El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (AP-PR) y de la Junta para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (JERR), Joel A. Pizá Batiz, rechazó que sea cierto que en la antigua base naval de Roosevelt Roads se estén entrenando pilotos del ejército de Ucrania.

En nuestra edición del 1ro. de agosto, CLARIDAD publicó que el Ejército de Estados Unidos se proponía utilizar otra vez la antigua base militar, esta vez para entrenar a pilotos ucranianos. CLARIDAD le solicitó una reacción al director ejecutivo de la AE-PR sobre la corrección de esa información. Luego de una semana de espera, Pizá Batiz contestó por escrito que: “Aunque el ejército ucraniano es más que bienvenido a entrenar en cualquiera de nuestras instalaciones, de conformidad con la política pública nacional, confirmamos que, al presente, tal no es el caso. Hemos cotejado con todos los directivos aeroportuarios en la Autoridad de los Puertos y no se ha constatado ninguna actividad aeronáutica militar en curso en o alrededor de los predios del aeropuerto de Ceiba.”

Según el funcionario, la única actividad de entrenamiento militar que se está realizando en la base de RR es terrestre, y tiene por objetivo adiestrar personal en la limpieza de áreas verdes con equipos pesados.

No dice a qué personal, ni a cuál entidad pertenecen, si es militar o civil, aunque más adelante en sus declaraciones deja implícito que es personal militar. Citamos a Pizá Batiz:

“Los únicos equipos allí presentes son de movimiento de tierra («diggers», D4, D8, etc.). Lo mismo ocurrió recientemente en el aeropuerto de Aguadilla con efectivos de la Reserva del Ejército de Estados Unidos”.

Los diggers a los que hace referencia el director de la AP-PR son máquinas militares que se utilizan para trabajos de logística y/o construcción. La base naval RR, en Ceiba, al este de la isla de Puerto Rico cesó sus operaciones militares en el 2004.

En la información publicada la semana pasada por CLARIDAD se informa que la base de Roosevelt Roads se estará preparando para habilitar un centro de entrenamiento para pilotos ucranianos.

CLARIDAD

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Aun con el impacto significativo que puedan tener los miles de millones asignados para respaldar el sistema energético en Puerto Rico, a juicio del activista experto en el tema de la energía, Juan Rosario, la pregunta es cuál va a ser el impacto final cuando se sumen los aspectos positivos y negativos. De seguir  con estas iniciativas, “lo que estamos fabricando es un desastre con muchos miles de millones de dólares”.

A fines de este mes de julio, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DE) anunció la asignación de $450 millones de Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico para subvencionar la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento en baterías y para ofrecer protección y recursos educativos al consumidor. La secretaria del NE, Jennifer Granholm, viajó a Puerto Rico para darlo a conocer y sostuvo varias reuniones con diversas comunidades. Al margen de esta asignación, el Departamento de la Vivienda  de Puerto Rico (DV) tiene destinados $1.9 billones de fondos CDBG-MIT para proyectos de placas solares en viviendas. Mientras, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha asignado alrededor de  $60. 2 millones supuestamente para la reparación del sistema eléctrico, dinero que administrarán las empresas privadas Genera PR,  encargada desde el 1.⁰ de junio de la generación, y Luma Energy, encargada hace un año de la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

CLARIDAD preguntó a estos conocedores de la discusión del tema energético si hay alguna  articulación o si es necesaria una articulación entre todos estos proyectos.

Juan Rosario explicó que considera que todos estos proyectos lo que están haciendo es “crear las condiciones perfectas para quedar de nuevo atrapados en un modelo que no va a funcionar para el país y  que no va a funcionar, sobre todo, para la gente más vulnerable”. Rosario, quien fue uno de los panelistas en la reunión del pasado 26 de julio con la secretaria del DE,  así lo expresó en la reunión.

