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Colombia y América Latina: Qué esperar del gobierno de Gustavo Petro

Corresponsal CLARIDAD

 

La Habana, Cuba-La victoria de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia el pasado mes de mayo ha sumado nuevos aires de esperanza al progresismo latinoamericano, que ve hoy con optimismo un repunte de sus fuerzas en la región, tras varios años de implementación de proyectos neoliberales y políticas antipopulares en varios países.

Sumado a la llegada al poder de Xiomara Castro en Honduras, Gabriel Boric en Chile y al importante liderazgo que ejerce desde México Andrés Manuel López Obrador y –aunque de manera más tímida– Alberto Fernández desde Argentina, el triunfo del exguerrillero colombiano es en sí misma ya una hazaña.

En un país marcado por décadas de injerencia militar estadounidense, violencia sistemática, narco-paramilitarismo y corrupción política, la figura de Petro es, no solo un logro para la sociedad colombiana, sino una buena noticia para la estabilidad y unidad que persiguen América Latina y el Caribe.

La imagen que proyecta, sin embargo, se ve todavía con marcadas diferencias en dependencia del cristal con que se mire. Para la derecha reaccionaria, dentro y fuera de Colombia, Petro representa a la llamada izquierda “castrochavista” –oda a la estrategia inmortal de usar al comunismo como psicología del terror– que representa a los líderes progresistas cuyos programas populares desafían al capitalismo feroz que impera desde hace décadas en la región. Para ciertos sectores de la izquierda, el electo presidente es la idea del progresismo pero con vestigios de derecha aún en su discurso.

Esta última visión tiene fundamento. Desde su victoria en los comicios, Petro ya ha reiterado que buscará restablecer sus relaciones con Venezuela –no sin antes lanzar la daga envenenada a su homólogo Nicolás Maduro– y ha anunciado varias medidas económicas de corte progresista, todo esto mientras se sienta a dialogar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez–símbolo del “establishment” colombiano y de su derecha más recalcitrante– y nombra en cargos importantes a figuras que no generen malestar en las altas esferas económicas.

Para Pavel Alemán, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba (CIPI), por obvias razones, lo de Petro será un proyecto progresista enmarcado “dentro de la lógica del capitalismo global”. En su opinión, cuando hablamos del gobierno del Pacto Histórico “no estamos hablando de roturas sistémicas, sino de reformas políticas dentro de los márgenes del capitalismo”.

“El gobierno de Petro no va a comenzar con esos [altos] niveles de radicalidad –afirma Alemán cuando compara al ex miembro de las FARC-EP con otros presidentes de izquierda de la región, pero aclara que– si se radicaliza pudiera convertirse en un gobierno verdaderamente popular, quizás hasta Revolucionario”.

Que ha “moderado” su mensaje parece ser más que evidente. “Ha demostrado ser una persona mucho menos radical y polarizada que antes”, destacaba un reciente artículo del periódico español El País. Si se trata de una movida política para dar la imagen de centralidad para calmar las aguas, está por verse.

En entrevista para CLARIDAD, el también profesor universitario insiste en que “estos procesos son reformistas en un momento inicial” aunque no descarta que esta sea “un gobierno bastante “light” dentro de la izquierda”.

 POCO MARGEN DE MANIOBRA

Independientemente de la fuerza con la que el gobierno de Petro desee instaurar cambios económicos y aprobar políticas populares, lo cierto es que el margen de maniobra con el que se podría topar en los márgenes de su administración “va a ser muy limitado”.

“Las alianzas –si bien es cierto que pueden ampliar la base electoral– tienden a funcionar como una camisa de fuerza, condicionan el alcance y el grado de las políticas públicas”, sostiene Alemán para quien resulta evidente que un gobierno de coaliciones como el del Pacto Histórico tendrá que lidiar, en primera ronda, con los intereses particulares de cada movimiento político que lo conforma.

Pero las divisiones que puedan surgir en el seno de la alianza serán, quizás, el reto más hacedero del nuevo presidente colombiano. Especial atención se llevan las relaciones que tendrá su mandato con los Estados Unidos, cuyos gobiernos –Republicanos y Demócratas por igual– han visto siempre a Colombia como un “aliado estratégico” en la persecución de sus políticas en la región, en especial en materia de seguridad. Las nueve bases militares estadounidenses en territorio colombiano son prueba de esa visión y del nivel de implicación que ha existido por décadas entre ambos países.

