CLARIDAD
Cuando un partido político, de esos a los que la prensa oficial sigue llamando “principal”, proclama como un gran logro haber reunido dos mil personas en una asamblea nacional, se confirma la hipótesis de que la realidad política puertorriqueña cambió, tal vez para siempre. El partido en cuestión es el Popular Democrático (PPD) que, ayudado por mucha promoción periodística, celebró el pasado 26 de febrero el cónclave donde debía elegir una nueva directiva. La cifra de dos mil asistentes la dio fuera del récord uno de los organizadores porque de manera oficial no se informó el dato de asistencia. Los números que trascendieron le asignaban 1,164 votos al candidato más votado para integrar el grupo de dirección, por lo que es probable que hasta la cifra extraoficial esté exagerada.
Obviamente el PPD tiene más gente que lo que proyectan esos números escuálidos. Ahora mismo sigue controlando las alcaldías en la mayoría de los 78 municipios del país y la dirección de ambas cámaras legislativas, pero no hay duda que desde las pasadas elecciones ha estado en franco declive. Su actual liderato esperaba con desesperación que la asamblea de febrero representara un cambio en la tendencia, pero solo sirvió para confirmar la caída.
En las últimas elecciones, las de 2020, ninguno de los dos partidos que dominaron el escenario político puertorriqueño durante los últimos cincuenta años logró una tercera parte de los votos. De haber estado rozando o pasando del cincuenta por ciento de apoyo electoral durante décadas, en esa elección apenas superaron el treinta. No obstante, dada la particularidad del sistema político nuestro en el que no hay segunda vuelta, esos dos partidos minoritarios se repartieron todo el poder político que el colonizador le deja a los boricuas. El PNP volvió a dominar el Ejecutivo, controlando otra vez el presupuesto y la ejecución de la política pública, y el PPD ganó el control de las dos cámaras legislativas. Las 78 alcaldías también siguieron en manos de los dos partidos. Como vemos, a pesar del obvio rechazo en las urnas y del hartazgo de una porción significativa del pueblo con las prácticas corruptas del PNPPD, todo siguió igual en la colonia.
Tras el varapalo electoral de noviembre de 2020, que los llevó a perder más de una tercera parte de su electorado, ni el PNP ni el PPD parece haber hecho el más mínimo esfuerzo para tratar de reformar sus prácticas de gobierno, más bien lo contrario. Desde que comenzó el nuevo cuatrienio en enero de 2021 solo se ha visto el mismo comportamiento de siempre. La corrupción sigue campeando como lo atestigua la docena de alcaldes arrestados, divididos equitativamente entre los dos partidos, y las múltiples denuncias sobre la manipulación de contratos y la utilización del aparato gubernamental para beneficiar a los empresarios que financiaron sus campañas. En la Legislatura, el nuevo control por parte del PPD no la ha hecho diferente a cuando la regentearon Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez a nombre del PNP.
El liderato Popular que organizó la reciente asamblea, y que con tanto afán buscaba demostrar pujanza, es el mismo que, de forma reiterada, insiste en ubicar su partido a la derecha de espectro político, a veces hasta más a la derecha que el PNP. La política de boca callada ante la avalancha de casos de corrupción municipal es uno de esos ejemplos. Cuando algunos de sus alcaldes, como los de Trujillo Alto y Guayama, andaban “desaparecidos”, en medio de intensos rumores de un inminente arresto por corrupción, el liderato nacional se negó a solicitar su renuncia. Sólo tras el arresto hubo algún comentario y bastante tímido. En el caso de Mayagüez, donde el alcalde está destituido, sujeto a investigación, y varios de sus allegados ya han sido condenados, todavía estamos a la espera de alguna acción por parte del PPD. Los amigos del alcalde siguen regenteando la alcaldía sin que el liderato nacional del partido actúe.
No solo en la respuesta ante la corrupción, el PNP y el PPD se hermanan. También compiten en el coqueteo con el fundamentalismo religioso y las posturas discriminatorias ante los derechos de la mujer y la comunidad LBGT. En el primer caso destaca la postura del presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau, que comparó el aborto con el asesinato y luego se alió al Partido Dignidad y al PNP para promover legislación restrictiva. Otro caso más reciente es el del municipio de Ponce donde la esposa del alcalde, activista fundamentaista, interviene abiertamente en la actividad de la alcaldía promoviendo el discrimen y hasta lo proclama públicamente. Esa práctica ya provocó el rechazo de múltiples sectores y hasta editoriales en algunos medios de prensa, pero el liderato nacional del partido se calla y de esa manera lo condona.
Ante ese cuadro, nadie debe sorprenderse que el PPD, tras ver reducido su apoyo al 30% de electorado en noviembre de 2020, haya seguido cuesta abajo. Sectores de la prensa, como ocurrió con la reciente encuesta de El Nuevo Día, siguen llamándolo “partido principal”, pero hace tiempo que, igual que el PNP, dejó de serlo. En ambos casos se trata de movimientos políticos decadentes que las nuevas generaciones irán desechando.
