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Sigue el proceso de desmantelar la UPR

Por

junio 27, 2023

CLARIDAD

“Se supone que la función primordial de una universidad sea educar a los jóvenes de su país. En esa línea, a los proponentes del proyecto no les ha importado el hecho de querer invertir tantos millones en estudiantes del extranjero y olvidarse del problema que tenemos con el reclutamiento de nuestra juventud”.

La Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), por medio de su presidenta, profesora María del Mar Rosa Rodríguez, se expresó contundentemente en contra del proyecto PS 1068 que propone otorgar la cantidad de $5,000,000 a la entidad privada UPR Foundation, una corporación sin fines de lucro incorporada en 2017 para reclutar a estudiantes extranjeros para que vengan a estudiar a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La presidenta de la APPU indicó que ya en la UPR se formó un cuerpo de coordinadores que está colaborando en el esfuerzo de atraer estudiantes internacionales; pero, como todas las otras estructuras de la UPR, están pillaos de presupuesto. Se supone que este grupo se reporte a la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, Mayra Chárriez, y que haya un enlace con la Administración Central, que es Javier Carrión Guzmán. “Ya hay una estructura dentro de la UPR para reclutar estudiantes extranjeros, ¿por qué hacer este proyecto y este chanchullo para darle $5 millones a UPRF. No se supone que reciban fondos públicos y recauden fondos, pero con fondos públicos. ¿En dónde se supone que está la filantropía?”, cuestionó la profesora.

Esta denunció que dicha fundación se organizó en 2015 y se incorporó en 2017, pero no se sabe qué logros ha tenido como para asignarle ahora $5 millones. Ya en el 2015 y en el 2017 fue “traída por los pelos” a la UPR, supuestamente, para atender las becas a estudiantes y ahora para reclutamiento.

“Leímos minuciosamente este proyecto del Senado y advertimos peligros. Por ejemplo, desconocemos si esos $5 millones están contenidos dentro del presupuesto adjudicado a la UPR, lo que constituiría otra reducción presupuestaria”. La presidenta de la APPU alertó de que otro peligro es que la medida requiere que no haya duplicidad de servicios, por lo que desconocen si esto representará despidos o cierres de oficinas de admisiones y reclutamiento.

Como se expresa en el proyecto y según denunció la APPU, la razón principal para el reclutamiento de estudiantes extranjeros es “el descenso en población”, pero se ignora el alza en la matrícula y la crisis económica que atraviesa el país y su impacto sobre las estudiantes.

“Este proyecto acelera el desmantelamiento de la institución y evade el problema de reclutamiento de estudiantes desde su raíz como resultado de los recortes presupuestarios, el alza constante y desmedida en la matrícula y la crisis fiscal de Puerto Rico”, indicó el doctor Jorge Lefevre Tavárez, vicepresidente de la APPU. “No podemos olvidar que, por órdenes de la JCF, la UPR dejó de recibir el 9.6 % del promedio de los recaudos de los últimos dos años que por ley le corresponden del erario, por lo que dejó de recibir sobre $500 millones anuales. La restitución de esa fórmula permitiría fortalecer la UPR y sus esfuerzos de reclutamiento y admisión de estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico”, argumentó Lefevre.

La UPR no fue a mi casita a buscarme

El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, Delvin Caraballo, señaló que atraer estudiantes internacionales o estudiantes hispanohablantes de Estados Unidos no es malo, pero en la medida en que no se atiende de manera efectiva a los estudiantes residentes y los que ya forman parte de la comunidad universitaria, sí lo es. “Asignar un presupuesto para traer estudiantes de afuera cuando el presupuesto para mantener la institución y los estudiantes que ya tenemos es insuficiente a mí me suena a una contradicción de la más alta gama”.

Al igual que la APPU y otros sectores universitarios, Caraballo reclamó que lo que hay que hacer es asignar un mayor presupuesto a la UPR. El estudiante cuestionó: “Cuando traigamos a esos estudiantes, ¿qué residencias les vamos a ofrecer si en Río Piedras tenemos las dos residencias cerradas? ¿Qué servicios y qué calidad les vamos a ofrecer si estamos congelando las plazas no docentes, que son las que mantienen la parte operacional de la institución diaria y no estamos haciendo un reclutamiento docente al nivel que tenemos que hacerlo para el desarrollo de nuevas propuestas, para tener mayores sesiones de clases? Es todo un componente bien amplio que en esencia no creo que tengamos. Tenemos que movernos a expandir el ofrecimiento de la UPR por el potencial que tiene para servir al país y para servir a ciudades hermanas, principalmente del Caribe y Latinoamérica. Pero, otra vez, atendiéndolo a través de un presupuesto a una corporación sin atender el problema real presupuestario que tiene nuestra institución es la contradicción de la mayor gama que podemos tener en estos últimos días”.

