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En pie de lucha los jubilados por sus pensiones

Marcha de jubilados y UTIER. Foto Alina Luciano

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Desde antes de las navidades del pasado año la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le entregó una propuesta dirigida a salvar el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE), al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. “El gobernador no la ha comentado porque es tan y tan redonda que no encuentra la forma de entrarle”, afirmó Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación.

El pasado miércoles 29 de marzo los jubilados de la AEE trasladaron a la Fortaleza su reclamo de que la AEE le pague al sistema de retiro el dinero que le adeuda. Tanto la Asociación de Jubilados, como la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) han advertido que el sistema tiene dinero sólo para pagar las pensiones de los 12 mil jubilados hasta este mes de abril.

Por su parte el gobierno de Pierluisi, por medio del  secretario de estado y jefe de la Autoridad de Asesoría financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, ha limitado su gestión a pedir a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que le permita a utilizar fondos de la AEE para cubrir el pago de las jubilaciones por los próximos cinco meses.

El presidente de la AJ en entrevista durante la manifestación, narró a CLARIDAD que vienen en la jornada por salvar su retiro desde el 2014 cuando la AEE dejó de pagar lo que le correspondía al sistema de retiro. “Se le dijo que eso podía resultar en lo que se tiene ahora, la quiebra del fondo de pensiones. El sistema de retiro que lo administra una junta de síndicos ha ido tomando medidas para ir frenando el uso del dinero al extremo de que si no hubiesen tomado las medidas que tomaron como por ejemplo retirarse del mercado de inversiones agresivas ya hace tiempo que no tuviéramos fondos”.

Añadió que, por parte de los jubilados fueron mas allá y además de estar en la calle manifestándose, la Junta de Síndicos del plan en la cual los trabajadores tienen cuatro representantes de 8 miembros que son, preparó una propuesta científica actuarial que hace viable que el sistema tenga vida hasta que el último jubilado deje de cobrar, que es el día de su muerte. La propuesta reveló, se le sometió al gobernador y a la JCF y nadie se ha pronunciado.

Rodríguez, contó que llegó un poco mas tarde a la convocatoria porque tanto él como el presidente de la UTIER, Josué Mitjá González, estuvieron reunidos con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y le exigieron que empezaran dar pasos para conseguir un acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo, porque hay la viabilidad económica de salvar el sistema y no le va a costar a las tarifas a los abonados. De acuerdo a Rodríguez la propuesta garantiza la existencia del fondo de pensiones, insistió, hasta que el último jubilado deje de cobrar.

“El se comprometió hacer un acercamiento con el gobernador a ver si las partes se encuentran y con la Junta de Síndicos se encuentra una salida. Estamos ahora a punto de solicitar una audiencia con el presidente del Senado con el mismo propósito que tanto el legislativo como el gobernador se reúnan y atiendan este asunto tan urgente y que dejen de hacer promesas genéricas de si conseguimos $50 millones, que si conseguimos, $30, $200 porque con eso lo que se hace es ponerle parcho a esta situación y no se resuelve”, exclamó.

Reclamó además de que tampoco quisieran caer en el ‘pay to go’ donde están todos los retirados del gobierno central porque eso le cuesta al pueblo. La propuesta consiste en que se le permita a la Junta de Síndicos ir al mercado de inversiones a seguir invirtiendo y a la vez si el gobierno lo capitaliza con $70 millones que es lo que le están solicitando de los casi mil millones que les deben se podría seguir pagando pensiones y trayendo dinero en forma de ganancia del mercado. El resto de la deuda se pagaría a $10 millones por año.

“La JCF como hay una ley de mordaza y los síndicos no pueden expresarse pues no sabemos si la Junta está atendiendo la propuesta que le hicimos, la sospecha que tenemos es que tampoco lo está haciendo”, reiteró.

En tanto Walberto Rolón Narváez, vice presidente de la UTIER, denunció como otro engaño los supuestos esfuerzos de Marrero para salvar el SRAEE.

