En días recientes el Sr. Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal envió una comunicación al Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a los presidentes de los cuerpos legislativos, José Luis Dalmau Santiago y Rafael Hernández Montañez expresando objeciones al proyecto del Senado 644. Esa medida es favorecida por el liderato cooperativista y es la respuesta del sistema cooperativo ante el desafío que representan los requerimientos impuestos por la JSF en sus planes fiscales. Ante esto el liderato cooperativista recaba establecer un diálogo con dicho funcionario para dejarle claro que sus posturas atentan contra la estabilidad y crecimiento del sistema cooperativo que tanto favorece al bienestar del pueblo puertorriqueño.
En escritos anteriores hemos explicado que la Junta de Supervisión Fiscal creada por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad de Puerto Rico “PROMESA” impactó a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. COSSEC es una corporación pública que se nutre estrictamente de fondos que provienen del sistema financiero cooperativo (pago de primas) y tiene la función de asegurar las acciones y depósitos y a su vez regular a las cooperativas. Esa inclusión se justificó en diversos planes fiscales bajo el alegato de que era necesario por el riesgo que representa la inversión cuantiosa en bonos del gobierno del sistema cooperativo. Inversión que fue promovida por el propio gobierno. Los planes fiscales que se trabajaron a partir del 2017 y el vigente contienen requerimientos que tienen un efecto directo en el sistema cooperativo.
En su carta el Sr. Mujica expresa que, a base de una determinación judicial reciente, el gobierno de Puerto Rico no tuvo responsabilidad en las decisiones de inversión del sistema en los bonos del gobierno y por consiguiente no le corresponde pagar. Añade que el PS 644 no recoge las propuestas del Plan Fiscal y que van a ser adoptadas en el término dispuesto en el PF COSSEC 2022. Se refiere al cambio en la gobernanza de la Junta de Directores de COSSEC, de la cual excluyen a los cooperativistas y la adopción de las reglas de contabilidad GAAP en o antes del 2025. Recordamos que las cooperativas impulsaron antes de la Ley Promesa, hacia diciembre del 2015, las cooperativas impulsaron la legislación que le autoriza un trato contable especial que le permite amortizar las pérdidas del impago de los bonos, durante un periodo de 15 años. A pesar de que las cooperativas han administrado con mucha eficacia este beneficio, la JSF insiste en implantar el GAAP y la nueva gobernanza para el 2025. Estos aspectos están atendidos en el PS 644 y hay espacio para el diálogo y para explicar su alcance.
Hacemos hincapié en que el PS 644 es el proyecto que recoge las aspiraciones del sistema cooperativo aprobadas en reuniones, asambleas y congresos de amplia participación democrática donde se han propuesto medidas específicas para resolver desafíos del sistema financiero cooperativo. Entre los requerimientos constantes de la JSF está la exigencia de un 6% de capitalización a base de sus activos. El PS 644 establece fortalecer el fondo del seguro de COSSEC mediante la capitalización con fondos provenientes del gobierno, asunto viable en el ámbito legal pues así lo dispone la Ley 114 que rige a COSSEC.
El cooperativismo continúa sirviendo a nuestro país con la astucia y profesionalismo de su liderato voluntario y ejecutivo. También por la fortaleza de su ideario cooperativista y por la lealtad del pueblo en él. En su trayectoria de servicio el sistema financiero cooperativo nunca había recabado ayuda o aportación del gobierno hasta ahora. Por eso es necesario el diálogo con el Sr. Mujica y con los demás componentes de ese cuerpo porque es responsabilidad del gobierno central y de la propia JSF el desarrollo socioeconómico y futuro del país. De igual manera es reconocida la importancia y las aportaciones del sistema cooperativo en los planes fiscales. Mas importante es que la JSF dispuso en los planes de 2020, 2021 y 2022 el reconocimiento al uso de fondos gubernamentales en las reformas de los sistemas financieros de España y Estados Unidos, que es la propuesta del PS 644. Por si fuera poco, el gobierno plantea que salió de la quiebra y pagó más de 10 MM a los bonitas en marzo del pasado año. Se dice que, además, hay disponibilidad de recursos líquidos que se ven ampliados por el aumento en la asignación de Medicaid que se aprobó para Puerto Rico. Si en mayo de 2021 se dispusieron $750 MM de fondos a LUMA como aporte de capital; si se asignaron $475 millones del superávit del presupuesto para bonificaciones a empleados públicos tiene que haber disposición al diálogo para atender al liderato cooperativista.
Deben recordar que es un sistema que sirve a más de un millón de ciudadanos con un impacto positivo en el ámbito económico y social. El que tenga duda de esto está invitado a pasar por cualquier cooperativa o sucursal para que las vea llenas socios y socias que confían, valoran y respaldan el cooperativismo puertorriqueño.
¡Señores Mujica, Pierluisi, Dalmau y Hernández, confíen ustedes en un futuro promisorio, confíen en las cooperativas! Allanemos el camino para continuar una trayectoria exitosa de servicio e impacto socioeconómico.