“Una de las cosas que modulará un gobierno como el de Petro sería precisamente, como parte de su política exterior y de seguridad, reformular también las relaciones de seguridad que tiene en el ámbito de la cooperación militar y de defensa con EE.UU.”, establece el investigador del CIPI.

 Con ese fantasma a bordo tendrá que capitanear Petro el tortuoso panorama económico y social que –como si fuera poco– le deja el saliente presidente Iván Duque. En materia económica, el delfín del uribismo le deja de herencia una elevada inflación de 9,07%, una tasa de desempleo de más del 12%, una economía informal que supera el 50% y una deuda externa que ya ronda el 50% del PIB.

Hay que mencionar que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el crecimiento económico de Colombia bajo la administración de Duque fue una de las mayores de la región, pero las cifras anteriores dan cuenta de un crecimiento desigual y mal distribuido a nivel interno.

Para muestra un botón, el índice de pobreza en la nación es de un 39%, lo que equivale a que unos 19,6 millones de colombianos no tienen como cubrir sus necesidades básicas.

Cómo lidiar con todo lo antes mencionado es la gran incógnita.

“En Colombia hay unas asimetrías y una injusticia social tremenda, pero el estado, bien administrado desde una perspectiva del capitalismo, puede hacer algo muy diferente por su población, puede generar unos márgenes de inserción social real de la población. Ese solo cambio genera las posibilidades para cambios más profundos que no se pueden dar con la gente hambrienta o en condición de analfabetismo funcional como hasta ahorita”, argumenta el analista cubano.

Para implementar su agenda social, sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, tendrá ante sí además el peso político –y no menor en una Colombia sumamente polarizada– de la oligarquía y la ultraderecha colombianas, de las que se puede suponer estarán más que dispuestas a promover la desestabilización del país en caso que la nueva administración se incline demasiado a la izquierda. En esa ecuación cabe también Washington, cuyo apoyo reciente a proyectos golpistas en países progresistas –Honduras (2009), Venezuela (2017), Bolivia (2019)– es prueba palpable de cuan lejos está dispuesta a llegar la Casa Blanca para mantener el “orden” en su patio trasero.

“Habría que decir que ningún gobierno [incluyendo el de Petro] en América Latina, dentro del progresismo, tiene como un requisito o como un proyecto tener una política de contradicción con Estados Unidos. Ninguno está buscando colisionar con los intereses de EE.UU., mas bien están tratando de que EE.UU. respete su soberanía nacional y, como un actor importante de las relaciones internacionales, tener con ellos las mejores relaciones”, analiza Alemán en conversación con este medio.

 QUÉ PUEDE ESPERAR CUBA DE PETRO

Tras la salida del poder del expresidente Juan Manuel Santos, las relaciones entre Colombia y Cuba entraron en una especie de punto muerto. Asesorado por su mentor Uribe, el saliente presidente Iván Duque dio marcha atrás a lo alcanzado y se dedicó a torpedear las relaciones con la mayor de las Antillas, primero fallando abiertamente en la implementación de los Acuerdos de Paz –que se firmaron precisamente en La Habana–, luego acusando a la isla de dar refugio a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y más recientemente expulsando a diplomáticos cubanos de su país.

Una política francamente retardataria si se tiene en cuenta que “Cuba cumplió un rol fundamental en el proceso de diálogo político para que las FARC-EP se desmovilizara y se reinsertara en la vida social y política”, subraya Alemán.

“Colombia ha tenido una actitud, en el gobierno de Duque, francamente contradictoria y poco agradecida, pero recordemos que Colombia es el principal aliado en materia de seguridad en el hemisferio para EE.UU.”, añade.

Con Petro en el poder, las relaciones entre ambos países pudieran volver a avanzar por la senda del entendimiento. El electo mandatario ha reiterado su voluntad de impulsar la instauración del proceso de paz y para ello podría retomar las negociaciones con el ELN, estancadas desde enero de 2019. El líder del Pacto Histórico también se ha expresado en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Si bien es pronto para determinar qué tipo de relaciones entablará una vez asuma la presidencia, para el gobierno de La Habana ya es una buena noticia su llegada. Así lo evidenció el presidente Miguel Díaz-Canel cuando fue uno de los primeros dirigentes de la región en felicitarlo tras su victoria en segunda vuelta y dejó clara su “disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales”.

