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Rotundo No a las escuelas Alianzas en el casco de Río Piedras

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Sin la carta de certificación del Departamento de Educación (DE), sin permiso de uso de parte del Municipio de San Juan (MSJ), con toda una comunidad en contra, la corporación Paradiso College Preparatory, está operando como escuela chárter desde el 16 de agosto.

La situación fue denunciada por la Junta Comunitaria de Río Piedras, cuyo rol facultado por la ley (ley 75 -95) es el de velar y garantizar la participación ciudadana en los procesos de rehabilitación del casco urbano de Río Piedras. La Junta Comunitaria, en comunicado de prensa suscrito por su presidenta Jackie García y el vicepresidente Channiel Peñaloza, demandaron del Municipio de San Juan y de la secretaria del DE, Yanira Raíces Vega, a que cumplan con las leyes y no permitan que a padres y madres de la comunidad de Río Piedras se le creen falsas expectativas sobre el derecho a la educación de sus hijos e hijas.

Los denunciantes revelaron que el pasado 3 de agosto de 2023, la Junta Comunitaria y el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, le comunicaron al representante de la corporación, al Municipio y al DE que, como resultado del proceso de consulta requerido por la ley que faculta a las escuelas “alianzas”, la comunidad riopedrense se opone a la instalación de las Escuelas Alianzas en el Casco Urbano de Río Piedras. Los argumentos esbozados fueron, entre otros, el incumplimiento de procesos de consulta de ubicación y construcción para establecerse en Río Piedras. Las comunidades afirman que su interés es dirigir los esfuerzos de la Ley 75 a lograr que las escuelas públicas de la Zona de Planificación Especial de Río Piedras reciban la atención necesaria.

La ubicación de la citada escuela chárter, en la esquina de la Avenida Ponce de León, frente al conocido edificio La Torre, está a pasos del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), de la Escuela Superior Vila Mayo, y de la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera, en la calle Robles. Si contamos la escuela UHS de la UPR, hay tres escuelas públicas que ya ofrecen los mismos grados que la citada escuela chárter. Otras escuelas públicas en el área de Río Piedras son la Vocacional Miguel Such y la República de Colombia. La Paradiso College -según se anuncian- ofrece los grados de quinto a octavo. Claridad obtuvo información de que se supone que cada año el estudiante sube al próximo grado hasta llegar al cuarto año de escuela superior, pero la escuela no anuncia que tiene esos grados. Los grupos son de 18 a 20 estudiantes, lo que contrasta con la imposición del DE a sus escuelas de que los grupos son de 25, en ocasiones más.

La Junta Comunitaria reveló que el MSJ les confirmó que Paradiso College Preparatory LLC no cuenta con permisos de uso para operar, ya que la propiedad está clasificada CT3, lo que quiere decir comercial turístico intermedio y se requiere de un proceso de consulta de ubicación y una vista pública, lo que no ha ocurrido. Esta clasificación no permite el uso de institución escolar, universidad, escuela o escuela chárter. La corporación con el nombre Paradiso College Preparatory está inscrita cuatro veces en el Departamento de Estado; una como escuela, otra como propietaria y administradora de escuelas, otras dos como bienes raíces. CLARIDAD confirmó que las cuatro corporaciones están inscritas como unas con fines de lucro. Las corporaciones están registradas a nombre de un Roberto Acosta.

En tanto el vice presidente de la JC compartió que madres de niños de Educación Especial le expresaron su preocupación de que después de haber matriculado a sus hijos, les llamaron y les informaron que sus hijos/as no podrían asistir a la escuela porque no contaban con el servicio de terapias para estudiantes de educación especial y asistencia para quienes lo necesitan.

Desde febrero de este año la Junta Comunitaria dio la voz de alerta sobre el establecimiento de la escuela chárter. La JC denunció que la corporación Paradiso College Preparatory ha estado relacionada con la inversionista Kira Golden a través de Brenton Nevares, quien es miembro del equipo de trabajo e incorporación de PCP. Brenton Nevares es a su vez miembro e incorporador de algunas de las cinco corporaciones PR Flips registradas en el Departamento de Estado, corporación de Kira Golden conocida por comprar y desarrollar hospederías de alquiler a corto plazo (Airbnb) en Puerto Rico y últimamente en Río Piedras. También es la propietaria original de los edificios donde serán instaladas las cuatro escuelas de esta corporación en Río Piedras.

