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“En momentos en que el país vive un estado de emergencia por violencia de género y se cuestiona públicamente la capacidad del Gobierno para dar seguimiento a los trabajos del Comité PARE, es urgente nombrar una Procuradora de las Mujeres que tenga capacidad administrativa, experiencia en servicios y también apertura al trabajo en alianzas con agencias del gobierno y organizaciones civiles”, urgió un grupo de 14 organizaciones de mujeres al gobernador, Pedro Pierluisi.

La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) se encuentra sin una procuradora en propiedad desde el pasado mes de agosto, tras la renuncia de Lersy Boria. En entrevista, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, indicó a CLARIDAD que  hace dos meses, mediante carta, le sometieron al gobernador dos nominadas al puesto. Las endosadas por los grupos son Vilmarie Rivera Sierra, actual directora ejecutiva del Hogar Nueva Mujer y presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica, e Ilia Vázquez Gascot,  doctora en Sicología Social Comunitaria, con experiencia en organizaciones de mujeres en agencias municipales y en consultoría y adiestramiento a entidades, como la Academia de la Policía y el Departamento de Justicia.

La única contestación que recibieron por parte de La Fortaleza fue un acuse de recibo. Lugo Nazario señaló que no saben si el gobernador  tiene alguna candidata, aunque dijo que al  inicio de la salida de Boria hubo comentarios referentes a la exsenadora Zoé Laboy. “Pero eso también quedó en nada. Nosotras quisimos hacer público que ya hay unas candidatas con las que se dialogó y aceptaron el reto; que son compañeras conocidas en diferentes espacios, que dominan los temas muy bien y trabajan en solidaridad”.

Trajo a la atención que de acuerdo al Artículo 4 de la Ley 20-2001, que fundamenta la OPM,  las organizaciones feministas deben ser consultadas para el nombramiento. Las organizaciones también le reclamaron a Pierluisi que nombre el Consejo Consultivo, el cual no se ha vuelto a activar desde que la primera procuradora, licenciada María Dolores Fernós, dejó la posición en el 2008, denunció Lugo Nazario

“Queremos una persona que conozca el derecho, que conozca de estos temas, que domine y que sabemos que va a responder”, recalcó.  Observó que ninguna de las nombradas  ha estado el término de los 10 años como dispone la ley.  Después de Fernós, ha habido cinco procuradoras: Martha González, a quien el Senado no quiso confirmar; le siguió  Joan Vélez, que tampoco fue confirmada;  la hoy exgobernadora Wanda Vázquez; Carmen Lebrón González y Lersy Boria. La próxima mujer que fuese nominada y confirmada se supone que  estará por un  término de 10 años.

La coordinadora del Observatorio de Equidad de Género comentó que el hecho de que el puesto sea uno a 10 años es garantizar la continuación de la política pública. Indicó que es importante que se retome  el Consejo Consultivo, en el cual se supone haya una representante de Vieques y Culebras.  “La participación es importante para visualizar la situación de las mujeres en otros espacios”. Recordó que el Consejo Consultivo organizaba un congreso que era una  especie de rendición de cuentas donde se presentaban los trabajos de las organizaciones y que servía de instancia para desarrollar el  trabajo que tiene que hacer la OPM.

Observó además que la OPM se ha quedado  mucho en el tema de la violencia doméstica, pero que esta es una situación que requiere una mirada multidisciplinaria. “Tenemos que mirar, desde la violencia de género, sus diferentes manifestaciones y el trabajo de investigación tan importante que se desarrolló en un momento histórico en esa oficina para darle seguimiento. La  investigación, los datos son importantes, precisamente, para ayudar en el  desarrollo de políticas públicas”.

En esa misma línea de política pública, expresó que si bien hay bastante legislación relacionada con la mujer, no hay una cultura de revisión, de actualización. Dio a conocer el ejemplo de  la OPM, que antes llevaba datos e información sobre los asesinatos de las mujeres, el cual se eliminó, y lo que se publica ahora son los datos que lleva la Policía de Puerto Rico.  “Ahora mismo, la Policía no tiene los datos del 2022. Los que aparecen son del 2021,  cuando ya tenemos evidencia de que los datos de la Policía siempre están subrepresentados. Aparte de que vemos siempre el énfasis en el tema de violencia doméstica, que es uno de los componentes importantes para trabajar. Pero hay otras manifestaciones  de violencia que se tienen que trabajar para tener esos datos actualizados”.