Tampoco es que el presidente electo haya cerrado filas del todo con la isla –durante su campaña electoral fue poco lo que se refirió a Cuba– pero por su postura progresista y por haberse beneficiado de un proceso de paz en el que la mayor de las Antillas tuvo mucho que ver, cabe esperar una mejora sustancial en el trato bilateral.

 

El tiempo dirá qué puede esperar Cuba y el resto de América Latina de la presidencia de Gustavo Petro. “Todo a su tiempo”, concluye Pavel Alemán.

 

 

 

 

 

Cuba sin fallecidos por COVID-19 en los últimos dos meses

 Corresponsal CLARIDAD

 La Habana, Cuba-Por más de dos meses Cuba no ha reportado fallecidos a causa de la pandemia de la Covid-19 y el promedio diario de casos positivos detectados se mantiene por debajo de los 50, por lo que las autoridades sanitarias han catalogado la situación epidemiológica como “bajo control”.

Al cierre del mes de junio pasado la transmisión del virus había caído en la isla en un 69.3% con respecto al mes de mayo, según datos ofrecidos por el ministro de Salud Pública, Dr. José Ángel Portal Miranda, en una reciente conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros.

“A partir del mes de febrero comenzó a disminuir el número de contagios, reduciéndose sostenidamente durante 11 semanas consecutivas el número de positivos en todo el país. Si bien en las dos últimas semanas se han incrementado ligeramente los casos, el promedio se mantiene por debajo de los 50 diagnósticos al día, por lo cual la enfermedad sigue bajo control”, explicó el titular de Salud.

Después de un 2021 de terror en el que llegó a promediar cerca de mil contagios diarios y superó las 8.000 muertes a causa del Sars-Cov-2, la isla vive hoy un escenario totalmente distinto. El alto porciento de vacunación de la población contra el virus ha permitido controlar eficientemente la pandemia, al punto que el pasado 31 de mayo Cuba eliminó el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, permitió nuevamente la celebración de eventos multitudinarios y se reabrieron los restaurantes, cines y hoteles.

A la fecha, más del 90% de la población cubana cuenta con el esquema completo de alguna de las cinco vacunas anti-Covid19 desarrolladas en el país caribeño y ya se avanza en la aplicación de la segunda dosis de refuerzo. De hecho, Cuba se encuentra entre los primeros países del mundo con mayor cantidad de dosis de refuerzo aplicadas.

En el caso de los menores de edad, el 97.8% de la población entre 2 y 18 años ya está totalmente vacunada. Un dato no menor es que antes de que comenzara la vacunación infantil, en la isla habían fallecido 18 menores de edad a causa del virus, desde que arrancó la inmunización no ha muerto ningún niño por la enfermedad.

Pero si bien los números hablan de un control, la pandemia está lejos de desaparecer. En las últimas semanas, las autoridades sanitarias han detectado leves focos de contagios en varias ciudades del país, por lo que han llamado la atención sobre la necesidad de no bajar la guardia y elevar la percepción de riesgo.

“El contexto epidemiológico del mundo y de Cuba sigue marcado por la pandemia de Covid-19, que no ha terminado, y no lo hará mientras no esté controlada en todos los países”, insistió Portal Miranda.

Según información del Ministerio de Salud, desde inicios del mes de junio, ha incrementado la circulación de la subvariante BA.5 en algunas provincias del occidente cubano. Esta cepa del virus ha sido responsable de las recientes olas de contagio que se han generado en Europa y América.

Sumado esto, otras enfermedades típicas de la temporada como la influenza y la neumonía, así como otros virus, han irrumpido con fuerza en los pasados meses. La temporada de lluvias también ha traído consigo un mal conocido y a la vez temido entre los cubanos: el dengue.

Hasta el 10 de junio se habían confirmado en el país 3.036 casos de transmisión de dengue en siete provincias y en la última semana la tasa de incidencia de casos sospechosos creció un 42% con respecto a la anterior.

Este escenario pone más presión sobre un sistema de salud ya debilitado por más de dos años de pandemia y que sufre escasez de equipos y medicamentos, en gran medida debido a la imposibilidad de importar recursos por el bloqueo estadounidense.