Parte de la agenda de desplazamiento

El vice presidente de la Federación de Maestro (FMPR), Edwin Morales, reaccionó a CLARIDAD sobre el establecimiento de la escuela, el que eso es parte de una agenda premeditada que está ligada al desplazamiento de la comunidad de Río Piedras. “Esta persona trabaja con las bienes raíces y además de privatizar la educación con este modelo de negocio lo que busca es aumentar el valor de las viviendas para beneficiar a las personas que representa inversionistas de la Ley 60”.

Compartió que tuvo la oportunidad de reunirse con maestros de las escuelas Vila Mayo y Colombia, quienes le expresaron preocupación porque la escuela chárter les quite su matrícula y por ende se cierren ambos planteles. Apuntó a que el hecho de hacer una escuela en una zona que no tiene esa clasificación, después de nueve consultas en las que la comunidad rechazó la escuela evidencia “que a esa persona no le importa lo que dice la comunidad es obvio que es otro interés el que lo motiva”.

El vicepresidente de la FMPR trajo señaló y cuestionó el que la escuela pueda estar operando sin tener la carta constitutiva del DE, la cual también se requiere para adquirir los seguros de responsabilidad pública sin los cuales tampoco podría operar.

En entrevista por separado el presidente de la Asociación de Maestros (AMPR), Víctor Bonilla, reafirmó la oposición de dicho grupo magisterial a las escuelas alianzas, que es el eufemismo que usa el DE para las escuelas chárter. Señaló que la escuela Vila Mayo, fue una de las visitadas por la AMPR al inicio de este año y se encontró que es una escuela que se había trabajado y aunque faltan algunas áreas por trabajar, la escuela está lista para recibir estudiantes. “Los maestros estaban sumamente preocupados por la apertura de esa escuela chárter, podemos decir que está casi en el patio de la Vila Mayo”.

Precisó que le informaron que la matrícula de la escuela para este año había bajado, a alrededor de 240 a 260 estudiante y según entendía la directora del plantel, algunos de los estudiantes que tenían que estar en la escuela los había absorbido la escuela chárter. Resaltó que las escuelas chárter tienen un efecto dominó porque le cierra plazas a los maestros preparados y los deja fuera del sistema público, defendió que la escuela Vila Mayó tiene unos ofrecimientos extraordinarios. El presidente de la AMPR igual apuntó a que la escuela Paradiso no tiene una certificación para poder abrir.

Bonilla indicó que todavía la Asociación no había tenido la oportunidad de plantearle a la secretaria del DE su posición respecto a las escuelas chárter, pero van a estar muy pendientes. Para ello, dijo, han solicitado que se les incluya en el Comité Ejecutivo IDEAR con tres pilares en mente; uno, que no se aumenten las escuelas “alianzas” más allá de lo que dispone la ley; dos, hacer una investigación sobre el uso de los vales educativos y tercero la negociación colectiva.

CLARIDAD ha tratado de comunicarse con el DE pero no ha tenido respuesta de su oficial de Prensa Alexis Ramos.

 

 

 

 

 

 

Los Fachas no pasaron

 

 

CLARIDAD

La historia es un proceso de avances y retrocesos, pero cuando se produce un empujón hacia atrás de ordinario no se anula por completo el camino andado. Por eso avanzamos. En ocasiones, sin embargo, el retroceso es grande y el costo enorme. Eso ocurrió en Europa durante tercera y cuarta década del siglo XX, como consecuencia del fascismo y el nazismo. Tras el proceso democrático y revolucionario que siguió a la Primera Gran Guerra, el extremismo de derecha apareció y dominó el continente. El costo que esos movimientos representaron para la humanidad fue tan grande que todavía no tenemos una idea certera del mismo. Países enteros quedaron arrasados, comunidades étnicas, como la judía, casi desaparecieron y en uno solo de los estados destrozados, la URSS, la cifra de personas muertas superó los veinte millones.

Tras esa terrible experiencia, pocos pensaron que aquellas ideologías extremas, montadas sobre el exclusivismo racial y el nacionalismo de conquista, pudieran aparecer otra vez como fuerza amenazadora. Sin embargo, la realidad de los últimos años nos indica otra cosa, particularmente en la misma Europa que las creó hace 90 años. En país tras país, el extremismo de derecha está alcanzando el poder de forma directa o en alianza con partidos menos extremistas. En Italia, con Giorgia Meloni como figura principal, los descendientes de Mussolini ya controlan el gobierno, mientras que en Finlandia, dominan siete ministerios. En Austria las encuestas colocan en la delantera a un mal llamado “Partido de la Libertad” para las elecciones del próximo año, y en Alemania los neonazis del AFD ganaron recientemente una elección regional y por primera vez se ubican como una de las principales fuerzas políticas. Mientras tanto, en Francia los dislates del gobierno de Macron le pavimentan el camino a Marine Le Pen.

