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Un País en la oscuridad

Por
candida-cotto
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Foto Alina Luciano

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

No hay explicación técnica para que el país completo se haya quedado a oscuras tras el paso del huracán Fiona, mucho menos para que a más de cinco días todavía haya pueblos enteros sin el servicio. Entrevistados por CLARIDAD atribuyen la situación, no al evento atmosférico, sino a una empresa que no tiene ni la experiencia ni el personal necesario, que subestima los daños que puede ocasionar un evento de la naturaleza de una tormenta o huracán y a una política pública errada: la privatización sin supervisión.

Para presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa Jaramillo, no se puede utilizar el impacto del paso de Fiona, huracán categoría 1, como una razón para que el país entero se haya quedado sin luz. Este relató que si se mira el historial de los huracanes desde Hugo en el 1989, solo en dos ocasiones ha ocurrido que el país se ha quedado el 100 por 100 sin servicio. La primera vez fue en el 2004, con la tormenta Jeanne, que sin la tormenta haber tocado al país el Gobierno decidió apagar el sistema; por lo tanto, no fue el efecto de la tormenta. La segunda vez fue María, un huracán categoría cuatro. Antes de María, el huracán que más porciento de personas dejó sin servicio eléctrico, el 96 %, fue George, en el 1998, que cruzó a Puerto Rico de un lado a otro con vientos de 115 millas por hora.

En el caso de Hugo, que impactó el lado este el país, el área sur y oeste se mantuvo con servicio. Es por eso que Figueroa Jaramillo insiste en que no hay una explicación técnica para que con el paso de Fiona todo el país se haya quedado sin luz.

A menos que LUMA presente una explicación coherente de por qué se apagó el país   —la cual no ha presentado—, no hay razón técnica para ello, añadió. Inclusive, se puede separar el norte del sur para efectos de que el sistema no se apague, debido a que cuando el sistema se apaga 100 % el problema es que para volver a prenderlo sí se tarda casi dos días, observó.

Al afirmar que LUMA no estaba preparada para enfrentar el huracán que pasó (ni de ningún otro), trajo a la atención la revelación hecha por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, de que los pilotos de la Unidad de Operaciones Aéreas de LUMA no están certificados y que su jefe renunció en medio de la emergencia. Esa unidad cuenta con cuatro helicópteros que le fueron traspasados de la Autoridad de Energía Eléctrica a LUMA con la privatización. Figueroa Jaramillo dijo que se supone que estos pilotos tienen que estar certificados por la Administración Federal de Aviación (FDA, siglas en inglés), por lo que la falta de esta certificación no permitió que LE sobrevolara las líneas de transmisión de inmediato luego del huracán. Según reveló Acevedo Vilá, esta tuvo que contratar a la empresa privada Master Link para inspeccionar esas líneas.

“Por lo tanto, viendo ese escenario y, como pasó hace dos meses, que el sistema se cayó la mitad porque las líneas de transmisión estaban malas, uno puede pensar que las líneas se dañaron por falta de poda de vegetación”. El presidente de la UTIER entiende que todo apunta a que no se hizo mantenimiento preventivo.

Además refutó que la falta de trabajos de la reconstrucción de los daños que dejó María al sistema es lo que ahora haya ocasionado la falta de servicio. Lo que ocurrió es una cuestión operacional, precisó. A la interrogante de cuánto se estima que puede tardar el regreso al servicio por completo, explicó que eso va a depender de las líneas de transmisión que estén disponibles, de ser cierto, para que en los próximos días se comiencen a encender las plantas de generación.

Flojas las excusas de LUMA

Por otra parte, el profesor de ingeniería eléctrica Agustín Irrizary calificó de flojas las excusas que ofrece LUMA por la falta de servicio. “LUMA no tiene experiencia, no sabe a lo que se enfrenta, subestima los daños que puede ocasionar un evento de esta naturaleza. LUMA vino a aprender con nosotros”. El exrepresentante por los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE también apuntó que la AEE sacaba sus helicópteros a inspeccionar los sistemas de transmisión tan pronto pasaban los vientos de un evento atmosférico, mientras que LE se tardó 24 horas.