Del 2012 al 2021 las aseguradoras de salud en Puerto Rico reclamaron la cantidad de $14.6 billones en gastos administrativos generales. Bajo un modelo nacional o universal de salud ese dinero muy bien pudo haberse utilizado para aumentar las tarifas a los proveedores, ayudar a reducir sus deudas estudiantiles, aumentar la cobertura y los servicios de los asegurados y disminuir los copagos.
El dato está contenido en un estudio conducido por el doctor en economía Heriberto Marín Centeno, profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública (ESP) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR. El estudio, que explora la viabilidad económica de establecer en Puerto Rico un seguro nacional de salud, o lo que se conoce como un seguro universal de salud, se hizo como base para respaldar el proyecto de la Cámara de Representantes PC 113, presentado en enero de 2021 por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Dennis Márquez Lebrón.
La necesidad de un nuevo modelo de sistema de salud es un planteamiento que se viene haciendo hace décadas por diferentes sectores de la sociedad. Una cobertura universal de los servicios de salud, significaría que todo el mundo tenga acceso a servicios de salud sin tenerse que endeudar o salir a pedir para poder recibir servicios de salud. Eso es una meta de la Organización Mundial de la Salud para la próxima década.
En Puerto Rico —describió el doctor Marín Centeno— el problema es que tenemos un sistema de salud que está fragmentado en planes médicos que agrupan a diferentes grupos de la población. Un ejemplo es el Plan Vital (PV), que agrupa a las personas de bajos ingresos y se sufraga con fondos de Medicaid y del Gobierno de Puerto Rico. Están los planes relacionados con Medicare, los planes privados que paga el patrono o los que pagan por su cuenta las personas.
Fuera de estos grupos está el grupo de la población que no tiene plan de salud. Según los datos de la encuesta del Departamento de Salud, para el 2011 alrededor de 9.5 % de la población no tenía seguro médico. Este número ha ido bajando y subiendo y para el 2021 era de un 4.5 %. La baja en términos porcentuales responde al envejecimiento de la población, la emigración de los jóvenes y al aumento temporero de fondos federales para el Plan Vital. La población sin seguro medico está en el limbo porque es gente que en términos de ingresos están por encima del límite permitido para cualificar según Medicare o el PV, pero a la misma vez no ganan lo suficiente para comprar un plan médico o su patrono no les provee un seguro de salud. Esta población se encuentra principalmente entre los 25 a 35 años de edad.
Este modelo fragmentado, indicó, es bien parecido al que tiene Estados Unidos, el cual está clasificado entre los 11 países más ricos del mundo con sistemas capitalistas o socialdemócratas que más gasta en salud, pero que es el de peor desempeño en términos de las dimensiones de acceso a los servicios, cubierta a toda la población y eficiencia administrativa.
Hay 11 países que le dan mucho énfasis al sistema de educación y salud, ofreciendo cobertura universal de salud. Algunos de ellos son: Noruega, Suiza, Canadá, Alemania, Francia, los Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Puerto Rico, con la llamada reforma de salud del entonces gobernador Pedro Rosselló González, pasó de un país que tenía, con sus pros y contras, un sistema de salud que era público, donde el Gobierno era el dueño del servicio, era el que pagaba por todo y le permitía acceso a toda la población. Con la Reforma de Salud, el sistema se privatizó, implantó la tarjeta y empezó a parecerse más EE. UU., con el resultado de que ahora tenemos un grupo de personas que no tiene acceso a servicios médicos.
El doctor Marín Centeno indicó que crear un seguro nacional de salud sería una de las piezas importantes, no la única, para transformar el sistema de salud que necesita Puerto Rico. Su estudio en colaboración con otros colegas del RCM presenta la viabilidad que tiene el país de establecer un seguro universal de salud. El dinero para sufragar un seguro universal se encuentra precisamente en los gastos administrativos que reclaman las aseguradoras, plantea. Entre el 2012 al 2021, las aseguradoras de salud en Puerto Rico reclamaron la cantidad de $14.6 billones ($14billones 162 mil millones) en gastos administrativos. El economista observó que los contables tienen muchos márgenes para esconder las ganancias y los gastos jugosos que tienen los ejecutivos. Ese dinero se pudo haber utilizado para aumentar las tarifas a los proveedores de salud, incentivar que estos se queden en el país, ayudarles a reducir las deudas estudiantiles, incrementar el número de asegurados y ampliar la cobertura de los servicios médicos.
Para ilustrar la magnitud del problema que representan las ganancias de las aseguradoras, expuso que en Puerto Rico hay cerca de 21 Centros 330, los cuales son financiados mayormente con fondos federales. Del 2017 al 2012, estos centros reportaron un gasto promedio de $16 millones y atendieron un promedio anual de 18,743 pacientes por cada centro. A base de los números de las aseguradoras, se pudieron haber creado 74 Centros 330 adicionales que hubieran podido servir a 1millón 300 mil personas más y a la vez fortalecer la parte de prevención. “Es obsceno ver la cantidad de dinero que las aseguradoras reportaron. Le estamos quitando al sistema de salud. El problema es que lo que están gastando en gastos administrativo es obsceno”.