El portavoz estudiantil ante la Junta de Gobierno reflexionó sobre la medida. “En mi caso soy primera generación universitaria, la Universidad no fue a mi casita, ni invirtió 5 millones en buscarme”.

Por su parte, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y profesor del recinto de Río Piedras, Rafael Bernabe, dijo a CLARIDAD que le parece que la medida es parte de una actitud de menosprecio y de desconfianza de que la UPR pueda hacer las cosas bien y montar una campaña adecuada para atraer estudiantes, por lo que habría que crear un organismo aparte para eso. Expresó preocupación por que ante la reducción brutal del presupuesto de la UPR a la mitad, la lógica de la medida es ver cómo se consigue el presupuesto. El presupuesto de la UPR llegó a ser más de $900 millones, según la fórmula que por ley se aplicaba antes de la imposición de la Junta de Control Fiscal. El presupuesto actual de la UPR debería ser de más de mil millones y lo que asignó la Cámara de Representantes fue $560 millones y $620 millones el Senado. En ambos casos este presupuesto es uno inadecuado, indicó.

“Me opongo a que hagan campaña para traer estudiantes extranjeros, pero no como sustituto para lo que debe ser la gestión del Estado para que la Universidad funcione adecuadamente. Me da la impresión de que es una actitud de no le vamos a dar dinero a la Universidad, pero vamos a ver cómo vamos a conseguir fondos de esta otra manera”.

Bernabe aclaró que no hay problema con atraer estudiantes extranjeros, ya que eso es parte del enriquecimiento cultural y académico de una universidad y es una tarea que muy bien puede hacer la UPR. Pero sí cuestionó las facilidades que en estos momentos pueda ofrecer la UPR a estudiantes extranjeros y criticó el que se pretenda copiar para la UPR el modelo de DMO de Turismo.

41 resoluciones y cincuenta años en el Comité de Descolonización (parte 2)

Por

wilma-reveron-collazo

junio 27, 2023

Especial para CLARIDAD

El 22 de junio de 2023 se llevó a cabo un nueva audiencia sobre el tema de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU (conocido como ¨C-24¨ aunque actualmente tiene 29 miembros). Como ha sucedido desde el año 2000, el Comité adoptó una nueva decisión sobre el caso de Puerto Rico. Uso la palabra decisión porque es la que formalmente utiliza el C-24: Decisión del Comité Especial de fecha 20 de junio de 2022 relativa a Puerto Rico.

Todos los años tengo que aclararle a queridos(as) compañeros (as) que el título que va a tener la resolución es haciendo referencia a la decisión aprobada el año anterior. Confuso, pero es así porque lo que hace el C-24 es oir peticionarios sobre la ¨decisión¨ tomada el año anterior y no es en si una ¨resoluciòn¨. ¿Por qué? Porque en el caso de Puerto Rico el C-24 NUNCA ha cumplido con la encomienda que se le asignó en la resolución adoptada en 1972 razón por la cua el tema de Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte del temario del C-24. Suena familiar, no.

¿Qué encomienda se le dio al C-24 en 1972? Instruyó a su Grupo de Trabajo a someterle (al C-24) temprano en el 1973 un informe relacionado especificando el procedimiento que ha de seguir el Comité Especial para la implementación de la Resolución de la Asamblea General 1514(XV) con respecto al caso de Puerto Rico.[i]

Desde qué comence a familiarizarme con este tema en 1980 nunca he conocido de la existencia de un Grupo de Trabajo del C-24 que esté encargado de presentar este informe. Lo que si se presenta todos los años es un Informe del Relator que pone al día la situación de Puerto Rico en cuanto a su situación demográfica, económica, social y política. En ese Informe del Relator no se hacen recomendaciones de como aplicar la Resolución 1514(XV) al caso de Puerto Rico.

Hay un problema de pérdida de memoria histórica en el C-24 y aunque personalmente se los he traido a su atención no ha habido un interés por cumplir con dicha encomienda. ¿Qué importancia tiene esa encomienda?

Para que se entienda de qué se trata la encomienda se precisa aclarar un tema que crea confusión y controversia dentro del movimiento independentista y es el tema de si Puerto Rico debe volver a la lista de Territorios No Autónomos (NSGT por sus siglas en inglés).

La Resolución 1514(XV) dice en su texto que aplica a tres tipos de territorios: 1. Los territorios en Fideicomiso (los cuales hoy en día no hay ninguno): 2. los Territorios No Autónomos que comprende hoy en día 17 territorios: 3. todos aquellos territorios que aun no han alcanzado su independencia. Esta última categoría fue añadida a la resolución a instancia de Cuba como portavoz de la delegación de Puerto Rico compuesta por Juan Mari Brás, Vicente Géigel Polanco y Gabriel Vicente Maura. Mari Brás le confiere la autoría a Vicente Géigel Polanco.