El profesor Irrizary refutó la excusa de LUMA de que la falta de servicio se deba a la falta de generación. Al momento de esta entrevista —cuatro días después del evento—ya deberían haber entrado en operación todas las centrales grandes como Costa Azul y Aguirre, por lo que de ser así, debía de haber toda la generación necesaria. “La rapidez con que LUMA se está moviendo no pinta nada bien”, le preocupa. En el caso específico de Mayagüez, donde vive, no ha visto ningún camión de LUMA.

Para él, LUMA está jugando un juego político al anunciar cada vez que la luz llega a lugares del Área Metropolitana.Pero no ve que esté fluyendo información de los daños en los pueblos. Si LUMA, el Gobierno e incluso la Autoridad de Acueductos no sienten la presión de los residentes de esos lugares,“no se mueven”.

A su juicio, la pregunta clave que LUMA debe contestar es cuántas subestaciones de transmisión, de las 400 que tiene están operando; cuántas necesitan reparación; si hubo daño en las líneas de transmisión. Esa información daría una mejor radiografía de cuál es el estado de la situación. El profesor Irrizary, quien es miembro de la coalición Queremos Sol, observó que por nuestra posición geográfica, la alternativa energética para el país debe ser la energía solar dado que aun cuando el sistema de transmisión se pueda fortalecer, comoquiera somos vulnerables a huracanes. “No hay una línea de transmisión 100 % segura contra las huracanes, eso no existe”.

El fracaso de una política pública

“Lo que vemos aquí es el fracaso de una política pública, la forma en que se manejan los haberes del gobierno por parte del gobernador y la Legislatura. El depender para el manejo de la transmisión y distribución de un operador contratado al cual se les está dando poca o ninguna supervisión y además se le transfirieron todos los deberes y facultades de la AEE ha creado una situación de falta de control, de falta del establecimiento de una manera ordenada de cómo se soluciona, no solo esta crisis en que estamos, sino de cómo se opera de ordinario el sistema de energía en Puerto Rico”, manifestó, el actual representante de los consumidores en la JG de la AEE, Tomás Torres Placa.

El ingeniero y planificador se reiteró en su señalamiento que el operador privado del sistema de distribución y transmisión no está recibiendo la supervisión estricta que requiere, lo que demanda cambios en el contrato e incluso cambios en la gerencia de LE. Una prueba de sus denuncias es que la JG de la AEE no discute ni siquiera cuánto será el costo de la reparación del servicio, debido a que la ley 120 le removió todos los poderes y facultades a la AEE de la Transmisión y Distribución y se lo dio al operador, que solo es supervisado por la Autoridad de Alianzas Público privadas (AP3).

“Es fundamental derogar la ley 120. LUMA es quien único sabrá cuánto nos costó la emergencia y, dado a que el país fue declarado zona de emergencia, mucho de los costos van a ser subsidiados por el Gobierno federal. Por ahora aquí lo más importante es el tiempo. No vamos a saber cuál es la magnitud de esta avería, por qué se ha tardado tanto y por qué sectores que no fueron afectados directamente por el huracán, a cuatro días del mismo, siguen sin servicio”.

Según el portal del Gobierno de Puerto Rico, para este lunes, 26 de septiembre, a siete días del embate del huracán que pasó por el suroeste, solo el 58,% de los clientes tenía el servicio de luz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será Otra Cosa: Me pregunto

Por
zahira-cruz
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Especial para En Rojo