Este aclaró que el grueso de  todo el dinero que se va a asignar a la isla ronda entre $14 a $16 mil millones, probablemente, $20 mil millones. De ese dinero, cerca del 50 %  se va asignar directamente a LUMA y Genera. “Así que ahora va a ser a Degenera y a los que están en la Luna”, censuró. El exrepresentante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reparó en que se necesitan entre $10 a $12 mil millones para actualizar la red  para poder recibir todas las energías renovables. De no hacerlo, a Puerto Rico nos podría pasar lo que le pasó a Alemania, que empezó a meter energía renovable sin actualizar la red y de pronto descubrió que sus pérdidas en la red habían aumentado 300 % porque la red no estaba hecha para eso, advirtió.

Para Rosario, el mayor temor  es que el dinero se le asigne a LUMA con la intervención de los agentes actuales del sistema, que son la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AP3) y al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Aunque en términos generales siente respeto por las personas del NEPR, considera que han cometido errores graves y como institución se han quedado cortos en términos de lo que se esperaba que hicieran. Este opina que los fondos  deberían pasar por algún tipo de institución  representativa de la sociedad civil, integrada por profesores, economistas y gente que podría constituir una especie de consejo, que mirara las inversiones y tomara decisiones. “No deben asignarse sin que haya una especie de mecanismo que pase por el escrutinio de personas con conocimiento y probidad”.

Sobre el dinero asignado al DVPR, igual expresó desconfianza en la manera en que los van a distribuir. “Eso está hecho para repartirlo entre los grupos grandes, y si la manera en que se va hacer es igual para todos los programas, al final de cuentas todos los programas están hechos con el modelo que  se usa en Estados Unidos”. El modelo que se utiliza en Estados Unidos es el concepto del tercer actor, que es que la comunidad tiene un problema y el Gobierno contrata a un tercero para que lo atienda. De esa manera, estima, quienes saldrán beneficiados serán las empresas con mayor capacidad. En términos de escala, reparó en que el dinero no va a dar  para toda la gente que es vulnerable.

Rosario, quien es miembro del grupo Amanecer 2025, reclamó que el modelo que proponen está hecho para atender a la gente vulnerable desde una perspectiva de autogestión comunitaria. “No hay que ser comunista para uno acordarse de aquellos programas de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio que funcionaron porque las comunidades se juntaban para hacer las cosas. Pero eso no es lo que están promoviendo aquí. Lo que están promoviendo es una nueva camada de clientelismo, vestidos de justicia ambiental”.

Por su parte, el director ejecutivo de Proyecto Enlace Latino-El Puente, en Puerto Rico, Federico Cintrón Moscoso, también expresó respecto a la asignación del DE, que tienen preocupación por cómo van a funcionar todos esos programas, que hay confusión en términos de cómo se van a comunicar, cómo se van repartir los dineros y qué impacto real van a tener. “Preliminarmente lo que sabemos es que hay un esfuerzo por que el dinero llegue directamente al consumidor. La pregunta que tenemos ahora mismo es  si el proceso va a ser igual de confuso y difícil de acceder como lo ha sido el de otros fondos como el de Departamento de Vivienda”. Hasta el momento de la entrevista, lo  único que sabían era de la asignación de una dirección electrónica, pero nada de cómo iba a correr la distribución, dijo.

Cintrón Moscoso señaló que el programa Resiliencia Energética  es bastante complejo, ya que hay varias  categorías. Enumeró que hay una categoría para residentes de bajos recursos; una para organizaciones que trabajan con las comunidades, que podrían pedir dinero para ayudar a las comunidades con las que ya están conectadas, y una categoría de  préstamos que pueden hacer las comunidades y compañías. El director de El Puente indicó  que ven positivo que se asigne dinero para la instalación de sistemas solares en techos; no obstante, rechazan que también se utilice  para la instalación de sistemas solares en tierras agrícolas. Sobre este punto y la solicitud de préstamos, llamó la atención a que esto permite que compañías grandes de fuera de Puerto Rico también puedan solicitar, lo que pondría a competir a las personas de escasos  recursos y a las compañías pequeñas locales contra esas compañías grandes. “Eso ha sido una preocupación que hemos levantado desde un principio, porque no hay una lista de prioridades, lo que quiere decir que las propuestas que hay ahora mismo para el uso de tierras agrícolas podrían solicitar ese dinero y llevárselo, sobre todo el de los préstamos, porque eso significa que una compañía que no tiene capital podría solicitar dinero para hacerlo”.