 

 

 

Dónde estamos con el estado de emergencia por violencia de género

Foto Archivo CLARIDAD, Alina Luciano

 

 

Especial para CLARIDAD

 

El 25 de enero de 2021, el gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva 2021-013 para decretar un Estado de Emergencia por Violencia de Género en el país.  Tendría vigencia inmediata y se extendería hasta el 30 de junio de 2022.  Largo tiempo tuvieron que esperar las organizaciones de mujeres, junto a sectores aliados defensores de los derechos humanos y mucho activismo desplegaron para mantener ese reclamo, hasta que el ocupante de Fortaleza tomó la acción que correspondía.  El incremento en los casos de violencia machista, particularmente en los feminicidios, su expresión más descarnada, no le dejó otra opción al Lic.  Pedro Pierluisi, aun cuando lo hiciera para minimizar el daño político que su falta de acción le estaba ocasionando.  Cercana la fecha de expiración de la Orden, las noticias sobre asesinatos de mujeres continuaban siendo primera plana.

A la fecha en que redacto esta columna el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico reportó en el informe emitido el 5 de julio, 36 feminicidios, 9 de ellos íntimos.  Esta categoría aplica cuando la víctima y el victimario sostenían o habían mantenido una relación íntima o de pareja.  Otros 19 asesinatos de mujeres reportados, todavía están siendo investigados por las autoridades policíacas, Fiscalía o el Instituto de Ciencias Forenses.  Los incidentes en los que las mujeres sobreviven, no forman parte de estas estadísticas, pero la información que ofrecen las organizaciones de servicios, como los hogares albergues, dan cuenta de la frecuencia con que ocurren.   Tampoco podemos obviar el hecho lamentable de que son muchos los casos que no son reportados a la Policía, para los que no se buscan remedios en el sistema judicial o que no llegan a las entidades no gubernamentales que ofrecen apoyo.  Ante este cuadro el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), creado por la Orden Ejecutiva, le solicitó al Gobernador su extensión.  Recordarán quienes leen, que además de las agencias gubernamentales, el Comité cuenta con cinco organizaciones de mujeres, representativas del conglomerado de entidades que luchan por la equidad de género.  (MATRIA, Red de Albergues, Coordinadora Paz para la Mujer, Centro de la Mujer Dominicana, Alas de Mujer).  Otros dos espacios están en manos de los medios de comunicación y de la academia.

Hay quien haga el planteamiento de que la declaración del “Estado de Emergencia” no ha surtido efecto porque la violencia contra las mujeres no se ha detenido.  Como muchas otras compañeras opino que, aunque falta mucho por hacer y han ocurrido fallas importantes, pueden señalarse resultados positivos.  En primer lugar el reconocimiento público de la gravedad del problema y cómo afecta a sus principales víctimas que son  las mujeres,  es un paso significativo para la concienciación de la gente y para asumirlo como un asunto colectivo.  Por otro lado, al decretar un estado de emergencia, la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, le permite al gobernador tomar medidas extraordinarias para atenderlo, emitir reglamentos y las órdenes que considere necesarias, así como asignar fondos, con la fuerza de una legislación, mientras dure el estado de emergencia.  Protocolos importantes para atender la situación de violencia contra las mujeres han sido implantados, como el de Investigación sobre Feminicidios y Transfeminicidios y el establecimiento del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección.  También la implantación de la Alerta Rosa ante la desaparición de mujeres.   Hay que destacar el trabajo conducente a la uniformidad de las estadísticas sobre violencia de género, las cuales ha tenido una trayectoria de contradicción entre las que recopila la Policía, la Administración de los Tribunales y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  Algunas dificultades, relacionadas con la resistencia al análisis con perspectiva de género por parte del director del Negociado de Estadísticas de Puerto Rico, no han impedido que se encamine el esfuerzo.  Las aportaciones del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, que forma parte del sub comité de PARE que trabaja con este tema, han sido determinantes.