A dos días del paso de Fiona salí a caminar por el barrio. El recuerdo desolador del huracán María no se hizo esperar. Recordé las tardes en que después de la tormenta salíamos buscando no solo señal telefónica para intentar hablar con nuestros familiares y amigos, o carga para los aparatos electrónicos sino también agua fresca para tomar, hielo, alguna comida caliente y, de ñapa, quizá, toparnos con la cerveza fría que nos ayudaría a soltar un poco el nudo que llevábamos en la garganta. El alivio que nos proporcionaría el refrigerio no duraría demasiado, pues al anochecer, alumbrados por la luz de la luna y obligados por el toque de queda, volveríamos a la casa para en medio de la penumbra encender la radio. Ese radio de baterías con que muy probablemente nos aprovisionó un vecino, algún amigo o amiga, o simplemente un desconocido que supo de nuestra necesidad, sería el aparato que más conectados nos mantendría a la terrible realidad que enfrentábamos. Tanto que, a veces, los días y noches de mayor desasosiego había que apagarlo para no perder del todo la esperanza. A través de sus ondas, nos transmitía la preocupación de las familias que, a una semana, y hasta dos después del huracán, aún no tenían noticias de sus seres queridos; pero también nos llegaban los relatos como el del joven que clamaba por las autoridades pertinentes para que fueran a su casa a levantar el cuerpo de su madre, doña Carmen María Meléndez Aponte, de Utuado, quien falleciera del corazón a causa de la fuerte impresión que le provocó el huracán, según indicara su hijo. El joven esperó nueve días por la respuesta. A este reclamo se sumó el de la familia de don Teodoro Colón Rodríguez, de Orocovis, quienes igualmente tuvieron que esperar varios días para poder sacar su cuerpo de la casa.

Nos llegaban además las noticias de accidentes, muchos de ellos fatales, de ciudadanos que ante la desesperación por la falta de los servicios esenciales arriesgaron sus vidas intentando reestablecerlos. Madres y mujeres solas, muchas, también se vieron con la urgencia de llamar a la radio, día tras día, para pedir ayuda. Comenzaba a escasear la comida, el agua potable, las medicinas. Se les había ido el techo; necesitaban salir de sus casas porque ya no eran seguras; el tendido eléctrico, «vivo», cayó en los patios donde los niños jugaban. Muchos otros ciudadanos daban voces de advertencia sobre los árboles y postes que pendían de un hilo a la orilla de las carreteras amenazando con caerse, y también sobre los ya caídos que obstruían el paso y que de no ser por las brigadas voluntarias de la comunidad quedarían allí como escombros que probablemente nunca serían removidos por las agencias correspondientes por falta de equipo, personal, planificación, etc. Así, minuto tras minuto, las peticiones de ayuda y el reporte de situaciones de emergencia en lugar de ir disminuyendo con el paso del tiempo, aumentaban a medida que la gente lograba establecer comunicación. Entonces se sumarían nuevos relatos y reclamos, los de los familiares de las víctimas que todavía a tres meses (y hasta más) de la tormenta no pudieron recibir la debida atención médica, los tratamientos y demás cuidados requeridos para salvarles la vida, por causa del hacinamiento, la falta de generadores, medicamentos u oxígeno en los hospitales y demás centros de tratamiento y atención al paciente.

Tampoco tardaron en aparecer las denuncias sobre los suministros no repartidos o mal distribuidos, las declaraciones sobre el mal manejo de las ayudas económicas, sobre la respuesta tardía e insuficiente de FEMA, y posteriormente y para no dejar nada tras bambalinas, la advertencia sobre los vagones escondidos con posible ayuda humanitaria y sobre el ocultamiento de las cifras de los muertos. En fin, se trataba de informes, relatos, querellas, peticiones y denuncias que sacaron a la luz la realidad de la debacle de nuestro gobierno que, aunque fácil de intuir, era mayor de lo que hasta entonces habíamos visto. Quizá más que nunca quedó en evidencia su ineptitud; su incapacidad para el manejo efectivo de las emergencias, su falta de planificación, la fragilidad de nuestra infraestructura tras años de desatención irresponsable y negligente. Pero sobre todo dos cosas nos debieron haber quedado muy claras. La primera, la falta de empatía, solidaridad, compromiso y sensibilidad de nuestros dirigentes hacia el pueblo. La segunda, que somos un pueblo con tremendos ovarios, de esos que resisten y enfrentan la adversidad de manera extraordinaria, de esos que demuestran que «Solo el pueblo Salva al Pueblo».