Añadió que es obvio que las aseguradoras son un negocio y lo que quieren en última instancia es aparecer como una entidad rentable en los mercados de acciones. Precisó que cuando se mira la medida de cuánto están pagando por los servicios médicos de la prima médica vis a vis de cuán rica es la compañía, es evidente que para hacerse ricas tienen que reducir la parte que destinan a pagar los servicios médicos.
El estudio indica que del 2012 al 2021 los activos de las aseguradoras de salud e incapacidad aumentaron en 90.6 %, los pasivos en 70.8 % y el patrimonio neto aumentó en 126.5 %; es decir, en $853 millones.
La manera en cómo las aseguradoras logran reducir los pagos por los servicios médicos van desde bajos pagos a los proveedores (no les pagan las tarifas que merecen), cuestionan la facturación del proveedor mediantes múltiples mecanismos y, después que deciden que van a pagar, terminan pagándoles tarde; además, aplican mecanismos para desincentivar que la gente utilice los servicios, como tardanza en las autorizaciones, cuestionamientos de si ese es el servicio que necesitan y copagos altos. Todos son mecanismos para poder reducir la parte de la prima que destinan a pagar por el servicio médico.
“No es que le están diciendo a la gente que no puede usar el servicio, sino que buscan todas las maneras de qué hacer a los proveedores y a los pacientes para ellas quedarse con ese por ciento que contribuye a aumentar el valor de sus riquezas. Esa es una industria que funciona de esa manera, que choca con lo que son los servicios de salud”.
Su punto de vista como economista-salubrista es que por cada $100 dólares que se dan en la prima, por lo menos $95 se deben destinar a pagar por los servicios de salud que la gente necesita y que los otros cinco se destinen para lo administrativo. Reconoció que el problema es que para lograr esa distribución en el sistema actual es bien difícil, por lo que “necesitamos establecer un escenario diferente en que tú tengas una corporación; crear una nueva entidad o corporación que sea pública, una cooperativa sin fines de lucro, para que ese seguro tenga una cubierta básica para todo el mundo”. Los servicios que no cubra la cubierta básica podrían ser comprados mediante un seguro privado por la persona que quiera, pueda o a la que su patrono le provea, y las aseguradoras serían un mercado secundario.
Aun cuando se le retiren a las aseguradoras $300 millones de los gastos administrativos, todavía seguirían teniendo $1 billón en ganancias Actualmente, podríamos darle un seguro médico básico razonable a las 179,000 personas que el 2021no tenían seguro médico con alrededor de $352 millones que se podrían sacar del bolsillo de las aseguradoras. Aun así, las aseguradoras se quedarían con más de $1.2 billones para gastos administrativos y ganancias. Añadió que con un seguro nacional se logra una mayor eficiencia en el uso de los fondos. Al ser mancomunados, el gasto administrativo debería ser un máximo de 5 %, unos $619 millones. Por ser fondos mancomunados, el riesgo financiero es disperso, con lo que se logra que la estabilidad financiera del fondo sea mejor.
Apuntó al hecho de que tanto en Puerto Rico como en EE. UU. el mercado de salud no funcionaría si no fuera por los fondos de Medicaid y Medicare. Una de las cosas que reduciría un programa nacional sería los costos de elegibilidad. La idea, planteó, es que en el momento que la persona nazca, se le asigne el número de plan médico, el cual va a tener toda la vida y no va a cambiar respecto a sus circunstancias. Por lo tanto, los usos administrativos para cualificar a las personas se eliminarían.
El doctor Marín Centeno reconoce que para adoptar un modelo universal se requiere voluntad política para negociar con el Gobierno de EE. UU. la manera en que se usan los fondos federales. Además, por ser un cambio radical, la financiación de los servicios debe ser por etapas. Una de las primeras cosas que hay que hacer es definir cuál va a ser la cubierta básica y lo copagos. Para ello habría que hacer unos estudios actuariales financieros con un equipo de expertos clínicos para saber cuáles son los servicios esenciales. Eso implica un trabajo que probablemente tome el primer año antes de establecer el seguro. Luego hay que determinar cómo es que se va a obtener el dinero, cómo se van a allegar los fondos.
Algo preocupante que está ocurriendo con el actual modelo es que, además de fragmentar a la población en términos de cuál plan médico tiene, ahora también muchas aseguradoras en su afán de controlar y maximizar sus ganancias han comenzado a montar sus propios centros de salud primaria , que para colmo solo sirven a sus asegurados. Eso provoca que el sistema sea uno más desigual y convierte a los proveedores en empleados, perdiendo su autonomía.
Por último, el doctor Marín Centeno aclaró que al implantar un seguro nacional de salud no se está socializando la prestación de servicios de la salud, ya que la misma podría continuar siendo privada (con y sin fines de lucro) o pública.
Lo que hace el seguro nacional o universal es socializar el riesgo de pérdida financiera relacionado con la utilización de servicios de salud, para que así nadie tenga que vender su casa ni irse a la quiebra por tener que pagar por los servicios de salud que necesita.
