CLARIDAD
Durante las pasadas semanas la palabra “crisis” ha estado en boca de todos. Los medios de prensa y las redes sociales no hablan de otra cosa. En esta ocasión la “oferta” es variada porque el vocablo se utiliza en muchos campos. Según los múltiples comentarios, estamos inmersos en una “crisis energética”, tenemos un “sistema de salud en crisis”, el sistema educativo público anda por la misma senda, y a la Universidad pública, la mayor y más importante del país, también le aplica el vocablo. A lo anterior se añade la “crisis de corrupción”, con casi una docena de alcaldes admitiendo sus culpas en el tribunal, otros tanto en remojo y una exgobernadora bajo fianza tras ser acusada de recibir sobornos. También se habla de una “crisis de la vivienda” porque hay más de diez mil personas solicitando vivienda púbica sin encontrarla y los que pueden comprar tampoco encuentran o no pueden pagar los nuevos “precios de mercado”.
Pudiéramos seguir añadiendo servicios básicos en crisis (el sistema de carreteras, por ejemplo), pero con el primer listado tenemos suficiente. Noten que prácticamente todo lo que conforma el presente y futuro de un pueblo está colapsando. La educación necesaria para formar a niños y jóvenes, la salud que debe mantenerlos sanos a ellos y a sus padres y abuelos, la energía que nos permite operar en la casa y en el trabajo, la vivienda que nos debe proteger de la intemperie y el sistema de gobierno que nos permitiría operar como sociedad organizada. Nada de eso funciona con un mínimo de eficiencia, colocándonos en el tercermundismo más clásico.
¿Por qué hemos llegado a ese estado tan crítico, típico de un enfermo en estado terminal? Algunos dirán que es el resultado de otra crisis mayor, la de la deuda pública, que quedó expuesta en toda su crudeza en 2015 cuando se decretó el “impago” en las finanzas del gobierno. Pero otros países estuvieron en situación similar más o menos al mismo tiempo que nosotros -Grecia es el caso más destacado- y al cabo de siete años no se habla de un nuevo colapso generalizado como en nuestro caso. Todo lo contrario, hace unos meses el gobierno griego saldó por anticipado su deuda con el Fondo Monetario Internacional.
El estado de colapso público que padecemos a los siete años de haber estallado la “crisis de la deuda”, tiene una explicación que brota con mucha nitidez de nuestro problema mayor: el colonialismo. Como colonia al fin, al estallar el problema estábamos totalmente desprovistos de los mecanismos necesarios para enfrentarla, aquellos que de ordinario tienen los países soberanos. Quien procedió a imponernos su “solución” fue la potencia colonizadora, Estados Unidos. A miles de millas de distancia, sin que ninguna persona electa por los puertorriqueños pudiera votar ni participar activamente en el proceso, el Congreso y el Ejecutivo estadounidense impusieron el “remedio”. Este nos llegó en la forma de una junta supervisora, que no es otra cosa que un supra gobierno, con poder pleno para controlar hasta la más pequeña partida presupuestaria y determinar cuáles serán las prioridades del gasto público.
Además de tener control absoluto sobre el aparato gubernamental, la Junta de Control Fiscal (JCF) llegó a imponer una visión ideológica típica del más extremo conservadurismo económico, aquella que reduce el gasto público en los servicios básicos, promoviendo su privatización, y limita al mínimo la inversión social. En una palabra, el más puro y descarnado neoliberalismo.
Varias de las crisis enumeradas en el primer párrafo de este artículo están directamente relacionadas con acciones específicas de la Junta. La más sonada y comentada, una de las más sufridas por el pueblo y con consecuencias más generalizadas, es la de la energía eléctrica. Fue el organismo federal el que determinó que debía privatizarse la distribución de electricidad como primer paso, seguido más tarde por la entrega de la generación al capital privado. El resultado de esa privatización al trágala, por medio de un consorcio estadounidense (no faltaba más) no tengo que describirlo. A la angustia que vive el país con los continuos apagones y los cambios de voltaje, hay que añadir el impacto cada vez más negativo sobre la actividad económica.
Otra crisis directamente asociada a las acciones de la JCF es la del sistema educativo, más concretamente la de la educación superior. (La del sistema educativo primario y secundario se explica más por corrupción pública, particularmente la de los gobiernos del PNP en el Departamento de Educación). Sin considerar la función crucial de la UPR en la modernización de Puerto Rico, tan pronto comenzó a operar la Junta singularizó en la institución, reduciendo al mínimo la asignación de fondos públicos. El resultado ha sido un aumento considerable en los pagos que deben hacer los estudiantes, con la consecuente baja en la matrícula, reducción de la oferta académica, la pérdida de acreditaciones y el deterioro generalizado.
Las otras crisis también están relacionadas con la respuesta que el gobierno estadounidense, por conducto de la JCF, nos impuso tras el impago de la deuda. Por ejemplo, la austeridad generalizada, la destrucción de derechos y sociales, junto a otras medidas típicas del neoliberalismo, impactan a su vez el mercado de vivienda y la calidad de vida. El sistema de salud, privatizado desde antes de la Junta, ha continuado derrumbándose, mientras el gobierno y la entidad federal miran y no actúan.
Ante nuestros ojos, parece que el país se derrumba, pero en última instancia es el colonialismo el que está enfermo y en estado terminal. La JCF, y todo lo que hasta ahora ha representado, es tan solo uno de los síntomas.
