El asunto de una barcaza llena de diésel de la British Petroleum Company, anclada en el mar frente al pueblo de Peñuelas desde hace varios días, y que espera por un permiso del Gobierno Federal para poder depositar su tan necesaria carga en el área de Puerto Rico más afectada por el huracán Fiona, vuelve a dramatizar la condición de inferioridad, sujeción e indefensión en que se encuentra nuestro país frente al poder metropolitano de Estados Unidos y sus aliados del gran capital naviero.
En medio de una grave emergencia por la falta de energía eléctrica en el sur de Puerto Rico, que puede ser de vida o muerte para cientos de personas enfermas y de edad avanzada, el gobierno de Estados Unidos- específicamente su departamento de seguridad nacional ( Homeland Security)- se regodea en un interminable trámite burocrático antes de permitir que el navío extranjero deposite el combustible que nuestro pueblo necesita, y que ninguna de las miles de compañías petroleras estadounidenses ha sido capaz de mover hasta aquí. Quien tenga ojos para ver comprenderá la violación de derechos humanos que este retraso imperdonable podría representar para llamados “ciudadanos estadounidenses” en la principal colonia de Estados Unidos.
Sin embargo, esta situación va más allá de si Estados Unidos se retrasa en esta decisión, o de si otorga o no el permiso o dispensa de emergencia para el desembarque del combustible. Se trata de que nuestro país ha sido sujeto- y no puede zafarse- a una ley infame e injusta, la ley Jones de 1920 o Ley de Cabotaje, que no solo durante emergencias, sino todos los días, tiene un impacto negativo sobre la economía y la vida en Puerto Rico, mientras representa ganancias millonarias para el sector mercantil del capital estadounidense. El secretario de Homeland Security ha dicho que examina las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos que podría tener dicha dispensa. Vana historia para un país que tiene una“coladera” de seguridad interna por los cuatro costados, que nada tiene que ver con el trasiego de bienes hacia y desde Puerto Rico.
Luego de la invasión y ocupación de Puerto Rico por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el nuevo colonizador estableció un gobierno militar que duró solo dos años. En 1900 se aprobó la Ley Foraker, y con ella comenzó la administración “civil” de Estados Unidos en Puerto Rico, una época de híper explotación del territorio puertorriqueño y sus fuerzas trabajadoras en una atmósfera de sujeción y semi esclavitud. La Primera Guerra Mundial en 1917 contra una Alemania fuerte y amenazante cambió el panorama de Estados Unidos, Europa y el mundo. Estados Unidos determinó prepararse para la guerra y tomar medidas de protección en su país.
Para ello, el entonces presidente, Woodrow Wilson, le propuso al Congreso comprarle a Dinamarca las hoy llamadas Islas Vírgenes americanas, y extenderle a Puerto Rico una nueva ley orgánica que sustituyera la ya anacrónica Ley Foraker. La Ley Jones de 1917 fue esa nueva ley orgánica, la cual le impuso la “ciudadanía americana” a las y los nacidos en Puerto Rico, a tiempo para que los hombres puertorriqueños pudieran ser llamados a las filas del ejército de Estados Unidos. Mientras la guerra estallaba en Europa, Estados Unidos consolidaba su dominio militar y político en el Caribe Occidental.
Pero los submarinos alemanes no dieron tregua a los barcos estadounidenses en aguas del Caribe. Y las medidas proteccionistas arreciaron. Se aprobó en el Congreso una nueva disposición- la Ley Jones de 1920- para salvaguardas el tráfico comercial de Estados Unidos con sus colonias de ultramar. La nueva ley de cabotaje sirvió para proteger a Estados Unidos, pero sometió a Puerto Rico a un colonialismo comercial y aislacionista.
Las leyes de cabotaje que aplican a Puerto Rico expresamente prohíben que nuestro país pueda comprar o vender mercancías a otros países directamente, y obligan a que el transporte de mercancías a Puerto Rico sea en barcos fabricados en Estados Unidos, propiedad de compañías estadounidenses y tripulados por estadounidenses. Esto es una “camisa de fuerza” que multiplica los costos de acarreo, y mantiene a Puerto Rico como rehén de la poderosa industria naviera de Estados Unidos y las uniones que agrupan a sus trabajadores, dos grupos de presión con enorme mollero político en los partidos Demócrata y Republicano. Solo eso puede explicar que a estas alturas del siglo 21, Puerto Rico siga sujeto a un estatuto de tiempos de guerra, que coarta el libre comercio y asfixia su economía. Mientras, los políticos de aquí ni los de allá se atreven impulsar su derogación.
A diferencia de Trump, a quien tanto odian, el gobierno de Joe Biden se autoproclama como el “más amigo de Puerto Rico”. Si es así, que suelte amarras para que el barco de British Petroleum que está en Peñuelas pueda desembarcar el diésel que tanto apremia en esta emergencia. De paso, le sugerimos que considere inscribirse en la historia como el presidente de Estados Unidos que derogó la injusta ley Jones de 1920, y liberó a Puerto Rico de la ignominia colonial de las leyes de cabotaje.