Por lo tanto, hay tres listas de territorios a los que aplica la Resolución 1514(XV) y por tal razón es que el capítulo del informe del C-24 bajo el cual se incluye el tema de Puerto Rico se titula ¨Territorios a los Cuales Aplica la Declaración.¨ Como la decisión sobre si aplica la declaración o no a un territorio es un asunto de la competencia de la Asamblea General de la ONU, en tanto en cuanto la Asamblea General no se pronuncie al respecto seguimos en una especie de limbo procesal en la ONU en la cual se escuchan peticionarios, se toman decisiones, se refiere a la Asamblea General pero no pasa a la Cuarta Comisión sobre Asuntos de Política Especial, donde si se discute todo los años los Territorios No Autónomos que están en la lista. De hecho, hay opiniones del consejero legal del Secretario General de los años 80 discutiendo precisamente que Puerto Rico no puede ser tema de la Cuarta Comisión por cuanto la Asamblea General no se ha expresado al respecto y referido el tema a la comisión.

Pasemos entoces a discutir ¿cómo hacemos para que se discuta el tema de la Asamblea General? Como comencé a explicar en la Parte I (La Hoja de Ruta Hacia La Asamblea General), hay unas rutas disponibles, algunas que no se han explorado como la de la expresión de países miembros cuando sube el Informe del Comité Especial que contiene el capítulo que incluye a Puerto Rico, o la que si hemos tratado, la via procesal usual de presentar el tema ante la mesa de trabajo de la Asamblea General que prepara la agenda y prevalecer mediante votación de la mayoría para inscribir el tema en la agenda. Juan Mari Brás también planteaba la posibilidad de que la Asamblea General le pida una opinión consultiva a la Corte Internacioal de Justicia (CIJ).

El asunto es que para cualquier ruta que se tome se necesita del apoyo de países miembros que presenten la solicitud ya sea de que la Asamblea General discuta el tema o lo eleve a la CIJ. En el pasado Cuba pidió la inscripción del tema en dos ocasiones: 1971 y 1982. En ambas ocasiones no se logró prevalecer en las votaciones no tanto por los votos en contra sino por los abstenidos.

Lo que me lleva entonces a contestar la pregunta de por qué no se ha llevado el tema a la Asamblea General. Sencillo, porque nos falta: 1. Un país miembro dispuesto a asumir la tarea; 2. Un movimiento descolonizador organizado para ir con una sola voz a solicitar que se discuta el tema; 3. Hombres y mujeres disponibles y dispuestos a asumir la tarea dedicándole todo el tiempo necesario y 4. Dinero para ejecutar el trabajo.

Les puedo compartir la experiencia del 1982 sobre la cual les puede abundar el compañero Rafael Anglada López. En aquel momento teníamos una oficina al cruzar la calle en el UN Church Center, donde la División de Mujeres Metodistas nos alquilaban una pequeña oficina por $300.00 mensuales. En esa oficina teníamos un escritorio y una maquinilla imitación de la Selectric de IBM. Teníamos acceso a una fotocopiadora por una cantidad módica por copia (.10). Yo dirigía a tiempo completo la oficina que se llamaba Oficina de Información Internacional Para la Independencia de Puerto Rico (OIIIPR). Contábamos con el apoyo de la Seccional del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), entonces dirigida por la compañera Digna Sánchez quien a su vez puso a su disposición el Puerto Rican Center for Research que tenía estatus 501(C)(3) que facilitaba conseguir fondos de fundaciones progresistas como Funding Exchange y otras. Teníamos al inolvidable Profesor J. A. González González como corresponsal de CLARIDAD ante la ONU que conocía todo lo que sucedía y acontecía en ese recinto y de que pata cojeaba cada personaje.

Teníamos además un extraordinario grupo de apoyo en el Comité de Apoyo a la OIIIPR que dirigía el Reverendo Alfonso Román y se componía de una docena de compañeros y compañeras que ayudaban en todas las tareas desde las intelectuales y políticas hasta las mundanas de montar recepciones. Asimismo en Puerto Rico bajo la dirección de la Profesora Piri Fernández de Lewis teníamos el Comité Puerto Rico en la ONU (COPRONU) fundado en 1980 y que estaba a su vez compuesto por el PSP, el Partido Nacionalista, el Partido Comunista y personalidades del movimiento independentista como el Dr. José Milton Soltero, Noel Colón Martínez, Pinchi Méndez, Oscar Collazo, Eneida Vázquez, Awilda Palau, Dr. Héctor Alonso, Paquita Pesquera y otros que me perdonarán si no los mencioné.

Hubo también en un momento dado por poco tiempo un Comité Internacioal de Apoyo a la Independencia de Puerto Rico presidido por el entrañable amigo venezolano Dr. José Herrera Oropeza. Desafortunadamente con su temprana muerte murió también el comité. Este comité había sido el fruto recogido de las dos exitosas conferencias internacionales en apoyo a la independencia de Puerto Rico celebradas en La Habana en 1975 y en México en 1979. Las conferencias a su vez contaron con el auspicio y apoyo del Consejo Mundial de la Paz.

