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Entrega a mano #6: Madre del fuego, de Marta Aponte Alsina

 

La madre del fuego, por supuesto, es la madre del poeta William Carlos Williams, y el título proviene del poema “Crude Lament”. Es la madre que vela mientras los demás trabajan, y es ella quien realmente sostiene la vida, “la custodia de la llama de la tribu”. Así también aquí asistimos a un recorrido por cartografías que incitan a internarse en mapas íntimos pues la colección recorre un mapa afectivo que nace en una geografía particular, la caribeña. Aquí nosotros descubrimos los orígenes mismos del quehacer novelístico de la escritora y ella elucubra para nuestra curiosidad los sentidos que laten en múltiples pasadizos subterráneos de “Antípodas,” el ensayo que cierra la colección. Para estudiar cabalmente la obra de Aponte habría que remitirse a la trayectoria escritural que describe este volumen, especialmente respecto a El fantasma de las cosas, La muerte feliz de William Carlos Williams y Ángélica furiosa. El ensayo más extenso y el que ocupa una posición central en el libro concita un diálogo a venir sobre la autopercepción de los puertorriqueños y la percepción colonial de los norteamericanos en la isla. Espera, además, por varios estudios serios de literatura comparada y crítica cultural. También aquí se defiende el valor de esta pregunta: “¿Qué importancia tendrán la noción del adentro, el ámbito subterráneo de la imaginación, en los debates sociales y políticos?”

Quien repase la obra de la novelista puertorriqueña Marta Aponte Alsina reconoce en esta una enorme cantera de conocimiento sobre la historia del Siglo XIX y el hacer literario del Siglo XX y XXI en Puerto Rico. Contar con la amistad, la sabiduría y la generosidad de Marta es una felicidad, más aún cuando se siente la satisfacción y alegría de que nos conocemos hace ya casi cuatro décadas. Fue Marta quien en 1987 me invitó a publicar con el Instituto de Cultura Puertorriqueña mi cuarto libro, que fue una antología, sobre poetas puertorriqueñas contemporáneas: De lengua, razón y cuerpo. Después gestionó la invitación a un intenso y bello diálogo respecto a nuestros criterios de selección con dos escritores que también recién publicaban sus antologías en ese momento: el ensayista Efraín Barradas y el poeta Iván Silén. Fue también Marta quien como directora de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico acogió mi primer libro de crítica, Hilo de Aracne, literatura puertorriqueña hoy. Esos tres momentos de mi vida literaria se los debo a su amistad. Con más de nueve textos a su haber, entre novelas, crónicas, nouvelles, volúmenes de cuentos y ensayos, podría afirmar que Madre del fuego es una colección de ensayos que funciona como complemento de su entrega previa, Somos islas, y de toda su novelística. Aquí da fe de su vocación caribeñista, así como de su pasión por documentar las etapas previas a la escritura, su archivo, de donde provienen las historias y malabares que trabaja después. Destaco el aspecto oral de la comunicación en este libro hecho primordialmente de conferencias, además del gesto de donde surgen: una invitación, lo cual a su vez conmina a transformar ese tipo de locución en interpelación, en provocación al diálogo con y entre sus lectores.

Entonces, uno de los elementos que quiere recuperar mi lectura es la oralidad de la conferenciante. La inclusión de tres conferencias le presta a la entrega una mayor recepción, por supuesto, y permite entrever las coyunturas de su prosa narrativa, estableciendo relaciones con las bisagras conceptuales de su pensamiento. Se trata de un diálogo consigo misma, entre sus archivos y la corriente secreta de sus obras de ficción. Por eso defiende El fantasma de las cosas, su nouvelle, o expone la poética de William Carlos Williams o recorre las islas en un ensayo que responde a un regalo y que es a su vez un regalo a tres personas: Vicente Quevedo, Loretta Collins Klobah y Áurea María Sotomayor. Gracias Marta. La del regalo fue la exquisita conferencia que hizo Marta para los estudiantes del programa graduado de la Universidad de Pittsburgh en el 2019 donde recorre literariamente algunos de los lugares que tocó Tito Kayak en su kayak cuando trataba de trazar el arco caribeño de las islas y donde traza a partir del regalo que le hiciera Vicente Quevedo varios hitos literarios fundamentales de la literatura caribeña, enfatizando la producción proveniente especialmente de las islas más pequeñas. Por eso defiende ese recorrido aludiendo a un adentro: “Los espacios locales más reducidos también pueden representarse en mapas. Orientarse en la densidad de algunas habitaciones pequeñas abarrotadas de cosas podría servirse de mapas.” (41). Ese periplo por la literatura, y por lo que ella llama las islas más pequeñas del mundo, las que están a punto de perecer, comprueba su importancia, y en ella figuran muchos de los mejores escritores de ese mundo. Gran lección.

Así las conferencias se arman a partir de unas imágenes: el vórtice del mar de los Sargazos, el agradecimiento a los libros caribeños que le regalara el botánico/poeta Vicente Quevedo, las obras de ficción escritas por los norteamericanos en la isla. Ahí destacan Muna Lee y Edwin Rosskam. Hablar de novelas que de alguna manera se mantienen en su imaginario y nutren su propio pensamiento mientras escribe un texto nos permite pensar sus escritos desde otras coordenadas. “Aliens”, el interesante título del tercer ensayo fue para mí una revelación pues invita a un diálogo entre la narrativa norteamericana que se produce en la isla y la de los escritores puertorriqueños en ese periodo. Es un tema hasta ahora inexplorado, especialmente a partir de las coincidencias y distancias entre esas miradas y el objeto al que prestan la atención, especialmente cuando se trata de las ficciones escritas por Muna Lee, “poeta, sufragista y panamericanista”, esposa de Luis Muñoz Marín, o las de un izquierdista como Edwin Rosskam, que dejó la isla “para evitar que su reputación de hombre de izquierda perjudicara a su amigo, el gobernador Muñoz, en los años del macartismo más crudo, que coincidieron con la fundación del Estado Libre Aosciado” (79-80). De este detalle consignado en este ensayo surge la urgencia de revisar todo el archivo de Muñoz para leer la correspondencia con Muna Lee y con  Rosskam, el novelista. The Alien,es la novela de Rosskam. Así también titula Marta Aponte este ensayo. No dejan de ser interesantes estos dos escritores que flanquearon la vida de quien sería el gobernador de la isla y que abandonara su proyecto como hombre de estado caribeño y de izquierda justamente contra Trujillo para plegarse a los condicionamientos que le imponía la política norteamericana de la Guerra Fría en el Caribe. A esta narrativa  le llama Aponte “la experiencia del imperio” y vale la pena pensar si acaso la novelista pensó en algún momento en una novela que dialogara con estas dado que es principalmente en la segunda etapa de su obra que han irrumpido personajes norteamericanos en esta, tales como WCW, Nathan Leopold, Sammy Davis, y los bostonianos de Aguirre, tema al que aludo en mi ensayo sobre Aguirre en noviembre de 2018 (“Las rutas a Aguirre” www.80grados.net/author/aurea-maria-sotomayor). Acaso esas claves provengan del ensayo “Aliens” escrito en el 2009. Resalta Aponte que estos escritores norteamericanos no han tenido ningún impacto en los estudios que se han hecho en la metrópoli sobre su escritura, a diferencia de los que han pasado su exilio en Europa. Habría que leer ese silencio de la crítica  al que Marta Aponte llama la atención. ¿Acaso escribir desde una colonia carece del glamour que tiene escribir desde Europa, incluso para un escritor norteamericano? ¿Por qué también ellos han caído en el silencio?