Fotos Alina Luciano

“La marcha de hoy es de las que venimos haciendo hace un año y seis meses los jubilados, antes eran frente a las oficinas en Santurce ahora vamos a exigirle al gobernador a que actúe, sino vamos a estar en la calle hasta las últimas consecuencias. No solo hablamos del sistema de retiro eso se lleva por el medio el plan médico que tienen los jubilados. Ayer lo digo porque me duele en el corazón un compañero jubilado se quitó la vida, es el tercero”.

El vice presidente de la UTIER se refirió a los sentimientos de ansiedad emocional que está generando entre los jubilados la situación del retiro, observó que hay personas que llevan 20 años jubilados cuya pensión es de apenas unos $500 mensuales. “No estamos hablando de jubilados del año pasado, aquí hay jubilados de 30 años para acá”.

Al presente según indicó a la AEE le quedan unos 705 trabajadores miembros de la UTIER, incluyendo los trabajadores de las plantas generatrices y adelantó que con la privatización de la generación solo quedarían en la AEE los trabajadores de riego, nómina y retiro. “Y ahí tenemos otra situación mas Genera todavía no le ha hecho oferta de trabajo a nadie y ya está pidiendo que la gente firme sin ofrecerles puesto”, denunció, a la vez que reiteró que la privatización traerá otro aumento y ni hablar del PAD de la AEE. El líder sindical exhortó al pueblo a manifestarse este 1 de mayo contra la JCF en la Milla de Oro.

“Eso sería horrible”, contestó con ojos llorosos una secretaria jubilada presente en la manifestación. La mujer de 75 años se retiró luego de 32 años de servicios. “Lo que recibo del Seguro Social no me da para vivir, ayudo a mi hija que después de estudiar 10 años trabaja en un ‘part- time’ y soy responsable de un nieto”, compartió de forma tímida.

 

 

 

Sector agrícola de Cuba y Estados Unidos analizan posibilidad de inversión en la isla

Corresponsal de CLARIDAD

La Habana, Cuba-Representantes del sector agrícola de los Estados Unidos y Cuba volvieron a reunirse a comienzos de este mes para dar continuidad a las conversaciones iniciadas en 2022 sobre la búsqueda de oportunidades de cooperación e inversión en el sector privado de la isla.

Con la mirada puesta en la necesidad de hallar espacios de trabajo que ayuden a la isla a acceder a recursos monetarios y que sean capaces de estimular el crecimiento de la economía y la producción de alimento en el país, sesionó IV Conferencia Agrícola EEUU-Cuba, que reunió en La Habana a empresarios estadounidenses y miembros del sector de la agricultura cubana.

En el encuentro, el presidente del Grupo Agrícola de Cuba (GAG), Frank Castañeda, afirmó que el gobierno cubano ha implementado nuevos cambios en la agricultura del país “para continuar eliminando obstáculos y que los empresarios extranjeros, incluidos los de EE.UU., puedan invertir en el sector”.

En ese sentido, Castañeda sostuvo que “los productores cubanos están dispuestos a escuchar propuestas”.

Por su parte, el encargado de la contraparte estadounidense, Paul Jonhson, quien en el pasado ha abogado por una mayor cooperación de los sectores agrícolas de ambos países, destacó en conferencia que “el bloqueo estadunidense perjudica los intereses de los empresarios de ambos países”, a la vez que apuntó al creciente “sector no estatal” en Cuba como una alternativa para burlar el bloqueo impuesto por Washington y establecer nuevos mecanismos comerciales bilaterales.

“La conexión que existe naturalmente entre los ciudadanos de Estados Unidos y Cuba son la mejor esperanza para remover los obstáculos en las relaciones bilaterales», añadió.