No hay duda de que la participación de las cinco organizaciones no gubernamentales de mujeres en PARE y en los varios subcomités que se constituyeron, entre los que están Educación, Salud, Políticas Públicas, Estadísticas, Violencia Sexual, “Safe Kits”( evidencia forense recuperada en los casos de violación), Personas Migrantes, ha sido fundamental para el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de la Orden por parte de las agencias públicas que integran el Comité.  Las compañeras han sido consistentes y creativas en el trabajo realizado; pacientes, pero no débiles ante la burocracia gubernamental, vocales ante los incumplimientos y transparentes sobre el trabajo que realizan, manteniendo informadas a las demás organizaciones que se sienten representadas por ellas.   Percibo que el proceso no ha sido miel sobre hojuelas, especialmente con relación al desempeño de las personas designadas por el gobernador, las cuales sí cobran por sus servicios.  No así las compañeras que han donado su tiempo.

La principal piedra en el zapato ha sido la educación con perspectiva de género.  A pesar del trabajo extraordinario llevado a cabo por el sub comité de PARE, compuesto por reconocidas expertas en el área, el Secretario de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos, ha saboteado el compromiso que expresamente contiene la Orden Ejecutiva en su Por Cuanto número11.  Inclusive, utilizó el tema como estrategia de negociación con la Lcda. Joan Rodríguez Veve, para lograr su confirmación, así como con otras personas del Partido Popular y del Nuevo Progresista, que de forma oportunista y electorera han asumido la agenda conservadora del Proyecto Dignidad.

Con la cautelosa expectativa de que el nudo relacionado con la educación se pueda resolver y de que se avance más en los trabajos contra la violencia de género, aplaudo la extensión del Estado de Emergencia hasta el 30 de junio de 2023.  Sin embargo, la continuación del Comité PARE, fue limitada a 60 días.  ¿Qué pasará con los trabajos y el cumplimiento de la Orden sin la fiscalización de las cinco representantes de las ONGs de mujeres y sin su participación en los sub comités?  Al parecer la Lcda. Evelyn Espada, Oficial de Cumplimiento, permanecerá en el puesto, aunque hasta el momento la efectividad de su desempeño no ha estado exenta de controversias.

Ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá, organizaciones que participan en PARE y otras que han respaldado su trabajo allí, incluyendo la OPMT, a la cual pertenezco, fiscalizaremos desde afuera el cumplimiento de la Orden Ejecutiva y lo que queda por hacer, especialmente la necesidad de la educación con perspectiva de género.  Puede ser que el estado de emergencia por Violencia de Género  culmine en junio de 2023, pero nos corresponde continuar reivindicando el derecho de las mujeres a vivir sin violencia hoy y siempre.

 

 

 

 

 

Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado: “es un saqueo lo que quieren hacer”

CLARIDAD

gortiz@claridadpuertorico.com

La actual presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Lizbeth Mercado Cordero, catalogó como un saqueo la posible transferencia de hasta $225 millones de las arcas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar el aumentos en las facturas, que entró en vigor el pasado 1 de julio.

Aunque, como se ha informado públicamente, de realizarse la transferencia de fondos, el dinero se obtendrá de los ahorros logradas por la CFSE durante los pasados seis años, “nosotros estamos preocupados y a la misma vez molestos con ese saqueo que quieren hacer, que inicialmente decían que sería de $165 millones y ahora puede ser de $225 millones. Estamos en contra”, dijo en entrevista con CLARIDAD la unionada.

También llamó “irresponsable” al gobernador y a los legisladores que apoyen el Proyecto del Senado 931 para crear la Ley para Mitigar el Aumento en el Precio de la Energía. Esta pieza legislativa establece la transferencia de $145 millones de la CFSE a la AEE y de $20 millones a la AAA para mitigar o evitar aumentos en los servicios. Ese total podría elevarse a $225 millones de concretarse una enmienda que presentaría la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

“Ese dinero se debe quedar en la Corporación para mejorar servicios a los pensionados, contratar médicos y especialistas y a más personal, para comprar materiales y equipos, arreglar estructuras que están desmejoradas. Y más cuando los empleados de la Corporación damos la milla extra para ofrecer los servicios”, dijo la presidenta de la unión que integra unos 1,620 empleados.

Durante todo este proceso, los titulares del Negociado de Energía, la AEE y de la CFSE han favorecieron la medida. Según Mercado Cordero, “ellos siempre han indicado públicamente que los fondos están disponibles, pero nosotros como quiera nos estamos oponiendo tajantemente a que ese dinero se utilice en otro sitio que no sea la misma Corporación”.