Una vez más, el odio hacia determinados grupos étnicos, en esta ocasión la constante llegada de inmigrantes alimenta el crecimiento de estos movimientos. Igual que el nazismo con los judíos, se inventan consecuencias apocalípticas como resultado de la inmigración para intentar justificar su odio y buscar apoyo popular fundamentado en el miedo. También enfilan sus cañones contra los avances del feminismo, los derechos de la comunidad LBJTT y la diversidad nacional que se manifiesta en áreas del viejo continente.

Hasta hace poco esos retrocesos que se dan en Europa parecían indetenibles. Por eso desde el resto del continente miraron con mucha aprehensión hacia España cuando el gobierno del socialista Pedro Sánchez optó por convocar elecciones adelantadas para el pasado 23 de julio. “Europa necesita que la apuesta de Sánchez salga bien”, decía un editorial del diario británico The Guardian publicado semanas antes de las elecciones de julio. La constitución y legislación española (y de la mayoría de los países europeos) facultan al ejecutivo en funciones a tomar una decisión de ese tipo, que podría implicar reducir su mandato o, si sale bien, expandirlo por otro término.

La decisión de Sánchez, jefe de gobierno y presidente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se anunció luego conocerse el resultado de las elecciones regionales o autonómicas celebradas el 28 de mayo. Con pocas excepciones, particularmente las de Cataluña y País Vasco, el 28M demostró que tanto la derecha representada por el Partido Popular, como el extremismo franquista que se concentra en Vox, estaban ganando terreno en España. En casi todas las comunidades autónomas la suma de los escaños conseguidos por ambas formaciones sumaba la mayoría absoluta, permitiéndoles controlar los gobiernos regionales. Hasta en regiones tradicionalmente dominadas por el PSOE, como Extremadura, se produjo el mismo resultado, aunque allí los socialistas siguieron siendo el partido más votado. Con el resultado del 28 de mayo se anunciaba en España la misma tendencia que ya recorría Europa y Sánchez optó por intentar detenerla ahora porque en diciembre tal vez sería muy tarde.

Cuando los españoles fueron a las elecciones anticipadas el 23 de julio ya habían transcurrido casi dos meses de las regionales de mayo y en casi todas las comunidades se habían constituido los gobiernos de la coalición PP-Vox. Desde semanas antes de la cita electoral empezaron a conocerse algunas de las acciones de estos entes regionales que retrataban la cara real, no retórica, del extremismo franquista. La censura literaria, desconocida desde hace cuarenta años, apareció en un municipio, mientras que en casi todos los lugares se manifestaron acciones contra inmigrantes, la limitación de derechos a la comunidad LBJTT, el discurso que niega la violencia machista y promueve el sometimiento de la mujer. De igual manera, cobró fuerza el discurso que pretende negar la realidad multinacional española para abrirle paso a la uniformidad al trágala del franquismo.

En ese ambiente se celebraron las elecciones del 23 de julio. Las encuestas anunciaban que aun adelantando elecciones la tendencia de Europa se repetiría en España, pero como ya sabemos, no ocurrió. A pesar de que todavía está por delante un difícil proceso de negociación que permita repetir el gobierno progresista del último cuatrienio, la extrema derecha fue detenida impidiéndoles que puedan formar gobierno junto con el PP. Ahora mismo las opciones son que se mantenga el actual gobierno progresista, lo que parece probable, o nuevas elecciones.

La “apuesta” que mencionaba el editorial de The Guardian le salió bien a Sánchez para alivio de muchos, pero la amenaza del nuevo fascismo sigue planeando sobre Europa.

Mirada al País-Desgobierno

 

Especial para CLARIDAD

Se viven, aquí y en todo el mundo, “tiempos revueltos”. Son muchos los males que coinciden en estos tiempos. Baste mencionar el calentamiento global, la pandemia, las continuas guerras, la violencia generalizada, las interrupciones en las cadenas de suministros, la inflación en precios, la desigualdad socioeconómica, la pobreza, el desamparo… Todo esto, y mucho más, se traduce en inseguridad, en incertidumbre. Siempre hace falta un gobierno efectivo, pero si en algún momento se ha hecho patente tal falta es justo ahora. En estos “tiempos revueltos” es dominante la transición del gobierno al desgobierno. Desde hace ya varias décadas todo parece ir de mal en peor.