Para el trabajo de cabildeo para conseguir votos Cuba, bajo la dirección de su Embajador Permanente Plenipotenciario Raúl Roa, desplegó todo su aparato diplomático, y de Puerto Rico logramos movilizar a Nueva York decenas de compañeros y compañeras por más de un año para visitar delegaciones.

Con todos estos recursos disponibles, no fue posible lograr los votos necesarios para inscribir el tema. Les cuento esta historia para que las generaciones actuales que se preguntan por qué no se ha discutido el tema de Puerto Rico en la Asamblea General, que cambien la pregunta ¿cuándo vamos a conseguir los recursos para que se discuta el tema en la Asamblea General de la ONU? Cuando existan condiciones como las que acabo de describir estoy segura que aparecerá el país o los países que nos apoyen.

[i] A/AC.109/419 30 de agosto de 2019

Exhortan a fiscalizar el uso de tecnología para las elecciones

Por

candida-cotto

junio 27, 2023

CLARIDAD

ccotto@claridapuertorico.com

Aunque considera que la tecnología puede ser buena para el proceso electoral, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, plantea que su uso requiere buenos procesos de fiscalización.

“Me parece que el proyecto del escrutinio electrónico que comenzó en el 2016 ha sido positivo; pero siempre en todo ese proceso había fiscalización, estaban todos los partidos integrados”, dijo a CLARIDAD en entrevista respecto a la incorporación de más tecnología en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que los votantes puedan hacer sus transacciones electorales y para que el día de las elecciones se use un registro electrónico.

Al aludir a la necesidad de fiscalización de las próximas elecciones generales, el comisionado electoral del PIP denunció que no toda la información es compartida con todos los comisionados electorales. Respecto al Código Electoral del 2020, sobre todo en lo que tiene que ver con información económica, es el presidente de la CEE quien en muchas ocasiones la mantiene y no necesariamente la comparte con los comisionados. “Por lo menos no conmigo, y me consta que tampoco con Victoria Ciudadana, ni con Proyecto Dignidad ni el PPD. No sé si con el PNP”.

Aponte Berríos reconoció que uno de los asuntos que el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, continuamente ha mencionado públicamente es el de las listas electrónicas. “Yo soy de los que cree que puede ser positiva, con procesos de fiscalización, y creo que en primer término debe mantenerse el papel, por si acaso. Una vez se pruebe y si queda bien, uno podría dejar de imprimir, porque es cierto se gasta mucho dinero en papel, se requiere mucho tiempo, y quizás con este sistema de las listas no va a haber que dedicar semanas a imprimir en la CEE”. No obstante, insiste en que hay que mantener las listas de electores en esta primera ocasión.

La información que ha recibido es que se van a mandar a pedir cerca de 9,000 de computadoras portátiles (tabletas) que van a servir como listas electorales y aun cuando ha habido discusiones de cómo va a ser esa tableta y los requisitos, reparó en que no se atrevía a decir si era cien por ciento seguro que eso se fuera a dar. Su postura es que las primarias a celebrarse en julio del 2024 deben servir de pruebas.

Aun cuando reconoció que el uso de más tecnología no requiere de más trabajadores, Aponte Berríos considera que el actual presidente de la CEE ha llevado a ejecución el plan de austeridad impuesto por la JCF, que incluye el cierre de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). En la actualidad, quedan 21 JIP y se supone que en algún momento solo queden 12. Eso implica la pérdida de empleados de todos los partidos. Aponte Berríos denunció que la determinación luego de las pasadas elecciones de que solo hubiese dos partidos representados en la CEE responde a las medidas impuestas por la JCF. “Pero, por otro lado, uno se entera luego de que quizás haya un contrato para alguien; pero al día de hoy, en términos de la JIP, se va uno de cada partido y no han sido sustituidos”.

Otro asunto que ha estado en discusión pública y que el gobernador Pedro Pierluisi defiende es el voto por correo y la ampliación de la edad para este voto. Al respecto, Aponte Berríos apuntó que la discusión en la CEE se enfoca más en si se debe regresar a lo que dice la Ley Electoral, de que ese voto es para las personas que tiene 80 años o más. En las pasadas elecciones, por motivos de la pandemia, fue que se bajó a la edad 60 años. Comentó que con el cambio en la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), ese partido ha dicho públicamente que respalda que sea a los 80 años. “Yo veo que ya un derecho que se le dio a las personas de 60 años es un poco difícil revertirlo. Pero es parte de la discusión que ha estado en la palestra, y no hay una decisión final”.