La imagen que se me grabó en la mente al terminar la lectura, cónsona con la poesía que protagoniza esta columna, tiene que ver con otro adentro, ese vocablo que sutilmente puntea la colección: el adentro de un mar, el Mar de los Sargazos que tan bien describe Aponte al principio de la colección:

“El mar de los Sargazos es un mar sin costas que se acerca a la fosa de San Juan, se extiende por el norte desde la Bahía de Chesapeake, allá en Maryland y Virginia hasta el peñón de Gibraltar, al norte de África, y por el sur desde Haití hasta Dakar, la capital de Senegal, al este de África. Le dio nombre Colón, que en las notas de su primer viaje describió las aguas donde flotaban ‘manchas de yerba muy verde’. Hacia el centro quieto, sin vientos, más alto que el perímetro, las olas forman un remolino que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Hacia ese ojo marino de aguas profundas se mueven seres vivos de varias latitudes, arrastrados por las corrientes de norte y sur. Incrustados en las algas se adaptan a las leyes de un mar sin fondo aparente. Las plantas que tardan siglos en llegar a la quietud absoluta del centro se ganan la inmortalidad. Se dice, o se decía, que algunas de las yerbas vivas que afloran hoy podrían ser las mismas que vieron Colón y sus marineros. Un centro flotante sin pretensiones de dominio. Un lugar de límites irregulares cuyas leyendas de naufragios tuvieron mucha presencia en la literatura.” (18-19) Acaso podríamos pensar en ese mar de los sargazos, también presente en la novela homónima de Jean Rhys, como ese lugar donde se intersecan las memorias, los archivos, las presencias todas. Acaso sea Marta Aponte la movilizadora ritual de ese mar donde confluye el tiempo.

Áurea María Sotomayor es poeta, ensayista y profesora. Tiene a su haber unas 14 colecciones de poesía, entre ellas Sitios de la memoria, La gula de la tinta, Diseño del ala, Cuerpo nuestro, Rizoma, Chuvento o lengua secreta, La noche es otra luz y, el más reciente, Espacio teselado. Tradujo el libro The Bounty, de Derek Walcott (La Providencia) y ha publicado los libros de crítica Hilo de Aracne, Femina Faber y Poéticas que armar. Obtuvo el Premio de Ensayo de Casa de las Américas (Cuba) en 2020 con su libro Apalabrarse en la desposesión. Literatura, arte y multitud en el Caribe insular. Ha antologado la poesía puertorriqueña en dos colecciones publicadas en La Habana y Caracas y la obra de las poetas puertorriqueñas de la promoción del 70 en su antología De lengua, razón y cuerpo. Ha obtenido múltiples premios nacionales e internacionales por su obra poética y crítica.

 

Secretario de Agricultura es parte de una empresa que vende equipo a agricultores con fondos federales Re-Grow

Por Vanessa Colón Almenas

Centro de Periodismo Investigativo

El programa otorga financiamiento a pequeñas empresas agrícolas y es administrado en parte por el Departamento de Agricultura.

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, habló a los trabajadores de la tierra congregados en la más reciente asamblea de la Asociación de Agricultores celebrada el pasado jueves en Arecibo. A unos pasos, en una mesa de exhibición, su hijo Ramón M. González Bennazar hacía gestiones de venta de equipos de la empresa Agro Power. Esa es la compañía de su padre, cuyos equipos se exhibían allí mismo, y que pueden adquirirse con subvenciones del programa federal Renacer Agrícola (Re-Grow, en inglés).

En agosto del 2021, Agro Power ganó $120 mil en ventas de equipo adquiridos por los agricultores a través de subvenciones del programa Re-Grow, según consta en información provista por el Departamento de la Vivienda, que supervisa esos fondos federales. En ese mismo mes, el Secretario participó y exhibió sus tractores en la asamblea anual de la Asociación de Agricultores, celebrada en Moca. El programa Re-Grow tiene el propósito de aumentar la seguridad alimentaria, así como mejorar y expandir la producción agrícola relacionada con la revitalización económica.

González Beiró no considera que su presencia en esta y otras actividades agrícolas pueda compeler a los agricultores a comprar el equipo de la compañía de la que su esposa Mariliana Bennazar Torres y él son beneficiarios directos. Los equipos se exhiben y promueven en eventos a los que él asiste o que son auspiciados por el Departamento de Agricultura.

Para el titular de Agricultura, cualquier conflicto real o aparente fue resuelto con su inhibición en asuntos que la agencia tenga ante su consideración sobre sus empresas agrícolas: Agro Power Corp., AG Agro y Agriart LLC. Además, asegura que antes de juramentar creó un fideicomiso ciego, que es una estructura legal que se encarga  del manejo de esas tres empresas sin que González Beiró tenga injerencia en la administración de las empresas mientras ocupe el cargo de secretario.

“Tengo una inhibición aprobada por [la Oficina de] Ética para no intervenir en ninguno de esos programas donde pudiera haber un ápice de que alguien pueda pensar que yo estoy influenciando a que compren un equipo u otro. Ese no soy yo. Eso no es la realidad”, dijo el Secretario al CPI, que lo entrevistó a pasos de donde se exhibían equipo y los tractores Zetor que vende su empresa.

