Especial para CLARIDAD
El gobernador argumenta a favor de la recién aprobada legislación que enmendó la mal llamada reforma laboral (Ley 4 de 2017). La ley aprobada ahora en 2022 enmienda el periodo probatorio, las licencia de vacaciones y las horas acumuladas para determinar el bono de Navidad como elementos a destacar. Otras áreas que la ley devolvía el estado de derecho a lo que existía en el 2017 no fue de aceptación para el gobernador, especialmente en lo relacionado con el despido injustificado.
La mal llamada reforma laboral aplica a trabajadores de la empresa privada y fue promovida en el 2017 como parte de las leyes que se impusieron como consecuencia de la Ley Promesa y el plan fiscal que la Junta de Control Fiscal promovía. Entonces el gobernador era asesor de la Junta. Apoyo y promovió un conjunto de leyes que congelaron los convenios colectivos a los empleados públicos, eliminaron otros beneficios a todos los empleados públicos, ampliaron el proceso de crear alianzas publicas privadas a favor de los inversionistas, eliminación de permisos y procedimientos en la construcción, entre otros.
Hoy, el bufete de abogados en el que trabajaba el gobernador esta impugnado como principal bufete asesor de la Junta por conflictos de intereses al tener clientes que se beneficiaban de las leyes que la Junta y el gobierno aprobaron. Para el gobernador eso no le afecta ya que el alega que dejo de ser miembro de ese bufete al aspirar al puesto electivo. Y uno se pregunta, ¿le conviene a ese bufete que uno de sus miembros hoy sea gobernador?
Así las cosas, muy pronto se discutirá en la corte de distrito federal si una ley aprobada por la legislatura colonial para devolver algunos derechos a trabajadores de la empresa privada debe ser declarada nula ya que los derechos devueltos, argumenta la Junta, desalentara a futuros y hasta hoy desconocidos inversionistas de invertir en un país que reconoce ciertas condiciones de trabajo a los empleados. Bajo ese análisis de costo de mano de obra barata vs inversionistas se justificaría nuevamente la esclavitud y tendríamos crecimiento económico a favor de inversionistas y burgueses.
Y mientras el gobernador prepara su defensa a favor de la ley argumentando que no hay un estudio que demuestre el efecto de la ley porque la ley no se ha aplicado, ese mismo gobernador veta un proyecto de ley que otorgaba a empleados públicos un salario mínimo escalonado que igualaría en dos años el salario mínimo de empleados públicos y privados. En este caso el gobernador nos dice que en el año 2023 el impondrá de manera unilateral un estudio de clasificación y retribución para los empleados públicos por lo cual no será necesario el proyecto de salario mínimo. Lo que no dice el gobernador es que mientras el salario mínimo en la empresa privada es $8.50, el empleado público recibe $8.25. Cada quincena de pago ese empleado público recibe menos salario que su igual en la empresa privada sin contar que el costo de vida y la inflación no distingue entre empleados públicos o privados.
Pero hay más. Los empleados públicos a quienes se les va a imponer el plan de clasificación y retribución tienen el derecho a negociar sus condiciones de trabajo y sus salarios. Pero el gobierno lo prohíbe por diversas leyes aprobadas al amparo de la ley Promesa, entre ellas un embeleco jurídico llamado “empleador único” que no distingue entre trabajadores de una agencia de gobierno u otra. Este concepto es el que se ha aplicado a trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica para ubicarlos en diferencias agencias del gobierno central. Desde 2009, cuando en tiempos de la ley 7 y otra junta colonial llamada entonces Junta de Estabilización y Reconstrucción Fiscal, JEREF, se despidieron a mas de 20,000 empleados públicos y se prohibió negociar los convenios, el actual gobernador era Comisionado Residente y apoyo la medicina amarga de su partido, dirigida por banqueros, empresarios y bufetes de corporaciones y patronos.
Como vemos el gobernador desde sus posiciones como legislador federal, como abogado de corporaciones y desde su actual posición electa representa intereses económicos de empresarios, inversionistas y patronos. El pueblo y la clase trabajadora no están en sus prioridades a representar. Y el asunto no es la persona que ocupa el puesto, es que desde hace décadas el poder económico ha ido uniformando procesos, aprobando leyes, derogando otras de manera que se ha ido trasformando el orden de bienestar general, del bien común por uno a favor total del individuo, del rico, del poderoso Don Dinero. Ese poder económico busca garantizar que quien llegue a gobernar los represente o si no fuera así, el orden legal le impedirá representar otros intereses. Para ello estará la Junta de Control Fiscal y sus planes de deuda refrendados por el tribunal federal.
¿Y los sindicatos? ¿Acaso duermen?
