Falta de transparencia, conflictos de intereses, daños ambientales y potenciales inundaciones, es el marco que representan los 18 proyectos de energía renovable aprobados por el Negociado de Energía (NE), denunciaron seis organizaciones relacionadas a la actividad agrícola y protección del ambiente.

En conferencia de prensa las organizaciones informaron que demandaron al gobierno por la aprobación de los 18 proyectos a construirse en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, en violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT) y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.

En el ‘Mandamus’ presentado este lunes 14 de agosto -el mismo día de la conferencia de prensa- las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al NE, a la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DDEC), y al Estado Libre Asociado (ELA), la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos. Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.

Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el NE aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.

Las demandantes son; la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.

Falta de transparencia gubernamental

Las organizaciones denunciaron que el NE llevó a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.

“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.

El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NE y las otras agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el PUT y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.

Mientras, David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, advirtió el que; “La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”.

Añadió que en 70 años (1935 al 2002), se documentó la pérdida de alrededor de un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR.

“Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una Isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado”, sostuvo Sotomayor.

Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático) afirmó los dos servicios que más se ven afectados con las emergencias climáticas son el acceso a la energía y alimentos saludables. “Cerca del 95% del combustible fósil que utilizamos y sobre el 80% de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptación climática, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energía renovable y alimentos. Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energía industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.

En la demanda se argumenta que la guía para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que contempla la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”. Las organizaciones plantearon que las normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el Negociado y el DDEC al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la política pública ambiental de rango constitucional.

La miembro de la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc. Marissa Reyes, reparó en que favorecen la energía renovable, pero no en detrimento de terrenos de alto valor ecológico y reservas agrícolas de los mayores lugares productivos. “Pese a la letra clara de la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”) y de la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico), el Negociado ha incumplido con su deber ministerial porque evalúa y aprueba los proyectos industriales (de energía) del Requerimiento de Propuestas del PIR sin identificar previamente los lugares aptos, sin requerir asistencia del DDEC y sin requerirle que someta sus conclusiones identificando los lugares aptos conforme a la Ley 17-2019. De igual manera, el DDEC incumple con su deber ministerial al no asistir ni someter sus conclusiones al Negociado identificando los lugares aptos, conforme a la Ley 17-2019 y la Ley 57-2014.”, añade la demanda.

Conflicto de interés

Además del entorno de falta de transparencia del Negociado y las agencias en la aprobación de estos proyectos, los activistas expresaron que les preocupa el alegado conflicto de interés del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró con respecto a los cuatro proyectos industriales de energía propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).

Afirmaron que en medios de comunicación se ha reseñado una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama. La publicación Sintesis Noticiosa detalla que aparentemente el funcionario intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para que se vendiera la finca a una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente. En una querella radicada el 22 de noviembre de 2022 ante la Oficina de Ética Gubernamental, el agrónomo Carlos A. Flores Collazo, ex secretario de Agricultura detalla que en esos terrenos se ha propuesto construir un proyecto de energía renovable de la AES con el endoso del DA.

Daños ambientales y potenciales inundaciones

La licenciada Ruth Santiago señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades. Dijo que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio Hidrológico Hidráulico (HH) que concluye que el proyecto industrial de AES entre Salinas y Guayama tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.

“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.

Como parte de sus esfuerzos las organizaciones comenzaron una campaña digital de recogido de firmas para presentar comentarios sobre los proyectos industriales de energía ante la Junta de Control Fiscal e hicieron una exhortación al público a evaluar los comentarios y endosarlos.

Para más información puede ver el reportaje: https://claridadpuertorico.com/aprueban-proyectos-de-energia-renovables-en-tierras-agricolas/

Las cuevas de Camuy

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“El Parque tiene socio hace más de 10 años…”, defiende la  Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI), ante la amenaza de privatización del Parque de las Cuevas de Camuy.

Para  SEPRI, esa  amenaza de privatización no surgió hace unos meses cuando se dio a conocer que la Autoridad para  las Alianzas Público Privadas (AP3) concluyó un estudio solicitado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA),  que dio su aval a una privatización. Esas intenciones datan de hace más de10 años, afirmaron dos miembros de SEPRI.