“Yo soy la persona que dicta la política pública de la agricultura. Yo no otorgo incentivos. Yo no apruebo incentivos. Lo aprueban los equipos de trabajo del Departamento de Agricultura. Cada renglón tiene quien lo aprueba, tiene un comité que lo aprueba. En el caso del programa de inversiones, son tres que están por ley, por reglamentación, quienes son los que aprueban. El secretario no tiene injerencia”, justificó González Beiró.

La administración de las subvenciones del programa de Re-Grow fue uno de los asuntos que discutió el Secretario en la asamblea de los agricultores.

“Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están aquí para que yo les hable de la nube negra, verdad, de Re-Grow. Re-Grow ha sufrido unos cambios para bien, donde nosotros, con el Gobernador, estructuramos o nos permitió reestructurar lo que es el flujograma de los casos de Re-Grow”, dijo el Secretario en su mensaje a más de 100 agricultores congregados en el Club de Leones de Arecibo.

Aseguró que en la última semana de agosto comenzó un nuevo proceso, que eliminó pasos burocráticos, y que el Departamento de la Vivienda asignará “cada dólar que haga falta para asegurar que cada agricultor, que solicitó y que tiene derecho, va a cobrar”.

“Ahora la cualificación va a ser mucho más sencilla, pero todo eso toma trabajo, toma mucho esfuerzo. Tuvo que el Gobernador dar la orden ante nuestra petición. Yo pensé el día que se lo dije [al Gobernador], estaban [los funcionarios] Jorge Campos y Javier Lugo conmigo, que me botaba cuando yo le dije crudamente lo que estaba pasando con Re-Grow, pero enderezó el barco porque el Gobernador es un hombre de acción”, añadió sobre el programa que cerró su periodo de solicitud el 14 de abril.

Todo queda en familia

La familia González Bennazar viene de una larga tradición de agricultores. Los padres del Secretario también tienen empresas agrícolas, una de ellas, es González Agro, que fue administrada por él antes de su juramentación, según se desprende del informe positivo de la Comisión de Nombramientos del Senado que recomendó su confirmación.

“Todos estos agricultores son mis hermanos. Ninguno ni siquiera se atrevería a preguntarme a mí hoy aquí por un tractor, por una marca”, expresó González Beiró, quien está ligado a la Asociación de Agricultores desde 1995, y fue su presidente en dos ocasiones. “No me voy a poner a dañar una reputación de mi familia de más de 100 años haciendo agricultura en Puerto Rico para vender un tractor”, dijo.

Sin embargo, varios competidores que exhibían sus tractores en la Asamblea de Agricultores expresaron al CPI su malestar por considerar que había una competencia desleal, puesto que el Secretario tiene acceso a información interna de las subvenciones, decretos y agricultores que, según ellos, puede transmitir a Agro Power.

En diciembre del 2020, González Beiró constituyó un fideicomiso ciego al que transfirió sus acciones de las corporaciones y las de su esposa. El 100% de las acciones de Agro Power y de AG Agro, Inc. son de él y su esposa, quien es farmacéutica. Mientras que en Agriart LLC, tiene un 18% de participación, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Agro Power fue registrada en septiembre de 2010 en el Departamento de Estado y desde entonces se dedica a la “compra y venta, renta, importación y exportación de equipos relacionados a la agricultura y la construcción”, según los documentos corporativos. González Beiró figuraba como presidente de la empresa hasta diciembre del 2020, y ahora permanece como agente residente de la corporación.

Sus dos hijos, Ramón M. González Bennazar y Manuel A. González Bennazar, también están en el negocio de la agricultura. De hecho, fueron nombrados presidente y secretario/ tesorero, respectivamente, de Agro Power.

Compras a Agro Power con subvenciones de Re-Grow

Con una asignación de $92 millones, Re-Grow es uno de los programas con fondos federales para la recuperación de desastres conocidos como CDBG-DR. En noviembre pasado, Vivienda firmó un acuerdo de $9 millones con el Departamento de Agricultura para que manejara Re-Grow. Antes, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación (FCTI) administraba el programa mediante un contrato de $30 millones.

En el Departamento de Agricultura, la persona encargada de firmar estas subvenciones es el subsecretario Jorge A. Campos Merced. González Beiró aseguró al CPI que desconoce a qué compañía le han comprado sus equipos los agricultores subvencionados. Según la inhibición aprobada por Ética Gubernamental, todo lo relacionado a sus empresas en el Departamento de Agricultura fue delegado al Subsecretario.

Tras el CPI solicitar el total de los contratos otorgados hasta julio de este año y sus respectivas hojas de costos, el Departamento de la Vivienda entregó copia de 174 acuerdos y 85 hojas de costos con tachaduras en los nombres de quienes recibieron el dinero, los pueblos en que se ubican y los nombres de los suplidores.

El CPI cursó una segunda solicitud a Vivienda para que proveyera la cantidad de contratos para comprar equipo y tractores de R&B Power, Rico Tractor, Agro Power y otras compañías. Vivienda entregó una lista preliminar con la identificación de 56 acuerdos y sus respectivos suplidores.

El nombre de Agro Power aparece cuatro veces en la lista preliminar de los suplidores que vendieron equipo a los subvencionados. En agosto pasado, Agro Power obtuvo $48,650 por la venta de un tractor y otros equipos. Ese mismo mes, vendió un tractor mediante el programa por $71 mil. En otras dos subvenciones, de $84 mil y $28,879, Agro Power aparece junto a Rico Tractor como suplidor, pero no se pudo identificar el total comprado a cada empresa por la información censurada en los acuerdos.

El CPI pudo identificar modelos de los tractores marca Zetor en otros dos acuerdos de subvención, así como en una hoja de costos, pero la venta final fue a otras compañías, según los datos provistos por el DV.

En el sitio en línea de la compañía en Estados Unidos que distribuye la marca Zetor, de fabricación checa, aparece Agro Power como el único concesionario de estos tractores en Puerto Rico. Agro Power vende además equipo como rastras, asperjadoras y abonadoras.

Los contratos de estas subvenciones no están registrados en la Oficina del Contralor.

Intervino para que Re-Grow pasara a Agricultura

Desde mayo del 2021, cuando los fondos eran administrados por el Fideicomiso para la Ciencia, pequeños agricultores denunciaron que las guías para solicitarlos no respondían a su realidad en Puerto Rico.

El Secretario de Agricultura criticó en octubre de 2021 que estos fondos fueran administrados por el Fideicomiso y aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi deseaba que Re-Grow pasara al DA. Ese mismo mes, la Asociación de Agricultores también recomendó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes que los fondos pasaran al DA.