Sin regulación el mercado de la energía solar

El director de El Puente coincide con la preocupación levantada por la organización Queremos Sol, de que con este modelo se continúa privatizando la energía, en este caso solar, un campo que hasta ahora no tiene ninguna regulación que organice el mercado. Describió y censuró que cualquier compañía puede ofrecer lo que quiera, escoger a quién le da garantía, cuántos años de servicio, cuánto le costaría el kilovatio hora. Cada compañía es la que decide  lo que va a ofrecer, por lo que no hay ningún orden.

Este comparó la situación del mercado con cuando se privatizó la Telefónica. Hay muchas compañías que compiten entre sí, pero con el agravante de que contrario a las líneas de teléfono, aquí la energía se tiene que mover por las mismas líneas de distribución. “Entonces estamos teniendo problemas con LUMA conectando los proyectos de las casas y estamos tirando más dinero a producción de energía solar sin esa organización y sin resolver el problema de conexión. Lo que estamos engendrando es gente que se sale de la red  o gente que quiere conectarse, pero LUMA no está haciéndolo con la rapidez  que se necesita”, denunció Cintrón Moscoso.

Observó que la ventaja de conectarse a la red es que supuestamente se van a dar unos incentivos, pero todavía está presente la preocupación de la amenaza de un cargo híbrido, sobre el cual no se sabrá hasta que se llegue a un acuerdo de pago de la deuda de la AEE, por lo que no se sabe en realidad qué va  a ocurrir en términos de la tarifa.

También señaló que uno de los retos más grande de estos dineros es que algunos de ellos piden que antes de solicitarlo la gente tenga ya el contrato con la compañía, sobre todo los fondos del Departamento de la Vivienda, que exigen que la persona tenga contrato con la compañía para poder  solicitar los créditos.  Algunas compañías amarran a las personas y si el Gobierno no les da el dinero, ya la persona está atrapada con el contrato. “Así que son muchas las situaciones que estamos viendo, por lo que realmente se necesita una regulación”.

Cintrón Moscoso, quien ha estado en varias reuniones con personal del DE, incluida la que hubo con la secretaria Granholm, reveló que se ha visto que hay mucha desconfianza hacia el Gobierno de Puerto Rico y las compañías privadas de parte del Negociado de Energía. Es por eso que  han querido que el proceso sea a través de ellos, “pero no sabemos qué va funcionar mejor que las otras; pero es una señal de que en efecto desconfían de lo que ha pasado con los otros fondos federales”.

En cuanto a la  tecnología, subrayó que en definitivo, ahora en Puerto Rico hay tres actores fundamentales, porque al dividir la transmisión de la producción de energía, tenemos a la empresa Genera con sus propios intereses de producir energía con gas metano y venderla, tenemos a LUMA en la transmisión con su interés de mantener esa red y cobrar a los clientes directamente —ahí  ya hay dos intereses encontrados—,  y el tercero es el movimiento de energía renovable que favorecen El Puente y las organizaciones que integran Queremos Sol, que tiene una visión diferente de cómo el sistema debe correr. El movimiento hacia la energía renovable plantea apagar las plantas  lo antes posible, la eliminación del gas metano y moverse a un sistema público que entonces distribuya esa energía renovable.

“Esas tres visiones están encontradas ahora mismo, eso  es lo que estamos viendo, y el Gobierno federal está en el medio tratando de complacer a todo el mundo, pero no están ayudando a organizar la transformación,  no hay nada organizado. ¿Cuál es el plan, quién responde a quién, cómo se conecta una cosa con la otra?  No lo hay”.

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El “macartismo” toma su nombre del senador Joseph McCarthy, pero ni comenzó con el funesto personaje ni terminó cuando este falleció sumido en el alcoholismo a los 48 años, en 1957. La brutal persecución desatada en Estados Unidos contra todo lo que oliera a “comunismo”, mayormente estuvo alimentada y alentada por el FBI de Edgar Hoover, y comenzó varias décadas antes de que McCarthy llegara al senado en 1947. Además del FBI, que Hoover comandaba como una guardia pretoriana personal, en la amplia campaña que se desató contra personas e instituciones liberales y progresistas participó todo el aparato gubernamental estadounidense y varios comités del Congreso. El más importante de estos, el llamado “House Un-American Activities Committee” (HUAC), operó desde la Cámara de Representantes entre 1938 y 1975, utilizando el poder investigativo del Congreso para perseguir e intimidar a toda persona considerada de izquierda.

