CLARIDAD
Ahora mismo, tras el último desarrollo en el tribunal de la calle Chardón, los imputados por corrupción que estaban decididos a enfrentar las acusaciones en un juicio plenario deben estar reevaluando su estrategia legal. En ese grupo están la exlegisladora Milagros Charbonier, el exalcalde guaynabeño Ángel Pérez y la exgobernadora Wanda Vázquez, quien todavía se canta inocente y continúa con poses de madre protectora desde las redes sociales.
La reevaluación se les impone tras el veredicto de culpabilidad que un jurado dictó contra el tal “Sixto George”, un productor de los medios vinculado a la administración de Ricardo Rosselló. Previo al dictamen, casi la totalidad de los abogados que opinaron en la prensa o en las redes sociales coincidían en la poca solidez de la evidencia que desfiló durante el juicio, que podía dejar dudas sobre alguno de los elementos del delito. Además de esas lagunas en cuanto al requisito probatorio, estaba la pobre imagen que proyecta la alegada “víctima” de la extorsión, Anthony Maceira, miembro destacado de aquel chat de horrores que provocó el colapso del gobierno. Junto a todo eso estaba el hecho de que durante la alegada extorsión, el jefe de Maceira, Rosselló, utilizó los servicios del extorsionador y, más adelante, hasta firmó un nuevo contrato con él. En medio de ese pantano no era descabellado pensar que el jurado podía negarse a condenar a uno solo de los que allí chapoteaban.
A pesar de todas esas consideraciones, al jurado le tomó muy poco tiempo llegar a un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. Contrario a los “expertos” el jurado tan solo vio a un corrupto más sentado en el banquillo y se apresuró a mandarlo a la cárcel. Las sutilezas legales las dejaron para que se diluciden en un futuro proceso apelativo.
Sobre los jurados que se seleccionan en el tribunal federal que opera en Puerto Rico se ha escrito mucho y casi todos los estudios apuntan hacia su limitada semejanza con la sociedad puertorriqueña. El elemento que sobresale en los análisis es el requisito de dominio del inglés para poder ser seleccionado como miembro del jurado, algo que, de entrada, excluye a la mayoría de los boricuas.
Independientemente de esa realidad hay otro hecho que repercute en las consideraciones de un jurado y explican sus veredictos: el hartazgo de todo el pueblo con la corrupción pública. Aun cuando la inmensa mayoría de la corrupción que se produce en el gobierno colonial queda impune, los actos que se han descubierto en las últimas décadas han sido lo suficientemente escandalosos para colmar la paciencia de la mayoría de la gente. Muchos de los funcionarios públicos electos prometen “cero tolerancia a la corrupción” y nunca cumplen, pero el pueblo puertorriqueño ya llegó a ese nivel cero desde hace mucho tiempo. Por eso, no importa cuál sea el grupo social que quede representado en un jurado, entre los seleccionados siempre prevalecerá un rechazo visceral a la corrupción en el gobierno.
Tal vez en un procedimiento apelativo, los jueces que se sientan en Boston -que con excepción de uno no son puertorriqueños, y no sienten el calvario del pueblo ante el robo perpetuo- cambien lo que decidió el jurado recurriendo a algún tecnicismo legal. Eso está fuera del alcance de los doce boricuas que se expresaron, quienes se limitaron a actuar según sus conciencias.
En los últimos años, la única excepción a esa implacabilidad del jurado ocurrió en el caso del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, hace poco más de una década. En esa ocasión la unanimidad del jurado fue para decretar la absolución. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el proceso que enfrentó Acevedo y los que se dieron antes o vinieron después. En primer lugar, las imputaciones de aquel caso no se relacionaban con las actuaciones del acusado como gobernador ni con el uso de fondos públicos. Lo que estaba en disputa era el uso de fondos de campaña cuando Acevedo fue candidato a Comisionado Residente. En segundo lugar, aquel caso fue ejemplo de la extrema politización de la fiscalía federal durante los años en que estuvo dirigida por Rosa Emilia Rodríguez, quien siempre fue cercana al Partido Nuevo Progresista. Era un caso muy débil que la fiscalía presentó porque se trataba de un gobernante vinculado a otro partido.
El caso recién concluido era muy distinto al de Acevedo y muy parecido a los otros que se han dilucidado en el tribunal de la Chardón. Allí estaban presentes contratos pagados con fondos públicos de hasta $23 mil mensuales que el acusado quería mantener a cambio de tratar de limpiarle la podrida imagen de un gobernador en problemas. En casos como ese el jurado no perdona.
Los que están fila son de la misma calaña. La representante Charbonier robaba dinero de la Cámara de Representantes por conducto de empleados, el exalcalde de Guaynabo se quedaba con una comisión de los contratos municipales y la exgobernadora Vázquez no tuvo reparo en poner una agencia reguladora al servicio de un mafioso. Todos ellos tal vez siguen soñando con que algún tecnicismo o la maestría de ciertos abogados los salve. Ahora la reevaluación se les impone.