González Beiró dijo al CPI que tuvo “varias reuniones con el Secretario de Vivienda”, William Rodríguez Rodríguez, para lograr la transferencia del programa Re-Grow a la agencia que lidera desde su nombramiento en enero del 2021.

El Secretario de la Vivienda dijo al CPI que 176 solicitudes estaban en proceso de otorgación al 21 de julio de este año, y 174 ya habían sido desembolsadas.

Ciego el fideicomiso 

La Oficina de Ética Gubernamental dijo que no ve conflicto alguno en las ventas que hace Agro Power con subvenciones aprobadas a través del programa para agricultores Re-Grow, a pesar de que el Secretario de Agricultura funge como agente residente de esa empresa.

“En la medida en que el Secretario no intervenga en la toma de decisiones, ni violente el Fideicomiso [ciego], no interfiere con la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, contestó Ética al CPI en declaraciones escritas.

La Ley General de Corporaciones de Puerto Rico obliga a las corporaciones a mantener en Puerto Rico un agente residente, cuya oficina de negocios “deberá estar abierta durante horas laborables para recibir emplazamientos y realizar las funciones de un agente residente que debe estar en la misma oficina”.

Aunque no toma decisiones ni necesariamente está vinculado a las labores del día a día de la corporación, el agente residente recibe las cartas de emplazamientos, notificaciones y reclamaciones a la empresa, explicó el catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, José Efraín Hernández Acevedo.

“Esta persona, al figurar como agente residente de una corporación que a la misma vez hace negocios con el Gobierno y con una agencia que dirige, sin duda parece que configura un conflicto de intereses”, opinó Hernández Acevedo, quien es profesor de administración pública y estudia el tema de la ética gubernamental.

“No se va a hacer un desdoblamiento entre esta figura del agente residente y el director de agencia y pasado dueño de esas corporaciones, que ahora se puso bajo un fideicomiso ciego, donde todo el mundo sabe que cuando termine su jornada en el Gobierno, pues regresará a éstas”, dijo el académico.

Una corporación es una ficción jurídica que “no tiene carne, ni pies, ni cabeza”, por eso se crea la figura del agente residente para que figure como representante de la corporación, explicó Hernández Acevedo. “Al fin y al cabo está velando por los intereses de esa corporación, porque tiene que mantener informado a los directivos de todo lo que llega, de la información que llega a su poder, ya sea de demanda y de reclamaciones”.

El agente residente, al ser jefe de una agencia, tiene acceso a una información privilegiada que no tienen otros competidores de las compañías que están bajo este fideicomiso ciego, opinó Hernández Acevedo.

“Eso podría resultar en una ventaja indebida para esas corporaciones [competidores]. Y entonces ahí es que se configuraría el conflicto de intereses”, comentó el profesor.

En otras palabras, el agente residente — describió el abogado — es “el embajador” de una corporación.

“No hay que ser muy creativo para saber que una persona que dirige una agencia de gobierno, que sabe que van a llegar unos dineros federales para la compra de un equipo, ¿no le va a dar esa información o no va a buscar la manera de pasar esta información a esas compañías para las cuales ahora está sirviendo agente residente?”, cuestionó.

Según la OEG, un fideicomiso ciego es un “[c]ontrato obligatorio para el cual determinadas autoridades del Estado deberán enajenar todo o parte de sus bienes y delegar la administración de sus bienes y obligaciones con el objeto de precaver posibles conflictos de interés que afecten su función pública”.

La catedrática Ana Cristina Gómez Pérez, experta en el tema de fideicomisos y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, explicó que un fideicomiso ciego, por lo general, se les requiere a altos ejecutivos u oficiales gubernamentales, “cuya función es establecer la política pública o regular un mercado en el que tienen activos”.

Presidentes de Estados Unidos, como Jimmy Carter y George Bush, han creado fideicomisos ciegos. En Puerto Rico, el exgobernador Luis Fortuño constituyó uno; y cuando Juan Zaragoza fue nominado en 2014 a secretario del Departamento de Hacienda, la OEG le recomendó la creación de esta estructura legal para sus negocios.

“Mediante la creación de un fideicomiso ciego, el funcionario como constituyente mueve los activos para que un tercero los administre y el funcionario pueda tomar las decisiones de forma independiente y sin buscar que sus decisiones puedan beneficiar o influir directa o indirectamente sus bienes”, añadió Gómez Pérez.

La profesora Gómez Pérez explicó que en Puerto Rico no hay regulaciones específicas para los fideicomisos ciegos, cuando se le preguntó si un funcionario podía ocupar un rol en una corporación suya administrada por un fideicomiso ciego. “No existen prohibiciones ni disposiciones sobre las corporaciones o activos que hagan parte del fideicomiso”, abundó.

González Beiró nombró como administrador o fiduciario al agrónomo Juan Boris Corujo Orraca, quien no es su pariente y es delegado de la Federación de Vela de Puerto Rico, que preside el secretario de Agricultura. Ambos trabajan de forma voluntaria en esta organización deportiva.

“Tengo más de 20 años de amistad con él”, dijo Corujo Orraca, quien aseguró al CPI que tiene encuentros con González Beiró relacionados únicamente a asuntos de la Federación de Vela de Puerto Rico.

Para que el fideicomiso ciego cumpla con su fin, la OEG establece varios requisitos, entre ellos, que “no existirá comunicación alguna, directa o indirectamente, entre el fiduciario y el servidor público, a menos que sea por escrito y se refiera a la notificación al fiduciario sobre algún activo cuya posesión le sea prohibida por ley o reglamento.

No se acuerda de la renuncia

González Beiró permaneció como agente residente de Agro Power hasta el 3 de agosto del 2021 cuando renunció sin nombrar un sucesor. Tres meses después, el 1 de noviembre, volvió a ocupar estas funciones, según documentos en el Registro de Corporaciones. El 8 de noviembre, estampó su firma en el acuerdo con Vivienda para administrar el programa Re-Grow.

“¿Por qué renunció al rol de agente residente de Agro Power?”, preguntó el CPI al Secretario.

“No recuerdo haber renunciado”, contestó por escrito. Un certificado de enmienda del Departamento de Estado consigna la renuncia.

Un agente residente puede recibir una remuneración económica por sus funciones, pero el Secretario dijo al CPI que no cobra “nada” por ese rol en la corporación.

En el 2021, González Beiró obtuvo $166,824 en ingresos y salarios, compensaciones y otros ingresos, mientras que el 2020 fueron $81,550, según informes financieros sometidos a la OEG.

