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Organizaciones ambientales contra el Plan de Ajuste de Deuda

Por

junio 13, 2023

/CLARIDAD

El levantamiento de oposición al plan de ajuste de la deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sigue aumentando, y en esta ocasión un grupo de ocho organizaciones ambientales y comunitarios, anunciaron que presentaran su objeción al PAD ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain, por considerar que el plan presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) obstaculiza la transición a la energía renovable distribuida convirtiéndola en una alternativa más costosa, no es viable en términos económicos y está en violación a la política pública energética.

Los portavoces de las organizaciones se expresaron en torno a las luchas que por años han sostenido por el daño ambiental que ha causado el uso de combustibles fósiles a las comunidades pobres, como ahora lo serian el impacto que tendrían los tres cargos adicionales a la factura que pretende imponer la JCF, entre ellos un impuesto al sol, lo que está prohibió en la política pública energética del gobierno.

En la conferencia de prensa presentada en el Colegio de Abogados (este lunes 12 de junio) participaron entre otros la planificadora ambiental, del Sierra Club (SC), Ernaliz Vázquez, quien dijo que el SC ha hecho esfuerzos para que se cancele la deuda de la AEE ya que son bonos que no tenían un dinero garantizado, y que se tiene que cumplir con el fideicomiso del orden de pago de la AEE que establece que primero hay que cumplir con las pensiones, luego los gastos operativos y lo que quedara sería el pago a los bonistas. Denunció que aun cuando la jueza resolvió que los bonistas no tienen un pago asegurado, la JCF insiste en proponer los cargos. Reclamó que los grupos ambientalistas llevan dos años trabajando en la campaña “no más aumentos en los pagos de la luz” y en alguna medida atribuyó que los medios han confundido a las personas con lo que son los cargos de LUMA, ahora Genera, y la insistencia en que hay que pagar la deuda.

Mientras la activista Myrna Conty, portavoz de Amigos del Río Guaynabo y Alianza Energética, se enfocó en que es fundamental que el País entienda que la deuda de la AEE no se debe pagar, primero porque los bonistas tomaron un riesgo que sabían que podían no cobrar nunca y que es fundamental que el País ponga las necesidades del pueblo primero y no a los bonistas.

“Muchas de las cosas que nos preocupa es que la energía renovable se va a afectar, no va a llegar porque hay tanta confusión y revolú con los planes de privatización. Lo que es LUMA y Genera sabemos que no funcionan, Genera comienza el primero de junio y vamos a ver el desastre. Porque ellos son News Fortres”. Hizo alusión a la lucha que llevan comunidades de Guaynabo y organizaciones ambientalistas en contra de la instalación del puerto de gas de NF que suple gas natural a las plantas de la AEE 5 y 6 de San Juan.

Otra de las organizaciones presentes lo fue, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente. Julia Mignucci, relató que desde su fundación en el 1989 cuando se organizaron en contra del establecimiento de una planta de carbón en Mayagüez, están manejando el tema de la energía. Expresó que han visto la transformación del País en que la pobreza se está incrementando, los costos de vivir aumentan incluyendo los servicios esenciales. “La población está en un tremendo estrés y hay una población de adultos mayores donde abunda la pobreza se ve también en el aspecto educativo de los niños y los jóvenes”.

Mignucci atribuyó que la causa de la deuda de la AEE fueron dos o tres personas en el gobierno de Puerto Rico “que embaucaron este País y unos bonistas que sabiendo que no se podía pagar también se aprovecharon de esa oportunidad para luego cobrar. Yo creo que el País no aguanta eso ni lo va a permitir estoy viendo una gran camada de jóvenes que está activo en esa dirección así que yo tengo la esperanza que esto lo podamos frenar”.

En tanto el portavoz del Comité Dialogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, también hizo referencia a que hace 27 años las organizaciones que trabajan con asuntos ambientales en Puerto Rico han advertido del desastre que era el plan de energía que en aquel momento tenía el gobierno. En especial -dijo- lo que tenía que ver con la planta de carbón AES, la cual describió “ha demostrado ser el desastre ambiental y humano más grande que hemos tenido en nuestro país, por el impacto que ha tenido en la salud de las personas”.

En esa línea afirmó que lo que se está planificado en el PAD con el sistema eléctrico con LUMA y Genera y el resto de los proyectos con los que ahora piensan destruir los terrenos agrícolas, se mira -acusó- que va a pasar exactamente lo mismo. “Uno sigue pensando quién va a pagar este desastre que esta formando tanto el gobierno de Puerto Rico de Pedro Pierluisi y la JCF quien va a pagar eso otra vez son las comunidades”.

Puerto Rico en la encrucijada del calentamiento

Por su parte el director en Puerto Rico de El Puente – Enlace Latino de Acción Climática, Federico Cintrón Cintrón, trajo a la atención a que había que poner en contexto en el asunto de la deuda, la encrucijada en que está Puerto Rico con el calentamiento global en donde se tiene que estar tomando decisiones para adaptarnos mejor a los cambios que están viniendo y a los impactos que estamos teniendo.

“Uno de los elementos principales para eso es cómo nosotros comenzamos a manejar la energía y estamos en un momento donde tenemos la capacidad, tenemos el dinero, la capacidad, el conocimiento para hacer una transformación energética que vaya de acuerdo al futuro que necesitamos y a poder cumplir con es adaptación climática que es tan necesaria no solo por el ambiente, sino por las comunidades que históricamente han sufrido desproporcionadamente el impacto del combustible fósil”.