Aponte trajo a la atención que no obstante el marco que envuelve toda esta discusión, todavía está pendiente si va a haber o no enmiendas a la ley electoral, pero que eso quizás se verá cuando acabe la presente sesión legislativa. Las expresiones que ha escuchado por parte del PPD son de que no necesariamente la medida se atenderá ahora y que se esperará a la próxima sesión. Le parece que las propuestas del PPD están más enfocadas en el voto adelantado y no necesariamente en otros asuntos medulares para los otros partidos, como es la representatividad en la CEE.

El proyecto PS 909, de enmiendas al Código Electoral del 2020, se encuentra en Comité de Conferencias luego de que el representante Conny Varela se sentara con cada uno de los comisionados electorales y acogiera varias enmiendas. Tras las enmiendas que hizo Varela en la última vista en el Senado, en la que estuvieron presentes los comisionados, se sorprendieron al ver que en el Senado regresaron al lenguaje original. “Se eliminaron todas las enmiendas que había presentado Conny, por eso es que esto es como un Frankenstein. En el caso del PPD y en el caso del PNP está claro que quieren mantener el código actual o llegar a un acuerdo con el PPD”.

Lento el proceso de inscripción

Aponte Berríos censuró que la CEE haya sido muy parca con el asunto de la inscripción de nuevos electores. Comparó que en el cuatrienio anterior de enero del 2017 al 31 de mayo del 2019, con todo y el paso del huracán hubo 55,401 nuevos inscritos. En este cuatrienio de enero del 2021 al 31 de mayo del 2023, solo se han inscrito 33 ,964. Dijo que el PIP ha insistido por medio de las redes sociales en que los jóvenes acudan a las JIP a inscribirse y le ha pedido a la CEE que se retome a partir de agosto las visitas a las universidades y escuelas. “Veremos a ver qué ocurre”.

Además, en las redes sociales han publicado información para que los jóvenes que están estudiando fuera de Puerto Rico y vienen en el verano acudan a la JIP si no están inscritos para que luego soliciten en el voto ausente. Señaló que en las pasadas elecciones, el voto ausente fue mínimo en comparación con el voto adelantado total, que fue cerca de 200 mil personas; el voto ausente fue 6 mil. Reparó en que algunas personas confunden el voto ausente con el voto adelantado. Defendió que la persona que está inscrito en Puerto Rico y está activo, que tiene su domicilio en la isla y que por una u otra razón se encuentra fuera, tiene derecho al voto.

Otro voto que está bajo discusión es el voto a domicilio, este es el voto adelantado. La oficina que se encarga del voto adelantado, JAVA, estaba trabajando reglamentos para meterle más garra a ese proceso. Se supone que en este proceso participe un funcionario de cada partido; pero en las pasadas elecciones hubo denuncias de que esto no fue así. Esto es parte también de la discusión en el CE 2020 debido a que la vieja ley electoral era mucho más fiscalizadora al requerir un certificado médico a las personas que solicitaban el voto a domicilio.

En tanto, las máquinas del escrutinio electrónico están físicamente en el edificio de operaciones electorales donde antes se llevaban a cabo los procesos de escrutinio. El comisionado electoral del PIP dijo que le consta que cada ciertos meses la compañía Dominion pone al día las máquinas y se atienden las baterías. No obstante, sobre el estado de las 6,072 máquinas de escrutinio, el presidente de la CEE, Rosado Colomer, en declaraciones al Nuevo Día, advirtió que las máquinas podrían averiarse si la JCF no aprueba $267, 072 que solicitó para reparar el sistema de refrigeración para mantener el equipo en condiciones adecuadas.

Así las cosas, entrando a un año prelectoral, Aponte Berríos observó que todavía está pendiente en la Legislatura las enmiendas al Código, la asignación del presupuesto para las primarias y los proyectos pendientes. Reiteró su denuncia de que el actual código le ha dado mucho poder al presidente de la Comisión, por lo que este no suele discutir el presupuesto con los comisionados.

El truco de las escuelas Chárter

Por

jatiel infanzon

junio 27, 2023

Especial para CLARIDAD

Para que un país pueda desarrollarse necesita tener un sistema educativo excelente. No es posible que un país se mueva hacia adelante si no tiene ciudadanos educados. Después de todo los ciudadanos son los mejores recursos que tiene país. Por eso desde el 1948, las Naciones Unidas incluyó el derecho a la educación como un derecho universal en su Declaración por los Derechos Humanos. Los sistemas educativos de los países deben ser creados con todos sus ciudadanos en mente para poder desarrollar al máximo las capacidades de sus ciudadanos y por ende desarrollar su país como más le conviene. En Puerto Rico eso es totalmente imposible debido al estatus colonial que nos amarra y a eso hay que añadirle que el Secretario de Educación y la alta administración del departamento son marionetas políticas que toman decisiones a favor de su partido político y no de los estudiantes y maestros de Puerto Rico.