Al momento de esta publicación, no se reflejan en el Registro de Corporaciones los informes de estado de situación financiera de Agro Power correspondientes al 2020 y 2021, cuya prórroga para presentarlos vence en octubre. El último informe presentado fue en el 2019 con un total de $310,333 en capital.

El Departamento de Estado explicó al CPI que Agro Power fue cancelada en septiembre de 2021 debido a que no se nombró un agente residente en o antes de los 30 días siguientes a la renuncia de González Beiró, como establece la Ley General de Corporaciones. Igualmente, se anula la autoridad de la empresa para hacer negocios.

El 3 de noviembre del 2021, tras el regreso de González Beiró como agente residente, Agro Power fue restaurada como corporación.

“Es como si [la cancelación de la corporación] nunca hubiese ocurrido y las transacciones durante ese periodo son válidas”, dijo el catedrático Carlos Díaz Olivo, experto en asuntos de corporaciones y profesor de la Escuela de Derecho de la UPR.

“Jamás sería capaz de hacer algo como lo que usted implica”

El CPI le preguntó al Secretario que cómo espera que alguien crea que no comparte información privilegiada del Departamento de Agricultura con la Junta de Directores de Agro Power, cuyos miembros son sus hijos.

“En primer término, porque tenemos que creer que todavía queda gente y familias decentes en Puerto Rico, con principios y valores por generaciones. Toda mi vida he liderado a los agricultores de mi isla y hoy desde esta silla tengo la oportunidad de cambiar el rumbo de la agricultura puertorriqueña. Jamás sería capaz de hacer algo como lo que usted implica. Mis dos hijos son ejemplos de jóvenes dedicados a la tierra y estoy orgulloso de ellos”, contestó.

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UPR: El problema no es de estándares, sino de costos altos y presupuesto reducido

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

La propuesta del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Luis A Ferrao Delgado de eliminar el requisito de admisión de la prueba que ofrece el College Board (CB) para aumentar el número de estudiantes que ingresa a la universidad, responde a un problema de presupuesto y al alza en matricula, señalaron dos profesores universitarios miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

En entrevista con CLARIDAD,  el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez Rivera apuntó que la baja en matrícula en la UPR es un asunto que se debe discutir y que ciertamente hace falta que se busquen  alternativas para hacer a la Universidad más accesible a una mayor cantidad de gente, pero no es bajando los estándares. Rodríguez fue enfático en que el Presidente Ferrao no ha dicho lo más importante: que para atender más estudiantes  hay que tener más recursos. En estos momentos, casi el 50% de los profesores de la UPR no tienen una plaza fija y eso plantea el problema de quiénes enseñarían los cursos si la Universidad acepta 20 mil estudiantes adicionales. “Tenemos que trabajar en cómo retener a los estudiantes, que su rendimiento sea bueno, que puedan sacarle el  provecho a la Universidad que podrían sacarle si tuviéramos los recursos administrativos, la infraestructura y los profesores que les den las clases. Con los recortes que se nos han impuesto, hasta ahora eso no es posible”, señaló. Aunque Rodríguez admite que el problema demográfico es real, considera que hay suficientes estudiantes en universidades privadas, la mayoría de los cuales podrían estar estudiando y recibiendo mejores servicios en la UPR. Este año académico la UPR tiene 43,333 estudiantes, una disminución de un 11.4% comparado con el pasado año.

Por su parte, el profesor Javier Córdova, en entrevista por separado, le atribuyó la pérdida de estudiantes en la UPR al alza en el costo de matrícula y no a los índices de ingreso que utiliza la institución para admitir estudiantes. Hizo la salvedad de que no está defendiendo el uso de la prueba de College Board (CB),  y que no tiene problema con que la eliminen como requisito, pero considera que el doctor Ferrao está “hablando para las gradas.”

Para Córdova, profesor en el recinto de Río Piedras, el problema es esencialmente de presupuesto. Señaló que, primeramente, la mayor pérdida de estudiantes ha ocurrido desde que la Junta de Control Fiscal (JCF) le quitó a la UPR cientos de millones de su presupuesto, por lo cual han tenido que aumentar los costos de matrícula, que cada vez están más cerca de los costos de las universidades privadas. Agregó que el objetivo de la JCF, desde  el primer plan fiscal que elaboró para UPR, fue disminuir la cantidad de estudiantes.  “O sea, esto de la reducción en cantidad de estudiantes ha ocurrido por diseño. El objetivo de ellos (JCF) es hacer una universidad pequeña y lo han logrado”.

Por otro lado, según Córdova, el doctor Ferrao está aplicando unas directrices de la presidenta interina anterior, Mayra Olavaria, mediante las cuales se eliminan numerosos cursos de la oferta académica de la UPR. Estas directrices están estipuladas desde de mayo de  2022, para ser aplicadas durante el actual semestre académico. “Ferrao ha estado de acuerdo con esas directrices. Y las quiere  implementar”, dijo Córdova. Por eso, cuestiona la postura del presidente universitario quien, por un lado ha reducido  la cantidad de cursos porque no hay dinero, y por otra dice que quiere más matrícula.  “Es una hipocresía. ¿Con qué recursos se va a atender a esos estudiantes? De nuevo, no estoy defendiendo al CB y  no tengo ningún problema con que lo eliminen y se tomen en cuenta las notas de escuela superior del estudiante y, además, se pueden seguir haciendo las pruebas de ubicación que han existido históricamente en la UPR para determinar el nivel en que se coloca al estudiante. Me parece que todo esto es falta de honestidad, cuando en la Universidad no hay dinero para atender más estudiantes”.

Insistió en que si ahora mismo a la UPR fueran admitidos los miles de estudiantes que han dejado de solicitar,  no  podrían atenderlos porque no hay presupuesto. Trajo el dato de que en la Universidad  no se han contratado profesores por los pasados 10 años, por lo que la facultad se  está reduciendo de manera acelerada,  y ya más de la mitad de la facultad son profesores sin plaza. Para el profesor Córdova el planteamiento de eliminar la prueba de CB es desviar la atención del problema principal de la UPR,  que es la reducción de presupuesto. Esto ocurre, dijo, “porque la quieren estrangular porque, la quieren pequeña precisamente”. Respecto a los cursos que se van a eliminar denunció es en todas las  facultades de los 11 recintos y de seguirse esa directriz al pie de la letra   no se contraria a nadie para una plaza regular lo que implica que casi la mitad de los cursos del sistema habría que cerrarlos, porque la mitad de los profesores no tienen plaza regular.  Ahora el criterio para abrir una sesión es que el cupo lo determina la capacidad del salón, por lo que la intención es hacer mega grupos y menos sesiones.