Sobre esos “obstáculos” se refirió Johnson al mencionar también la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo –una inclusión rechazada por gran parte de la comunidad internacional. “No tiene base legal ni sentido común y ciertamente impone frenos para el intercambio entre ambas partes”, dijo sobre la medida unilateral implementada por la Casa Blanca.

Actualmente, Cuba desarrolla proyectos para la distribución de la tierra y el fomento de la producción agropecuaria, principalmente en tres modalidades: usufructos de tierras, cooperativas agrícolas y Mypimes. En previos encuentros, las autoridades del país han destacado que tanto las cooperativas como las Mipymes cuentan con el apoyo del gobierno y la posibilidad de estar sujetas a la inversión extranjera.

“Los inversores y empresarios norteamericanos que estén dispuestos a invertir en Cuba pueden hacerlo [en una de estas modalidades]”, recalcó esta vez Castañeda.

Frente a más de una decena de empresarios estadounidenses, representantes del Ministerio de Agricultura y de la Cámara de Comercio de Cuba hablaron de las “ventajas de invertir” en la mayor de las Antillas y presentaron una lista de posibilidades para la inversión extranjera, que incluyen la producción de diversos alimentos, tanto para el consumo interno como la exportación, así como el sector de la tecnología.

Con esta iniciativa, Cuba busca resolver algunos de sus principales problemas en ese sector, como aumentar la producción de alimentos y la oferta interna, disminuir los precios, sustituir importaciones, lograr una producción suficiente que permita también exportar y movilizar más mano de obra hacia los campos –uno de sus más grandes desafíos.

Parte de los intercambios comerciales que se dan actualmente entre Estados Unidos y Cuba ocurren desde el año 2000, cuando el entonces presidente Bill Clinton impulsó una excepción al bloqueo comercial contra el país caribeño al permitir la venta de alimentos a la isla. Las autoridades cubanas, sin embargo, aseguran que la medida es insuficiente , pues solo permite comerciar en una sola vía y aún se le niega al país la posibilidad de adquirir créditos, obligando al Estado cubano a pagar en efectivo los productos que compra a agricultores estadounidenses.

 

 

Un golpe para todas las mujeres

 

Las mujeres puertorriqueñas seguimos cogiendo golpes. Esta vez, es nuevamente la Asamblea Legislativa la que lo propina al «colgar» el nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra como Procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Con un simple » no cuenta con los votos» la mayoría combinada del binomio legislativo PNP-PPD caprichosamente rechazó el nombramiento, y no le dio paso a una nominada que cumplía con todos los requisitos para desempeñar el cargo, y contaba, además, con el respaldo masivo de las portavoces y organizaciones del amplio movimiento de mujeres de nuestro país. El gobernador Pedro Pierluisi, que la había nominado a fin del año 2022 en medio de una racha de asesinatos de mujeres, retiró el nombramiento tal como lo había hecho- calculando su conveniencia politico-electoral.

Esta «película» la hemos visto antes. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres y,  por ende, las mujeres en Puerto Rico, se han convertido en un balón que pasa de mano en mano, en medio de la politiquería rampante que consume a los dos partidos llamados principales y enrarece el discurso público en nuestro país.

Vilmarie Rivera Sierra es sólo la más reciente de un grupo de mujeres bien preparadas profesionalmente  y personalmente valerosas que no han podido vencer el muro de los prejuicios, la ceguera ideológica y el  oscurantismo medieval que han prevalecido desde hace mucho tiempo en las cúpulas gobernantes de la política colonial en Puerto Rico.

Desde que se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el año 2001, esta ha sido blanco de todo tipo de ataques de sus enemigos. Recordemos el motín protagonizado por una turba enardecida de líderes y militantes del PNP en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el año 2002, cuando la agencia apenas llevaba un año de establecida.