El gobierno tiene, como mínimo, la indelegable responsabilidad de garantizarle a la ciudadanía una infraestructura física y social adecuada. La primera se resume en servicios vitales como los del agua y la luz así como los correspondientes a la transportación (redes de calles y carreteras) y al necesario albergue; la segunda está encabezada por la salud, la educación, el orden público y la seguridad social. Esto, huelga recalcarlo, tiene que apoyarse en una buena estructura de tarifas y en un justo y amplio sistema tributario.

Demás está decir que hay diferentes formas de organizar el descargue de tales servicios. La diversidad de resultados es igualmente abundante. En los muchos países de este mundo hay ejemplos que se pueden juzgar positivos, ejemplos a seguir; y también  hay ejemplos notoriamente negativos, ejemplos que no se deben imitar.

El espectro de posibilidades organizativas en la prestación de los servicios públicos es extremadamente amplio y complejo. No obstante, puede reducirse a dos modelos: agencias y corporaciones públicas organizadas para tales efectos o empresas privadas especializadas y debidamente reguladas en función de salvaguardar el interés público. Adviértase que en ambos casos el papel del gobierno es clave, ya sea como productor o como regulador.  Desafortunadamente, el neoliberalismo – la doctrina política de mayor alcance global en estos “tiempos revueltos” – impugna ambos modelos.

El neoliberalismo postula el protagonismo de la empresa privada inscrita en un mercado autorregulable. La fuerza motriz en tal orden es el lucro. El entusiasmo de sus portavoces es tal que en ocasiones se refieren a la propiedad privada como algo “sagrado”. La “libertad” a la que se refieren es a la del empresario, para que haga y deshaga a gusto y gana a nombre del sacrosanto “empresarismo”. Olvidan, convenientemente, que el mercado es una institución social, con su cuota de defectos, y no una deidad.

A la luz de tal ideario no resulta sorpresiva la oposición de los neoliberales – Junta de Control Fiscal, líderes del bipartidismo gobernante, organizaciones empresariales, consultores – al modelo en que las agencias y corporaciones públicas juegan un papel protagónico. Favorecen, claro está, al espacio privado sobre el público, a lo individal sobre lo común, a la competencia sobre la solidaridad. Pero también se oponen al modelo, aunque con menos saña, de las empresas privadas debidamente reguladas. Para ellos la gula no debe tener riendas. Debe estar abierta a la cacería de rentas: ganancias excesivas a base de contratos leoninos, de subsidios y exenciones tributarias, de incumplimiento de órdenes, de degradación ambiental, de privilegios monopolistas, de creatividad contable, de subterfugios jurídicos, de manipulación de precios… Por lo tanto, son los campeones de la desregulación, es decir, del desgobierno.

El desgobierno – eso sí, con presupuesto – es lo que impera en Puerto Rico. Por un lado, se torpedea al espacio público y, por el otro, se la abre el camino a la “libertad” del espacio privado. Basta ver la experiencia con servicios como el de energía eléctrica para apercibirse de esto. Los hoyos en las carreteras – no olvidemos al puente atirantado – resultan emblemáticos. Al descuido con la infraestructura física se añade la tragedia de la infraestructura social. El desastre en los campos de la salud y de la educación es vergonzoso. Los cazadores de rentas se tragan sus presupuestos. A esto hay que sumar el desmantelamiento de la seguridad social (planes de retiro). En fin, no se trata únicamente de privatización, sino de la más descarada claudicación de la gestión gubernamental.

 

 

 

 

 

 

 

 

Huelga sindical de la UPR concluye tras cumplimiento de reclamos

 

 

 

CLARIDAD

La administración universitaria garantizó los aumentos y beneficios que el gremio exigió el pasado febrero.

 El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), David Muñoz Hernández, declaró el fin del proceso huelgario de la colectividad el viernes 18 de agosto, al “lograr el cumplimiento de todos los reclamos que exigían, producto del acuerdo de febrero”.

El portavoz del gremio agradeció, en declaraciones escritas, el apoyo de los distintos sectores de la comunidad universitaria durante la manifestación, que tuvo al Recinto de Río Piedras como epicentro. Igualmente, detalló los tres acuerdos concertados con la administración universitaria.