Según el profesor Córdova, las razones para la baja en admisiones son variadas. Entre otras, menciona el alza en el costo de la matrícula, la eliminación de becas por talento, la falta de flexibilidad en la oferta de servicios y el deterioro de la infraestructura universitaria. En su opinión, esto se debe a que el dinero que se obtiene por el alza en el costo de matrícula no se utiliza para mejorar los servicios a los estudiantes, sino para compensar por la reducción de presupuesto impuesta por la JCF. Reconoció que las solicitudes de admisión  han bajado, y también que se han rechazado estudiantes por sus resultados en el examen del CB,  y sobre todo donde más ha bajado la cifra de estudiantes admitidos es en los recintos de Utuado y el de Río Piedras, de donde proviene el ahora presidente. “Elevaron a la presidencia de la UPR al rector que mejor ha implementado el plan de la JCF. Me imagino que hay saña contra Río Piedras  por su tradición de lucha. Sin embargo, Mayaguez tiene más estudiantes que Río Piedras y  las  dos huelgas más recientes no comenzaron en Río Piedras, sino en Mayaguez”, expresó.

Córdova considera que el factor demográfico es importante, pero no el más importante en la actual coyuntura universitaria. Trajo a la atención que, en una vista pública en el Senado  donde se discutía declarar a la UPR como un servicio esencial, la ayudante del Presidente reconoció que el problema de la merma de  estudiantes tiene que ver con el alza en el costo de la matrícula. “Ferraro nunca ha defendido  el presupuesto de la UPR, como tampoco lo han hecho los demás pasados presidentes. Es una hipocresía estar hablando de que en la UPR hay una debacle por la merma de estudiantes  cuando no ha salido en defensa del presupuesto ante los recortes del Estado”. Por último, Córdova planteó que, por tratarse de un criterio académico, la eliminación de la prueba de CB como requisito de admisión no debe ser una decisión unilateral del Presidente, sino que la propuesta debe ser discutida en los cuerpos académicos y que luego se tome la decisión que mejor sirva a la Universidad y al país.

Otra privatización nebulosa: el estacionamiento del hotel Normandie en El Escambrón

Por Cándida Cotto

ccotto@claridadpuertorico.com

Una construcción sobre una ciénaga, la privatización de un espacio público, otra pieza histórica de Puerto Rico que se cedería en un proceso poco transparente, un impedimento para que nuestra gente acceda a la playa pública. Todo eso y más se encierra tras el proyectado arrendamiento por parte del Municipio de San Juan del histórico Parque Sixto Escobar, en el litoral de la playa del Escambrón, uno de los lugares más icónicos de nuestra ciudad capital en la entrada de la isleta de San Juan.

El anuncio del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, de que se propone arrendar los terrenos del parque y permitir la construcción de un estacionamiento soterrado a la empresa desarrolladora del Hotel Normandie- Ishay Group- para uso del  hotel, levanta serios cuestionamientos sobre la viabilidad de dicha construcción, y provoca sospechas sobre la posibilidad de una eventual privatización de toda esa área, ecológicamente sensitiva y de alto valor histórico, como ya sucedió anteriormente con la construcción de Paseo Caribe, al pie del también histórico Fortín San Jerónimo.

Construir sobre una ciénaga

El planificador y arquitecto, Pedro Cardona Roig – conocido como El Urbanista- compartió con CLARIDAD la historia y características del predio que hoy ocupa el Parque Sixto Escobar. Cardona Roig hizo referencia a documentos  y mapas que datan del siglo XVI, y que fueron utilizados por el  planificador Aníbal Sepúlveda en un reciente artículo de prensa, que indican  que el lugar   donde actualmente está el parque y todo el sector de El  Escambrón originalmente fue una ciénaga.

Para enfatizar la naturaleza pantanosa del suelo en dicho sector, el arquitecto se refirió a la experiencia de hace unos años atrás con la construcción de una piscina en el área de El Escambrón. Esta -dijo-no funcionó  por dos factores. El primero, porque  el salitre castigaba mucho los equipos y se hizo difícil darles el mantenimiento adecuado debido a los altos costos. El segundo factor es la disposición del terreno en dicho lugar. Allí el terreno se asienta de una manera diferencial, lo que ocasionó que se quebrara  la loza de la piscina, y hubiera que desistir de su uso.

El también ex vice presidente de la Junta de Planificación cuestionó el que ahora se quiera construir un estacionamiento soterrado en ese terreno cenagoso,  y trajo la experiencia de la pretendida construcción del llamado Parque del Tercer Milenio bajo la administración de Ricardo Rosselló. Cardona Roig, quien fue el arquitecto de aquel proyecto dijo que, aunque se hicieron los estudios de suelo, cuando se fue a hincar el primer pilote de 40 pies, el mismo se hundió al primer golpe. Al repasar su experiencia con aquel estudio de suelo, se descubrió que el suelo de esa área es inestable, pantanoso, y que requería  una obra extraordinaria de cimentación para poder construir el restaurante y el puente peatonal que cruza la avenida  Muñoz Rivera.

“Ahora quieren construir un estacionamiento donde se sabe que hay un pantano. Además, con la evidencia creciente del cambio climático  y la subida del nivel del mar, las proyecciones de la NOA ( agencia atmosférica de Estados Unidos)  y de FEMA es que esos terrenos van a estar bajo agua dentro de los próximos 20 años”,señaló.

Apuntó que, más allá de las consideraciones naturales, en términos de planificación el proyecto tampoco se sostiene. “Se trata de construir un estacionamiento con una cabida para 500 vehículos para un hotel que tiene solo 200 habitaciones. Aquí da la impresión de que hay la intención de utilizar el hotel como pantalla para esconder otro objetivo, que podría ser construir un desarrollo residencial  con unidades de vivienda para venderse a precios extraordinariamente altos. Solo así podría justificarse un estacionamiento para 500 vehículos”. Afirmó que un hotel de 200 habitaciones jamás requeriría un estacionamiento de 500 plazas, porque no es usual que los hoteles urbanos, como el Normandie, tengan tantos espacios de estacionamiento. “Podría pensarse que la insistencia en construir un estacionamiento tan grande esconda la posibilidad de que el Normandie nunca reabra como hotel sino como un condominio de lujo”, señaló.

