/CLARIDAD
El levantamiento de oposición al plan de ajuste de la deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sigue aumentando, y en esta ocasión un grupo de ocho organizaciones ambientales y comunitarios, anunciaron que presentaran su objeción al PAD ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain, por considerar que el plan presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) obstaculiza la transición a la energía renovable distribuida convirtiéndola en una alternativa más costosa, no es viable en términos económicos y está en violación a la política pública energética.
Los portavoces de las organizaciones se expresaron en torno a las luchas que por años han sostenido por el daño ambiental que ha causado el uso de combustibles fósiles a las comunidades pobres, como ahora lo serian el impacto que tendrían los tres cargos adicionales a la factura que pretende imponer la JCF, entre ellos un impuesto al sol, lo que está prohibió en la política pública energética del gobierno.
En la conferencia de prensa presentada en el Colegio de Abogados (este lunes 12 de junio) participaron entre otros la planificadora ambiental, del Sierra Club (SC), Ernaliz Vázquez, quien dijo que el SC ha hecho esfuerzos para que se cancele la deuda de la AEE ya que son bonos que no tenían un dinero garantizado, y que se tiene que cumplir con el fideicomiso del orden de pago de la AEE que establece que primero hay que cumplir con las pensiones, luego los gastos operativos y lo que quedara sería el pago a los bonistas. Denunció que aun cuando la jueza resolvió que los bonistas no tienen un pago asegurado, la JCF insiste en proponer los cargos. Reclamó que los grupos ambientalistas llevan dos años trabajando en la campaña “no más aumentos en los pagos de la luz” y en alguna medida atribuyó que los medios han confundido a las personas con lo que son los cargos de LUMA, ahora Genera, y la insistencia en que hay que pagar la deuda.
Mientras la activista Myrna Conty, portavoz de Amigos del Río Guaynabo y Alianza Energética, se enfocó en que es fundamental que el País entienda que la deuda de la AEE no se debe pagar, primero porque los bonistas tomaron un riesgo que sabían que podían no cobrar nunca y que es fundamental que el País ponga las necesidades del pueblo primero y no a los bonistas.
“Muchas de las cosas que nos preocupa es que la energía renovable se va a afectar, no va a llegar porque hay tanta confusión y revolú con los planes de privatización. Lo que es LUMA y Genera sabemos que no funcionan, Genera comienza el primero de junio y vamos a ver el desastre. Porque ellos son News Fortres”. Hizo alusión a la lucha que llevan comunidades de Guaynabo y organizaciones ambientalistas en contra de la instalación del puerto de gas de NF que suple gas natural a las plantas de la AEE 5 y 6 de San Juan.
Otra de las organizaciones presentes lo fue, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente. Julia Mignucci, relató que desde su fundación en el 1989 cuando se organizaron en contra del establecimiento de una planta de carbón en Mayagüez, están manejando el tema de la energía. Expresó que han visto la transformación del País en que la pobreza se está incrementando, los costos de vivir aumentan incluyendo los servicios esenciales. “La población está en un tremendo estrés y hay una población de adultos mayores donde abunda la pobreza se ve también en el aspecto educativo de los niños y los jóvenes”.
Mignucci atribuyó que la causa de la deuda de la AEE fueron dos o tres personas en el gobierno de Puerto Rico “que embaucaron este País y unos bonistas que sabiendo que no se podía pagar también se aprovecharon de esa oportunidad para luego cobrar. Yo creo que el País no aguanta eso ni lo va a permitir estoy viendo una gran camada de jóvenes que está activo en esa dirección así que yo tengo la esperanza que esto lo podamos frenar”.
En tanto el portavoz del Comité Dialogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán, también hizo referencia a que hace 27 años las organizaciones que trabajan con asuntos ambientales en Puerto Rico han advertido del desastre que era el plan de energía que en aquel momento tenía el gobierno. En especial -dijo- lo que tenía que ver con la planta de carbón AES, la cual describió “ha demostrado ser el desastre ambiental y humano más grande que hemos tenido en nuestro país, por el impacto que ha tenido en la salud de las personas”.
En esa línea afirmó que lo que se está planificado en el PAD con el sistema eléctrico con LUMA y Genera y el resto de los proyectos con los que ahora piensan destruir los terrenos agrícolas, se mira -acusó- que va a pasar exactamente lo mismo. “Uno sigue pensando quién va a pagar este desastre que esta formando tanto el gobierno de Puerto Rico de Pedro Pierluisi y la JCF quien va a pagar eso otra vez son las comunidades”.
Puerto Rico en la encrucijada del calentamiento
Por su parte el director en Puerto Rico de El Puente – Enlace Latino de Acción Climática, Federico Cintrón Cintrón, trajo a la atención a que había que poner en contexto en el asunto de la deuda, la encrucijada en que está Puerto Rico con el calentamiento global en donde se tiene que estar tomando decisiones para adaptarnos mejor a los cambios que están viniendo y a los impactos que estamos teniendo.
“Uno de los elementos principales para eso es cómo nosotros comenzamos a manejar la energía y estamos en un momento donde tenemos la capacidad, tenemos el dinero, la capacidad, el conocimiento para hacer una transformación energética que vaya de acuerdo al futuro que necesitamos y a poder cumplir con es adaptación climática que es tan necesaria no solo por el ambiente, sino por las comunidades que históricamente han sufrido desproporcionadamente el impacto del combustible fósil”.