Si bien fueron muchos, muchísimos, los días que escuchamos la radio en espera de mejores noticias, no hubo una sola transmisión que no diera cuenta de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad para la brega y de nuestra solidaridad. Y a ese recuerdo es al que hoy después del azote de Fiona quiero aferrarme. Me aferro al recuerdo de que el radio de baterías que todavía conservo fue el regalo que me hiciera una señora querida que llegó a mí, desde lejos y a pie, dos días después de María solo para eso. Me aferro también al recuerdo de que hubo unos señores de la comunidad que ayudaron a la familia de don Teodoro Colón Rodríguez a sacar su cuerpo de la casa atravesando la maleza y la quebrada crecida, también al recuerdo de los amigos que nos dieron una visita para hacernos compañía, y al de aquél o aquellos otros, otras, que ofrecieron a quienes perdieron su casa un lugar seguro en las suyas o un plato de comida caliente y ropa limpia. Pero mientras escribo esto desde el mismo sofá en el que por largas semanas me hundí después de María y veo a la distancia mí pequeño radio de baterías confirmo que, de entre todas esas cosas que recuerdo sobre nosotros lo que no deberíamos olvidar jamás es que nuestro gobierno nos mintió, nos robó y se burló de nosotros. Y con Fiona constatamos, una vez más, que no ha dejado de hacerlo.

Entonces, me pregunto cuánto más podremos aguantar viviendo del orgullo de sabernos un pueblo resiliente y solidario, cuánto más tendremos que asumir nosotros, por cuenta propia, las responsabilidades que le corresponden a nuestros gobernantes. Cuánto más aguantar la jodienda de la planta eléctrica o de la penumbra, los baños a pañito húmedo, la jamonilla y las salchichas. Con tanta carencia que ni los servicios esenciales nos los pueden garantizar, ¿qué calidad de vida podemos darle así a nuestros ancianos, enfermos y niños?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de los desastres naturales en la salud mental de Puerto Rico

Por
cristina seda
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Especial para En Rojo

El pasado 24 de septiembre del 2022, una señora llamada Aida Iris, del municipio de Las Piedras, llamó a la emisora WKAQ 580 para expresar que había intentado suicidarse. Según el periodista Benjamín Torres Gotay, no contaba con agua ni luz desde el viernes 16 de septiembre, previo al paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

Aida Iris es parte de una población con problemas de salud mental causados por la inexistente respuesta gubernamental a los desastres naturales. Es necesario recalcar que el Caribe es propenso a los terremotos y los huracanes. Es la realidad de la región. Sin embargo, año tras año, al Estado no le interesa mejorar la infraestructura del país ni los planes de respuesta para prevenir o minimizar los daños infligidos. Puerto Rico sufre una precariedad enorme que se incrementa con cada nuevo suceso natural.

La intensidad de esta desesperanza es retratada en las estadísticas recogidas por la Comisión de la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. En Puerto Rico, el suicido es la tercera causa de muerte violenta. En el 2016, las defunciones por esta causa estaban en descenso hasta llegar a su punto más bajo, al registrarse 5.8 casos por 100,000 habitantes o 240 muertes.

Sin embargo, el huracán María significó un retroceso considerable en la prevención del suicidio. Al cerrar el 2017, la tasa se elevó a 9.0 muertes por 100,000 personas. Murieron sesenta personas más, para un total de 300 individuos, en comparación con el año previo. La cifra de suicidios disminuyó un poco en el 2018, pero se mantuvo elevada en comparación con el 2016 y ha continuado en un leve declive desde ese periodo.

Las estadísticas de la Línea para la Prevención del Suicidio (Línea PAS), del Departamento de Salud, evidencian que la crisis de salud mental está asociada con las distintas catástrofes naturales que han azotado el país. Después del huracán María, hubo un ascenso sostenible de llamadas en el 2017 y 2018. También, se han mostrado diferentes picos, como, por ejemplo, durante la amenaza del huracán Dorian, a finales de agosto del 2019, que corresponden a la ansiedad de la población por la mera posibilidad de un huracán. Igualmente, en el 2020, durante los terremotos en el sur y el primer año de la pandemia del COVID-19, la Línea PAS reportó un total de 922,797 llamadas. Esta cifra supone un aumento exorbitante de 770,742 contactos adicionales comparados a los 152,055 del 2019. La Línea PAS es una herramienta importante para prevenir el suicidio; pero no es suficiente ni sustituye la responsabilidad del Estado por el bienestar físico, mental y emocional del pueblo.