Ante la amenaza de privatización, SEPRI creó el Comité de Trabajo del Parque de las Cavernas del Rio Camuy con la intención de que sea su organización la que asuma las riendas del parque. Julio Rodríguez, miembro del Comité, relató a CLARIDAD  que desde el 2009 percibieron que había la intención de privatizar el parque. “La preocupación viene desde antes, pero en esa fecha empezamos a ver las decisiones y acciones del secretario del DRNA, en general hacia los bosques y las reservas, en particular de Kercadó”, entonces secretario de la Agencia. “Ante el descuido que veíamos en las estructuras de los parques, bosques y reservas, esa conducta… dos más dos son cuatro”.

En diciembre de 2022 miembros del Comité de SEPRI se reunieron en dos ocasiones con el subsecretario del DRNA, Alberto Mercado Vargas, para presentarles su propuesta para el manejo del Parque de las Cuevas de Camuy.  Desde esa fecha esperan por una reunión con la secretaria, Anais Rodríguez Vega,

SEPRI  reclama que tras el paso del huracán María (en septiembre del 2017), fueron ellos quienes levantaron el parque. Julio Rodríguez, narró que  a un mes de pasado el huracán, miembros de SEPRI ya estaban metidos en sus instalaciones.

“Cuando llegamos allí, nadie había pisado el parque, eso estaba como si hubiese sido el primer día de María. Los empleados estaban allí, pero la tragedia era tan grande, que se sentían impotentes porque ellos mismos habían perdido sus hogares y familiares. Ellos fueron víctimas en su rol personal de una manera muy grave y del Gobierno no recibieron ningún tipo de apoyo en ese momento; así que nosotros llegamos y empezamos abrir camino, llegamos hasta la cueva, no nos encomendamos a nadie, hicimos las reparaciones de emergencia después de que limpiamos la cueva del sistema de agua, sistema de luz, etc”.

Preguntado por CLARIDAD si hubo alguna reciprocidad de parte del DRNA hacia SEPRI por las labores, Rodríguez expresó: “La verdad fue que cuando llegó el momento de la reapertura del parque, a la SEPRI no lo mencionaron por ninguna parte ni nos invitaron a la actividad”. Comentó que lo que celebró el DRNA fue que  hubo una organización que donó dinero, con el cual pusieron unas barandas que SEPRI entiende que no son necesarias. Después del paso del huracán María, el parque fue reabierto en marzo de 2021.

La propuesta de SEPRI

Rodríguez, quien fue presidente de SEPRI por diez años, expuso que el estudio de la AP3 concluyó que el modelo de una alianza público privada tradicional para el parque no es adecuado, por lo que sugieren un modelo alternativo, que pueda ser de interés a una cooperativa o una organización sin fines de lucro, que pueda operar con bajo presupuesto, y le da al DRNA la responsabilidad de tomar esa decisión.

La experiencia de SEPRI, quien tiene contacto con organizaciones similares fuera de Puerto Rico, es que esta clase de activo natural se mantiene en manos del Estado, aunque reconoció que hay de todo, dependiendo del país.  El estudio que hizo la AP3 encontró que en la mayoría de los casos, en particular en Estados Unidos, hay una inversión del Estado para hacerlo sostenible a través de la agencia federal del Sistema de Parques Nacionales o, sino, el privado es quien corre con todo, pero siempre hay una inversión de PN.

A la luz de la experiencia en Puerto Rico con las privatizaciones, las cuales responden más al interés privado que al interés del pueblo, Rodríguez reclamó que a eso responde la decisión de SEPRI de presentar su propuesta. “Nos sostenemos en ella porque entendemos que cualquier otro privatizador  lo único que va a tener en mente es su ganancia”.

Según describió, en el caso de  SEPRI, lo que van  a tener en mente es mantener el parque de manera sostenible y responsable “porque entendemos que hasta el presente siempre se ha limitado la realización del potencial del proyecto de las cavernas hay muchas más cosas que se pueden hacer ahí para cumplir su propósito. También entendemos que es nuestra misión coger ese potencial y realizarlo dirigido a las relaciones con la comunidad y a la inversión en investigaciones y otras áreas fuera del parque para investigaciones y otros estudios”.