Cuando un partido político, de esos a los que la prensa oficial sigue llamando “principal”, proclama como un gran logro haber reunido dos mil personas en una asamblea nacional, se confirma la hipótesis de que la realidad política puertorriqueña cambió, tal vez para siempre. El partido en cuestión es el Popular Democrático (PPD) que, ayudado por mucha promoción periodística, celebró el pasado 26 de febrero el cónclave donde debía elegir una nueva directiva. La cifra de dos mil asistentes la dio fuera del récord uno de los organizadores porque de manera oficial no se informó el dato de asistencia. Los números que trascendieron le asignaban 1,164 votos al candidato más votado para integrar el grupo de dirección, por lo que es probable que hasta la cifra extraoficial esté exagerada.
Obviamente el PPD tiene más gente que lo que proyectan esos números escuálidos. Ahora mismo sigue controlando las alcaldías en la mayoría de los 78 municipios del país y la dirección de ambas cámaras legislativas, pero no hay duda que desde las pasadas elecciones ha estado en franco declive. Su actual liderato esperaba con desesperación que la asamblea de febrero representara un cambio en la tendencia, pero solo sirvió para confirmar la caída.
En las últimas elecciones, las de 2020, ninguno de los dos partidos que dominaron el escenario político puertorriqueño durante los últimos cincuenta años logró una tercera parte de los votos. De haber estado rozando o pasando del cincuenta por ciento de apoyo electoral durante décadas, en esa elección apenas superaron el treinta. No obstante, dada la particularidad del sistema político nuestro en el que no hay segunda vuelta, esos dos partidos minoritarios se repartieron todo el poder político que el colonizador le deja a los boricuas. El PNP volvió a dominar el Ejecutivo, controlando otra vez el presupuesto y la ejecución de la política pública, y el PPD ganó el control de las dos cámaras legislativas. Las 78 alcaldías también siguieron en manos de los dos partidos. Como vemos, a pesar del obvio rechazo en las urnas y del hartazgo de una porción significativa del pueblo con las prácticas corruptas del PNPPD, todo siguió igual en la colonia.
Tras el varapalo electoral de noviembre de 2020, que los llevó a perder más de una tercera parte de su electorado, ni el PNP ni el PPD parece haber hecho el más mínimo esfuerzo para tratar de reformar sus prácticas de gobierno, más bien lo contrario. Desde que comenzó el nuevo cuatrienio en enero de 2021 solo se ha visto el mismo comportamiento de siempre. La corrupción sigue campeando como lo atestigua la docena de alcaldes arrestados, divididos equitativamente entre los dos partidos, y las múltiples denuncias sobre la manipulación de contratos y la utilización del aparato gubernamental para beneficiar a los empresarios que financiaron sus campañas. En la Legislatura, el nuevo control por parte del PPD no la ha hecho diferente a cuando la regentearon Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez a nombre del PNP.
El liderato Popular que organizó la reciente asamblea, y que con tanto afán buscaba demostrar pujanza, es el mismo que, de forma reiterada, insiste en ubicar su partido a la derecha de espectro político, a veces hasta más a la derecha que el PNP. La política de boca callada ante la avalancha de casos de corrupción municipal es uno de esos ejemplos. Cuando algunos de sus alcaldes, como los de Trujillo Alto y Guayama, andaban “desaparecidos”, en medio de intensos rumores de un inminente arresto por corrupción, el liderato nacional se negó a solicitar su renuncia. Sólo tras el arresto hubo algún comentario y bastante tímido. En el caso de Mayagüez, donde el alcalde está destituido, sujeto a investigación, y varios de sus allegados ya han sido condenados, todavía estamos a la espera de alguna acción por parte del PPD. Los amigos del alcalde siguen regenteando la alcaldía sin que el liderato nacional del partido actúe.
No solo en la respuesta ante la corrupción, el PNP y el PPD se hermanan. También compiten en el coqueteo con el fundamentalismo religioso y las posturas discriminatorias ante los derechos de la mujer y la comunidad LBGT. En el primer caso destaca la postura del presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau, que comparó el aborto con el asesinato y luego se alió al Partido Dignidad y al PNP para promover legislación restrictiva. Otro caso más reciente es el del municipio de Ponce donde la esposa del alcalde, activista fundamentaista, interviene abiertamente en la actividad de la alcaldía promoviendo el discrimen y hasta lo proclama públicamente. Esa práctica ya provocó el rechazo de múltiples sectores y hasta editoriales en algunos medios de prensa, pero el liderato nacional del partido se calla y de esa manera lo condona.
Ante ese cuadro, nadie debe sorprenderse que el PPD, tras ver reducido su apoyo al 30% de electorado en noviembre de 2020, haya seguido cuesta abajo. Sectores de la prensa, como ocurrió con la reciente encuesta de El Nuevo Día, siguen llamándolo “partido principal”, pero hace tiempo que, igual que el PNP, dejó de serlo. En ambos casos se trata de movimientos políticos decadentes que las nuevas generaciones irán desechando.