Reiteró que el PAD de la AEE lo que hace es que retrasa el intento y el deseo del pueblo puertorriqueño contemplado en nuestras leyes de lograr un 100% de energía renovable para el 2050. “Por lo tanto es injusto no solo porque le pone una carga adicional a la gente y negocios en términos del costo de su energía, sino porque mantiene esa infraestructura fósil que ha afectado las comunidades del sur con contaminación, falta de desarrollo o sea que esto es una pieza mas de un entramado por parte del gobierno para poder anclarnos al metano en vez de en este momento que tenemos la capacidad de hacerlo lanzarnos a un futuro mas renovable para toda la gente que vive aquí en Puerto Rico”.
El plan del desajuste
El plan del desajuste, describió el veterano abogado de Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns, el PAD de la JCF. Además de señalar que el plan va a ser desastroso para el desarrollo y el bolsillo de los consumidores, en términos ambientales será desastroso porque va a retrasar la implantación de los programas verdaderos de energía renovable y en términos de justicia porque el pueblo va a pagar decisiones que fueron tomadas erróneamente y decisiones que está implantando la JCF. Reparó que la JCF ya tiene un instrumento en este momento y es impulsar el cerro pago o una cantidad reducidísima de lo que se va a pagar de la deuda.
Más argumentos legales
Mientras una de las representante legal de los grupos ambientales y comunitarios, licenciada Lorena Vélez Miranda, Earthjustice (EJ), expuso entre los argumentos de oposición a este segundo PAD porque es contrario a la política pública energética de Puerto Rico “La política pública de Puerto Rico debería estar impulsando la energía renovable ya para el 2050 deberíamos estar en un 100% de ER y el PDA definitivamente va a impedir que eso se logre. Acotó que es importante tener presente que la ley del Negociado de Energía requiere que el costo de energía sea una accesible y en la medida en que se apruebe el PAD se va a violentar ese principio que es un mandato de ley. Reparó además que el PAD va a conllevar que mas personas se vayan de la red y las personas que no puedan costear sistema de energía solar en los techos se verán obligadas a irse del país, algo que ya está pasando debido a que el costo de vida en Puerto Rico se ha incrementado de manera drástica “y cuando no haya personas que estén conectadas cuando no haya personas que estén viviendo aquí la deuda no se va a pagar entonces el plan definitivamente va a ser insostenible”, advirtió.
El licenciado William Santiago, también de EJ y quien dijo que ha intervenido antes en el pleito de la deuda de la AEE recabó que confrontar a la JCF va a requerir a parte de estrategias legales, requiere la calle y la educación para desconectarse del sistema eléctrico. “Parece una locura pero eso es lo que vamos a tener que hacer nos vamos a tener que desconectar no hay otra, esa industria que existe hoy en día es obsoleta” y apuntó que la JCF no quiere reconocerlo. Denunció que la Jcf quiere pagar una deuda a una gente que invirtió en un equipo, las plantas que van a cerrar ya mismo, por lo que se quedaron sin colateral.
Según el licenciado Santiago, la insistencia de la JCF en pagar es el contagio que pueda haber en otras jurisdicciones si Puerto Rico no paga la deuda. “Si Puerto Rico no paga puede que se riegue a otras jurisdicciones y ese es el interés económico que está en juego no sólo en Puerto Rico, tengan eso en mente”.
Añadió en que como está el PAD, va contra las leyes de Puerto Rico debido a que la JCF necesita legislación. El abogado de EJ calificó de una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico el argumento de la JCF que ha dicho que la política pública de energía para transformar el sistema de energía es un riesgo para Puerto Rico. “No es un riesgo es una oportunidad única que tenemos. Los cargos que quieren imponer la única entidad que puede aprobar esos cargos es el Negociado de Energía, esto pasó con el PAD anterior. El gobierno de Puerto Rico dice una cosa pero hace otra pasa unas leyes como si fueran para el pueblo pero cuando le toca defenderla la cosa se pone como piña se echa para atrás no defiende las leyes de Puerto Rico”, manifestó.
A pregunta de CLARIDAD respecto a las probabilidades de que la jueza atienda los argumentos el licenciado Santiago dijo que basado en lo que ha pasado anteriormente en el caso la jueza va a exigir lo más seguro de la JCF de que obtenga la legislación que necesita para el plan. Reiteró que los cargos el cargo que la JCF quiere imponer lo tiene que aprobar el NE “Entiendo que la juez le va a decir busquen la aprobación de la legislación que necesitan”. Explicó que la Junta está diciendo que para pagar el cargo heredado va hacer una emisión de bonos, pero la ley que crea el NE específica que los bonos no son de su jurisdicción, pero como la Junta pretende pagar esa emisión de bonos con ese cargo heredado el NE tendría que aprobarlo. El licenciado Santiago no descartó que como en otras ocasiones la JCF acuda al tribunal para anular la ley y de nuevo el gobierno de Puerto Rico no la defiende- “no voy a decir pero en el balance de las cosas el gobierno de Puerto Rico siempre cede”.