Esta semana han continuado las vistas públicas en la Cámara Alta para discutir el PS 931. Desde que comenzó a discutirse la medida, el liderato legislativo no ha querido darle paso. La ficha de tranque está, según el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, en que el componente fiscal del gobierno no ha podido certificar una fuente de repago de los fondos que se le pretenden retirar a la Corporación. Aponte Dalmau no pudo precisar si la medida, en efecto, se llevará a votación y si ello podría ocurrir este martes 19 en la continuación de la sesión extraordinaria convocada por el gobernador.

Mercado Cordero aseguró que “el primer Proyecto de la Cámara, el 1387, que fue derrotado el 24 de junio, establecía una fuente para reembolsarle el dinero a la CFSE en 24 meses. Eso era ficticio porque decía que se utilizaría el dinero del fondo general para reponer el préstamo de la Corporación cuando sabemos que ahora mismo ese fondo no tiene dinero”.

Ante la mención de esa posibilidad, el senador Juan Zaragoza Gómez ha dicho públicamente que si se llegara a enmendar la medida para que el repago a la CFSE salga del fondo general, entonces se tendría que enmendar el plan fiscal y entraría a la ecuación la Junta de Control Fiscal.

No es la primera vez que ocurre este tipo de transferencias. Desde la década de 1990, el gobierno central ha retirado miles de millones de dólares de las arcas de la CFSE, una de las pocas corporaciones públicas autosuficientes. “Nosotros somos la ATH del gobierno central. Cuando tiene problemas alguna agencia que no ha hecho buen uso del dinero o no ha administrado bien, miran para la Corporación”, dijo sobre este particular Mercado Cordero.

LUMA tiene una reserva de dinero

A juicio de la entrevistada, “a quien tienen que quitarle ese dinero es al mismo LUMA que tiene $750 millones para trabajar con eso”.

En su más reciente columna para CLARIDAD, el senador Rafael Bernabe dijo: “Si el gobernador busca fondos para un alivio inmediato debe empezar por renegociar aspectos del contrato de LUMA. Ese contrato establece un fondo de reserva de más de $750 millones, de los cuales se pueden sacar fondos para el alivio temporero que pretende realizar con fondos de la CFSE. En todo caso, lo que hace tiempo de debió hacer es cancelar el contrato de LUMA”.

A esto le añadió la entrevistada: “Eso es un parcho, una falta de respeto de parte del gobernador que insiste en eso. Eso es por tres meses y después cogerán el fondo de otra agencia o volverán sobre el de nosotros”.

“Estamos en contra en todo momento de este saqueo y de los que puedan venir porque entendemos que eso va en detrimento del servicio de excelencia que se merecen los trabajadores lesionados que necesiten los servicios de la CFSE”, continúo Mercado Cordero.

El provocar inseguridad financiera en la CFSE y la insistencia del gobernador en “desvestir un santo para vestir otro” levanta la bandera roja de la posible intención de privatizar la agencia pública. “Por años siempre ha sonado ese monstruo”, confirmó la presidenta.

Ante todo esto, la unión de empleados de la Corporación y los demás líderes de otros sindicatos de la agencia “estarán haciendo lo propio y las acciones sindicales necesarias para que ese saqueo no se dé”, concluyó la entrevistada al tiempo que dijo que como gremio evalúan la posibilidad de unirse a la convocatoria de la manifestación contra LUMA que habrá el próximo miércoles 20 de julio.

Repasando el caos creado por LUMA

CLARIDAD

Eran las once de la mañana del viernes 15 de julio, y aunque se suponía que fuera un día normal de trabajo, el estacionamiento de un edificio de oficinas de Río Piedras estaba vacío. Los profesionales que desde allí trabajan habían tenido que cerrar porque el área amaneció sin energía eléctrica. El enésimo apagón. Como son tan frecuentes, ya nadie se sorprende ni se molesta en llamar a reportar “la avería”. Solo tratan de “resolver”. Las oficinas tuvieron que cerrar y el personal se fue a trabajar “a distancia”.