“Las mejoras van bien alineadas con las expresiones del gobernador de que él defendía la propiedad privada porque la Constitución así lo obliga. Pues nosotros defendemos el derecho a un techo seguro y a la vivienda. Eso es lo que estamos haciendo desde la Junta Comunitaria”.
Channiel Peñaloza Parrilla, vicepresidente de la Junta Comunitaria de Río Piedras (JCRP), reaccionó a la postura del gobernador, Pedro Pierluisi, de defender la propiedad privada frente a los compradores inversionistas de las leyes 20 y 22 (Ley 60) “porque la Constitución lo obliga”, y a sus declaraciones de que las personas que protestaban estaban en contra del progreso.
Las expresiones del gobernador se produjeron en respuesta a la reacción de rechazo de miembros de la comunidad de Río Piedras y de los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciados Adriana Gutiérrez Colón y Adrián González Costa, ante la revelación del acaparamiento de nueve propiedades en el casco urbano de Río Piedras por inversionistas de las leyes 20 y 22. En particular, estos dieron a conocer de la más reciente compra la del emblemático edificio La Torre por el inversionista Thomas Axon, expropietario de la franquicia del equipo de pelota de Los Cangrejeros de Santurce. Este edificio estaba ocupado en su mayoría por estudiantes universitarios, los cuales se han visto obligados a irse de sus apartamentos por el aumento inmediato de mil dólares por encima de la renta que ya pagaban.
Como estudiante universitario, primero de bachillerato y ahora del Programa Graduado de Trabajo Social Comunitario del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Peñaloza Parrilla conoce de primera mano el problema de acceso a la vivienda que hay en Río Piedras. El joven, oriundo de Loíza y primera generación de su familia en asistir a la Universidad, se hospeda en las instalaciones del programa Duerme Tranquilo que tiene Mesón de Amor, del Seminario Evangélico. Este explicó que tanto para los estudiantes como para la población en general en Río Piedras acceder a viviendas de alquiler es complicado.
En el caso del edificio La Torre, dijo que algunas personas se han comunicado con la Junta Comunitaria buscando orientación y han sido referidos a la Escuela de Derecho de la UPR y a la de la Universidad Interamericana (UIA-D).
El vicepresidente de la JCRP censuró las expresiones del gobernador de que la compra de propiedades representa mejoras para la comunidad. Denunció que, por el contrario, el resultado es el desplazamiento de la población y un proceso de gentrificación, porque el desarrollo es para un grupo específico de la población, que no es la gente trabajadora de ingresos medios que vive en Río Piedras.
En esa línea, trajo a la atención que la ley 75 de 1995, enmendada con la ley 3 de mayo del 2016 que creó el Fideicomiso de Río Piedras, establece que anualmente el Municipio de San Juan (MSJ) tiene que hacerle una asignación de $200 mil. Ese dinero se viene ahorrando junto a otras propuestas para que el Fideicomiso tenga la capacidad de intentar adquirir propiedades. Actualmente, el Fideicomiso tiene alrededor de unas 7 propiedades, entre ellas la Casa de la Cultura, el Antiguo Colegio la Milagrosa, un edificio en la comunidad Ubarri y el teatro Paradise.
Peñaloza Parrilla resaltó que la visión con la que se crea el Fideicomiso es de que se incorpore al mercado y adquiera los inmuebles para desarrollarlos de una manera sostenible y promueva el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, implementarlo es muy complejo porque no se tiene los recursos para hacerlo. “Ahí dependemos del interés del Gobierno, tanto municipal como estatal, de que quieran ceder las propiedades al Fideicomiso”.
El Fideicomiso junto al MSJ está identificando todos los edificios en desuso de las ocho comunidades de Río Piedras, que son posibles candidatos a estorbos públicos, para comenzar a negociar qué van hacer con ellos una vez se tenga el listado. “Nuestras expectativas —y restando a lo que dice el gobernador— no es que las personas no quieran desarrollo, es que hay que repensar qué significa desarrollo, porque si el desarrollo no es con la gente ni para la gente, entonces no lo queremos”.
Mientras tanto, las propiedades de los inversionistas están cerradas y nadie les exige nada, destacó.
Inversionistas se quedan con Río Piedras
Fotos Axel Torres/CLARIDAD
Peñaloza Parrilla reveló a CLARIDAD que, en septiembre del 2022, una persona contactó a la Junta Comunitaria para una reunión, a la cual accedieron. La persona les dijo que trabajaba para un desarrollador de bienes raíces y que solo esa persona había comprado 14 edificios en el casco de Río Piedras. También les dijo que conocía a otros beneficiarios de la ley 20 y 22 que habían comprado muchos más. Así que se estima que entre 30 a 40 edificios han sido comprados por beneficiarios de la ley 60.