Sobre el aspecto de la discriminación por género, Lugo Nazario dio crédito a que la OPM   ha hecho mucho énfasis en el tema de acción afirmativa con mucha fiscalización, para que las agencias   gubernamentales y corporaciones públicas cumplan, pero que todavía hay otras áreas en que no. Al respecto, recalcó que es importante entender lo que es el trabajo  multidisciplinario de la OPM, debido a que por definición los estudios de la mujer son inter y multidisciplinario.

El debate por la educación con perspectiva de género

 En cuanto al tema de la perspectiva de género en la educación, Lugo Nazario recordó que cuando se trabajó la primera carta circular en el 2008,  siendo procuradora la licenciada Fernós  y secretario de Educación, Rafael Aragunde, se redactó una carta circular sobre la educación con perspectiva de género,  la cual fue desvirtuada por la discusión política. Con  la llegada de Luis Fortuño a la gobernación en el 2009, de inmediato el nombrado secretario Carlos Chardón detuvo la carta circular. Lugo Nazario, quien trabajó en el subcomité de PARE que redactó la carta, relató que con el fin de que el DE entendiera el concepto, se desarrolló un marco teórico basado en la mirada internacional desde los derechos humanos y en cómo se ha trabajado desde el derecho internacional el tema de la educación con perspectiva de género.

Sobre la carta circular de “equidad y respeto”, emitida por el actual secretario Rafael Román, afirmó: “Lo que vemos en esta carta circular es una aguada; prácticamente una recopilación de la legislación que hay sobre esos temas, pero no es un currículo con perspectiva de género. Cualquier conocedor lo va a cuestionar rápido”.  Denunció que el DE hace tiempo que ni  responde  a la regla federal de reconocer a los estudiantes trans  ni el Título 9, que es una enmienda federal de 1973 que habla sobre el discriminen por género.

“En esta carta no hacen referencia a nada de eso. Lo otro es que se supone que haya algo de respeto, valores; pero no tienen en qué se fundamentan, si son referentes a los derechos humanos, a la declaración de las mujeres, no hacen referente a nada de derechos humanos, a una cultura de paz; habla de  respeto a todos los seres humanos. En el título habla de ‘transversal’ y ni siquiera lo definen”.

Lugo Nazario reparó en que la OPM  no tuvo ninguna participación. En otro espacio en donde la OPM ha estado ausente, reveló, es en la Orden Ejecutiva (OE) de enero del pasado año, que declara un “estado de emergencia por violencia de género”, y que dio paso a la creación del Comité PARE (Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación) y al nombramiento de la oficial de cumplimiento, licenciada Ileana Espada Martínez. Sin embargo, a pesar de que en junio de este año el gobernador extendió la OE, decidió eliminar el Comité PARE.

A juicio de Lugo Nazario, habiendo cumplido el Comité PARE con sus funciones, la oficial de cumplimiento es una gestión que debe hacerse desde la OPM y no desde La Fortaleza. “Entiendo que ella lo que tiene que hacer es dar seguimiento al trabajo ya realizado, que se cumpla con un proceso de fiscalización, que se cumpla con lo que se hizo y lo que se quedó sobre la mesa”. Destacó que se supone que ese trabajo se haga desde la OPM porque es la que tiene poderes cuasi judiciales para investigar y fiscalizar. “Es lo que dice la ley. Hay un desfase entre esa declaración de emergencia y desde donde se está velando. Si tuviésemos una procuradora en propiedad, experta en el tema, sabría que ese trabajo le tocaría a la OPM”.

Alza en los casos de violencia de género

La portavoz de las organizaciones feministas recalcó que en  términos de la situación de violencia, en el país se está  viendo un aumento en los casos de feminicidios, y ya se ha  sobrepasado los números con los que cerró  el 2021.  En ese año  hubo con 56 feminicidios, en lo que va de año ha habido  62 casos. De acuerdo con  los protocolos, que establece diferentes categorías de  feminicidios y feminicidios íntimos de pareja o expareja, se ha sobrepasado el número del pasado año, que fueron 12. Al momento de esta entrevista van 14, hay 38 casos bajo investigación, 2 feminicidios familiares y 6 feminicidios indirectos relacionados con el área de crimen organizado y uno de ellos por sobredosis de droga.

Ante el alza de casos, Lugo Nazario expresó que desde el Observatorio de Género hacen un llamado a la Policía a que trabaje con la educación de su personal. Explicó que la Policía tuvo representación en varios de los subcomités de trabajo de PARE, en el cual se preparó un protocolo de investigación de muertes de feminicidios, basado en el Protocolo Latinoamericano. También puntualizó que la Policía es la primera que llega a una escena donde hay una persona muerta.

