Mirada al País: El huracán gobierno

 

Especial para CLARIDAD

 El pasado 18 de septiembre de 2022, a pocos días de rememorar cinco (5) años del azote del huracán Maria a nuestro país, se comenzó a sentir la llegada del huracán Fiona, que se había catalogado inicialmente como tormenta tropical, pero que al llegar a nuestras costas ya se había convertido en un huracán categoría Uno.  Fiona fue un fenómeno atmosférico que trajo mucha lluvia a toda la Isla, pero sus efectos se sintieron, principalmente, en la mitad sur, oeste y noroeste de Puerto Rico. Como siempre que nos amenaza un evento de esta naturaleza, existe la inminente preocupación de perder el servicio de luz. Esta era la prueba de fuego de la compañía Luma Energy, la que hace poco más de un año y tras la firma del contrato que suscribiera la ex gobernadora, Wanda Vázquez, con el veloz aval de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asumió formalmente la operación del sistema de transmisión y distribución del servicio de energía eléctrica. Previo a ello, a Luma se le hizo entrega de cerca de 168 millones para que se “familiarizara” con el sistema. La empresa, que ha sido objeto de múltiples críticas, no solo por su cuestionable experiencia en el manejo de un sistema eléctrico complejo como el nuestro y por su falta de personal para operarlo, sino por su pobre desempeño desde que fuera contratada, había asegurado a la ciudadanía que estaba preparada para enfrentar un huracán categoría Dos.  Al igual que Luma, el gobierno de Pedro Pierluisi le afirmó al País estar igualmente preparado para enfrentar el ciclón. Pronto advertimos el engaño. De hecho, antes de que se comenzaran a experimentar como tal, los efectos de Fiona, miles de ciudadanos comenzaron a perder el servicio eléctrico y en el primer día del huracán, el País sufrió un apagón total.

Tras el paso de Fiona por nuestra Isla, decenas de municipios quedaron a oscuras. Como consecuencia de ello, miles de abonados en todo el país, también experimentaron la falta de agua potable. Las copiosas lluvias provocaron grandes inundaciones, la destrucción de carreteras, puentes y residencias. Como era de esperarse, los sectores más empobrecidos fueron las víctimas de los efectos del huracán. Tal y como ocurrió luego del azote del huracán Maria, quedó al descubierto la enorme pobreza que arropa al país, que ha sido desatendida por los gobiernos que se han turnado en el poder. Innumerables sectores de nuestro pueblo experimentaban, nuevamente, la desdicha de perderlo todo. Ante este cuadro desolador para miles de hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas, se puso a prueba la capacidad del gobierno de Pedro Pierluisi de manejar, por primera vez, la respuesta y recuperación del país ante un evento como este.  Muy pronto se comenzarían a sentir los efectos del huracán gobierno liderado por Pierluisi, junto a decenas de funcionarios designados para enfrentar esa tarea.

A raíz del embate del huracán, las quejas de los alcaldes y alcaldesas, que son la primera línea de respuesta con la que cuenta la ciudadanía en sus respectivos pueblos, no se hicieron esperar. Los alcaldes de Comerio y de Utuado reclamaron, desesperadamente, que se les proveyera agua potable a sus municipios. El alcalde de Coamo hizo similar reclamo, no sin antes denunciar, que los generadores que bombean las plantas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), no habían sido abastecidos de diésel, combustible indispensable para poder ponerlos a funcionar ante la carencia del servicio de energía eléctrica.  Ante la falta del preciado líquido, los camiones cisterna brillaban por su ausencia en muchos sectores del país. En lugares de la zona metropolitana, donde los efectos del huracán fueron mínimos y no se derribaron postes ni cables del tendido eléctrico, la ciudadanía estuvo, cuando menos, seis días sin el servicio de luz y unos cuatro sin agua potable. En otros lugares donde se recuperaba el servicio de energía eléctrica, el mismo fallaba pocas horas más tarde, devolviendo a las comunidades a las penumbras y al desasosiego. Alcaldes como los de Isabela y Aguadilla, denunciaron que organizarían sus propias brigadas, a lo cual Luma respondió con amenazas de someter cargos criminales. Decenas de comunidades quedaron aisladas por las inundaciones, la destrucción de carreteras y puentes, lo que puso en riesgo la vida de sus residentes ante la incapacidad de lograr acceso a la ayuda necesaria y una vez más demostró la falta de atención a la infraestructura vial en muchos pueblos. Muchos refugios no estaban adecuadamente preparados para recibir a los evacuados. El gobernador Pierluisi, declaró que no hacía falta que se proveyeran suministros, demostrando así cuan ajeno está de la realidad de precariedad que viven miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Su falta de empatía ante el dolor de nuestra gente quedó evidenciada. Ante la pobre respuesta del gobierno, la sociedad civil, los lideres comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro asumieron, una vez más, la ingente tarea de rescatar y apoyar a nuestros compatriotas en todos los rincones del país, haciendo patente aquella máxima de que solo el pueblo salva al pueblo.

Para nuestros viejos y viejas, la situación hizo crisis, pues muchos(as) quedaron solos(as), desamparados(as), aislados(as). Ellos y ellas enfrentaron la posibilidad de morir ante la imposibilidad de recibir ayuda médica y abastecerse de agua, alimentos y medicamentos. Particularmente, en égidas y condominios del área metropolitana, muchos viejos y viejas quedaron a su suerte. La respuesta de agencias como la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada fue, no solo tardía, sino insuficiente. Algunos de nuestros adultos mayores enfrentaron la posibilidad de morir o enfermar gravemente, por no tener como operar sus equipos médicos ante la falta de energía eléctrica y no poder trasladarse a lugares más seguros.

Ante la ostensible inexperiencia y escasez de personal de Luma Energy, las quejas de ciudadanos(as), alcaldes y alcaldesas, se hicieron cada vez mas frecuentes. La promesa de que esta empresa, que se le vendió al pueblo como la opción para la restauración de nuestro sistema eléctrico y que nos garantizaría un servicio robusto y de calidad, se vino abajo ante la incompetencia desplegada en la respuesta al huracán. Diez días más tarde del paso del huracán Fiona, decenas de municipios aun tenían más de la mitad de su gente sin servicio de energía eléctrica y algunos municipios, como Lajas y Guánica, seguían totalmente a oscuras. Luma fracasó, constantemente, en las métricas prometidas de restablecer el servicio. A pesar del malestar generalizado con el desempeño de Luma Energy y de los reclamos de muchos ejecutivos municipales y de la propia ciudadanía, de que el contrato con esta empresa debe cancelarse, el gobernador Pierluisi, ha sido su más férreo defensor, negándose contumazmente a aceptar, no solo que el contrato con Luma Energy es leonino y gravoso para el país, sino que Luma no da pie con bola y que, únicamente, busca amasar el botín que representa recibir la friolera de $1,500 millones de dólares por 15 años, más otros beneficios y bonos igualmente millonarios. Ha quedado demostrado que ni Luma ni Pierluisi dan el grado y que no han venido a servir, sino a servirse. La indolencia con la que han actuado y la ineptitud demostrada ante la emergencia acaecida como secuela del paso de Fiona, nos ha expuesto a los efectos del huracán gobierno, que ha puesto en riesgo la vida y la salud mental de miles de compatriotas. Es hora de exigir que acabe el abuso.

La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista.

 

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