Aquel periodo, que a cada rato reaparece en la política estadounidense, está ahora mismo a la vista de todos gracias a la película Oppenheimer, donde se expone con dramatismo la persecución de que fue víctima el físico Robert Oppenheimer luego de que liderara el grupo de científicos que produjo la bomba atómica en 1945. En la película no aparece el HUAC, sino otro de los múltiples comités y procesos que se desataron en Estados Unidos mayormente durante la década de 1950.

Como era lógico esperar, el macartismo también impactó a Puerto Rico, y no solo porque aquí llegaron algunos académicos estadounidenses perseguidos allá por su pensamiento liberal. Ese traslado tuvo un efecto positivo porque algunos de esos académicos, que utilizaron a Puerto Rico como refugio, se incorporaron a la docencia universitaria aportando al crecimiento de la UPR. Pero antes y después de los académicos refugiados también llegó el HUAC.

Gracias a un libro del querido compañero Félix Ojeda Reyes de próxima publicación me enteré de que el HUAC extendió sus tentáculos directamente contra los puertorriqueños en 1959. Dice Ojeda: “Días antes de celebrarse en Ponce la primera asamblea constituyente del MPI (en 1959), distintas organizaciones independentistas se lanzaron a la calle para repudiar la pretendida investigación de actos subversivos que llevaría a cabo en San Juan el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Cientos de activistas se alborotaron contra aquellos intrusos que pretendieron transgredir los derechos civiles de personas que no habían cometido delito alguno. Hasta el morador de La Fortaleza, don Luis Muñoz Marín, manifestaba su oposición –muy light, por cierto– a la intromisión de los federales.”

El comité perseguidor del Congreso sesionó en Puerto Rico durante los días 18 al 20 de noviembre de 1959 utilizando una sala del Tribunal Federal, entonces solo ubicado en el Viejo San Juan, como centro de operaciones. Previo a llegar a Puerto Rico sesionó otros dos días en Nueva York para investigar a boricuas radicados en esa ciudad. Añade Ojeda: “En la gran manzana comparecieron ante los inquisidores Jesús Colón, don Félix Ojeda Ruiz, Jorge W. Maysonet, Armando Román, José Santiago, Richard Levins y otros.” Esos citados, una y otra vez se negaron a declarar ante el Comité, manteniendo su negativa aun después de la advertencia de que serían acusados de desacato.

La visita del comité del Congreso a Puerto Rico generó gran expectativa. En la edición de El Mundo de 22 de octubre con el titular “Convocan aquí vistas sobre subversión” se informa sobre su próxima llegada, añadiendo que la oficina del Alguacil federal estaba a cargo de notificar a las personas que serían citadas a comparecer. En la edición de 4 de noviembre se informa que 17 personas ya habían sido citadas para comparecer ante los congresistas inquisidores.

Las vistas comenzaron el 18 de noviembre de 1959 y entre los citados figuraron César Andréu Iglesias, dirigente del MPI, escritor, periodista y activista sindical, el dirigente obrero Juan Sáez Corales, el abogado y profesor universitario Pablo García Rodríguez, José Enamorado Cuesta, Consuelo Burgos, y el entonces presidente del Partido Comunista, Juan Santos Rivera. Apunta Félix Ojeda que “Eugenio Cuevas Arbona, Ramón Mirabal Carrión y Juan Antonio Corretjer también habían sido convocados. Los primeros dos se hallaban en Cuba. Corretjer andaba por Venezuela y luego se trasladaría a La Habana.”

“La indignación predominaba en los sectores liberales de Puerto Rico” continúa Ojeda. “El Colegio de Abogados nombró a una batería de letrados que, sin recibir remuneración, defendería a los comunistas. Entre los letrados designados se destacaban: Abraham Díaz González, Santos P. Amadeo, Gerardo Ortiz del Rivero, Manuel Abreu Castillo, Benicio Sánchez Castaño, Pedro Muñoz Amato, Marcos A. Ramírez y otros.”