Reiteró que el PAD de la AEE lo que hace es que retrasa el intento y el deseo del pueblo puertorriqueño contemplado en nuestras leyes de lograr un 100% de energía renovable para el 2050. “Por lo tanto es injusto no solo porque le pone una carga adicional a la gente y negocios en términos del costo de su energía, sino porque mantiene esa infraestructura fósil que ha afectado las comunidades del sur con contaminación, falta de desarrollo o sea que esto es una pieza mas de un entramado por parte del gobierno para poder anclarnos al metano en vez de en este momento que tenemos la capacidad de hacerlo lanzarnos a un futuro mas renovable para toda la gente que vive aquí en Puerto Rico”.

El plan del desajuste

El plan del desajuste, describió el veterano abogado de Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns, el PAD de la JCF. Además de señalar que el plan va a ser desastroso para el desarrollo y el bolsillo de los consumidores, en términos ambientales será desastroso porque va a retrasar la implantación de los programas verdaderos de energía renovable y en términos de justicia porque el pueblo va a pagar decisiones que fueron tomadas erróneamente y decisiones que está implantando la JCF. Reparó que la JCF ya tiene un instrumento en este momento y es impulsar el cerro pago o una cantidad reducidísima de lo que se va a pagar de la deuda.

Más argumentos legales

Mientras una de las representante legal de los grupos ambientales y comunitarios, licenciada Lorena Vélez Miranda, Earthjustice (EJ), expuso entre los argumentos de oposición a este segundo PAD porque es contrario a la política pública energética de Puerto Rico “La política pública de Puerto Rico debería estar impulsando la energía renovable ya para el 2050 deberíamos estar en un 100% de ER y el PDA definitivamente va a impedir que eso se logre. Acotó que es importante tener presente que la ley del Negociado de Energía requiere que el costo de energía sea una accesible y en la medida en que se apruebe el PAD se va a violentar ese principio que es un mandato de ley. Reparó además que el PAD va a conllevar que mas personas se vayan de la red y las personas que no puedan costear sistema de energía solar en los techos se verán obligadas a irse del país, algo que ya está pasando debido a que el costo de vida en Puerto Rico se ha incrementado de manera drástica “y cuando no haya personas que estén conectadas cuando no haya personas que estén viviendo aquí la deuda no se va a pagar entonces el plan definitivamente va a ser insostenible”, advirtió.

El licenciado William Santiago, también de EJ y quien dijo que ha intervenido antes en el pleito de la deuda de la AEE recabó que confrontar a la JCF va a requerir a parte de estrategias legales, requiere la calle y la educación para desconectarse del sistema eléctrico. “Parece una locura pero eso es lo que vamos a tener que hacer nos vamos a tener que desconectar no hay otra, esa industria que existe hoy en día es obsoleta” y apuntó que la JCF no quiere reconocerlo. Denunció que la Jcf quiere pagar una deuda a una gente que invirtió en un equipo, las plantas que van a cerrar ya mismo, por lo que se quedaron sin colateral.

Según el licenciado Santiago, la insistencia de la JCF en pagar es el contagio que pueda haber en otras jurisdicciones si Puerto Rico no paga la deuda. “Si Puerto Rico no paga puede que se riegue a otras jurisdicciones y ese es el interés económico que está en juego no sólo en Puerto Rico, tengan eso en mente”.

Añadió en que como está el PAD, va contra las leyes de Puerto Rico debido a que la JCF necesita legislación. El abogado de EJ calificó de una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico el argumento de la JCF que ha dicho que la política pública de energía para transformar el sistema de energía es un riesgo para Puerto Rico. “No es un riesgo es una oportunidad única que tenemos. Los cargos que quieren imponer la única entidad que puede aprobar esos cargos es el Negociado de Energía, esto pasó con el PAD anterior. El gobierno de Puerto Rico dice una cosa pero hace otra pasa unas leyes como si fueran para el pueblo pero cuando le toca defenderla la cosa se pone como piña se echa para atrás no defiende las leyes de Puerto Rico”, manifestó.

A pregunta de CLARIDAD respecto a las probabilidades de que la jueza atienda los argumentos el licenciado Santiago dijo que basado en lo que ha pasado anteriormente en el caso la jueza va a exigir lo más seguro de la JCF de que obtenga la legislación que necesita para el plan. Reiteró que los cargos el cargo que la JCF quiere imponer lo tiene que aprobar el NE “Entiendo que la juez le va a decir busquen la aprobación de la legislación que necesitan”. Explicó que la Junta está diciendo que para pagar el cargo heredado va hacer una emisión de bonos, pero la ley que crea el NE específica que los bonos no son de su jurisdicción, pero como la Junta pretende pagar esa emisión de bonos con ese cargo heredado el NE tendría que aprobarlo. El licenciado Santiago no descartó que como en otras ocasiones la JCF acuda al tribunal para anular la ley y de nuevo el gobierno de Puerto Rico no la defiende- “no voy a decir pero en el balance de las cosas el gobierno de Puerto Rico siempre cede”.

La generación que tomó las calles

Por

maria-de-lourdes-guzman

junio 13, 2023

Especial para CLARIDAD

“Nuestro pueblo jamás será derrotado, pues generación tras generación parirá héroes y heroínas” Esta frase lapidaria del El Maestro Pedro Albizu Campos, me vino a la mente cuando tuve la oportunidad de leer el libro del amigo Manuel de J. González, que recoge la historia de una generación de héroes y heroínas puertorriqueños(as) dispuestos(as) a darlo todo por la libertad de nuestro pueblo y los derechos que estamos llamados a alcanzar y defender.