Cada cuatro años el gobernador de turno con su Secretario de Educación vienen con nuevas políticas para arreglar la educación pública en Puerto Rico. Cada año (por décadas) hemos vistos los mismos problemas: escuelas sin maestros, pésimo mantenimiento a las facilidades, maestros sin permanencia, salarios que no da para vivir con el alto costo de vida, no hay dinero para los libros y computadoras y por ahí sigue la lista. Ahora el gobernador Pierluisi, al igual que Ricky Roselló viene con el cuento de que las escuelas chárter son la solución para arreglar el sistema educativo de Puerto Rico. Esa es la misma narrativa que sus amos del norte llevan diciendo por décadas tratado de solucionar el sistema educativo de los Estados Unidos.

Las escuelas chárter nacen en el estado de Minnesota en el 1991, cuando se le cede un permiso (chárter) a St. Paul City Academy para ayudar a aquellos estudiantes con rezago académico. La intención era destituir la burocracia administrativa para que los maestros pudieran ayudar a los estudiantes que estaban a punto de darse de baja y proveerles las ayudas pedagógicas necesarias, consejería y servicios sociales para que los estudiantes terminaran la escuela superior y ser miembros productivos de la sociedad. Hoy día 45 estados y los territorios de Washington DC, Puerto Rico y Guam cuentan con escuelas chárter. En los últimos años los políticos demócratas y republicanos han vendido las escuelas chárter como parte del movimiento “school choice” y parte de la reforma educativa a nivel nacional. El movimiento “school choice” es una especie de mercado donde los padres tienen diferentes escuelas de dónde escoger y se les da la libertad de escoger la escuela que mejor le convenga dándole así al padre y estudiante supuestamente voz en el proceso educativo. Este proceso está derrumbando la idea de las escuelas de la comunidad en donde la escuela sirve las diferentes necesidades de cada comunidad. Para estos reformistas la educación es como ir a una tienda y comprar cualquier producto. Como los padres y estudiantes escogieron su escuela, en sus mentes los reformistas educativos piensan que resolvieron el problema educativo y se lavan las manos si hay algún problema pues los padres y estudiantes tomaron la decisión.

¿Pero cuáles son las diferencias entre la escuela pública tradicional y las escuelas chárter? Primero, las escuelas chárter tienen más autonomía en diferentes áreas porque no se rigen por los estatutos de los distritos escolares, sino por el permiso (chárter) que se les otorga. Por eso las escuelas pueden escoger su propio currículo, uniformes, que estudiantes son aceptados y denegados y su propio código de conducta mientras que la escuela pública tradicional no tiene esa opción. Quien es aceptado y quien es expulsado es algo importante porque así pueden controlar el ambiente académico y de disciplina. Los estudiantes que no son aceptados o expulsados de las escuelas chárter terminan en las escuelas tradicionales que ahora cuentan con menos recursos para atenderlos porque las escuelas chárter se llevan parte del dinero. En Puerto Rico va a pasar lo mismo y las escuelas tradicionales van a tener menos recursos para lidiar con esa población que es la más que necesita ayuda.

Segundo, la paga para los maestros en las escuelas chárter es más baja que en la escuela pública tradicional. De acuerdo con el Departamento de Educación Federal, la paga en las escuelas chárter es de 10%-15% menos comparada con un maestro de una escuela pública. El salario promedio para un maestro en a la escuela tradicional es de $53,400 mientras que en las escuelas chárter el salario es de $44,500. Entonces, ¿qué va a pasar en Puerto Rico si el salario de los maestros no es suficiente? Si el salario de los maestros en Puerto Rico empieza en $31,000 al año, ¿cuán bajo va a ser el salario para los maestros de las escuelas chárter? Y a eso hay que añadirle que la Junta de Control Fiscal le quiere quitar el aumento de $1000 que se les prometió.

Tercero, en las escuelas chárter no hay permanencia para el empleado docente y la mayoría no tiene una unión que negocie y vele por sus derechos laborales. Los maestros y los beneficios marginales están a discreción del director escolar y la junta de directores de la escuela. Como son las cosas en Puerto Rico, el maestro va a tener que ser del mismo partido político que el director escolar o conocer a alguien en la junta de directores para mantener su trabajo. Además, los maestros es las escuelas chárter no tiene que estar certificados en el área que son docentes. Después que tengan un bachillerato en cualquier materia pueden empezar a dar clases.

