienes ya habían sido excluidos por FEMA, que les prohibió acceso debido a una a mala interpretación de la ley.

En términos del DV denunció que en  estos momentos lo que están viendo desde ALPR es que la reubicación de familias que no pueden vivir en los lugares donde estaban va lenta. Esta lentitud responde a que el DV no ha creado mecanismos ágiles para que la gente que necesita ser reubicada lo pueda hacer. Precisó que de unos 2,500 vales de ubicación que se han distribuido de hasta la suma de $200 mil, solamente unas 234 personas han conseguido cerrar una compraventa.

Según denunció, los obstáculos que enfrentan esas familias para poder reubicarse son el discriminen por parte de corredores de bienes raíces y el que el DV no facilita  que los cierres de hipotecas se den de manera ágil. Trajo a la atención como dato importante que tampoco el DV ha sido proactivo en diseñar estrategias, y ahora mismo, a lo que está apostando es a las construcciones de Law-income Housing Credit,  rentas contributivas que básicamente lo que hacen es dar  incentivos a desarrolladores para que construyan viviendas  de interés social. Observó que lo que hace ese incentivo es apostar no solo a nueva construcción, sino a mover a dueños  de propiedades a ser inquilinos del Estado con muy pocas protecciones y subvencionar la inversión del desarrollador, que por 30 años tiene el compromiso de mantener la vivienda asequible.

Aclaró que no es que el DV está moviendo a las personas que eran propietarias a esas viviendas de Law credit, sino que lo que ha hecho Vivienda es mover el dinero del programa de R3, es decir la asignación de los fondos CDBG-DR, al programa de Housing Credit. Los fondos CDBG-DR  de $1,500 millones fueron asignados en el 2019 para reubicación de comunidades.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal indicó que Vivienda no le está diciendo  a la gente que se mueva a este programa, pero dijo que el Housin Credit sí es el programa que está usando al DV para construir nueva vivienda. Añadió que hay la preocupación de que no se cuenta con una respuesta de lo que va a pasar con la vivienda a  largo plazo porque el compromiso del desarrollador es de mantener la vivienda asequible por 30 años.

Ante esta situación, desde Ayuda Legal  y otras organizaciones se le está  haciendo un llamado al Gobierno para que  permita que parte del vale para la reubicación se utilice para que las personas puedan pagar de manera parcial la reparación de la vivienda. Esto permitiría que  la gente pueda utilizar viviendas que están en desuso haciendo una inversión, siempre que sea razonable, conforme a los códigos que exige el Gobierno federal para que esa vivienda sea habitable.

Mientras, personas que han logrado obtener una vivienda de las financiadas por el DV se están quejando de que una vez se entrega la vivienda, están teniendo problemas con la calidad de las reparaciones. La directora de ALPR adelantó que el tema de las garantías es uno que va estar en boga en los próximos meses, y quizás años, por lo que planteó que es  importante que el Gobierno publique auditorias sobre las compañías que se están encargando de esos trabajos, porque todavía no las han  visto.

Hace un mes, Ayuda Legal llevó a cabo su 5.⁰ Encuentro de Recuperación Justa, en el cual participaron organizaciones comunitarias de casi todo Puerto Rico, incluidos Vieques y Culebra. Sobre el particular, la licenciada Godreau Aubert comentó que el sentimiento que afloró es que hay un sentido de fracaso y desilusión  con todo el proceso de recuperación. Uno de los temas que dijo hay que trabajar es el la recuperación a la luz de la justicia climática; en  particular, con lo que tiene que ver con la reubicación de personas que viven en áreas inundables; que se sea sensible a los intereses de las comunidades, en particular, de las empobrecidas; pero a su vez  trabajar con  lo que tiene que ver con amenazas climáticas.