Cuando comencé a leer el libro “La Generación que tomó las Calles”, no pude menos que emocionarme pues yo, aunque con un poco menos edad y muchísisima menos experiencia política que Manuel, también viví parte de esa lucha. Aunque no la viví en la forma en que ellos y ellas la vivieron, arriesgando sus vidas, siendo perseguidos y amedrentados constantemente por el oficialismo, el gobierno federal y los terroristas de la derecha, fui parte de los miles de estudiantes universitarios de nuestro amado Recinto de Rio Piedras de la U.P.R., que presenciamos la era de tan importantes luchas universitarias. Fueron luchas protagonizadas por los y las jóvenes independentistas, quienes tenían muy claro, que esa lucha también exigía, entre otras cosas, democratizar la Universidad, sacar el ROTC del Recinto de Rio Piedras, combatir la militarización de la UPR y a las fuerzas derechistas que se asomaban para atentar contra todo aquello que amenazara su perversa ideología.

La lectura del libro me trajo recuerdos agridulces, pues recordé aquella etapa de mi vida cuando desempeñándome como abogada de la Sociedad Para la Asistencia Legal, vendía el periódico CLARIDAD en el Tribunal de San Juan y, aunque parezca irónico, uno de mis más fieles clientes era el Juez Superior, Daniel López Pritchard, protagonista de historias del libro, quien aun cuando vestía toga, nunca olvidó su pasado como militar. Mas, para hacerle justicia al Juez López Pritchard, debo decir, que se convirtió en uno de los mejores jueces del tribunal y, a pesar de proyectarse como un hombre severo y gruñón, era para muchos de nosotros un hombre dulce y justo, “un abuelito”.

Fue también la época en que viví con mi familia la experiencia del carpeteo del que fueron víctimas el padre de mis hijas y sus hermanos y cuando conocí la persecución que décadas antes se desató contra el abuelo de mis hijas por ser independentista. Yo crecí en una familia de militantes populares del corazón del rollo y fue cuando me casé con el padre de mis hijas, que conocí la represión y el acoso que experimentaba el independentismo. Conocer esa historia me hizo reafirmar que esa lucha que, por años esa generación protagonizó, era y sigue siendo más que justa y necesaria.

La narración de Manuel de J. en cuanto a los detalles de su voluminosa carpeta, me recordó el momento en que mi familia recibió las suyas. Se podría decir que era necesaria una carretilla para recogerlas. Al repasarlas, se descubrió, como lo hizo Manuel y otros carpeteados, que muchos de aquellos (as) que proveían información, alguna de la cual era inocua e intrascendente, eran vecinos y familiares.

Esa generación luchó por nuestro derecho inalienable a la libertad en su máxima expresión, un derecho que es constantemente asediado y menospreciado. Es la lucha por la libertad de ser. Es la lucha que ellos y ellas jamás han abandonado y que se continúa en memoria de aquellos y aquellas que ya no están, pero que fueron y seguirán siendo inspiración, ejemplo y referentes de lo que para esa generación fue su razón de vivir y que debe también ser la nuestra.

Muestra de ese sacrificio es el relato conmovedor que hace Manuel cuando dice que nunca se detuvo a pensar el sufrimiento de sus padres ante las experiencias por las que él atravesaba y la responsabilidad que decidió asumir, sobre todo, cuando fue sorprendido en su habitación por agentes del FBI que lo sacaron a empujones de su casa. El grito de su madre de que no le hicieran daño, me estremeció. Pensé en tantas madres y padres que sufrieron la misma experiencia y en aquellos y aquellas que vieron desgarrarse su alma por el vil asesinato de sus hijos.

La lucha de esa generación dejó un legado muy importante, aunque también dejó tras de sí una estela de sangre, dolor y sufrimiento. Gracias a ellos y ellas, se desmilitarizó la UPR, el ROTC ya no está en el Recinto, aunque, ojo, hay personajes que le han permitido a la milicia asomar la nariz. Se estableció la política de no confrontación y la guardia universitaria ya no actúa como policías del recinto. Sin embargo, seguimos viendo a personajes de la derecha reaccionaria y anti-puertorriqueña de nuestro país, amenazar la estabilidad de la Universidad del Pueblo en abierta complicidad con su Junta de Gobierno y con la Junta de Control Fiscal. Hemos visto y vivido el uso de la fuerza de choque y otros recursos del Estado, contra quienes toman las calles para defender nuestro principal centro de educación superior, nuestros recursos naturales, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la comunidad lgbttq+, nuestro derecho a la descolonización, contra quienes se oponen a la privatización de los servicios esenciales, a la Junta de Control Fiscal, a los planes de restructuración de una deuda impagable, injusta e insostenible, quienes, al así hacerlo, afirman con gallardía que Puerto Rico es nuestro.

Es un libro que deben leer los y las jóvenes de nuestro país y también los(as) no tan jóvenes porque, indudablemente, la determinación y valentía desplegada por esa generación que tomó las calles, es inspiración para esta y futuras generaciones. Ellos y ellas nos han demostrado que, como dice nuestro poeta nacional Juan Antonio Corretjer, y que cita Manuel: “…la vida es lucha toda, por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie es moda…”.