Además, antes que el de Rivera Sierra, también fueron retirados los nombramientos de otras dos candidatas a dirigir dicha oficina, bajo gobiernos del PNP, por el torpedeo a sus nombramientos por parte de los portavoces y legisladores de su propio partido. Estas fueron Joanne Velez, en el año 2009, nombrada por Luis Fortuño e Ileana Aymat en 2017, nombrada por Ricardo Rosselló. Ambas contaban con las cualificaciones profesionales y el respaldo del movimiento amplio de mujeres. Ambas también enfrentaron el muro impenetrable de la intolerancia y la incomprensión.

De las que sí fueron consideradas como «del corazón del rollo,» y fueron confirmadas, y lograron dirigir la Oficina de la  Procuradora de las Mujeres, las abogadas Wanda Vazquez Garced y  Lersy Boria, queda a la vista el saldo nulo de su trabajo. Sus hojas de logros vacías son la evidencia de las verdaderas intenciones del liderato politiquero del PNP-PPD: seguir utilizando las agencias del gobierno para el clientelismo, la manipulación y la corrupción con el que han minado desde adentro todo el aparato público.

Por el momento, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la única que existe para atender integradamente la problemática particular de las mujeres en Puerto Rico, quedará indefinidamente en las manos de un liderato interino.

Pero las mujeres puertorriqueñas han demostrado en la acción que no se rinden. El esfuerzo desplegado por tantas de ellas para lograr elevar la problemática de las mujeres a tan alto rango gubernamental no será en vano. Que no celebren mucho los portavoces del inmovilismo y el atraso. La historia de los pueblos, y de sus mujeres, nos enseña que la conquista de derechos marcha siempre hacia adelante, y que los golpes pueden retrasar, pero nunca detener la marcha

 

El oportunismo y la cobardía tomados de la mano

Vilmarie Rivera Sierra. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

Especial para CLARIDAD

 

Llevaré por siempre en la memoria el jueves 30 de marzo de 2023 como el día en que se apagó el rayito de esperanza de que una mujer que cumpliera con los criterios de la ley orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Ley 20 de 2001 y con la recomendación de una gran número de organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, ocupara la posición y la sacara del marasmo y de la falta de efectividad en que la sumieran incumbentes que sucedieron a la compañera María Dolores (Tati) Fernós López-Cepero. Ella fue la primera Procuradora y con su sabiduría, valentía e independencia de criterio, le dio la visibilidad y respeto necesario para fiscalizar la implantación de la política pública de la legislación y para defender hasta las últimas consecuencias los derechos de las mujeres.  A pesar de los ataques hacia Tati para sacarla de carrera antes y durante las vistas de confirmación, que incluyeron amenazas a su seguridad física, prevaleció y durante siete años sorteó un espinoso camino para beneficio de las mujeres y de otros sectores vulnerables, como la comunidad LGBTTQ. El infortunio de la OPM comenzó con la mal recordada Ivonne Feliciano y se agravó con Wanda Vázquez Garced y Lersy Boria. Esta última renunció y fue premiada con el puesto de Sub Secretaria de Estado. Qué está haciendo y cuál será el salario que recibe, es la gran interrogante.

La noticia el pasado jueves de que el gobernador Pedro Pierluisi retiró el nombramiento de la Sra. Vilmarie Rivera Sierra como Procuradora de las Mujeres confirma lo que señalé en la columna que escribí en enero: en gran medida la estaba nombrando por conveniencia política.  El puesto llevaba meses vacante y las festividades de Año Nuevo y Reyes Magos fueron empañadas por dos feminicidios, además de la puertorriqueña que en estado de embarazo fue asesinada con múltiples puñaladas por su pareja en República Dominicana.  No le convenía quedarse de manos cruzadas. Por supuesto que la designada tenía los méritos, la preparación, la experiencia, el compromiso y la independencia de criterio. Sin embargo, a Pierluisi se le vio la costura del oportunismo al no mover ni un dedo para lograr el apoyo de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside y por el cual es gobernador. Al día siguiente de la nominación de Rivera Sierra, el senador Thomas Rivera Schatz, portavoz de la minoría PNP, se ensañó con la nominada y el resto de la delegación le hizo coro.  Nunca le dieron la oportunidad se ser evaluada en los méritos y su actitud hostil fue evidente en la vista de confirmación del 16 de marzo. Una se cuestiona, cuál es el liderato que tiene este gobernador cuando ni siquiera pudo lograr algunos de los votos que hubieran podido completar los catorce necesarios para la confirmación.

