CLARIDAD
El sistema de justicia criminal de Puerto Rico ha estado en el centro de los comentarios públicos en las últimas semanas. Bueno, realmente siempre lo está, pero en esta ocasión fue una noticia de mucho impacto que ensombreció aún más la imagen de la dependencia que se supone que investigue y procese toda la actividad criminal del País, el Departamento de Justicia (DJ).
La noticia está produciendo nubarrones que pudieran llegar a tormenta. Una fiscal en funciones, Betzaida Quiñones, quien lleva muchos años en el cargo, denunció en varios medios de prensa que en 2019 la entonces secretaria de Justicia Wanda Vázquez, por conducto de la jefa de los fiscales, Olga Castellón, le ordenó detener la investigación en torno al asesinato del cantante Kevin Fret. Para ese momento, según reportajes de prensa, la investigación que conducía Quiñones vinculaba a otro cantante de rap, Ozuna, con la muerte violenta de Fret. De manera simultánea con la denuncia de la fiscal, el Negociado de la Policía inició un procedimiento administrativo contra el agente que estaba asistiendo al DJ en el proceso. Entre otras cosas, se sabe que ese policía mantuvo contacto personal con uno de los investigados y hasta se tiró un selfi con él, pero es la declaración de la fiscal la que ha estado en el centro de todos los comentarios.
Como han señalado todos los que han comentado este asunto, la denuncia de Quiñones es muy seria y añade un interrogante sobre una dependencia gubernamental repleta de ellos. A mi juicio, como se explica más adelante, este nuevo interrogante se diferencia de todos los que en el pasado han empañado al Departamento de Justicia (DJ). ¡Y no deja de ser revelador que sea Wanda Vázquez quien esté en el centro de una noticia que llevaría la corrupción pública a otro nivel! Ya sabemos que lo hizo cuando, por carambola, llegó al cargo de gobernadora y ahora surge que, como secretaria de Justicia, también pudo haber llevado la podredumbre a un espacio nuevo.
El DJ siempre ha sido visto como una dependencia politizada en extremo, que nunca investiga ni procesa a los corruptos identificados con el partido de gobierno ni a los amigos de estos. También se sabe que paraliza investigaciones de impacto político. El episodio más conocido, y más bochornoso, fue el ocurrido entre 1979 y 1983, cuando tanto fiscales como secretarios en funciones conspiraron con el entonces gobernador Romero Barceló para encubrir los asesinatos perpetrados por la Policía en el Cerro Maravilla. De aquella enorme mancha -que fue descubierta y produjo la caída de algunos fiscales- el DJ nunca se ha recuperado porque en muchas ocasiones siguió operando como “sastrería jurídica”. Como sabemos, los casos de corrupción que se descubren (realmente pocos en comparación con el problema) es por acción de la fiscalía federal o por investigaciones de la prensa.
A lo anterior hay que añadir la inacción del DJ relacionada con otros actos criminales ejecutados con propósitos políticos. Los dos casos más conocidos son los de Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela. Por más de cuarenta años, secretarios y secretarias de Justicia han prometido esclarecer esos asesinatos, pero nada ocurre.
Sin embargo, no ha sido común que al DJ se le acuse de corromper o entorpecer investigaciones relacionadas con crímenes comunes que no tienen implicaciones políticas. En ese campo, lo que se escucha con alguna frecuencia son imputaciones de falta de competencia que conduce a resultados chapuceros, pero no de que un secretario o secretaria haya intervenido de manera directa para descarrilar una investigación criminal que apunta hacia una persona conocida o de gran poder económico. Ese tipo de denuncia, como la que ahora hace la fiscal Quiñones, no se escucha a menudo.
La imputación se dirige otra vez contra Wanda Vázquez. De ella ya sabemos, gracias a las acusaciones criminales a las que se enfrenta en el Tribunal Federal, que llevó la corrupción gubernamental a otro nivel cuando, actuando como gobernadora, colocó una importante agencia reguladora en manos de un mafioso de las finanzas a cambio de aportaciones monetarias a su campaña electoral. Ahora está sobre el tapete corroborar si cuando se desempeñó como secretaria de Justicia llegó al extremo de detener investigaciones criminales para proteger a uno de los nuevos multimillonarios de la música urbana. El actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli ya avisó que estará investigando, pero el mismo día en que hizo el anuncio de la nueva investigación dijo de lo más orondo que es un fiel oyente de un programa televisivo de chismes que, además, se distingue por su racismo y su misoginia. Esa declaración minó su credibilidad que ya estaba malita, pero ojalá de verdad investigue.
Los medios para investigar están en el propio DJ. La denuncia no la hizo una fuente anónima, sino alguien que se identificó con su nombre y que, además, sigue siendo fiscal en el propio Departamento. Allí con toda probabilidad también están personas que conocieron del asunto de primera mano. Si de verdad quieren investigar no tendrán que ir muy lejos y, como siempre, el país reclama que se investigue.