“Notamos que hay una crisis socioeconómica y política que ha sido normalizada. El panorama que recibimos viene de la mano de una crisis de salud mental [porque] las condiciones que vive este país son insostenibles”, dijo Migna Rivera García, la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), en referencia a la tasa de pobreza en Puerto Rico. Según su comunicado de prensa y la Comisión para la Erradicación de la Pobreza, el 52.3% de Puerto Rico vive bajo condiciones de pobreza después del huracán María.

La Dra. Rivera García enumeró los problemas estructurales que surgen por la inequidad económica y el abandono gubernamental: la falta de una vivienda justa y digna que propicie la seguridad, salud física y emocional; la falta de acceso de servicios de salud; la escasez de alimentos durante los huracanes y la pandemia; la falta ya normalizada de agua y electricidad; los impedimentos para  acceder a métodos de transporte y las pérdidas de empleos. Finalmente, es necesario subrayar la inaccesibilidad a los servicios de la salud causado por las aseguradoras médicas. “En la medida que un psicólogo o psicóloga no pueda aceptar un plan médico porque no le están pagando, pues ahí tenemos un ciudadano o ciudadana que se queda sin el servicio”, recalcó la Dr. Rivera García.

Todos estos factores dificultan o imposibilitan los servicios de salud mental en las poblaciones más vulnerables. Por eso, al responder a un desastre natural, la APPR se enfoca primero en cubrir las necesidades básicas, mediante la repartición de alimentos, agua, toldos, pañales y otros suministros para que las comunidades puedan cuidar de su salud y seguridad física. Mientras se reparten materiales, las personas se unen como voluntarios y se forman redes de apoyo. La movilización de los miembros de la comunidad hacia su recuperación ayuda a combatir los sentimientos de aislamiento y desesperanza mediante la acción. Además, las alianzas con otras organizaciones, las iglesias, la academia y el sector público y privado hacen posible impactar a las comunidades en la ausencia de la respuesta gubernamental.

Pero el trabajo de la APPR y las otras organizaciones no puede llenar el vacío dejado por la irresponsabilidad gubernamental. “¿Por qué la gente continuó con toldos azules viviendo en áreas inundables, con falta de agua potable y no se dragaron los ríos?”, preguntó la presidenta de la APPR. El futuro de la salud integral del pueblo de Puerto Rico depende de detener el Gobierno colonial y su enfoque en la extracción de recursos, por encima de la salud integral de sus ciudadanos.

Si usted o un conocido se ha sentido desesperanzado y ha tenido ideas suicidas, puede llamar a la Línea PAS al 1(800)981-0023 o al 9-1-1. Ambos están disponibles 24/7.

También pueden seguir la Asociación de Psicología de Puerto Rico, en https://www.asppr.net o en sus páginas de Facebook, Twitter o Instagram para acceder a sus servicios profesionales.

 

Editorial: Leyes de Cabotaje: una flagrante afrenta colonial

Por
editorial
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El asunto de una barcaza llena de diésel de la British Petroleum Company, anclada en el mar frente al pueblo de Peñuelas desde hace varios días, y que espera por un permiso del Gobierno Federal  para poder depositar su tan necesaria carga en el área de Puerto Rico más afectada por el huracán Fiona, vuelve a dramatizar  la condición de inferioridad, sujeción e indefensión en que se encuentra nuestro país frente al poder metropolitano de Estados Unidos y sus aliados del gran capital naviero.

En medio de una grave emergencia por la falta de energía eléctrica en el sur de Puerto Rico, que puede ser de vida o muerte para cientos de personas enfermas y de edad avanzada, el gobierno de Estados Unidos- específicamente su departamento de seguridad nacional ( Homeland Security)- se regodea en un interminable trámite burocrático antes de permitir que el navío extranjero deposite el combustible que nuestro pueblo necesita, y que ninguna de las miles de compañías petroleras estadounidenses ha sido capaz de mover hasta aquí.  Quien tenga ojos para ver comprenderá la violación de derechos humanos que este retraso imperdonable podría representar para llamados “ciudadanos estadounidenses” en la principal colonia de Estados Unidos.