Ante la sorpresa de conocer sobre estas compras, el vicepresidente de la JC llamó a la atención que se supone que Río Piedras está bajo la Ley 75, que establece que el casco urbano de las ocho comunidades es una Especial de Planificación. “Eso parece que nadie lo interpreta como es debido porque las zonas de planificación, las leyes especiales, están por encima de las leyes estatales y municipales. Por ende, la ley establece unos procedimientos para unos comités interagenciales, que se supone que todos los permisos pasen por ese comité y haya 30 días para que la Junta Comunitaria opine. Y el Gobierno no está haciendo eso. Es un reclamo para que respeten la ley”.
Añadió que en ningún momento se han enterado de las compras; más aun, quedaron sorprendidos cuando la persona les dijo que uno de los inversionistas tenía la expectativa de montar cuatro escuelas chárter en toda la avenida Ponce de León, desde la esquina frente a Casa Ruth hasta el edificio que hace esquina que queda justo al frente del Burger King y el edificio La Torre. Comentó que ya se han puesto en contacto con grupos magisteriales y han orientado a las comunidades para que tomen posición al respecto. “Ya saben lo que causa la chárter, que es desangrar el presupuesto de Educación. Tenemos una reserva muy grande, esas escuelas sería desangrar las escuelas ya establecidas en la comunidad, sacar maestros. En realidad, sería una crisis”.
Channiel Peñaloza Parrilla. Foto Axel Torres/ CLARIDAD
Peñaloza dio a conocer también que, de momento, en la comunidad García Ubarri, las personas comenzaron a recibir cartas de una corredora de bienes raíces promoviendo la compra de edificios, con el argumento de que los mejoraba para venderlos luego. “Es una expresión burda de una carta que les dice mira tú no quieres estar aquí, este no es el lugar para ti. Qué casualidad, no es el lugar para nosotros, pero es el lugar para otros. Ellos pueden sí venir aquí”, expresó indignado.
El estudiante universitario y vicepresidente de la JC dijo, sobre el desplazamiento de la vivienda de estudiantes, conocer casos desde los tres extremos: personas que tuvieron que hacer arreglos y comenzar un segundo trabajo o tener más horas en su trabajo para poder pagar su nuevo alquiler; otros que dejaron de hospedarse y tuvieron que entablar estrategias de transportación porque identificaron que no les era viable tener espacios de alquiler en Río Piedras y, “los extremos que más nos han dolido, de personas que públicamente han dicho que tienen que tomarse un break por este semestre o este año porque ‘no podemos pagar la residencia más la matrícula’”.
Al presente, en Río Piedras se construyen dos edificios para viviendas, de los que la Junta Comunitaria no tiene información de a quiénes van dirigidos, aunque la han solicitado. De paso, dijo Peñaloza, las construcciones no siguen el código que establece el Fideicomiso de que los edificios en el casco urbano no deben pasar de cuatro pisos.
“Hay una retórica que piensa que estamos peleando unos contra otros; pero no, estamos unidos defendiendo el derecho a vivir en comunidad. Estos alquileres a corto plazo lo que crean es una ruptura en el tejido social porque las personas que llegan no están mucho tiempo y se van. Eso es un problema entre los vecinos. La comunicación, el espacio, es una ruptura social que hay que pararla de inmediato”.
Nota:CLARIDAD intentó comunicarse con el Departamento de Educación para conocer sobre la veracidad de la apertura de las escuelas chárter. No fue posible. En el DE no contestan ninguna extensión telefónica, ni siquiera el contacto de Prensa. También se le cursó petición de información al correo electrónico del secretario que aparece en la página electrónica de la agencia. Tampoco ha contestado.
Padre Feliciano Rodríguez y el autor del libro, José Enrique Laboy. Foto Alina Luciano/CLARIDAD
Desde la fe, los creyentes pensamos que la humanidad posee una tendencia espiritual a reproducir en sí misma los misterios del Hijo de Dios. Se trata de la irrupción del Espíritu Santo, que actúa en las personas y en el entramado de las relaciones y eventos que llamamos historia. Esa revelación se activa a través de buenas voluntades, de mucho diálogo, acciones valientes y generosas, en fin: por medio de la pasión por el Reino de la justicia y la paz. Todo esto podría retratar el contenido del libro que nos ha brindado José Enrique Laboy Gómez; libro que contiene la descripción, por así decirlo, de numerosas “revelaciones” del misterio de la “encarnación del Hijo de Dios” en Puerto Rico, en los pasados cuarenta años, en las vidas de incontables compatriotas de toda extracción.
También percibimos en sus páginas otro misterio transparentado: el misterio pascual, el de la pasión que a veces dura años, y que ha implicado para muchos, vergonzosas persecuciones y hasta el sufrimiento de la cárcel. Pero además rastreamos el misterio más importante: el de la resurrección y el de Pentecostés: misterios gloriosos que nos sorprenden el alma, al ver a tanta gente compartiendo y generando vida, construyendo la unidad en la diversidad de lenguas de las varias confesiones. El Pueblo de Dios se configura marchando mano a mano. Nos impacta aún más toda esta historia por lo cercana, porque “la mayoría de estas personas aún viven entre nosotros”, como diría la primera carta a los Corintios (15,6) cuando comentó sobre los testigos del Resucitado Jesús de Nazaret.