Sobre los dos recientes casos de violencia de género por parte de la Policía, uno de ellos feminicidio íntimo y luego suicidio y el otro de un caso de violencia, que luego la víctima negó, esta manifestó: “Es lo que vemos, lo que dicen las investigaciones: el miedo. Lo que es la rueda de la violencia pasa muchas veces si la persona  tiene un arma. Es normal que haya un miedo y, lamentable, las investigaciones evidencian que cuando hay armas de fuego presente puede darse la posibilidad más alta de que sea usada”.

Al respecto, señaló preocupación por que se pretenda flexibilizar la tenencia de armas de fuego y por los comentarios recientes por parte de una persona de una armería que recomendó que las mujeres en situación de violencia doméstica se armen: “Son expresiones preocupantes porque no estamos en la época de los vaqueros. Sabemos también que ante una situación de violencia quien lleva la parte de perder es la víctima, y si hay un arma presente es más terrible”.

Para finalizar apuntó que es importante saber que después de un desastre natural este tipo de situaciones de violencia de género tienden a aumentar, por lo que  las organizaciones reciben más casos.

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El sistema de justicia criminal de Puerto Rico ha estado en el centro de los comentarios públicos en las últimas semanas. Bueno, realmente siempre lo está, pero en esta ocasión fue una noticia de mucho impacto que ensombreció aún más la imagen de la dependencia que se supone que investigue y procese toda la actividad criminal del País, el Departamento de Justicia (DJ).

La noticia está produciendo nubarrones que pudieran llegar a tormenta. Una fiscal en funciones, Betzaida Quiñones, quien lleva muchos años en el cargo, denunció en varios medios de prensa que en 2019 la entonces secretaria de Justicia Wanda Vázquez, por conducto de la jefa de los fiscales, Olga Castellón, le ordenó detener la investigación en torno al asesinato del cantante Kevin Fret. Para ese momento, según reportajes de prensa, la investigación que conducía Quiñones vinculaba a otro cantante de rap, Ozuna, con la muerte violenta de Fret. De manera simultánea con la denuncia de la fiscal, el Negociado de la Policía inició un procedimiento administrativo contra el agente que estaba asistiendo al DJ en el proceso. Entre otras cosas, se sabe que ese policía mantuvo contacto personal con uno de los investigados y hasta se tiró un selfi con él, pero es la declaración de la fiscal la que ha estado en el centro de todos los comentarios.

Como han señalado todos los que han comentado este asunto, la denuncia de Quiñones es muy seria y añade un interrogante sobre una dependencia gubernamental repleta de ellos. A mi juicio, como se explica más adelante, este nuevo interrogante se diferencia de todos los que en el pasado han empañado al Departamento de Justicia (DJ). ¡Y no deja de ser revelador que sea Wanda Vázquez quien esté en el centro de una noticia que llevaría la corrupción pública a otro nivel! Ya sabemos que lo hizo cuando, por carambola, llegó al cargo de gobernadora y ahora surge que, como secretaria de Justicia, también pudo haber llevado la podredumbre a un espacio nuevo.

El DJ siempre ha sido visto como una dependencia politizada en extremo, que nunca investiga ni procesa a los corruptos identificados con el partido de gobierno ni a los amigos de estos. También se sabe que paraliza investigaciones de impacto político. El episodio más conocido, y más bochornoso, fue el ocurrido entre 1979 y 1983, cuando tanto fiscales como secretarios en funciones conspiraron con el entonces gobernador Romero Barceló para encubrir los asesinatos perpetrados por la Policía en el Cerro Maravilla. De aquella enorme mancha -que fue descubierta y produjo la caída de algunos fiscales- el DJ nunca se ha recuperado porque en muchas ocasiones siguió operando como “sastrería jurídica”. Como sabemos, los casos de corrupción que se descubren (realmente pocos en comparación con el problema) es por acción de la fiscalía federal o por investigaciones de la prensa.

A lo anterior hay que añadir la inacción del DJ relacionada con otros actos criminales ejecutados con propósitos políticos. Los dos casos más conocidos son los de Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela. Por más de cuarenta años, secretarios y secretarias de Justicia han prometido esclarecer esos asesinatos, pero nada ocurre.