Igual a los boricuas citados en Nueva York, los convocados en Puerto Rico se negaron a declarar ante el Comité, también manteniéndose firmes luego de ser amenazados con un procesamiento por desacato. En la edición de El Mundo del 6 de abril de 1960, con el titular “Imputan a 13 de aquí desacato al Congreso” se informa que, sesionando en Washington, el HUAC le solicitó al Departamento de Justicia que presentara cargos por desacato contra el grupo, lo que nunca ocurrió.

Como vemos, el macartismo también pisó en la colonia del imperio, siete años después de que se había aprobado la constitución del “ela”. En la edición de El Mundo del 4 de noviembre de 1959 se informa que uno de los abogados de los citados, Gerardo Ortiz del Rivero, estaba considerando alegar que el comité del Congreso carecía de jurisdicción sobre Puerto Rico porque, luego de 1952, nuestro país había dejado de ser territorio de Estados Unidos. Según el periódico, como autoridad citaba a la ONU y un discurso de Luis Muñoz Marín. El diario no informa si la moción efectivamente se presentó, pero todos sabemos cuál sería el resultado.

El libro de Félix Ojeda Reyes aquí citado, “La protesta armada”, estará en circulación en los próximos meses.

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Las diversas organizaciones que representan a los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se proponen mantenerse manifestando en las inmediaciones de la Administración Central en el Jardín Botánico hasta lograr que la presidencia y la Junta de Gobierno deroguen  la Certificación 1 del 2023-2024, que crea un  plan de ahorro 401-K para nuevos empleados de la UPR.

El lunes en la mañana, miembros de diversas organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad, impidieron el acceso a las oficinas de Recursos Humanos de la Presidencia y la Junta de Gobierno. Según denunciaron, la Certificación 1 del 2023-2024, que crea el plan de ahorros, fue aprobada durante la última semana de julio, en la que se había decretado un receso de labores. La administración universitaria ha reconocido que la aprobación de la certificación es a pedido de la Junta de Control Fiscal (JCF), a cambio de aprobar la cantidad de $20 millones a su presupuesto.

En entrevista, el profesor Waldemiro Vélez Cardona, miembro de la Junta de Retiro del actual Sistema de Retiro de la UPR, indicó que la certificación emitida por la Junta de Gobierno dice que por recomendación del presidente, Dr. Luis A Ferrao, se cierra el sistema de retiro actual a nuevos participantes. No obstante, considera  importante aclarar que no es que el sistema que tienen ahora ya no exista o que no va a funcionar. “Nada de eso es correcto, el sistema actual va a seguir funcionando y va a seguir atendiendo tanto a los jubilados como a los que están activos en ese plan. Hasta ahora, todo el que ha trabajado en la Universidad y ha pagado retiro está en el plan de retiro nuestro. No hay nadie en el nuevo plan 401K”.

De la administración universitaria insistir en mantener la certificación la UPR tendría dos sistemas de retiro a la vez. Vélez Cardona señaló que al presente la Junta del Sistema de Retiro tiene un caso en el tribunal, dado a que la ley 7 de 1942 de la UPR ordena a la Universidad  tener un sistema de retiro, por lo que tener dos de manera arbitraria es una violación de la ley.

“La ley es la 7 de 1942. Una de las primeras reformas universitarias más importantes establece que la universidad tendrá un sistema de retiro”. El Título II de la ley PROMESA le ordena a la Junta de Control Fiscal (JCF), a asegurar que los sistemas de retiro estén debidamente financiados. “Eso es parte de la responsabilidad de la JCF, no es para destruir unos y crear otros”.

El profesor de Economía fue crítico al señalar que los sistemas de retiro de aportaciones definidas son  un problema porque nadie sabe lo que tiene ni lo que va a recibir cuando se vaya a jubilar. “En un plan de beneficios definidos que las personas saben según los años de servicio lo que han pagado saben lo que van a recibir de retiro. No hay esa incertidumbre en esa etapa tarde de la vida porque uno no va a saber cuánto dinero va a tener. Eso es terrible, es casi invitar a la gente a tener problemas mentales. Eso es absurdo”.