Debemos rendir tributo a esa generación que tomó las calles, que nos ilumina para seguir luchando y que nos ha enseñado que las calles son nuestras y que mientras las tomemos, Puerto Rico también lo será. Gracias Manuel por regalarnos esta experiencia tan hermosa que hemos vivido a través de la lectura de tu libro. ¡Viva Puerto Rico libre!

La autora es Presidenta Movimiento Unión Soberanista

El libro esta a la venta en la CLARITIENDA.

Una buena coyuntura, pero tenemos que ampliar

Por

olga-i-sanabria-davila

junio 13, 2023

Especial para CLARIDAD

Estados Unidos no tiene autoridad moral

Los reclamos del pueblo de Puerto Rico por nuestros derechos humanos están íntimamente vinculados a nuestro reclamo de descolonización y por nuestros derechos soberanos. No puede haber ejercicio de derechos humanos civiles o sociales mientras los poderes soberanos del pueblo de Puerto Rico descansen en el Congreso de Estados Unidos, como ya han proclamado por separado cada una de las tres ramas del gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo se puede hablar de los derechos humanos en Puerto Rico si el derecho principal que debe ejercer el pueblo de Puerto Rico es el derecho a la libre determinación para la descolonización e independencia, y en su ejercicio de ese derecho nuestras organizaciones están continuamente sujetas a la infiltración, el diversionismo, la persecución y el aislamiento por parte de agencias represivas de Estados Unidos? Además, ha sido usurpado nuestro poder en las áreas de las comunicaciones, relaciones internacionales y comerciales tantas otras áreas fundamentales en la vida de un pueblo. La dominación colonial por definición es una violación del derecho humano a la soberanía y a la democracia, y de ahí emanan las demás violaciones de nuestros derechos humanos.

¿Cómo podemos hablar de derechos humanos sociales y civiles en Puerto Rico cuando el pueblo de Puerto Rico depende totalmente de los vaivenes económicos y políticos de Estados Unidos? Para su llamado desarrollo social en los campos de la educación, vivienda, salud, y otros, dependemos de la legislación del Congreso de Estados Unidos y ahora que quien decide nuestro presupuesto es la Junta de Control Fiscal.

¿Con qué fuerza moral puede Estados Unidos reclamar a otros países el respeto a la democracia si mantiene al pueblo de Puerto Rico subyugado a la dominación colonial? Antes presentaba la mentira de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era un régimen de auto gobierno y Luis Muñoz Marín así lo presentaba en sus periplos internacionales y entre sus supuestos homólogos de América Latina y el Caribe. Al presente, sería una vergüenza más que los políticos coloniales pretendieran lo mismo.

El Congreso de Estados Unidos

Si bien es cierto que los proyectos de estatus, supuestamente descolonizadores, recientes originados en Washington tienen alguno mérito, como descalificar el Estado Libre Asociado (ELA) como opción y la mención de una Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo procesal para la descolonización de Puerto Rico, también es una realidad que tal legislación no tienen posibilidad alguna de ser adoptada en este momento urgente para nuestro país.

Por más esfuerzo que se realice en esa dirección, y por buenas intenciones que haya de las congresistas puertorriqueñas, éstas no dejan de ser legisladoras del país que nos ha colonizado durante casi 125 años con toda su prepotencia y la promoción de sus intereses económicos y geopolíticos. El escenario para el trabajo de las congresistas no deja de ser el de un Congreso que gira a la derecha y en su cuerpo más poderoso, el Senado de Estados Unidos, al presente no existe la más mínima posibilidad que se adopte legislación para “la descolonización” de Puerto Rico. En esto no deja de incidir la complejidad de la situación interna y política de ese país más allá de su Congreso.

Las resoluciones de Naciones Unidas sobre Puerto Rico

Por eso las resoluciones sobre Puerto Rico del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, incluyendo la de 2022 y esperamos que la de 2023, “Exhortan nuevamente al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de promover un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial [de descolonización] relativas a Puerto Rico…” [Énfasis nuestro.]

Además, “Insta[an] al Gobierno de los Estados Unidos a que, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo de puertorriqueño su legítimo derecho a la libre determinación y la protección de sus derechos humanos complete la devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras ocupadas por sus fuerzas militares …” [Énfasis nuestro.]

Prevalece el capitalismo salvaje, pero…

Al presente, en Estados Unidos prevalece sobre todo la defensa del capital. Por encima del supuesto reconocimiento de derechos humanos de todo tipo, lo que caracteriza esta etapa de desarrollo de la humanidad es el capitalismo salvaje que crudamente representan Estados Unidos y sus aliados. Por otro lado, están las luchas por superar el capitalismo salvaje con un sistema que tenga al centro los intereses del ser humano, con la plataforma para ello de la independencia y la soberanía.

En el Puerto Rico de hoy eso es evidente la lucha entre esos dos campos, pero con la limitante de no haber alcanzado la plataforma de la soberanía e independencia. Esa limitante hace ilusorio pensar en un nuevo proyecto de país. Cualquier nuevo proyecto de país está abocado al fracaso ante nuestra ausencia de poderes para consolidarlo el desarrollo económico, social y político.

El “experimento” del ELA así lo evidencia. Fueron muchos los logros de ese proyecto para nuestro país, pero el gobierno colonial no pudo con las fuerzas estadounidenses que solo pensaron el ELA en función de sus intereses hasta el punto de revertir sus logros en todos los campos, y llegar a la burda admisión que el poder plenario sobre Puerto Rico aún descansa en el Congreso de Estados Unidos y ahora con la imposición de la Junta de Control Fiscal. La Junta ha arrasado con los puertorriqueños(as) llevándose por medio todo lo que entorpezca el interés del capital en nuestro país. Ello con el agravante de la decadencia política en todos los aspectos que implica ser colonia.