Añadió que en la propuesta de la organización lo que se solicita es una porción pequeña  recursos en comparación con lo que pediría un privado y recalcó que  los propósitos de la SEPRI  son la conservación, la investigación y estudios en otras áreas. Sería  como invertir de nuevo en los mismos propósitos que se supone debe tener Recursos Naturales.

“Puedo decir que lo que hay ahora es muy poco. En estos momentos, el parque está abierto,  se está haciendo solo una de las cuatro actividades que se pudieran estar haciendo ahora y muchas otras más. La excusa de Recursos Naturales es que no tiene gente para lo que está haciendo ahora, y no sabe hacer más. Hay que reconocer que en el DRNA hay mucho personal preparado, pero la naturaleza de una agencia pública y un empleado público tiene limitantes. Nosotros, como organización no gubernamental sin fines de lucro, tenemos más libertad de acción”.

Por su parte, Roberto Moreno Silva, otro miembro del Comité de Trabajo del Parque de SEPRI,  reiteró que están de acuerdo con que el parque lo administre el Gobierno, el DRNA; pero reclamó que ante la amenaza de privatización a quien se le debe dar la oportunidad es a la organización que lo fundó.

El excursionista experto en áreas naturales fue crítico del  concepto que tiene el Gobierno de “la explotación del recurso”, ya que la privatización del DRNA y la AP3 es para sacar dinero, nada que tenga que ver con proteger el parque,su conservación o con estudios científicos. Denunció que desde el 2018, la propuesta del Municipio de Camuy tiene similar concepto de explotación, el cual se refiere a levantar hoteles y colocar food trucks dentro del parque. Previnió que esas actividades en el parque, entre otros, va a generar dos problemas: ruido a los murciélagos y contaminación de luz. La basura que se genere va a atraer animales que ahora no se acercan al parque.

Moreno Silva denuncia que con la privatización lo que viene es la destrucción del parque y advirtió de que hay muchas personas que están detrás de esta privatización. Hizo la observación de que con  $2.5 millones, si se saben usar de manera inteligente, se podría reparar el parque.

Hay otros sistemas de cuevas

Aunque el sistema de las Cuevas de Camuy se reconoce como el más grande de Puerto Rico, este no es el único. La verdad, señaló Rodríguez,  es que el sistema del Río Encantado, entre los pueblos de Ciales y Florida, compite con el sistema del río Camuy. En la isla hay  otros sistemas  que no se han explorado y pudieran ser igual de importantes. El miembro de SEPRI señaló que la exploración de cuevas en Puerto Rico  s una de fines de semana, voluntaria. En otros países esta actividad es respaldada por el gobierno y por entidades. “Aquí en Puerto Rico,  no tenemos esa sofisticación aún”.

En esa línea, defendió que el que SEPRI pueda asumir potestad del  sistema de las Cuevas de Camuy le facilitaría la capacidad de explorar y estudiar esos otros sistemas. Más allá del atractivo turístico, estos recursos naturales revisten  importancia en términos geográficos, sobre los cuales todavía hay investigaciones y descubrimientos por hacer. Apuntó que Puerto Rico resulta atractivo para muchos científicos.

“Nuestra propuesta daría más rendimiento de lo que se está haciendo ahora. La impresión de la privatización de un bien público para que un privado gane dinero, aquí no entra; sino facilitarle el acceso al pueblo al parque y que el interés del parque no sea de una visita única en tu vida. Queremos que haya muchas más actividades, el interés de volver y permanecer, porque hay otras actividades que se pueden hacer”, concluyó el portavoz de SEPRI.

Especial para CLARIDAD

 El Sindicato de Trabajadores de la UPR, gremio que representa a empleados de 10 recintos, reiteró la urgencia de mejorar las condiciones salariales del sistema

“Nos quieren cerrar la universidad”, aseguró la profesora de la Escuela de Trabajo Social Inés Rivera Rivera. La académica, que trabaja por contrato a plazos en el Recinto de Río Piedras, insistió en que la Universidad de Puerto Rico (UPR) está bajo un acecho continuo, evidenciado en la condición física, fiscal y poblacional de la institución.