Agregó que la UPR plantea que su aportación patronal al 401-k sería de 4.5 %.  “Eso es lo que le van  a dar al empleado. Es una barbaridad, una falta de respeto tremenda”. La aportación del empleado sería la misma. Vélez Cardona reparó en que aunque la personas pueden poner lo que quieran,  la gente que está empezando a trabajar en la Universidad, docentes y no docentes, no sabe de dónde va a sacar dinero para poner en inversiones que son riesgosas.

“Tanto el Presidente como la Junta de Gobierno están  siguiendo órdenes de la JCF. Los 20 millones, el chantaje. Eso le hace pensar a alguna gente que esos $20 millones vienen de Nueva York. Esos son 20 millones que le tocan a la Universidad por la fórmula y algunos más que no nos han dado. La Junta no nos  va a dar $20 millones, la Junta lo que hace es quitarnos. La Junta no nos da nada”.

En entrevista por separado, la presidenta de la HEEND, Janell Santana Andino, reiteró a CLARIDAD que las organizaciones se mantenían manifestando frente a la administración central y que el martes el presidente  y su grupo de trabajo se fueron a trabajar a otra área que no era la presidencia. Repasó que los comentarios del 401- k que se remontan a la época en que la licenciada  Zoraida Buxó era vicepresidenta de la Junta de Gobierno.

La presidenta de la HEEND también reparó en que una certificación similar fue puesta en pausa debido al caso que se mantiene en el tribunal. Detalló que la nueva certificación1324 dice que toda aquella persona que se contratará a partir del 1.⁰ de agosto 2023 va a tener un  “plan de ahorro”,  que es como le llama la UPR.

Santana Andino denunció que aunque la certificación dice que es a aquellas personas nuevas que se contraten,  la Oficina de Recursos Humanos y el director  ejecutivo de la Administración Central han dado la interpretación y están orientando a todas aquellas personas que hayan estado cotizando para el retiro anteriormente, no importa si la cantidad de tiempo es 10, 15, 20 años, a que si por alguna razón estuvieron 15 días fuera en lo que renovaban su contrato, también las van a sacar del sistema de retiro definido y las van a colocar en el 401-k.

“O sea, que de alguna manera lo que van hacer es que cuando vengan los próximos nuevos nombramientos dejan a la persona dos semanas sin cobrar y le van a decir  que va a un sistema de ahorro, aun cuando la persona haya cotizado al sistema de retiro que se tiene ahora”, declaró.

Denunció en tono enfático que esto va a provocar  un efecto en cadena y manifestó que saben que la  intención de la administración es tratar de  implementar este plan a largo plazo para todos los empleados de la Universidad. Prosiguió con que si se cierra el sistema de retiro que se tiene actualmente es obvio que la cantidad de participantes va a bajar y la deuda actuarial que tiene ahora mismo la Administración con el sistema de retiro va a ser  mayor. Reveló que hace dos años que por exigencia de la JCF la UPR  no ha pagado su aportación al retiro.

La líder sindical cuestionó cuál es el ahorro que aduce la Administración Universitaria va a tener  con el nuevo plan, sobre lo que se han negado a presentar datos. Incluso, en la reunión del lunes (7 de agosto) que lograron tener con el presidente y su equipo de trabajo, el mismo Dr. Ferrao les dijo que tomó esa determinación porque la JCF le dijo que si no lo hacía no le daba los $20 millones del presupuesto del año pasado.

“A los chantajes  de la JCF, la UPR simplemente baja la cabeza y los acata  y prefiere ir en contra de los trabajadores y trabajadoras universitarios por $20 millones de dólares que le van a costar al final mucho más que eso”.

Además de las organizaciones citadas, los otros grupos que participan del movimiento en demanda de la derogación de la certificación están la Asociación de Jubilados de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, la Federación Laboralista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de Supervisores y Gerenciales de la Universidad de Puerto Rico, el Comité de Diálogo Institucional y la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico.