La ayuda para vivienda sigue desatendida

 

CLARIDAD

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La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) dio a conocer que apenas pasado el huracán Fiona, varias entidades hipotecarias ya han presentado 11 demandas de ejecuciones de hipotecas residenciales y que aun el mismo sábado, 17 de septiembre, día oficial del paso del huracán Fiona, se presentaron seis demandas. Tras el paso del huracán ya se han presentado ocho demandas de desahucio por falta de pago.

La organización que por los pasados cinco años ha liderado la respuesta legal de ciudadanos afectados por los desastres en Puerto Rico urgió al gobernador, Pedro Pierluisi, a establecer una moratoria de lanzamientos relacionados con desahucios o ejecuciones de hipotecas y cortes del servicio de electricidad y agua por un plazo de noventa (90) días. “En consideración al impacto económico que tienen los desastres en las unidades familiares, es menester frenar eventos que pueden empeorar su situación”, señaló ALPR en carta enviada al primer ejecutivo.

Ayuda Legal también les cursó una carta, tanto al gobernador como al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, con una serie de planteamientos dirigidos a procurar una recuperación justa y a la protección de los derechos humanos. Durante la emergencia del huracán María, los terremotos y la emergencia de la pandemia del COVID-19, Ayuda Legal hizo similares peticiones al primer ejecutivo en funciones. La directora ejecutiva de Ayuda Legal, licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, confirmó a CLARIDAD que nunca han recibido una contestación a sus cartas. “Lo más que se hizo con esta última carta fue un acuse de recibo, y una de las cosas que más preocupan en este proceso de emergencia es la falta de responsividad, pero también de planificación, del Gobierno central”.

La licenciada Godreau Aubert expresó su preocupación por la exclusión de varios pueblos que fueron afectados por el huracán en la declaración de desastre. Entre estos se encuentran Cabo Rojo, Loíza, Hormigueros y San Germán. Comentó que la exclusión llama la atención por el impacto que sufrieron dichos pueblos y porque sus alcaldes habían dicho que esa exclusión no se debió a que ellos no estuviesen presentando documentos. “Sobre todo, lo que nos preocupa es que el Estado una vez más falla en visibilizar como prioridad los pueblos donde mayor visibilidad existe. Sabemos que la Declaración de Desastre Mayor se va a ir enmendado. Pensamos que si esto no se hubiese llevado a la palestra pública estaríamos en otro escenario, no sería noticia un evento así. Ciertamente, estamos bien preocupados porque si esta va a ser la respuesta del Gobierno, es una mala señal”.

En vista de lo anterior confirmó a CLARIDAD que todavía hay gente afectada por el huracán María hace cinco años y por los terremotos del 2020, a los que FEMA no les ha respondido. De hecho, dijo que los procesos de FEMA por María ya cerraron. La realidad dijo es que FEMA negó casi el 60 % de las solicitudes de ayuda relacionadas con María y 3 de cada 4 apelaciones. “Así que el proceso, la respuesta, no funcionó por lo que el riesgo es ese mismo, que más personas queden fuera de la Declaración de Desastre Mayor y de esa asistencia individual  y no puedan pedir ayuda”.

Según explicó, después de una declaración de desastre, las personas tienen 60 días para poder presentar su solicitud de ayuda. Una de las cosas que está pidiendo Ayuda Legal es que haya una mayor planificación con los centros de desastre y más tiempo para que las personas soliciten ayuda, en especial para vivienda.

Ayuda Legal Puerto Rico también les solicitó al Gobierno de Pierluisi y al Departamento de Vivienda lanzar una campaña educativa sobre la asistencia de FEMA que incluya información sobre la elegibilidad de personas dueñas sin título formal, de  cómo solicitar ayuda y sobre el derecho de familias inmigrantes cualificadas a llenar la solicitud. La Directora Ejecutiva de Ayuda Legal describió como una “bola de nieve” la ayuda de vivienda que se pregona.  La verdad es que la ayuda de vivienda sigue estando desatendida por el Gobierno, dijo. En torno a ese aspecto, la organización le reclamó al Gobierno que haga disponible un inventario de viviendas afectadas y de otras disponibles por municipio, que incluya viviendas reposeídas o abandonadas, pero en estado habitable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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