Las luchas actuales del pueblo puertorriqueño reflejan una confrontación continua con el capitalismo salvaje, pero esa confrontación es también contra la colonia que no da espacio para verdaderos y duraderos cambios. Lo demás es seguir en lo mismo. Por eso la lucha social no está por encima de la lucha anticolonial. La transformación social en Puerto Rico pasa por la transferencia de poderes al pueblo de Puerto Rico. Esa transferencia será objetada por el poder colonialista. Por eso la lucha social también es anticolonial.

El mundo del que formamos parte como pueblo está en ebullición con el desarrollo de nuevos centros de poder como son la República Popular China, la Federación Rusa, y las fuerzas económicas y políticas emergentes recogidas en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), además del sinnúmero de países que han solicitado admisión a ese bloque. Se está exigiendo la reforma de las instituciones políticas como Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, y de organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Oportunidades de la coyuntura actual y nuestro trabajo internacional

En ese contexto se presentan oportunidades para revitalizar el trabajo de recabar solidaridad internacional entre organizaciones y gobiernos de avanzada, y llevar a un nivel superior la presentación del caso colonial Puerto Rico en el campo internacional, incluyendo en el escenario de Naciones Unidas.

Ello incluye el reclamo que la Asamblea General de Naciones Unidas inserte el caso colonial de Puerto Rico en su agenda. Los fundamentos jurídicos para ello han sido altamente elaborados.

Nuestro trabajo

Las formas del trabajo hacia nuestro objetivo en la Asamblea General que son imprescindibles son amplitud, dirección, planificación, organización e intensidad. Son formas de trabajo que se aplican a cualquier organización de avanzada.

Nos referimos en particular a la intensidad que debe caracterizar nuestro trabajo internacional. Se trata de un trabajo que requiere constante presencia en el mayor número de espacios internacionales posibles. En el objetivo de llevar nuestro caso a la Asamblea General de Naciones Unidas requiere una constante presencia en Nueva York, estableciendo relaciones, conversando sobre el caso y nuevos acontecimientos en Puerto Rico, siguiendo los cambios de gobierno de los países y nuevas posibilidades de apoyo, detectando matices políticos. Es hacer continuamente el llamado “triage” de los países.

Todo esto es demasiado para solo una o dos organizaciones políticas. Ello sin mencionar el trabajo internacional de las organizaciones sociales y políticas por sector.

Tenemos que ser incluyentes y no lo contrario.

El 2023

En 2023 se cumplen 70 años desde la adopción de la resolución 748(VIII) de la Asamblea General en 1953; medio siglo desde que además de reconocerle atributos de auto gobierno al ELA, reconoce el derecho del pueblo de Puerto Rico a revisar su relación con Estados Unidos. Se cumplen 50 años desde la primera vez que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas la Asamblea General de Naciones Unidas escuchó peticionarios de Puerto Rico. Se cumplen 75 años desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No se trata de que Naciones Unidas descolonice a Puerto Rico. Trata del papel que jugará Naciones Unidas y la aplicación del Derecho Internacional a nuestro caso para asegurar un proceso legítimo y justo. Fuera de un marco legítimo y justo que puede garantizar la comunidad internacional, en particular Naciones Unidas y el Derecho Internacional, el colonialismo y la violación de nuestros derechos humanos le seguirán costando más y más al pueblo de Puerto Rico.

En 2023 deben venir propuestas amplias e incluyentes para que aprovechemos la coyuntura actual y estemos a la altura de la urgencia de la descolonización de Puerto Rico.

Las posibilidades se quedan posibilidad y desvanecen si no se trabajan. Si trabajamos la coyuntura actual podremos concientizar sobre la violación de los derechos humanos en Puerto Rico y la violación de nuestro derecho inalienable a la libre determinación e independencia. Podremos convertir la solidaridad en acciones concretas.

Hay que complementar el trabajo sobre los fundamentos jurídicos de los derechos del pueblo de Puerto Rico a nivel internacional con el trabajo práctico de hacer valer esos derechos, de lo contrario el Derecho Internacional aplicable al caso colonial de Puerto Rico se queda en letra muerta como cualquier ley o estatuto.

Este articulo fue publicado en la versión impresa de CLARIDAD del mes de mayo.

El gobierno Lula cercado por las fuerzas retrógradas

Por

Rebelion

junio 13, 2023

Por Fernando de la Cuadra

Desde que asumió la presidencia de la República, Lula da Silva ha tenido que sortear innumerables obstáculos para poder gobernar y llevar adelante sus principales promesas de campaña, como el aumento del salario mínimo, la eliminación de la miseria a través de las transferencias directas del Estado o la salida de Brasil del Mapa del Hambre por medio de políticas activas de enfrentamiento de este flagelo mundial.

En ruta de colisión, la extrema derecha y la derecha –que la prensa llama eufemísticamente de centrão– se han empecinado en colocar incalculables escollos a casi todas las iniciativas emanadas desde el Ejecutivo. Recordemos que ya antes de asumir su mandato en enero del presente año, el gobierno entrante tuvo que negociar con un Congreso chantajista la aprobación del presupuesto de 2023, que incluía los recursos necesarios para sacar adelante las políticas apuntadas anteriormente. (Los principales escollos del gobierno Lula).