En resumidas cuentas, un maestro en los Estados Unidos en una escuela chárter le pagan menos, no tiene permanencia, pero tiene menos problemas de disciplina, ese es el intercambio de dar clases en una escuela chárter. Así es que estos reformistas educativos pretenden mejoran la educación. Creado escuelas en donde se controla el acceso de quien entra, quien se queda y quien se va y quitándole recursos a las escuelas tradicionales. Con tanta publicidad cualquiera pensaría que los estudiantes de las escuelas chárter salen mejor que los estudiantes de las escuelas públicas en las pruebas de aprovechamiento académico. Pero ese no es el caso. El Center for Research in Education Outcome de la Universidad de Stanford (CREDO) ha publicado tres estudios longitudinales comparando las escuelas chárter y las escuelas publicas tradicionales. En los primeros dos estudios los estudiantes de las escuelas públicas tradicionales obtuvieron mejores puntuaciones que los estudiantes de las escuelas chárter. Solo en el último estudio publicado en el 2023 los estudiantes de las escuelas chárter superaron a los estudiantes de las escuelas públicas. Pero el estudio informa que la autonomía dada a las escuelas chárter es un factor determinante para el aprovechamiento académico de los estudiantes debido a que las escuelas pueden adaptarse más rápido a las necesidades de sus estudiantes y tienen menos burocracia.

Si las investigaciones establecen que darles más autonomía a las escuelas significa que los estudiantes van a rendir mejor académicamente, ¿por qué no darle más autonomía a las escuelas tradicionales para que puedan servirle mejor a los estudiantes? ¿Por qué quitarles los recursos a las escuelas y otorgárselos a juntas de directores que administran la escuela como un negocio? La contestación es sencilla, porque el propósito no es mejorar el sistema, el propósito es privatizar poco a poco la educación pública. Estos gobernantes ven la educación pública como un gasto y no como una inversión. Las escuelas chárter es otra forma de privatización por parte del gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico para repartirse los fondos estatales y federales entre amigos políticos y auspiciadores de campañas electorales. El magisterio es la única profesión que crea todas las profesiones. Sin buenas escuelas no se puede educar a un país y un país sin educación puede ser manipulado fácilmente. Los grandes intereses llevan más de 125 años tratando de destruir a Puerto Rico y no lo han logrado ni lo van a lograr. Esta generación se está levantando poco a poco y va a seguir luchando por el bienestar de nuestra patria. Creando un sistema de educación pública que beneficie a los estudiantes puertorriqueños es el comienzo para crear el Puerto Rico que todos y todas deseamos.

1973, Uruguay militarizado y Kissinger con 50 años

Por

Rebelion

junio 27, 2023

Por Lilliam Oviedo

El golpe de Estado en Guatemala en 1954, como el golpe en Brasil en 1964 y la invasión a República Dominicana en 1965, son hechos que caracterizan el entorno político del golpe de Estado de 1973 en Uruguay.

En los archivos del entonces quincuagenario Henry Kissinger (hoy centenario con crímenes en su historial que es preciso contar por miles) figura el encuentro en Londres, en diciembre de 1971, entre Richard Nixon y Edward Heath, en el que Nixon recomienda seguir alentando a la dictadura militar de Brasil, que ayudó a “arreglar las elecciones uruguayas”.

Pasajes como este constituyen un desmentido a la afirmación de los medios controlados por corporaciones de que la imposición política de las grandes potencias va dirigida a preservar la democracia. Las urnas tiradas en cualquier lugar y la cantidad de votos superior al número de electores son trucos concebidos por estrategas imperialistas. Se aplicaron en Uruguay y se han aplicado en otros países (en República Dominicana, por ejemplo, en 1966 y en 1994).

Al fraude se suma un libreto de acción, la llamada Operación 30 Horas, elaboración yanqui para ser ejecutada por Brasil. La dictadura militar brasileña intervendría militarmente a Uruguay para reponer al presidente Jorge Pacheco Areco en caso de que el Frente Amplio, agrupación de la cual formaba parte el Partido Comunista, ganara las elecciones de 1971. Huelga mencionar, junto al nombre de Pacheco Areco, los de Nixon y Kissinger. La dictadura argentina no participaría en la manipulación electoral, pero apoyaría un golpe de Estado para reinstaurar a Pacheco.

Se trataba de apuntalar el atraso político y a ese proyecto dedicaron sus esfuerzos los representantes del anticomunismo en América y el resto del mundo.

Asumieron como de alto interés nacional y regional el combate a los grupos contestatarios y a las organizaciones armadas que surgieron en el ambiente de represión instaurado con la crisis generada por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y el descrédito de un liderazgo desfasado, servil y criminal.

LOS SEÑORES DEL GARROTE

El presidente que el 27 de junio de 1973 disolvió el Congreso, Juan María Bordaberry, fue electo mediante la manipulación que Nixon y Kissinger reconocen en 1971, y representaba la línea directa de continuidad de Pacheco Areco. Los sufragios fueron “contados” para favorecer a la derecha representada por el Partido Nacional o Partido Blanco, que perdió por poco margen, y el Partido Colorado, que postuló a Bordaberry. Al Frente Amplio, que postuló a Líber Seregni, apenas le asignaron en el conteo el 18.3 por ciento.

