CLARIDAD
“Las mejoras van bien alineadas con las expresiones del gobernador de que él defendía la propiedad privada porque la Constitución así lo obliga. Pues nosotros defendemos el derecho a un techo seguro y a la vivienda. Eso es lo que estamos haciendo desde la Junta Comunitaria”.
Channiel Peñaloza Parrilla, vicepresidente de la Junta Comunitaria de Río Piedras (JCRP), reaccionó a la postura del gobernador, Pedro Pierluisi, de defender la propiedad privada frente a los compradores inversionistas de las leyes 20 y 22 (Ley 60) “porque la Constitución lo obliga”, y a sus declaraciones de que las personas que protestaban estaban en contra del progreso.
Las expresiones del gobernador se produjeron en respuesta a la reacción de rechazo de miembros de la comunidad de Río Piedras y de los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciados Adriana Gutiérrez Colón y Adrián González Costa, ante la revelación del acaparamiento de nueve propiedades en el casco urbano de Río Piedras por inversionistas de las leyes 20 y 22. En particular, estos dieron a conocer de la más reciente compra la del emblemático edificio La Torre por el inversionista Thomas Axon, expropietario de la franquicia del equipo de pelota de Los Cangrejeros de Santurce. Este edificio estaba ocupado en su mayoría por estudiantes universitarios, los cuales se han visto obligados a irse de sus apartamentos por el aumento inmediato de mil dólares por encima de la renta que ya pagaban.
Como estudiante universitario, primero de bachillerato y ahora del Programa Graduado de Trabajo Social Comunitario del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Peñaloza Parrilla conoce de primera mano el problema de acceso a la vivienda que hay en Río Piedras. El joven, oriundo de Loíza y primera generación de su familia en asistir a la Universidad, se hospeda en las instalaciones del programa Duerme Tranquilo que tiene Mesón de Amor, del Seminario Evangélico. Este explicó que tanto para los estudiantes como para la población en general en Río Piedras acceder a viviendas de alquiler es complicado.
En el caso del edificio La Torre, dijo que algunas personas se han comunicado con la Junta Comunitaria buscando orientación y han sido referidos a la Escuela de Derecho de la UPR y a la de la Universidad Interamericana (UIA-D).
El vicepresidente de la JCRP censuró las expresiones del gobernador de que la compra de propiedades representa mejoras para la comunidad. Denunció que, por el contrario, el resultado es el desplazamiento de la población y un proceso de gentrificación, porque el desarrollo es para un grupo específico de la población, que no es la gente trabajadora de ingresos medios que vive en Río Piedras.
En esa línea, trajo a la atención que la ley 75 de 1995, enmendada con la ley 3 de mayo del 2016 que creó el Fideicomiso de Río Piedras, establece que anualmente el Municipio de San Juan (MSJ) tiene que hacerle una asignación de $200 mil. Ese dinero se viene ahorrando junto a otras propuestas para que el Fideicomiso tenga la capacidad de intentar adquirir propiedades. Actualmente, el Fideicomiso tiene alrededor de unas 7 propiedades, entre ellas la Casa de la Cultura, el Antiguo Colegio la Milagrosa, un edificio en la comunidad Ubarri y el teatro Paradise.
Peñaloza Parrilla resaltó que la visión con la que se crea el Fideicomiso es de que se incorpore al mercado y adquiera los inmuebles para desarrollarlos de una manera sostenible y promueva el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, implementarlo es muy complejo porque no se tiene los recursos para hacerlo. “Ahí dependemos del interés del Gobierno, tanto municipal como estatal, de que quieran ceder las propiedades al Fideicomiso”.
El Fideicomiso junto al MSJ está identificando todos los edificios en desuso de las ocho comunidades de Río Piedras, que son posibles candidatos a estorbos públicos, para comenzar a negociar qué van hacer con ellos una vez se tenga el listado. “Nuestras expectativas —y restando a lo que dice el gobernador— no es que las personas no quieran desarrollo, es que hay que repensar qué significa desarrollo, porque si el desarrollo no es con la gente ni para la gente, entonces no lo queremos”.
Mientras tanto, las propiedades de los inversionistas están cerradas y nadie les exige nada, destacó.