En el caso de la superación de la pobreza, la complicada y extenuante negociación para obtener los recursos necesarios para implementar el renovado Programa Bolsa Familia dentro del Presupuesto de 2023, necesitó de mucha transacción política, renuncia programática e inclusión de políticos de derecha en el cuadro ministerial del nuevo gobierno. Solo de esta manera se pudo aprobar la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que incluyera en las cuentas de este año los valores para asegurar el financiamiento de una política de transferencia directa imprescindible, vistos los altos niveles de pobreza y hambre que acumuló la población más vulnerable del país durante el ciclo funesto de la administración anterior.

En estos primeros meses del gobierno Lula, los sectores de la derecha y extrema derecha siguen desatando sus bloqueos a la implementación de los planes que buscan mejorar las condiciones de vida de dichos sectores más vulnerables, tratando paralelamente de influir en decisiones del ejecutivo para la nominación de un conjunto de entidades estatales y paraestatales con el fin de lograr el control político y financiero de órganos centrales en el andamiaje gubernamental. Utilizan el control sobre estas instituciones como moneda de cambio para aceptar la promulgación de la Medida Provisoria (MP) que oficializa el aumento del número de Ministerios, incluyendo importantes carteras como las de Planificación, Desarrollo e Industria, Pueblos Indígenas, Desarrollo Agrario, Transportes, Cultura e Igualdad Racial.

Para obtener el respaldo de esta Medida Provisoria, la nueva gestión tuvo que negociar su consentimiento junto con la mantención de la Fundación Nacional de la Salud (FUNASA), órgano que ha sido evaluado negativamente por el gobierno que aspiraba a su extinción. Los partidos del centrão condicionaron la aprobación de esta MP a la reconsideración de las autoridades sobre la viabilidad de dicho organismo y de la consiguiente distribución de cargos entre los principales partidos con representación mayoritaria en la Cámara[1]. Y también con la aprobación de esta MP se tuvo que aprobar el Proyecto de Ley del Marco Temporal que amenaza el Derecho Constitucional de los Pueblos Originarios[2], además de incluir en esta negociación una nueva legislación que busca minar la actual ley que vela por la protección de la Mata Atlántica, que actualmente se encuentra en serio riesgo de extinción.

A pesar de su triunfo en la segunda vuelta en octubre de 2022, el actual mandatario no fue acompañado por una parte significativa de sus electores en las votaciones para elegir a los representantes del Congreso. De hecho, del total de 513 diputados, la coalición de gobierno puede contar solamente con 95 diputados que respaldan sus iniciativas[3]. El resto de los miembros de la Cámara deben ser “conquistados” en función de intereses sectoriales y particulares que puedan movilizar eventuales apoyos a las medidas y proyectos emanados desde el Ejecutivo.

De estos 418 diputados restantes, los que militan en el PSB, PDT, MDB y el PSD[4] se pueden sumar con mayor facilidad a las fuerzas que promueven algunos cambios y reformas impulsadas por el gobierno, aunque su respaldo es casi siempre condicionado a algunos beneficios que puedan obtener por parte de la administración central. El resto forma parte de una corriente moderada o “independiente” más o menos oportunista que se puede sumar en determinadas circunstancias (Unión Brasil, Partido Popular, Republicanos) y una oposición más férrea, ideológicamente identificada con el Bolsonarismo, como es el caso del Partido Novo y del Partido Liberal, que es el mismo donde milita el ex capitán.

En el Senado la situación no es muy diferente. De sus 51 integrantes, la base del gobierno cuenta con 8 miembros del PT, más otros 32 integrantes de partidos aliados o de cierta proximidad auspiciado por motivos instrumentales (caso del MDB y el PSD).

Efectivamente, la actual configuración del Congreso Nacional que tiene un perfil conservador –quizás más conservador que durante el propio gobierno Bolsonaro- ya venía anticipando una relación conflictiva entre el gobierno Lula y sus detractores de derecha y de extrema derecha. En ese contexto, se puede apreciar los denodados esfuerzos de estos sectores por desplegar una enorme cantidad de estrategias para descalificar todos los esfuerzos del actual gobierno en pos de políticas sociales más justas e inclusivas y, lo que resulta aún más evidente, evitar que ellas se implementasen por medio de su aprobación en el Legislativo.

Dichas estrategias se vienen amparando en el enorme sustento otorgado por los medios de comunicación y sus campañas violentas de desinformación. Se sabe que tales campañas de desprestigio mediático representan una fórmula de uso común por aquellos grupos empresariales que buscan erosionar la imagen y credibilidad de los proyectos progresistas, dirigiendo especialmente su artillería hacia los líderes de tales proyectos.

Decíamos que, en el caso del gobierno Lula, la ultraderecha y los partidos del centrão vienen difundiendo -con la complicidad de los medios- información falsa sobre las iniciativas del Ejecutivo, recurriendo a narrativas y fake news que tienen por objetivo desmontar o generar dudas sobre la viabilidad de esas propuestas. Son frecuentes las acusaciones de irresponsabilidad fiscal ante cualquier indicio de aumento del gasto público destinado a profundizar las políticas sociales. Ello incluye chantajes como que aumentarán los riesgos de una depreciación de la moneda (subida del dólar) o la caída estrepitosa de las cotizaciones de la bolsa, como ya se pudo constatar claramente inclusive desde antes de iniciarse la nueva gestión.