“Efectivo el 30 de agosto del presente, los trabajadores del Sindicato, a quienes corresponda el ajuste salarial, recibirán el retroactivo [salarial] de $8.50 por hora, que data del 2021 al 2022”, citan las expresiones oficiales del organismo representativo. El pago se desembolsará en una nómina especial a cerca de 1,000 empleados de mantenimiento y planta física, de acuerdo la organización sindical.

Por igual, el segundo acuerdo detalla que, a partir del 1 de septiembre, el salario de los empleados beneficiados será ajustado a $9.50 por hora, acompañado por un cheque retroactivo de julio pasado.

“En lo referente al plan médico, el Sindicato continuará el proceso legal que, al presente, está para la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico”, agregó el grupo sindical.

La huelga comenzó el miércoles, 16 de agosto, en los portones del Recinto de Río Piedras. Al día siguiente, el juez superior del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas, prohibió la obstrucción de las entradas de la UPR.

Durante la noche del miércoles, el grupo sindical accedió a la orden del Tribunal. No obstante, insistió en que el proceso huelgario no cesaría hasta que la Universidad, que anunció una serie de propuestas para el gremio, identificara “otra alternativa para la consideración del Sindicato”.

Los trabajadores del Sindicato reanudarán sus labores el próximo lunes, 21 de agosto.

Representantes de la comunidad universitaria culpan a la gerencia institucional

En entrevista con CLARIDAD, Jannell Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), atribuyó el descontento de los empleados del sistema universitario al desempeño inconsistente de la administración.

“A mí me parece que aquí el gran culpable de lo que está pasando es, simplemente, la administración universitaria con el hecho de no cumplir su palabra, de no tener una comunicación abierta con los gremios, de tomas decisiones unilaterales y ultraviles en algunos momentos, como está pasando con el Sistema de Retiro”, denunció Santana.

Asimismo, ejemplificó su argumento con la petición del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, que propone cerrar el Sistema de Retiros al 1 de agosto. Este fondo para empleados jubilados está protegido bajo un acuerdo fiduciario.

“Vemos aumentos en las matrículas, situaciones precarias en los servicios para estudiantes porque no hay convocatoria. Vemos personas que están haciendo [ocupando] tres o cuatro puestos porque no hay un reclutamiento. Al no haber dinero, parten la soga por lo más finito”, afirmó la portavoz de la Hermandad. También, Santana tildó a la gerencia institucional como “callada” ante las presiones presupuestarias impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Es bien fácil echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, vemos cómo, en algunas instancias, uno logra enfrentar y aprobar sus peticiones con la Junta. La universidad, aparte de que no se comunica bien con la Junta, nunca expresa los reclamos”, indicó Santana.

De la misma forma, amplió en cómo la propia administración ha hecho un trabajo detrimental para la comunidad universitaria, como cuando se presentaron los controvertibles planes fiscales de Walter Alomar y Darrell Hillman, quienes presidieron la Junta de Gobierno y la Universidad, respectivamente. Entre otras cosas, los planes esbozaron aumentos de matrícula y ajustes a presupuestos menores.

“El problema es que la Universidad se ve como un gasto y no como una inversión”, aseguró la presidenta del gremio.

Por último, cuestionó que, si bien no hay fondos para contratar más empleados, ¿cómo la universidad aumenta el gasto de nómina continuamente?

 

 

 

 

A un año de Gustavo Petro y Francia Márquez, Colombia tiene esperanza

 

 

Especial para CLARIDAD

 

A un año del mandato de Gustavo Petro en Colombia, la mayoría se enfoca en los problemas políticos, los escándalos y las promesas pendientes, pero debemos hablar de los avances de su ambiciosa agenda para erradicar la desigualdad social y económica. Ante los fuertes temores de diferentes sectores políticos y económicos que vaticinaban inestabilidad y fuga de capitales, que se perderían empleos, que subiría el dólar y que sería la debacle económica, sucedió lo contrario, en materia económica se redujo la inflación, disminuyó el desempleo, y los capitales no se han ido. A eso se une los avances de sus políticas sociales para erradicar la desigualdad social y económica, que se han logrado en un año, sembrando esperanza. Para mi el primer acierto, es su Vice presidenta, Francia Márquez, mujer, negra y con gran liderato en materia social que opaca las dificultades en el manejo de su gabinete, los líos políticos y jurídicos de algunos de sus funcionarios.