Esa es la realidad que vive Puerto Rico desde se privatizó el sistema que distribuye la energía eléctrica entregándola a un consorcio nuevo, creado por grandes inversionistas extranjeros. Antes el servicio era deficiente, pero desde que fue privatizado ha ido empeorando de manera constante. Prácticamente, cada familia o negocio experimenta, al menos, un apagón semanal con efectos serios sobre la economía personal y la calidad de vida. Ya el generador de emergencia es tan necesario como la nevera, aumentando el gasto familiar y de operación comercial.

Los continuos apagones reverberan sobre otros servicios. El fin de semana pasado decenas de miles de hogares que se suplen del Acueducto del Norte estuvieron sin agua por una falla eléctrica. Igual que sucede con los hogares, la autoridad que provee agua ha tenido que invertir enormes sumas en generadores de emergencia. Cuando este no existe, como en el caso del Súper Acueducto, la gente se queda a secas.

¿Quién responde por esto? La decisión de privatizar la distribución de energía fue del gobierno, que entonces dirigía Ricardo Rosselló, y de la Junta de Control Fiscal que controlaba las decisiones sobre la AEE bajo la ley PROMESA. Motivados por la visión neoliberal que estigmatiza lo público y privilegia lo privado, tomaron dos decisiones que resultaron fatales. La primera fue desmantelar todo el sistema de distribución energético, construido a lo largo de setenta años, reduciéndolo a cero, para entonces crear uno nuevo. La experiencia acumulada por miles de trabajadores e ingenieros, que conocían el sistema y sabían operarlo, fue descartada de un plumazo porque se tomó la decisión de que el nuevo operador traería su gente.

Esa acción, cuya fatalidad ahora es evidente, fue producto de la visión anti obrera y neoliberal que buscaba darle un golpe mortal a uno de los sindicatos más militantes de lo últimos cincuenta años, la UTIER. Desde hacía tiempo la propaganda oficial vinculaba los problemas con el sistema eléctrico al sindicato, preparando el camino para el golpe.

Lo lógico hubiese sido que el nuevo operador utilizara la experiencia y el conocimiento acumulado por la fuerza laboral, pero eso implicaba necesariamente mantener al sindicato que los representaba. Buscando acabar con la UTIER dejaron el sistema desnudo y a la intemperie un primero de junio, precisamente el día en que comenzaba una temporada de huracanes. Fue una decisión temeraria e irresponsable cuyos efectos nocivos los sufrimos todo.

La segunda decisión fatal fue entregarle el sistema a un operador que carecía absolutamente de experiencia y tenía cero personal. Luma Energy no existía antes asumir la difícil tarea de dirigir la distribución de electricidad en Puerto Rico, sino que fue creada desde cero por dos consorcios extranjeros, la estadounidense Quantas y la canadiense ATCO. Ni los gerentes ni mucho menos los empleados que comenzaron a reclutar conocían el sistema que había en Puerto Rico, y la mayoría de ellos ni siquiera había trabajado con estructuras parecidas. Y como querían destruir a la UTIER y alejar lo más posibles a los trabajadores que llevaban años operando el sistema, optaron por contratar gente sin experiencia.

No había que ser experto para predecir el caos si se descartaba toda la masa de trabajadores y técnicos que dirigía el sistema eléctrico, sustituyéndolo de un día para otro por personal nuevo, sin experiencia con la estructura que debían operar. En cualquier lugar donde eso ocurre es lógico esperar, al menos, un difícil período de ajuste. Pero si el sistema a operar es uno catalogado de “frágil”, que recientemente había sufrido la destrucción de un huracán categoría 5, en lugar de un “período de ajuste” tendríamos la debacle que ahora tenemos.

No sé si dentro de cinco años, tras la inversión de miles de millones de dólares adicionales, Luma Energy advenga a ser mínimamente eficiente. La realidad es que ahora no lo es y el país no puede esperar por esa hipotética mejoría.

La táctica del gobierno de Pedro Pierluisi es tratar de desligarse del problema diciendo que se trata de una empresa privada, como las que proveen telefonía o internet. En primer lugar, no se trata de un servicio como esos que, aunque importante, no resulta esencial y, además, es ofrecido por más de una empresa. En segundo lugar, la crisis fue creada por el gobierno y sus supervisores y son ellos los que tienen que resolverla. No es un problema entre un proveedor privado y su cliente, sino el de un servicio esencial que estaba en nuestras manos y que el gobierno y la Junta que lo supervisa nos lo quitó. Ellos crearon el caos y son los llamados a resolverlo.