El arquitecto llamó la atención, además, a las expresiones públicas del desarrollador – Ezra Eddie Ishay-  quien, en una entrevista de prensa en enero pasado dijo que no contaba con los recursos económicos para remodelar el hotel, y que necesitaba el compromiso del Gobierno de Puerto Rico de facilitarle el dinero para la obra. Cardona Roig denunció que se ha hablado de la posibilidad de que el Gobierno le asigne $15 millones de los fondos de recuperación del huracán María para construir el estacionamiento, y cuestionó  que se pretenda otorgar dinero para construir un estacionamiento que no existía previo al huracán María, para una obra que solo beneficia a un desarrollador privado, cuando se supone que los fondos de recuperación sean para la reparación y remediación del litoral de El Escambrón.  Resaltó que el Plan de Mitigación de Riesgo del Municipio de San Juan, aprobado el año pasado, identificó todo ese sector del El Escambrón como uno de riesgo, lo que quiere decir que no se  promueve el hacer nuevas construcciones en dichas áreas riesgosas.

Es importante señalar que, tanto el proyecto del   estacionamiento, como las ampliaciones proyectadas para el hotel, estarán todas sobre bienes de uso público. La ampliación del hotel se proyecta sobre el terreno del llamado “parque del tercer milenio” y casi duplica la huella del hotel actual. La ampliación  se proyecta hacia el norte en un área que es parte del “parque” pero, además, es parcialmente sobre un bien de dominio público en zona marítimo terrestre, sobre la cual existen prohibiciones a la construcción debido al deslinde de la zona. Según la ley, para construir frente al mar hay que guardar el retiro de los 50 metros de la zona marítimo- terrestre (ZMT)  y lo proyectado  invade esa zona.

En entrevista por separado, el planificador José Rivera Santana, indicó que el proponente tiene que responder a dos desafíos, además de pretender construir sobre una ciénaga. Primero, que en ese lugar el  nivel freático (cuán cerca está el agua de la superficie) es bien alto, y eso obliga a un diseño que tome en consideración esa realidad,  si es que se decidiera construirlo a pesar de la cercanía del mar. A eso hay que sumarle el aumento en el nivel del mar provocado por el calentamiento del planeta. Esto quiere decir que la línea de costa se va a mover tierra adentro, por lo que cualquier intervención que se haga en esa área tiene que tomar en consideración los elementos objetivos de la condición natural del área.

Al igual que su colega, cuestionó que el hotel requiera un estacionamiento. “En  numerosas ciudades en el mundo, incluyendo a Puerto Rico,  hay hoteles que no tienen estacionamiento. La condición para que sea viable un estacionamiento, como trae el proponente, es relativa porque  le interesa es un modelo de hotel en particular. Subrayó que las condiciones del terreno plantean que cualquier construcción  tendría un tiempo de vida muy corto. También cuestionó el fin ulterior tras la insistencia en el estacionamiento, lo que podría implicar que, tras  bastidores, el contrato de arrendamiento disponga que el arrendador pueda utilizar dicho espacio para otras actividades, lo que resulta en una privatización.  “Ante la falta de información y lo que se ha dicho sobre la inversión, levanta dudas sobre cuál es su viabilidad y su intención”.

 Proceso poco transparente y atropellado

En tanto el legislador municipal por el Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, denunció que el proceso ha sido  poco transparente y atropellado, un proceso donde no hubo una sola vista pública donde se pudiese escuchar la opinión de los residentes de las comunidades cercanas a la entrada de la isleta de San Juan y de los grupos que hacen uso del parque. Calderón Cerame relató que en  una vista  ejecutiva, que es un proceso privado y confidencial, el portavoz de  la compañía desarrolladora dijo que el estacionamiento no sería soterrado, sino de tres pisos sobre la actual pista del estadio. Que se construiría un techo y sobre ese techo se construiría una pista liviana de caminar y correr, y un campo de soccer nuevo. Esa vista ocurrió un miércoles, y tras ser denunciado por el legislador municipal del PPD,  el alcalde Romero Lugo escribió que el estacionamiento sería soterrado en un mensaje en sus redes sociales.

Al reiterar que el proceso ha sido mal llevado por el Alcalde, Cardona Cerame dijo que se supone  que  cuando un municipio va a arrendar una propiedad de dominio  público, esto se haga a través de una ordenanza municipal, lo cual aplica al parque Sixto Escobar, espacio de dominio público administrado por el MSJ. Sin embargo, denunció que, en el contrato de arrendamiento, por ningún lado aparece cuánto será el canon de arrendamiento del Parque Sixto Escobar. Cuestionó si se pretende que la Asamblea Municipal ceda  la facultad que tiene  en ley en el Código Municipal de establecer un canon de arrendamiento y que  la delegue  en el Alcalde.  “Es decir,  si el alcalde, que dijo para récord que antes de imponer un canon de arrendamiento consideraría todo lo que la compañía invierta en el proyecto, para mí lo que eso significa es que él no se propone imponer un canon de arrendamiento, sino en la práctica regalarle el predio del parque a la compañía desarrolladora del Normandie, para que construya el estacionamiento”.

Calderon Ceráme insistió en que lo correcto sería llevar a cabo un proceso ponderado donde haya acceso a la información y se le dé espacio y participación a las comunidades y grupos. Adelantó  que se propone presentar a la Asamblea Municipal una petición para que se les brinde la información de los más de veinte estudios e informes de suelo del área de El Escambrón, que el alcalde dice tener. En caso de que su petición sea derrotada se propone agotar los recursos del tribunal.

Otra forma de desplazamiento

Por otra parte, el asesor legal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costas, quien ha investigado el acaparamiento de propiedades en   la comunidad de Puerta de Tierra por inversionistas de la leyes 20 y 22 (Ley 60), censuró que   se haya otorgado un arrendamiento sin subasta, cosa   que levanta sospecha porque nadie ha divulgado cuánto sería el precio del canon de arrendamiento. Advirtió que esto podría ser como ha ocurrido con muchísimas otras propiedades públicas, en que el gobierno dispuso de ellas a precios ridículos, lo que en la práctica podría ser una donación disimulada, que es el concepto jurídico que se usa cuando se le pone a algo un precio tan ridículo que se interpreta como una donación.