Los logros de Petro y Márquez en políticas sociales y económicas podemos agruparlas en: Acciones por el derecho a la tierra, por el derecho a la educación, por el derecho de las mujeres, los acuerdo de paz y la búsqueda de paz, por el derecho a la alimentación, por derechos ambientales y por la seguridad humana. Además de una ambiciosa reforma tributaria que puso a pagar más impuestos a los grandes capitales, erradicando los excesivos subsidios a la gasolina y a las pensiones altas en busca de reducir el déficit fiscal. Si bien es cierto que no ha logrado el consenso para las reformas en el campo de la salud y lo laboral (que son muy importantes), resaltar lo que sí ha logrado ayuda a entender su programa abarcador en este año. Recordando que no es fácil gobernar un país que tiene el hostigamiento de 7 bases militares de EEUU en su territorio, el crimen organizado y una élite política y económica fiel al anterior gobierno que controla la Justicia, que le han hecho la guerra y buscan cualquier desliz para acusarlo – financiación ilegal de la campaña – y hacer un golpe blando por medio del concepto en inglés del “lawfare” o guerras jurídicas.  Las élites no perdonan el que la elección de Petro rompió con la hegemonía del centro-derecha, una brusca alteración de los sistemas de dominación del bloque oligárquico.

Los logros en materia social señala una agenda en la lucha contra la desigualdad y la búsqueda de equidad social y económica, donde es significativo el aumento de inversiones sociales en bienestar de la sociedad (focalizó las transferencias sociales), educación, salud, vivienda y agricultura. Un logro significativo es la creación del Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez. Es un ministerio orientado al desarrollo de política pública para mujeres, jóvenes y grupos étnicos, los excluidos del sistema ahora son visibles y con poder para diseñar políticas públicas inclusivas y que los tomen en cuenta. Se transformó y focalizó las transferencias sociales, de la renta mínima vital mensual para madres cabeza de hogar con niños menores de 18 años, la renta que también se otorga a las familias para erradicar el hambre, además del Programa de Alimentación Escolar en las zonas de crisis climática. Aumento en el presupuesto de educación. Para los estudiantes universitarios, la condonación de la deuda con intereses en los préstamos con el ICETEX (estatal) y la Ley de Matricula Cero, vuelve a tener matrícula gratis en la educación superior estatal desde junio 2023. El aumento del Presupuesto para la agricultura, “las familias campesinas, comunidades negras e indígenas” recibieron los títulos de formalización de tierras y la creación de 4 Zonas de Reserva Campesina, además del “reconociendo al campesinado como población sujeta de derechos y de especial protección, igualando los derechos reconocidos para las poblaciones étnicas”.

En materia de seguridad modificó el énfasis en la lucha contra la economía del narcotráfico, eliminando la fumigación con glifosato sobre los cultivos de coca, que afectaban la salud del campesinado y deterioraban la flora y la fauna.

En materia ambiental hay que destacar que su plan para proteger la Amazonía a través de pagos al campesinado y a las comunidades indígenas para convertirlos en una fuerza regeneradora de la selva. La entrada de Colombia al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para la protección del medio ambiente. En la Cumbre Amazónica, propuso crear un organismo que defienda la selva, un “tribunal de justicia ambiental” con el fin de proteger a la selva amazónica de la expansión de las redes de narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico, la violencia contra los indígenas, entre otros crímenes ambientales.

Todas estas acciones enfrentan la política de odio y rechazo hacia los pobres -aporofobia- de las élites, que sienten con desagrado el que se hagan políticas públicas de materia social para la igualdad y equidad social.  Recienten tener que pagar impuestos y no recibir los favores políticos y económicos, en cambio se dedica recursos públicos en ayudar a los desaventajados y hacer justicia.

La parte más difícil que enfrenta es la capacidad de gobernabilidad por diversas situaciones legales que le llevará a estar a la defensiva la mayor parte del tiempo en vez de gobernar con eficacia y hacer avanzar su programa de reformas urgentes y la agenda social. Además de enfrentar una oposición unida y radicalizada que no permitir que sus propuestas de cambio se lleven a cabo, una judicatura que responde a gobiernos anteriores y el no tener mayoría en el Congreso. También hay retos en lo económico y lo social, mantener los indicadores favorables ante panoramas inciertos en la economía, en lo social tendrá que mostrar resultados contundentes en disminución de la pobreza, la equidad y justicia social y no sea boicoteados por las élites. A esto se unen dos problemas: en lo político se avecinan las elecciones regionales de octubre donde la oposición lidera las encuestas, y la dificultad en mantener la paz total.

Colombia un país abusado por la violencia durante décadas, estos cambios políticos, económicos, ambientales y sociales lleva la esperanza de que se puede cambiar y gobernar para el pueblo y con el pueblo con inclusión y justicia.