Sin embargo, no ha sido común que al DJ se le acuse de corromper o entorpecer investigaciones relacionadas con crímenes comunes que no tienen implicaciones políticas. En ese campo, lo que se escucha con alguna frecuencia son imputaciones de falta de competencia que conduce a resultados chapuceros, pero no de que un secretario o secretaria haya intervenido de manera directa para descarrilar una investigación criminal que apunta hacia una persona conocida o de gran poder económico. Ese tipo de denuncia, como la que ahora hace la fiscal Quiñones, no se escucha a menudo.

La imputación se dirige otra vez contra Wanda Vázquez. De ella ya sabemos, gracias a las acusaciones criminales a las que se enfrenta en el Tribunal Federal, que llevó la corrupción gubernamental a otro nivel cuando, actuando como gobernadora, colocó una importante agencia reguladora en manos de un mafioso de las finanzas a cambio de aportaciones monetarias a su campaña electoral.  Ahora está sobre el tapete corroborar si cuando se desempeñó como secretaria de Justicia llegó al extremo de detener investigaciones criminales para proteger a uno de los nuevos multimillonarios de la música urbana. El actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli ya avisó que estará investigando, pero el mismo día en que hizo el anuncio de la nueva investigación dijo de lo más orondo que es un fiel oyente de un programa televisivo de chismes que, además, se distingue por su racismo y su misoginia.  Esa declaración minó su credibilidad que ya estaba malita, pero ojalá de verdad investigue.

Los medios para investigar están en el propio DJ. La denuncia no la hizo una fuente anónima, sino alguien que se identificó con su nombre y que, además, sigue siendo fiscal en el propio Departamento. Allí con toda probabilidad también están personas que conocieron del asunto de primera mano. Si de verdad quieren investigar no tendrán que ir muy lejos y, como siempre, el país reclama que se investigue.

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Un promedio  de 845 casos diarios de contagios de COVID-19 lo que nos dice es que la epidemia no se ha terminado y se está lejos de una llamada inmunidad de grupo o comunitario.

A casi tres años del surgimiento de la pandemia, la epidemia no ha terminado, subrayó en entrevista la doctora en epidemiología, Cruz María Nazario. De acuerdo con  los números del Departamento de Salud (DS), de  un promedio diario de 155.37 casos por prueba molecular y 690 por prueba de antígenos, la suma de 845 casos diarios nos indica que la epidemia no se ha terminado.

“Lo que vemos en la página del DS es que lo que ha bajado es la confirmación de casos por prueba molecular. Ya en muchos lugares no se le exige a la gente esa prueba y, de hecho, la gran mayoría de las personas que empiezan a tener los síntomas, lo primero que hacen es ir a la farmacia a comprar una prueba casera, que son las pruebas de antígenos. Se la hacen y sienten que no tienen que llamar a Salud  para informarlo”.

Basada en esos números y con la premisa de que cree que el DS lo que tiene es un subregistro bien grande, reiteró creer que los casos son muchísimo más que los que aparecen en la página del DS al día de hoy. “Un promedio de  841 casos diarios es mucho. Eso no quiere decir que ya se acabó la pandemia y que  no tenemos que seguir cuidándonos. Solo hay como un 33.31 % de las personas que tiene todas su vacunas al día: eso es bien poco”.

En ese aspecto reconoció que todavía hay gente que se resiste a las vacunas. “Creo que hay dos tipos de personas. Están las que desde el primer día fueron  en contra de la vacunación porque no creen en ese mecanismo. A esos no se le va convencer con ningún tipo de documentación y evidencia, porque eso es cuestión de creencias. Pero hay otro grupo de personas que creo que se han cuestionado si vacunarse porque perciben que no están a riesgo. Creen que ya la epidemia se acabó,  hay esa percepción de que ya no hay peligro y se tiene a un gobernador diciendo que ya se acabó la epidemia.  Pues, la gente lo que quiere oír es lo más fácil”. Además expresó estar sorprendida de que la gente ha dejado de usar la mascarilla.

La doctora en epidemiología puntualizó que tener un promedio de 841 casos nuevos por día quiere decir que el contagio está alto. Si se ve la tasa de incidencia de 800 casos diarios por 100 mil habitantes, que es la otra forma de medir los casos confirmados para poder conceder que estamos en una transmisión baja, tiene que ser menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Es decir, el país está 18 veces por encima de lo que podría considerarse una tasa de contagio baja. Si se mira el mapa del DS, todos los municipios están marcados de rojo lo que indica que las tasas de contagio comunitario están altísimas.

Agregó que el hecho aparente de que están muriendo menos personas puede además dar la percepción de que el COVID es algo como un catarro. Pero los que menos mueren son los jóvenes, mientras más del 80 % de los fallecidos tienen más de 60 años.  Han sido más los hombres fallecidos que las mujeres, dato que  atribuyó a que hay más mujeres vacunadas que hombres.