 

Cuando ya no le convino políticamente la controversia del nombramiento de la Procuradora para sus fines electoreros, comenzó entonces el juego político del también candidato a la re elección en el 2024, sobre retirar o no el nombramiento. Aunque no lo puedo afirmar, creo que la iniciativa no fue de la designada, sino del primer ejecutivo. Entiendo, sin embargo y lamento mucho el trato politiquero e injusto al que fue sometida, el cual debe haberle causado mucho desasosiego a ella y a su familia.

En el lado del Partido Popular Democrático (PPD) que, por un pellizco de ñoco, como dicen en Vega Baja, o sea, por un chin-chin, es mayoría legislativa, tenemos a José Luis Dalmau, el presidente del Senado, cuyo liderato también es inexistente y quien nunca dijo si estaba a favor o en contra del nombramiento. Participó en las vistas de confirmación porque allí estaba la prensa y el salón lleno de gente que respaldaba la designación.  Con la delegación popular a favor, la Sra. Rivera Sierra hubiera tenido los catorce votos pues contaba con el de la representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los dos de Victoria Ciudadana (VC) y el del senador independiente. Por conveniencia política, pero más por cobardía, Dalmau se quedó observando hacia donde soplaba el viento y el miércoles 15 de marzo, a preguntas de la prensa, contestó que no había contado los votos de su delegación (¡A esas alturas del juego!). En su opinión, no los tenía.  Esta es la misma persona que tildó de asesinas a las mujeres que pusieran fin a un embarazo, cuando se estuvo discutiendo el proyecto 693, presentado por la Senadora Rodríguez Veve del Partido Proyecto Dignidad (PD), el cual no fue aprobado gracias a las jornadas de lucha de las organizaciones de mujeres, las defensoras de los derechos humanos, entidades médicas y de salud pública especializadas.

Contrario a lo que escribí en la columna de enero, a raíz de la designación de Vilmarie Rivera Sierra, ya no tengo expectativa alguna de que la OPM pueda volver a su propósito inicial; el que las mujeres le adjudicamos cuando la propusimos como parte de las reivindicaciones del plan Post Beijing como resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el 1995.  El partidismo político, el fundamentalismo, la falta de compromiso del Estado y de los gobiernos con nuestras necesidades, diversidades, con la equidad, el desarrollo y la paz a la que tenemos derecho; sumado a la mediocridad de la mayoría legislativa, con las honrosas excepciones que ya conocemos, han apagado, al menos para mí, cualquier rayito de luz que hubiese asomado sobre la nube gris que arropó la Procuraduría a partir del 2007.

Lo bueno es que nosotras y nuestras organizaciones continuamos en lucha en contra de la injusticia y el discrimen. Resistiremos por la defensa de los derechos que tenemos y para ampliarlos. Mantendremos la exigencia de que la perspectiva de género sea la herramienta que nos permita erradicar los abusos que promueve el Patriarcado.  A nosotras los golpes nos hacen más fuertes. A los políticos mediocres que se toman de la mano para hacer bochornosas alianzas, las que llaman victorias los hunden más en el barro.

Genera y las plantas de gas

 

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El ex representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), profesor Agustín Irizarry, descartó que la compañía Genera, contratada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3) para el mantenimiento y operación de las plantas generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) construya nuevas plantas de generación mas eficientes.