Sin embargo, esta situación va más allá de si Estados Unidos se retrasa en esta  decisión, o de si otorga o no el permiso o dispensa de emergencia para el  desembarque del combustible. Se trata de que nuestro país ha sido sujeto- y no puede zafarse- a una ley infame e injusta, la ley Jones de 1920 o Ley de Cabotaje, que no solo durante emergencias, sino todos los días, tiene un impacto negativo sobre la economía y la vida  en Puerto Rico, mientras representa ganancias millonarias para el sector mercantil del capital estadounidense. El secretario de Homeland Security ha dicho que examina las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos que podría tener dicha dispensa. Vana historia para un país que tiene una“coladera” de seguridad interna por los cuatro costados, que nada tiene que ver con el trasiego de bienes hacia y desde Puerto Rico.

Luego de la invasión y ocupación de Puerto Rico por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el nuevo colonizador estableció un gobierno militar que duró solo dos años. En 1900 se aprobó la Ley Foraker, y con ella comenzó la administración “civil” de Estados Unidos en Puerto Rico, una época de híper explotación del territorio puertorriqueño y sus fuerzas trabajadoras en una atmósfera de sujeción y semi  esclavitud. La Primera Guerra Mundial en 1917 contra una Alemania fuerte y amenazante  cambió el panorama de Estados Unidos, Europa y el mundo. Estados Unidos determinó prepararse para la guerra y tomar medidas de protección en su país.

Para ello, el entonces presidente, Woodrow Wilson, le propuso al Congreso comprarle a Dinamarca las hoy llamadas Islas Vírgenes americanas, y extenderle a Puerto Rico una nueva ley orgánica que sustituyera la ya anacrónica Ley Foraker. La Ley Jones de 1917 fue esa nueva ley orgánica, la cual le impuso la “ciudadanía americana” a las y los nacidos en Puerto Rico, a tiempo para que los hombres puertorriqueños pudieran ser llamados a las filas del ejército de Estados Unidos. Mientras la guerra estallaba en Europa, Estados Unidos consolidaba su dominio militar y político  en el Caribe Occidental.

Pero los submarinos alemanes no dieron tregua a los barcos estadounidenses en aguas del Caribe. Y las medidas proteccionistas arreciaron. Se aprobó en el Congreso una nueva disposición- la Ley Jones de 1920- para salvaguardas el tráfico comercial de Estados Unidos con sus colonias de ultramar. La nueva ley de cabotaje sirvió para proteger a Estados Unidos, pero sometió a Puerto Rico a un colonialismo comercial y aislacionista.

Las leyes de cabotaje que aplican a Puerto Rico expresamente prohíben que nuestro país pueda comprar o vender mercancías a otros países directamente, y obligan a que el transporte de mercancías a Puerto Rico sea en barcos fabricados en Estados Unidos, propiedad de compañías estadounidenses y tripulados por estadounidenses. Esto es una “camisa de fuerza” que multiplica los costos de acarreo, y mantiene a Puerto Rico como rehén de la poderosa industria naviera de Estados Unidos y las uniones que agrupan a sus trabajadores, dos grupos de presión con enorme mollero político en los partidos Demócrata y Republicano. Solo eso puede explicar que a estas alturas del siglo 21, Puerto Rico siga sujeto a un estatuto de tiempos de guerra, que coarta el libre comercio y asfixia su economía. Mientras, los políticos  de aquí ni los de allá se atreven impulsar su derogación.

A diferencia de Trump, a quien tanto odian, el gobierno de Joe Biden se autoproclama como el “más amigo de Puerto Rico”. Si es así, que suelte amarras para que el barco de British Petroleum que está en Peñuelas pueda desembarcar el diésel que tanto apremia en esta emergencia. De paso, le sugerimos  que considere inscribirse en la historia como el presidente de Estados Unidos que derogó la injusta ley Jones de 1920, y liberó a Puerto Rico de la ignominia colonial de las leyes de cabotaje.