El imperialismo y las dictaduras continentales actuaban en Uruguay con descaro tanto en la represión a la resistencia interna (el principal brazo armado de esa resistencia era el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) como en el trabajo contra los movimientos revolucionarios latinoamericanos y en la conspiración contra los gobiernos de Cuba y de Chile.

Con apoyo internacional y colaboración de la oligarquía uruguaya, Pacheco Areco había comenzado a aplicar, en junio de 1968 (hace 55 años, si de aniversarios se habla), las Medidas Prontas de Seguridad, MPS. Fueron congelados los precios (en términos oficiales, aunque no en los hechos), fueron congelados los salarios y la libertad sindical fue eliminada de facto. La tortura, las detenciones masivas y el asesinato de opositores pasaron a formar parte de lo cotidiano en Uruguay. ¿Es esto democracia?

En 1969 llegó Daniel Anthony Mitrione (Dan Mitrione), definido como experto en contrainsurgencia por sus jefes de la International Cooperation Administration. Mitrione estuvo en Santo Domingo después de la intervención de 1965 y durante años colaboró también con los cuerpos represivos de Brasil. En Uruguay, convirtió su casa en centro de entrenamiento de torturadores, a quienes orientaba sobre los niveles de dolor y las medidas de daño permanente indicadas para arrancar confesiones y dominar la voluntad del opositor prisionero antes de liberarlo, matarlo o dejarlo en algún pasillo donde le llegara la muerte tras una larga agonía.

Mitrione fue atrapado, interrogado y fusilado por los tupamaros en 1970. Algunos medios de Europa y de Estados Unidos se unieron al “llanto” de Pacheco Areco (que declaró Duelo Nacional) y otros editorializaron calificando de extremista y no caballerosa la acción de los tupamaros.

La Casa Blanca lo describió como luchador por el progreso pacífico. Nixon asistió a su funeral. ¡Habrán borrado esta nota los defensores del orden que resguarda a banqueros, terratenientes, petroleros, fabricantes de armas y actores similares!

No fue Mitrione el único agente yanqui tomado prisionero, pero su caso tuvo alta presencia mediática.

La disolución del Parlamento fue una acción tomada por Bordaberry, pero diseñada por la derecha nacional y regional y los estrategas imperialistas.

Trascienden estos hechos las fronteras de la tierra en que nació José Artigas. La injerencia imperialista auspició la alianza de las dictaduras suramericanas, que orquestaron, bajo la dirección de estrategas yanquis, europeos e israelíes, proyectos criminales como el Plan Cóndor, que cobró decenas de miles de vidas en América Latina.

La dictadura militar uruguaya (en su versión sin disfraces) se prolongó hasta 1985. Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez y Gregorio Álvarez, ejercieron como gobernantes con el sello del Partido Nacional o el del Partido Colorado, pero es obligatorio incluirlos en la lista de lacayos encargados de coordinar, a nivel continental, las más repugnantes tropelías.

En el Archivo de Seguridad Nacional figura un documento en el cual se hace constar que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes a los embajadores yanquis en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares que se abstuvieran de cometer una «serie de asesinatos internacionales». A esta negativa atribuyen muchos analistas la consumación del asesinato del dirigente chileno Orlando Letelier.

No causa asombro que Kissinger decidiera dejar las manos sueltas a sus agentes del crimen, pero es indignante el poder de Estados Unidos para sembrar muerte en América Latina formando, entrenado y otorgando poder a esos agentes. La conquista de la soberanía es una meta irrenunciable.

Hoy, agentes de la misma estructura de poder, (Joe Biden, Donald Trump, Antony Blinken, Laura Richardson, Mike Pompeo…) se presentan en América Latina como agentes de la democracia y posan junto a presidentes (casi todos poseedores de hediondas fortunas) y a legisladores comprometidos con el robo y el saqueo, ordenando mantener a disposición de los intereses imperiales los recursos que deben ser destinados a eliminar la miseria y a superar el subdesarrollo.

Es una expresión de estafa política el coro de los progresistas que temen ser calificados como revolucionarios (en realidad no lo son). La autodeterminación de los pueblos tiene como requisito la soberanía, para cuya conquista es indispensable romper los lazos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y combatir el proyecto imperialista. Sumarse a ese proyecto es una acción retrógrada, no importa el pretexto que se utilice.

A cincuenta años del inicio formal de la dictadura en Uruguay, que se prolongó hasta 1985, la derecha continental sigue a la orden de los sustentadores de un proyecto de saqueo que se actualiza con las nuevas necesidades, pero acentúa su definición de criminal… No es Kissinger el único mal que puede durar 100 años… El proyecto imperialista será derrumbado por la fuerza de los pueblos… Es necesario, pues, impulsar la toma de conciencia para imprimir contundencia a la lucha… Por la preservación de la vida, por la dignidad.

Reproducido de www.rebelion.org