Inversionistas se quedan con Río Piedras
Peñaloza Parrilla reveló a CLARIDAD que, en septiembre del 2022, una persona contactó a la Junta Comunitaria para una reunión, a la cual accedieron. La persona les dijo que trabajaba para un desarrollador de bienes raíces y que solo esa persona había comprado 14 edificios en el casco de Río Piedras. También les dijo que conocía a otros beneficiarios de la ley 20 y 22 que habían comprado muchos más. Así que se estima que entre 30 a 40 edificios han sido comprados por beneficiarios de la ley 60.
Ante la sorpresa de conocer sobre estas compras, el vicepresidente de la JC llamó a la atención que se supone que Río Piedras está bajo la Ley 75, que establece que el casco urbano de las ocho comunidades es una Especial de Planificación. “Eso parece que nadie lo interpreta como es debido porque las zonas de planificación, las leyes especiales, están por encima de las leyes estatales y municipales. Por ende, la ley establece unos procedimientos para unos comités interagenciales, que se supone que todos los permisos pasen por ese comité y haya 30 días para que la Junta Comunitaria opine. Y el Gobierno no está haciendo eso. Es un reclamo para que respeten la ley”.
Añadió que en ningún momento se han enterado de las compras; más aun, quedaron sorprendidos cuando la persona les dijo que uno de los inversionistas tenía la expectativa de montar cuatro escuelas chárter en toda la avenida Ponce de León, desde la esquina frente a Casa Ruth hasta el edificio que hace esquina que queda justo al frente del Burger King y el edificio La Torre. Comentó que ya se han puesto en contacto con grupos magisteriales y han orientado a las comunidades para que tomen posición al respecto. “Ya saben lo que causa la chárter, que es desangrar el presupuesto de Educación. Tenemos una reserva muy grande, esas escuelas sería desangrar las escuelas ya establecidas en la comunidad, sacar maestros. En realidad, sería una crisis”.
Peñaloza dio a conocer también que, de momento, en la comunidad García Ubarri, las personas comenzaron a recibir cartas de una corredora de bienes raíces promoviendo la compra de edificios, con el argumento de que los mejoraba para venderlos luego. “Es una expresión burda de una carta que les dice mira tú no quieres estar aquí, este no es el lugar para ti. Qué casualidad, no es el lugar para nosotros, pero es el lugar para otros. Ellos pueden sí venir aquí”, expresó indignado.
El estudiante universitario y vicepresidente de la JC dijo, sobre el desplazamiento de la vivienda de estudiantes, conocer casos desde los tres extremos: personas que tuvieron que hacer arreglos y comenzar un segundo trabajo o tener más horas en su trabajo para poder pagar su nuevo alquiler; otros que dejaron de hospedarse y tuvieron que entablar estrategias de transportación porque identificaron que no les era viable tener espacios de alquiler en Río Piedras y, “los extremos que más nos han dolido, de personas que públicamente han dicho que tienen que tomarse un break por este semestre o este año porque ‘no podemos pagar la residencia más la matrícula’”.
Al presente, en Río Piedras se construyen dos edificios para viviendas, de los que la Junta Comunitaria no tiene información de a quiénes van dirigidos, aunque la han solicitado. De paso, dijo Peñaloza, las construcciones no siguen el código que establece el Fideicomiso de que los edificios en el casco urbano no deben pasar de cuatro pisos.
“Hay una retórica que piensa que estamos peleando unos contra otros; pero no, estamos unidos defendiendo el derecho a vivir en comunidad. Estos alquileres a corto plazo lo que crean es una ruptura en el tejido social porque las personas que llegan no están mucho tiempo y se van. Eso es un problema entre los vecinos. La comunicación, el espacio, es una ruptura social que hay que pararla de inmediato”.
Nota: CLARIDAD intentó comunicarse con el Departamento de Educación para conocer sobre la veracidad de la apertura de las escuelas chárter. No fue posible. En el DE no contestan ninguna extensión telefónica, ni siquiera el contacto de Prensa. También se le cursó petición de información al correo electrónico del secretario que aparece en la página electrónica de la agencia. Tampoco ha contestado.