“No hay viviendas, no hay equipos y la infraestructura está deteriorada. Son retos grandes que presionan a las comunidad universitaria a asumir movilidad desde todos los flancos”, señaló la autora de la tesis doctoral “Análisis crítico de las políticas de reorganización, consolidación y cierre de escuelas en Puerto Rico durante el periodo 2013-2019: implicaciones para el trabajo social escolar”

El año pasado, la UPR flexibilizó los requisitos para ingresar a la institución. Entre los cambios más destacados, la influencia del College Board y los promedios académicos cambiaron. En lugar de repartirse el 50% del peso para admisión entre las pruebas del College Board y el desempeño académico, ahora los promedios ostentan 60% de importancia.

Hace unos días, el presidente de la universidad pública atribuyó que, como resultado de las nuevas medidas de ingreso, la matrícula estudiantil aumentó. La cifra ascendió a 10,885 para todo el sistema.

Para Rivera Rivera, aún es muy temprano para saber si, en efecto, este estilo de admisión rinda frutos para el provecho del sistema educativo.

“En honor a la verdad, es importante recordar que hay estudiantes que tienen un buen promedio y, por sacar un mal College [Board], no logran entrar. Hay que esperar como dos semestres para poder llegar a conclusiones”, sostuvo la profesora.

Desfases asiduos en la matrícula de cursos

Para Dariel Marín Díaz, quien ingresó este año a la Facultad de Educación, el proceso de ingreso ha sido ameno, aunque enfrentó los escollos acostumbrados del estudiantado.

“Me ha ido bien. Por lo que he visto y por lo que me han dicho, mi horario está bendecido. Lo único que tengo que averiguar es cómo llego desde Generales a Educación en menos de diez minutos”, opinó el joven, que se graduó de la escuela superior University Gardens. Por igual, explicó que, al solicitar servicios de la Oficina de Recaudación, la falta de información y apoyos accesibles no le fueron ajenos.

Contrario al resto de la población estudiantil, los estudiantes de nuevo ingreso reciben un horario de clases pautado por la misma universidad.

Por otro lado, Kisany Cabrera Ortiz, estudiante de Bellas Artes en su sexto año, reveló que, en la búsqueda de sus clases de este semestre, tuvo que esperar un tiempo bajo el notorio “sobrecupo”, que ha aumentado con el cierre de cursos en todas las facultades del Recinto. “Como soy de permiso especial, me dieron menos oportunidad de tiempo. Aún así, pude adelantar el proceso. Estuve encima de ellos [la universidad] todo el tiempo. Literalmente los hostigaba. Llegué a pensar que no los iba a conseguir”, agregó Cabrera Ortiz.

 Sindicato declara huelga a horas del inicio de clases riopedrense

A horas de que inicien las clases en el último recinto que falta por comenzar, Río Piedras, el Sindicato de Trabajadores de la UPR declaró una huelga por la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos el pasado febrero. Entre los reclamos, el aumento salarial- que está a $8.50, según el gremio- y negociar mejores condiciones en el plan médico protagonizan el descontento.

Panorama precario para la universidad del Estado

El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) recibió el aval de la jueza federal Laura Taylor Swain en enero de 2022. Con ese visto bueno, el presupuesto de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) quedó fijado en $500 millones.

Aunado a eso, las plazas permanentes para el profesorado merman cada vez más, y los académicos quedan con salarios que abonan a la pobreza y la inequidad salarial. Para colmar la copa desbordante, el Sindicato de Trabajadores del sistema universitario, por segunda vez este año, denunció las condiciones laborales a las que están sujetos. A menos de 24 horas de que supone iniciar el primer semestre académico, la incertidumbre, el desencanto y la confusión permean entre la población universitaria.

“A pesar de todo el panorama, este va a ser un semestre de mucha resistencia. Como todos los años, iniciamos con la misma esperanza y entusiasmo de mejorar nuestra universidad, que, a pesar de todo, hay que recordar que es la mejor”, advirtió Rivera Rivera