La amenaza de que Genera pueda, en lugar de ir decomisando las plantas generadoras de la AEE que queman petróleo para dar paso a la energía renovable, convierta las actuales plantas en unas de quemar gas son patentes ante el hecho de que Genera es una subsidiaria de la empresa New Fortres Energy (NFE), que se dedica al manejo del gas y que de hecho ya tiene un contrato con la AEE, con una planta en el puerto de San Juan. Por demás está el hecho de que el gobierno anunció recientemente por medio de la AP3 que lanzó una solicitud de cualificación con la intención de construir una nueva planta que opere con gas natural o hidrógeno.

En entrevista, el profesor de ingeniera eléctrica, expuso para montar una planta de gas nueva, entre los permisos nada más se puede tomar de tres a cuatro años finalizarlos. Su impresión es que Genera lo que hará es que, dado a que hay muchas plantas de gas modulares, será coger un diseño estándar y someter los permisos y conseguir los equipos para entonces instalarla. Hizo la anotación de que como toda obra de construcción industrial grande, si no se tuviera problemas de suministro de equipo, lo menos que tardaría montar una planta serían de cinco a seis años.

Aunque según el contrato se supone que Genera vaya decomisando, señaló que el negocio fácil para Genera es llegar y decomisar cosas que se supone se decomisaran hace 20 años y no se decomisaron. “Creo que van arrancar con lo más básico”.

No obstante indicó que para eliminar plantas que están en uso van a tener que pasar dos cosas: Una, que todos los meses entre cuatro a cinco mil hogares pongan sistema solar, con lo que seguirá bajando la demanda. Esto va a tener la consecuencia de que si sigue mejorando la eficiencia de los equipos, dijo que no le sorprendería que en Puerto Rico se pueda apagar una planta grande en los próximos 10 años sin ninguna dificultad y sin tener que poner ninguna nueva. El otro escenario que dijo es el que más le interesa al dueño de Genera es convertir plantas a quemar gas para ellos mismos venderse el gas.

En esta vía trajo a la atención la otra vertiente que existe en estos momentos y que está en la propuesta de Genera que es la técnica de sacarle el hidrógeno al gas. Este es un proceso que se inventaron los Nazis de sacarle hidrógeno a todos los combustibles fósiles pero el gas es el mas fácil. “Entonces en lugar de gas dicen que ellos (se refiere a Genera) venden hidrógeno porque entonces sacan el hidrógeno para vendérnoslo para mezclarlo con el gas y producir energía, es decir te venden el gas dos veces. De eso está hablando Pierluisi por las esquinas como si el hidrógeno que le están ofreciendo fuese hidrógeno verde. Eso lo veo en el futuro aparentemente”, denunció el ex representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.

Aun cuando dijo que sí ya hay plantas de la AEE que se pueden cambiar para procesar gas, cosa que ya se hizo con Costa Azul, el debate es cómo llevar el gas. “He escuchado esta locura de muchos camiones por la carretera llevando gas, eso es uno de los temas favoritos de José Ortiz, al hacer los números básicamente tendrías que destinar montar un carril para los camiones para mover el gas que necesita para correr una planta grande. Eso no tiene ni pies ni cabeza”.

El profesor Irizarry fue enfático en denunciar que el uso del gas no hace falta debido a que la tecnología cada día avanza más y se está más cerca del uso de inversores que apoyan la red, toman más o menos al mismo tiempo que toma montar una planta y la inversión de paneles soleres es menos costosa. “Esta privatización es bien perversa, porque se ofrecen unas eficiencias que no se materializarán de ninguna manera porque los contratos no lo garantiza. Este contrato no exige que Genera haga inversiones que provoquen eficiencia”. A esos efectos observó que el contrato establece que los ahorros en combustible se repartirán en mitad y mitad, la mitad para Genera y la mitad para el gobierno.

Mientras la experta en temas de energía del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, (IEEFA), Kathy Kenkal, a pregunta de este medio indicó que el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (EE UU) estima que el costo inicial de construir una nueva planta generadora de gas cuesta a $941 per kilovatio, así que una planta de 302 megavatios como propone la AP3 costaría $284 millones.