Ciertamente, parece que Brasil se encuentra organizado por un tipo de régimen semi-presidencialista, con la salvedad de que el Congreso no asume ninguna de las responsabilidades emanadas de las decisiones que recaen exclusivamente sobre el Ejecutivo. De esta forma, en el Palacio do Planalto existe plena consciencia de que actualmente no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante los principales proyectos que le permitirá cumplir cabalmente con el Programa que le propuso a la ciudadanía. En los hechos, el enorme desgaste que experimentó el Ejecutivo para la aprobación de la MP que aumentaba el número de Ministerios, demostró la fragilidad que posee el gobierno con relación al Congreso.

Delimitando un futuro escenario posible, Lula tiene la posibilidad de intentar una salida como su par colombiano Gustavo Petro, que después de nueve meses de sufrir la resistencia a su programa de reformas sociales, decidió realizar un cambio abrupto en su gabinete, pidiéndole la renuncia a todos los ministros que formaban parte de la coalición con el Partido Liberal. Lo que no debe hacer Lula da Silva es renunciar a su legado y a sus promesas de gobierno, brindándole a los sectores reaccionarios el beneplácito de conseguir su propósito de imponer la impronta patrimonialista y plutocrática sobre los destinos de Brasil.

Apoyado por una reinserción internacional favorable, la viabilidad del proceso de cambios ineludibles que se deben emprender en los próximos meses depende no solo de la capacidad del Presidente Lula de llegar a acuerdos con un Legislativo que bloquea y extorsiona sistemáticamente la carta de navegación progresista, sino sobre todo va a depender de la determinación que tenga el gobierno para profundizar una correlación de fuerzas favorables y mantener una movilización activa de sus seguidores que le permita cumplir con su programa, reconstruyendo lo que fue destruido por el nefasto mandato anterior y proponiendo nuevas reformas estructurales para mejorar la vida del pueblo brasileño.

Notas del autor

[1] Finalmente, la MP fue aprobada en la Cámara por 337 contra 35 (día 31/05) y posteriormente fue ratificada en el Senado por 51 a 19 (día 01/06), evitando con ello la caducidad de esta medida trascendental para una mejor administración del país.

[2] La Ley del Marco Temporal representa una enorme amenaza para los pueblos originarios pues elimina la delimitación contemporánea de las tierras indígenas y flexibiliza esos territorios para su uso con actividades mineras, garimpo, cultivo de soja, ganadería, etc. La tremenda ironía es que esta ley está siendo aprobada durante el gobierno Lula, cuando en muchas oportunidades fue prorrogada su discusión durante el periodo de Bolsonaro, un enemigo declarado de las comunidades indígenas.

[3] Son, en efecto, 81 representantes de la Federación de la Esperanza (PT 68; PC do B 7 y PV 6), más los afiliados del PSol y de Rede que suman otros 14 diputados de la base de apoyo.

[4] Partido Socialista Brasileño (PSB); Partido Democrático del Trabajo (PDT); Movimiento Democrático Brasileño; y Partido Social Democrático (PSD). Estos partidos que se incorporaron al gobierno a través de la ocupación de cargos en algunos Ministerios, no representan una base de apoyo confiable y ya se ha evidenciado que muchos de sus militantes pueden votar en contra de las medidas auspiciadas por el Ejecutivo.

El autor es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia y autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021).

Reproducido de www.rebelion.org

En Reserva-Abstemio Flores, para servirle

Por

ruben ramos colon

junio 13, 2023

Especial para En Rojo

La democracia es un chiste. Fact. Cuando las decisiones del electorado están influenciadas por las mismas técnicas de mercadeo con que te venden margarina, hay algo profundamente mal. Obliga la pregunta ¿pa’ que votar?

Es junio del 2023 y ya desde hace unos meses, el PNP, esa colectividad con aroma a narco y notas de RICO Act, comenzó el proceso de llenar vacantes, decidiendo candidatos para todos los puestos electivos en cada región y municipalidad.

En los medios reseñan las reuniones en las que prominentes figuras políticas se reunen con grupos del sector privado para trazar alianzas y estrategias. De igual forma ya han activado sus contactos dentro de grupos comunitarios y ministeriales para iniciar las colectas. En fin, el bulldozer electoral avanza y a mucho más de un año de las elecciones ya huele a diesel.

El PNP se coge las elecciones BIEN en serio. Como Kobe en sus tiempos en LA, el penepé no sale a jugar, sino a ganar. No es para menos. Sus trabajos y dinero dependen enteramente de ello. El producto que vende su compañía es el país y para ello necesitan potestad legal sobre la totalidad de recursos y presupuestos públicos.

Me atrevo a decir que en este periodo de antesala a las elecciones es cuando único el penepé trabaja y se organiza por un fin en común, siendo el resto del cuatrienio un periodo de tirijala interno en el que la principal agenda es informar a directores de agencias sobre a quién hay que devolver favores en forma de contrato mientras identifican nuevos potenciales clientes.

Entonces, al otro lado estamos nosotros. Un diverso sector que entiende el bienestar social como uno colectivo, dígase ecológico, y no puramente individual. Me atrevo a llamarte en primera persona plural porque estás leyendo esto, en Claridad, por lo que de seguro tenemos más en común que diferencias insanables.

Eso o eres un espía informando alguna agencia de inteligencia, en cuyo caso, te deseo el peor aburrimiento y una carrera llena de insatisfacción.