La doctora Nazario recalcó que la vacuna protege para que cuando una persona se contagie la infección no sea severa y pueda llegar a recibir tratamiento.  “No estamos hablando del principio de la pandemia, que no había tratamiento, por lo que se moría la gente.  Ahora mismo hay mucho contagio, pero hay la posibilidad de que a la persona lo traten en un hospital y se vaya a su casa. Eso da la impresión de que ya la cosa no está tan mala, pero lo que hay que mirar es que hay un contagio alto, y si no se ha vacunado puede tener una gravedad”.

Según el DS, en la primera semana de noviembre las muertes acumuladas por COVID-19 en la isla sumaban 5,276. Sin embargo, la doctora Nazario,  reconoció que hay datos diferentes respecto al número de muertes provocadas por el huracán María. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el citado huracán provocó la muerte de más de cuatro mil personas y un estudio del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico indicó que fueron 2,970. La epidemióloga señaló que es interesante el dato de que se ha muerto más gente por covid  que por un evento catastrófico como el huracán María. En esa dirección reparó en que en el mundo han  muerto 632 millones de personas por ese virus. De esos, 1 millón han sido en Estados Unidos. “Eso indica que esto no es una enfermedad para tomarla a la ligera, no debemos pensar que esto no es una enfermedad que puede matar a la gente”.

Añadió que  un análisis de la revista de investigación Nature Medice reflejó que, de esos 632 millones de muertes por covid, se pudieron haber evitado 1.3 millones si los países ricos hubiesen compartido el beneficio de la vacuna y no las hubieran acaparado. Eso pese a que se supone que la Organización Mundial de la Salud (OMS)  tenía un sistema para que los países ricos enviaran vacunas a los países pobres. Pero muchas veces estos no las enviaron  o las enviaron cuando ya estaban expiradas.

El estudio concluyó que hay un efecto multiplicador por el hecho de que en muchos países ricos, como EE. UU., comenzaron  a decir que ya no había que usar la mascarilla, aun cuando se sabe  que de todas las medidas más eficientes para evitar las infecciones son el uso de la mascarilla, los hábitos de higiene y evitar lugares conglomerados con aire acondicionado. La vacuna  no evita infecciones, la vacuna evita que la infección nos dé fuerte y que se siga transmitiendo al debilitar el virus. “Si se hubiese seguido con esas reglas de higiene, que sabemos que funcionan, se hubiese evitado casi 300 millones de infecciones”.

En tanto, todavía se debate el origen del virus. La doctora Nazario, recordó que la teoría del entonces presidente, Donald Trump, de que el virus fue desarrollado por los chinos, fue descartada. Luego, la OMS hizo una investigación de la teoría de que había salido por un accidente en un laboratorio.  Hace poco salió otro artículo que investigó y encontró  que de laboratorios han salido un montón de otros  virus por negligencia, errores o accidentes. A Nazario, la teoría que  más le convence es que “los individuos en este mundo hemos invadido el espacio de los animales. Cada vez más les dejamos menos espacio a los animales en su hábitat natural, cada vez tumbamos más bosques e invadimos  más espacios, y esos animales que llevan ese virus hace años, al invadirlos, nos exponemos al contagio cuando hace el salto de un animal a una persona”. Señaló  que por eso es que todavía se anda buscando cuál es el animal reservorio del virus. Para ella, se tiene que mirar en “cómo estamos siendo responsables en invadir terreno de los animales y en el no ser cuidadosos en cómo se manejan estas situaciones”.

Otro aspecto que se ha dejado de lado es alcanzar la llamada inmunidad de grupo. Al respecto, considera que fue un error desde un principio porque la gente pensó que una vez le diera covid se iba a estar inmune para otras oportunidades de contagio. Lo que se ha visto es que a medida que no se controla el covid siguen ocurriendo variantes nuevas, como el Delta y Ómicron. Sobre otras nuevas variantes la epidemióloga recalcó: “No podemos hablar de inmunidad de grupo o inmunidad comunitaria cuando las variantes se escapan de los sistemas que debemos proteger. Con la COVID-19 esa inmunidad de grupo está muy lejos de que ocurra porque siguen surgiendo nuevas variantes. Eso quiere decir que mientras haya contagio en el mundo entero, la gente que pasa el virus de una persona a otra aumenta la probabilidad de que ese virus cambie y tenga una mutación nueva”.