El libro me confirma interiormente la imborrable e insobornable raigambre latinoamericana y caribeña que identifica a los puertorriqueños y puertorriqueñas. El reguerete de rebeldes enumerados por José Enrique Laboy se les fue de las manos al Imperio, a la Marina, al gobierno de la colonia, a los conspiradores religiosos… Cuando un movimiento socio-cultural-político-espiritual se condensa y se expande exponencialmente, no hay poder que lo pueda reprimir. Lo intentaron arrestando a más de 700 personas tras los eventos de Vieques, pero les salió el tiro por la culata y tuvieron que cerrar la base militar y naval más grande del Hemisferio Occidental, fuera del territorio continental estadounidense.
El profesor Luis Rivera Pagán habla sobre el libro. Foto Alina Luciano/CLARIDAD
Al terminar de leer el libro, no queda solo sabor a historia. Queda la sensación de haber repasado un segmento importantísimo de la historia de esta generación, un kairós, un acontecer que marca para siempre. No es algo único, pues, como dice Eunice Santana en la conclusión, toda generación tiene su propia expresión y forma de hacer gestos históricos y proféticos, pero sí, este es el testimonio de una generación de creyentes que, junto a tantas otras personas que no comparten necesariamente nuestra fe, coincidimos en los terrenos de la paz, la justicia, los reclamos de dignidad para un pueblo.
Mientras que en Estados Unidos se abría el siglo XXI con la tragedia de las Torres Gemelas y la consiguiente secuela de guerras, limitación de derechos humanos y funestos derechismos y racismos… en Puerto Rico inauguramos el siglo con el sol de la paz y la libertad alzándose por el oriente viequense. Somos distintos; una y otra vez lo demostramos, y este libro recoge otro de tantos testimonios históricos que así lo comprueban.
Fuimos testigos y participantes de un intenso momento axial. Todo fue confluyendo para que los intentos más burdos de “desalentar” la Patria (y “desalentar” quiere decir literalmente, quitarle el aliento, asfixiarla)…, esos intentos, contrario a lo esperado, nos hicieron reaccionar y nos levantaron en alas hacia un nuevo aire, incontenible; una bocanada del Espíritu. Tan fuerte fue que detuvo los plebiscitos maquiavélicos de Pedro Roselló, envalentonado porque había obtenido a su favor en las elecciones generales el más alto porcentaje de votos con el mayor número de votantes inscritos en elección alguna en Puerto Rico. Se detuvieron ataques a los obreros, ataques a la cultura, opresiones provenientes de dentro de las mismas iglesias… y en Vieques se paró en seco la maquinaria de guerra más aplastante de la Tierra. Todo sin disparar un tiro, sin dinero, sin los trucos de los poderosos, en escenarios dolorosos, aprendiendo en la marcha. No se nos pueden olvidar las lecciones de esta historia.
Gracias a este libro nos resultan conocidos por nombre y apellido las personas, momentos y lugares que nos estremecen por sus gestas; y al escuchar esa larga lista de nombres -como nos las desgrana José Enrique- nos lleva a imaginar lo que sentirían aquellas primeras generaciones de cristianos cuando leían en sus encuentros los relatos del Evangelio, los Hechos, las cartas y reflexiones, los nombres de sus hermanas y hermanos, sus amigos… Gente buena, para nada angelical, de carne y hueso y con sus contradicciones… pero sobrellevadas por la justicia y la fe, algunos de ellos mártires. “¿No nos ardía el corazón cuando nos hablaban…?”, podemos decir parafraseando el relato de los discípulos de Emaús. A mí el libro de José Enrique me hizo arder el corazón. Gracias, querido hermano. Se nota que a ti se fue de control, de vez en cuando, lo que se supone sea una fría y calculada ecuanimidad de historiador. Este libro te descubre cuando menos como simpatizante de rebeldes perseguidos. Prepárate para ingresar en los nuevos carpeteos, porque nuestros regentes colonialistas son cada vez más descarados en la injusticia y en la corrupción -dos vicios que suelen ir de la mano-. Hay historiadores que pretenden una falsa neutralidad; gracias por tu transparencia a la vez que por tu rigurosidad historiográfica.
José Enrique Laboy Gómez nos recoge los datos de lo que fue de hecho una nueva exégesis de la Palabra escrita en el libro de la historia boricua de las pasadas décadas, en continuación con su obra anterior. Es un ejercicio que urge retomar para releer en el contexto la una nueva embestida, el engendro del fanatismo fundamentalista de derecha, que se ha atrincherado en lo más retrógrado de nuestras iglesias, y con el cual coquetea la derecha política para un nuevo ataque a la libertad. Se trata de los purismos que una y otra vez se han sucedido en la historia de la Iglesia, que con el tiempo acaban o en herejía o simplemente desaparecen, pero que mientras duran, pretenden usurpar libertades de conciencia, reducen los misterios vivos de la fe al ritualismo y las formas, y se acomodan en el poder reviviendo trasnochadas inquisiciones. Nos encontramos ya, en esta década de 2020-2030, en un nuevo conflicto (=“Meribá”, el lugar de la rebelión contra la liberación), del que Albizu Campos nos alertaría: cuidado con pelearse los puertorriqueños entre sí, que el adversario es el Imperio. El “divide y vencerás” no pasa de moda, y nos acecha. Y en el camino siempre aparecen falsos ídolos revestidos de oro, para deslumbrar y ofuscar la vista.