Anyway, pues nosotros, tú y yo o cualquier parte de ese nosotros, nos reunimos a conversar y filosofar, sea en persona o en las redes, y terminamos agarrados del cuello en trifulcas sobre la utilidad del voto, con una parte de nosotros convencida de que mejor es no participar del circo político y simplemente no votar.

Al no participar de la patraña electora colonial negamos el poder federal a la vez que mantenemos nuestra dignidad al no formar parte de la burla que son los comicios. Me parece esto, con toda sinceridad, lógico y bien intencionado. Ahora, mal abono el orgullo y de él poca cosecha, porque votemos nosotros o no, ELLOS definitivamente lo harán.

¿Qué quiénes son ellos? Pues contratistas gubernamentales, inversionistas políticos, aspirantes a puestos y sus familias, toda la gente que les cree el cuento de la estadidad, pero sobre todo aquel muchacho administrando los seis perfiles falsos en Twitter a quien le prometieron un puesto en la alcaldía y llora de emoción tratando de darle la mano a Rivera Schatz cuando lo ve cabalgar frente a él seguido por las tumbacocos. Ellos, un junte de villanos de caricatura con todo y Minions como sacados de Despicable Me.

Porque créanme, ningún penepé ni sus aliados van a abstenerse en las próximas elecciones. Lleguemos a la coyuntura filosofal que sea, cuán bueno y lógico el argumento contra el bipartidismo, igual, el voto penepé va a suceder y hay un artefacto legal y constitucional, que si bien risible, legitimará el resultado del proceso dando paso a la transición de poderes.

Si reconocemos esto como cierto, votar es el único recurso legal que tenemos en nuestro poder para sacarlos. De lo contrario, seguiremos dependiendo de los resultados del repertorio de siempre: marchar, organizar un open mike, convocar una exhibición de arte político, u organizar la quincuagésima serie de coloquios con la que enfrentar los poderes.

¿Que si pienso que son necesarios? Pues claro, informan, discuten y documentan. Importan, claro que sí. La crítica me incluye y estoy siendo cínico solo en favor de ilustrar lo siguiente: las fuerzas de dominio luchan por ocupar los espacios de gobierno desde los que se accionan leyes, presupuestos, y designaciones. Cualquier espacio o plataforma que se nos concede sin resistencia, o con el apoyo y subvención del estado, tiene poco o limitado alcance sobre esos procesos.

Dice un amigo a quien quiero muchísimo que «Lo que hay que hacer es dejarnos de comer mierda y levantarnos» y sí, lo escucho, siento su convencimiento y me emociona. Por un segundo mi corazoncito telarañoso se sacude lleno de rabia y late en mí la esperanza.

Pero entonces le pregunto: ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿quién de nosotros posee el conocimiento operacional y táctico para dirigir este mítico levantamiento que enfrentaría, con éxito, al total de fuerzas locales y federales? Y él, se inclina el palo sobre la boca y subiendo los ojos apestado no ofrece respuesta, mientras el resto de los presentes mueven la conversación a discutir el último episodio de Succession.

Entonces a ustedes, que son amigos también, les pregunto: ¿vamos a seguir peleando, solamente, con arte y caserolas? ¿Cuántos estamos en una posición económica que nos permita perder días de trabajo para caer a la próxima protesta y permanecer por el tiempo que sea necesario, cogiendo pepper, macanazos y hasta tiros, dejando atrás hijos y familia que nos necesitan, hasta alcanzar un resultado? O será que nos limitaremos a poner un status que diga «Quería estar, pero estoy allí en espíritu», todo muy espectral.

De verdad que no quiero escuchar a otro titulado de tercera generación, que en su vida chambeó un full o ni tan siquiera liquidó una gallina pa una sopa, tratando de invitarme a un enfrentamiento militar por la honra de la patria.

Es un posicionamiento incómodo y que puede leerse malintencionado, pero real, no lo es. Como ustedes quiero un país dónde la prosperidad se arme en torno a decisiones lógicas y sustentables que respondan a los intereses de quienes creen y trabajan por una mejor convivencia.

Votar solamente no va a resolver nada, eso está claro y es cierto. El voto no es el acto final sobre el que resolver las dificultades de nuestras islas, pero sí hay algo de Catch-22 en no hacerlo. Nosotros nos abstenemos pero ellos igual irán y de nuevo ganará un Pierluisi, con ni una tercera parte del voto, que representa a su vez una quinta parte del total de posibles votantes.

En lo personal aspiro a un mundo sin necesidad de instituciones centralizadas que impongan su voluntad sobre la de nuestras convivencias, pero en lo que esas nociones se propagan, popularizan y se convierten en el clamor de la mayoría, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos a una toma de poder si no es a través del voto?

Si hay una sociedad secreta de la que no sé, que tiene toda esta revolución ya planchá con un plan en una carpeta escondida detrás de la despulpadora de un cafetal en Jayuya y una milicia entrenada on call con pines de estrellas rojas y rash guards Patagonia de la que desconozco, pues díganme, me retracto y no vuelvo a tocar el tema.

Quiero saber si detrás de los slogan hay veracidad o si son parte de una fantasía como tantas que todos armamos para sobrellevar y navegar nuestra impotencia. Tan solo algo que decir para dejar salir vapor de la tetera. Tal vez es que no estoy en el chat de WhatsApp donde coordinan los esfuerzos revolucionarios. Nada, me dejan saber. Sé cocinar, por si están necesitando quién pele papas.