El ex candidato a la alcaldía de San Juan dijo que, por más que se le ha preguntado al Alcalde, éste no  ha dicho cuánto va a ser ese arrendamiento.  Advirtió que el arrendamiento de un espacio público a un desarrollador privado, para uso de un hotel privado, ya por definición despoja el carácter público del predio de terreno, porque ese estacionamiento estaría dirigido única y exclusivamente a las personas que usen ese hotel. Y es obvio que si alguien quisiera estacionarse para ir a la playa, tendría que pagar el precio que cuesta el estacionamiento de un hotel, que es muy distinto  a lo que pagan  ahora mismo los estacionamientos de balnearios públicos como es, hasta ahora, El Escambrón. En fin, la obra tiene unos propósitos de uso privado para visitantes. “En el país hay una tendencia del gobierno de Puerto Rico  a ceder recursos para los de afuera, desplazando literalmente cada vez más a los de aquí de poder disfrutar de espacios públicos”, sentenció.  Dio a conocer que cercano al Escambrón está  la antigua Escuela Brumbaugh, la primera escuela pública construida en Puerta de Tierra (1912 a 1913)  y el gobierno la vendió en el 2018 en apenas por $200 mil precisamente para que se hiciera una hospedería.

González Costas explicó que la ley de arrendamientos por parte de municipios antes del 2020 exigía que  cuando se fuera a aprobar un contrato o una compraventa sin subasta, la legislatura municipal tenía que tener ante sí un borrador del contrato y en qué condiciones se iba a hacer.  La ley actual, aprobada en el 2020, es más flexible para aprobar  arrendamientos sin subastas, tanto por la cantidad de votos que hacen falta en la Legislatura Municipal para la aprobación de un proyecto, como porque no se requiere copia del contrato. “Esa ley está hecha para subrayar el carácter de sello de goma de las legislaturas municipales. La ley se aprobó bajo la presidencia del Senado de Thomas Rivera Schatz, casi a las vez que el actual código electoral”, concluyó González Costas.

Universidad de Puerto Rico: la quieren pequeña

Desde que la Junta de Control Fiscal (JCF) tomó las riendas de Puerto Rico en 2016, tras la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA, uno de sus principales objetivos ha sido transformar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) al modelo de las universidades estatales en Estados Unidos. Si el modelo es aplicable o no en nuestro país, para ellos no es importante. Lo importante es el resultado: que la universidad pública sea pequeña, tecnocrática y alineada con las necesidades de mano de obra de las grandes empresas, y con finanzas autónomas que no dependan del subsidio gubernamental. La llegada de la JCF coincidió en el tiempo con la elección de Ricardo Rosselló y su gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), que a su vez fue sucedido por Wanda Vázquez y su gobierno del PNP, que a su vez fue sucedido por Pedro Pierluisi y su gobierno, también del PNP.

En conjunto, las medidas aplicadas a la UPR por la JCF y los tres gobiernos del PNP entre 2017 y 2022 han precipitado una tormenta perfecta en el sistema universitario público de nuestro país, con consecuencias catastróficas para la institución, tanto en su estabilidad económica, como en la calidad y cantidad de su oferta académica y de servicios, su gobernanza, y lo que es peor, el balance de conocimiento y experiencia de su facultad y administración. Sin duda, dichas medidas obedecen a una estrategia de matices ideológicos, especialmente diseñada para “voltear patas arriba” nuestro tradicional modelo universitario público.

Para los ideólogos del capitalismo neoliberal, dueños del gobierno de Washington y mayoritarios en la JCF, la receta aplicada es la misma que se aplica en otros países y ciudades del mundo con problemas de deuda pública multimillonaria como la nuestra. Se trata de una fórmula ganadora para el capital y perdedora para las poblaciones de dichos países, sobre todo para sus sectores más desventajados: control extremo del gasto público, contracción del aparato gubernamental, encarecimiento y racionamiento de los servicios esenciales, y privatización de todo bien público que tenga valor de cambio y sea atractivo para el gran capital. Por su parte, para los ideólogos anti puertorriqueños y anexionistas de los gobiernos del PNP, la JCF les puso la oportunidad “en bandeja de plata.” Por décadas había sido su objetivo controlar la Junta de Gobierno y la administración central de la UPR, no solo para convertirla en una agencia de empleo particular para los protegidos de su partido político sino también para “limpiarla” de su esencia de universidad puertorriqueña y latinoamericana, y transformarla en un espacio silente y removido de los problemas y la realidad del País, donde no haya terreno fértil para el pensamiento, la creación, y el debate de ideas, tan necesarios en las sociedades dinámicas con proyectos de futuro. Para los líderes del anexionismo, el proyecto de futuro para Puerto Rico es que se hunda cada vez más en la  dependencia extrema de fondos y programas del gobierno de Estados Unidos, y para eso no se necesita una universidad como la UPR.

Por todo lo anterior, la propuesta del presidente de la UPR, doctor Luis Ferrao Delgado, de eliminar la prueba del College Board como uno de los requisitos para admitir un estudiante a la universidad luce más como una distracción que como un esfuerzo serio para buscar soluciones reales y fundamentadas a la merma en la cantidad de estudiantes que solicitan ingreso de primer año a la UPR. Este año académico 2022-2023, la cifra de estudiantes admitidos fue 11% menor que la del año pasado. No sabemos si la propuesta del doctor Ferrao se basa en evidencia empírica de que el requisito de la prueba de College Board es un factor preponderante en la decisión de un estudiante de solicitar o no admisión a la UPR. Tampoco sabemos cuántos de los estudiantes solicitantes fueron rechazados por sus resultados en las pruebas de College Board.

Lo que sí sabemos,  porque ha sido objeto de un amplio debate dentro de la propia universidad, y en medios de prensa, radio y televisión, es que los recortes al presupuesto y las medidas de austeridad impuestos por la JCF a la UPR, han provocado alzas irrazonables en los costos de matrícula, la reducción de ofrecimientos académicos y otros servicios a los estudiantes, la congelación de plazas de profesores y el reclutamiento masivo de profesores sin plaza, factores todos que afectan directamente la calidad y el funcionamiento de importantes programas académicos, comprometiendo el cumplimiento y la acreditación de los mismos.

La UPR no necesita más experimentos fallidos que sigan comprometiendo su viabilidad futura. Por el contrario necesita ser protegida, defendida y fortalecida, no solo para que pueda enfrentar con éxito los retos que le presentan la emigración y la reducción poblacional, sino también para que pueda prevalecer ante la feroz ofensiva de sus enemigos. Necesita ser despolitizada para que ningún partido político pueda utilizarla con fines anti universitarios. El resultado de la gestión de la UPR, en su trayectoria de más de un siglo, se evidencia en las decenas de miles de sus egresados- profesionales, educados y laboriosos- que conforman un sector principal de la creación y la productividad en Puerto Rico. Nuestro país no puede permitir que venzan en la UPR las fuerzas que la quieren empequeñecer.