Siempre existirá quien prefiera regresar a Egipto a por sus ollas de carne en vez que avanzar hacia la tierra prometida de libertad. Urge volver recurrentemente al Cenáculo del diálogo y de la Patria. Hay demasiada profecía condensada en este libro de Laboy Gómez, en esa dirección. No hay espacio para declararnos retirados o cansados. “Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas; les brotan alas como de águila; correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán…” (Isaías 40,31). Este pasaje de Isaías es parte del inicio del Libro de la Consolación, con el que el profeta animaba a la reconstrucción de su invadida y destruida Patria luego del destierro en Babilonia.
Este libro es lectura obligada -como tantas otras joyas que se están escribiendo por las nuevas generaciones de nuestros historiadores- para afirmarse en la avanzada del camino de nuestro éxodo hacia nuestra tierra prometida. Ante la disminución del hábito de la lectura, ante la desaparición de secciones de periodismo investigativo en numerosos medios, ante la trivialización de la cosa pública y del arte… urge repasar la historia y hacer nueva exégesis.
|Paréntesis: estudié historia y me certifiqué como maestro de historia de secundaria en 1981, justamente porque a mí solo me proveyeron, en 12 años de escuela pública, un solo semestre de historia de Puerto Rico. Yo necesitaba entenderme y entender a mi País, y a mi padre independentista y carpeteado… y las contradicciones de esta Patria nuestra… Escribir y enseñar historia, y hacerlo de forma que las nuevas generaciones la amen, es una de las tareas y retos más urgentes para la liberación de nuestro pueblo. Por eso, para mí, este libro es necesario…]
Libors disponibles en la CLARITIENDA Foto:Alina Luciano/CLARIDAD
Este libro, insisto, tiene el mérito de hacer memoria para todo el País, y muy particularmente para las iglesias cristianas, del poder que tienen la fe, la esperanza, la caridad, la comunión, el diálogo, la colaboración sin afanes de protagonismo, la pobreza evangélica, el discernimiento en común. Es una lección del “paso a la otra orilla” que Jesús practicó tantas veces: aprender a mirar al horizonte y a quienes nos necesitan, y no al libreto que nos da seguridades inútiles. De eso se trata el ecumenismo, más allá de la dogmática. La memoria es necesaria para que se cumpla la profecía.
«Rebeldes y perseguidos…” contiene claves, agendas inconclusas, puentes, criterios… Los creyentes agradecemos que se hiciera esta formidable recopilación de datos y testimonios, pero nosotros lo leemos con un lente que va más allá del momento histórico y de los hechos mismos, el que intenta descifrar en los movimientos, gestiones, profetas, gestas, entidades y luchas…, la historia que encubre misterios. La historia es y será siempre el escenario, porque es la opción del Dios judeocristiano para revelarse. La imagen y semejanza del Dios vivo es un ser humano actuante en un lugar específico, en una cultura concreta, en un proyecto de liberación. Si no lo es, es un falso dios, porque el Dios verdadero se hizo ser humano, se hizo cultura. Mientras que algunos quieren desconectarse de la realidad para no contaminarse, el verdadero creyente repite la kénosis, la encarnación en la historia, el amor apasionado por la tierra.
Un buen grupo se dio cita para oir la presentación. Foto Alina Luciano/ CLARIDAD
Henos aquí, entregando un libro que apenas es el prólogo para nuevas historias que hay que escribir y contar; y contarlas junto con las nuevas generaciones, de sensibilidades muy distintas, con las que hay que aprender a dialogar, nos guste o no su estilo. Contarlas sabiendo que más de la mitad de la Patria se ha mudado fuera de su tierra, pero un alto porcentaje de ella no se desconecta y la ama. Están dispuestos a invertir en nuestro futuro como pueblo, y les faltan, a veces, brújula y testigos. Muchos entienden mejor la Patria desde el distanciamiento y en el contraste. Entramos en una década de exilio geográfico y también cultural. Pero, como diría un autor, “en la dispersión, el texto es Patria…” (Hans de Wit)… Que este texto nos alerte y reconvoque, para no quedarnos solamente en añoranzas de lo que fue.
El futuro es ancho y está esperándonos a los que creemos en el Dios de la vida, a los que sabemos que emergerán nuevas expresiones y formas de resistir y de proponer la libertad; a los que estamos convencidos de que la voluntad de Dios es que Puerto Rico sea soberano, libre e independiente. José Enrique, ve preparándote para el próximo volumen, que ya se cuajan los nuevos nombres de nuevos rebeldes y perseguidos. Porque la lucha seguirá, sin duda alguna.
Presentación hecha en el periódico CLARIDAD el 23 de febrero. Libro disponible en la CLARITIENDA