 

La ayuda para vivienda sigue desatendida

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) dio a conocer que apenas pasado el huracán Fiona, varias entidades hipotecarias ya han presentado 11 demandas de ejecuciones de hipotecas residenciales y que aun el mismo sábado, 17 de septiembre, día oficial del paso del huracán Fiona, se presentaron seis demandas. Tras el paso del huracán ya se han presentado ocho demandas de desahucio por falta de pago.

La organización que por los pasados cinco años ha liderado la respuesta legal de ciudadanos afectados por los desastres en Puerto Rico urgió al gobernador, Pedro Pierluisi, a establecer una moratoria de lanzamientos relacionados con desahucios o ejecuciones de hipotecas y cortes del servicio de electricidad y agua por un plazo de noventa (90) días. “En consideración al impacto económico que tienen los desastres en las unidades familiares, es menester frenar eventos que pueden empeorar su situación”, señaló ALPR en carta enviada al primer ejecutivo.

Ayuda Legal también les cursó una carta, tanto al gobernador como al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, con una serie de planteamientos dirigidos a procurar una recuperación justa y a la protección de los derechos humanos. Durante la emergencia del huracán María, los terremotos y la emergencia de la pandemia del COVID-19, Ayuda Legal hizo similares peticiones al primer ejecutivo en funciones. La directora ejecutiva de Ayuda Legal, licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, confirmó a CLARIDAD que nunca han recibido una contestación a sus cartas. “Lo más que se hizo con esta última carta fue un acuse de recibo, y una de las cosas que más preocupan en este proceso de emergencia es la falta de responsividad, pero también de planificación, del Gobierno central”.

La licenciada Godreau Aubert expresó su preocupación por la exclusión de varios pueblos que fueron afectados por el huracán en la declaración de desastre. Entre estos se encuentran Cabo Rojo, Loíza, Hormigueros y San Germán. Comentó que la exclusión llama la atención por el impacto que sufrieron dichos pueblos y porque sus alcaldes habían dicho que esa exclusión no se debió a que ellos no estuviesen presentando documentos. “Sobre todo, lo que nos preocupa es que el Estado una vez más falla en visibilizar como prioridad los pueblos donde mayor visibilidad existe. Sabemos que la Declaración de Desastre Mayor se va a ir enmendado. Pensamos que si esto no se hubiese llevado a la palestra pública estaríamos en otro escenario, no sería noticia un evento así. Ciertamente, estamos bien preocupados porque si esta va a ser la respuesta del Gobierno, es una mala señal”.

En vista de lo anterior confirmó a CLARIDAD que todavía hay gente afectada por el huracán María hace cinco años y por los terremotos del 2020, a los que FEMA no les ha respondido. De hecho, dijo que los procesos de FEMA por María ya cerraron. La realidad dijo es que FEMA negó casi el 60 % de las solicitudes de ayuda relacionadas con María y 3 de cada 4 apelaciones. “Así que el proceso, la respuesta, no funcionó por lo que el riesgo es ese mismo, que más personas queden fuera de la Declaración de Desastre Mayor y de esa asistencia individual  y no puedan pedir ayuda”.

Según explicó, después de una declaración de desastre, las personas tienen 60 días para poder presentar su solicitud de ayuda. Una de las cosas que está pidiendo Ayuda Legal es que haya una mayor planificación con los centros de desastre y más tiempo para que las personas soliciten ayuda, en especial para vivienda.

Ayuda Legal Puerto Rico también les solicitó al Gobierno de Pierluisi y al Departamento de Vivienda lanzar una campaña educativa sobre la asistencia de FEMA que incluya información sobre la elegibilidad de personas dueñas sin título formal, de  cómo solicitar ayuda y sobre el derecho de familias inmigrantes cualificadas a llenar la solicitud. La Directora Ejecutiva de Ayuda Legal describió como una “bola de nieve” la ayuda de vivienda que se pregona.  La verdad es que la ayuda de vivienda sigue estando desatendida por el Gobierno, dijo. En torno a ese aspecto, la organización le reclamó al Gobierno que haga disponible un inventario de viviendas afectadas y de otras disponibles por municipio, que incluya viviendas reposeídas o abandonadas, pero en estado habitable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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