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 Un  grupo de organizaciones ambientales y comunitarias logró que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan le ordenara al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) les entregara información acerca de los 18 proyectos de energía renovable a escala industrial aprobados este año.

 La determinación fue emitida el 2 de agosto por el juez Anthony Cuevas, aunque no tiene un plazo de de cuándo entregar la información. Las organizaciones que demandaron solicitando el acceso a la información pública fueron: El Puente, Comité Diálogo Ambiental, Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Organización Boricuá, Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente y la Mesa Multisectorial de Bosque Modelo de Puerto Rico.

 La acción se produjo ante el conocimiento de las organizaciones de que algunos de los proyectos se pretenden levantar en terrenos agrícolas protegidos. Ese es el caso de los proyectos aprobados en terrenos entre Salinas y Guayama.

Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental, en entrevista junto a otros activistas residentes de Salinas, afirmó que tuvieron que llevar a la AEE y al Negociado al  tribunal porque se negaban a dar información sobre los proyectos. No obstante, las organizaciones lograron saber por información en OGP que AES, antes de conocer que iba a ser seleccionada, comenzó a buscar permisos. “Eso  ya de por sí es algo raro porque cuando  la AEE  dijo que se habían escogido los 18 proyectos   —de esos, cuatro son  de AES—, fue en diciembre, y desde septiembre AES ya estaba buscando permisos”.

De la poca información obtenida hasta el momento se sabe que entre los cuatro proyectos adjudicados a AES (en Salinas, Naguabo, Guayama y Las Piedras) la empresa espera producir alrededor de los 200 megavatios que ahora produce con la planta de carbón en Guayama. La extensión de cuántas placas y los costos, según la poca información que ha dado el  Departamento de Agricultura (DA) hasta el momento, es que son más de 600 de cuerdas. Mientras, la misma AES dice que son 1,029 cuerdas.

“A una empresa que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico, que sigue contaminado el aire y matando gente en Guayama le dan un premio, la rescatan con los nuevos contratos de estos cuatro proyectos, que  de los 18 son los más grandes de energía solar. Pierluisi sigue siendo el cabildero de AES y acaba de darle un rescate sin AES haber asumido el daño ambiental y de salud que ha hecho y siguen haciendo en el área de Guayama”, denunció.

Sobre el caso de Ciro One, que tiene cuatro proyectos de placas solares en Salinas, denunció que la empresa comenzó a remover terreno  agrícola en julio 5, sin todavía haber tenido la certificación del NEPR. Las organizaciones entonces sometieron una querella al NEPR, la cual nunca contestó, y en cambio, lo que hizo fue otorgarles la certificación.

Una de las cosas que han descubierto es que aunque los proyectos fueron seleccionados todavía hay unos pasos dentro del NEPR y la AEE que tienen que darse para entonces firmar los contratos.  Alvarado Guzmán, quien junto a las organizaciones favorece la energía solar de instalación en los techos, dijo que un dato que hay que cuestionar es que el gobierno gaste todo el dinero en establecer fincas solares cuando en caso de un huracán, por ejemplo, como María, comoquiera nos vamos a quedar sin luz porque lo que hacen los parques solares es pasarle la energía a la AEE.

En esa línea, la agrónoma Yamilet Rodríguez, también miembro de Diálogo Ambiental, observó  que cuando se hacen las llamadas fincas solares hay que establecer el sistema para traspasar la energía al distribuidor (en este caso la empresa LUMA), pero en realidad no existe esa conexión. En cambio, cuando se pone en techos, la conexión para la transmisión ya existe. “Pero volvemos a lo que más nos cuesta  para sacar y robar más dinero”, sentenció.

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Los integrantes de bipartidismo boricua -el PNP y el PPD- siempre han financiado sus campañas con las aportaciones de aquellos que andan buscando contratos y/o favores. Eso lo sabíamos. Desde los tiempos de la gobernación de Pedro Rosselló, 1993-2000, las aportaciones “legales” aportadas por los “inversionistas políticos”, o el porcentaje obligado del monto de ciertos contratos, eran las dos vías para reunir los millones de dólares de la campaña. Ahora, con el reciente arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez, salta al escenario otra forma de financiamiento: la mafiosa, protagonizada por capos acostumbrados a garantizar con sobornos la impunidad que necesitan para sus “negocios”.

El principal personaje de la trama recién destapada es Julio Herrera Velutini, que antes se llamaba Julio Herrera Kolster. (Ya adulto, cambió el apellido de su madre por el segundo de su padre, una vez esta fue acusada de asesinar a su segundo esposo.) Se trata de un auténtico integrante de la oligarquía venezolana, prófugo de su país desde 2009, que ha multiplicado la fortuna heredada con operaciones financieras que siempre han tenido el olor de las lavanderías.

Los dos apellidos del padre que ahora ostenta lo vinculan directamente con lo más rancio de las familias oligárquicas de Venezuela: los Herrera Uslar (es pariente de la diseñadora Carolina Herrera) y los Velutini, protagonistas en la banca venezolana desde finales del siglo XIX. En 2009 huyó de su país tras provocar la insolvencia de un banco, con el que timó al gobierno, llevando a cuestas una orden de captura enviada a la Interpol. Gracias a sus contactos familiares y a las campañas de Estados Unidos contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pronto cambió su estatus delincuente por el de refugiado político y continuó con sus “negocios” en Florida, San Juan y Londres.

Tan pronto aterrizó en Puerto Rico, se aprovechó de una ley aprobada en el último cuatrienio de Rafael Hernández Colón que facilita la creación de llamados “bancos internacionales”. La presencia aquí de esas entidades es tan solo de nombre, una mera oficina con dos o tres empleados, porque su propósito es atraer dinero de otros lugares y moverlo por el mundo. En la práctica se trata de una franquicia para captar fondos de dudoso origen, que luego mueve hacia inversiones aparentemente legales.

Para que ese tipo de operación prospere necesita “libertad” de funcionamiento, alejándose lo más posible de las regulaciones oficiales dirigidas a detectar el lavado de dinero. En Puerto Rico la supervisión la ofrece la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que, a su vez, hace cumplir la reglamentación federal sobre instituciones bancarias.

El esquema que se describe en el pliego acusatorio elaborado por la fiscalía federal retrata un típico operativo mafioso dirigido a controlar a los controladores. Con su acercamiento a la gobernadora Wanda Vázquez a Herrera Velutini no le interesaban contratos con el gobierno, esos que de ordinario buscan los “inversionistas políticos”, sino lograr colocar una persona de su confianza en la entidad que debía supervisarlo. Ya la OCIF había detectado operaciones “sospechosas” y así lo había dejado saber al “banco” de Herrera, por lo que lo que el operativo debía ejecutarse con prontitud.

Según la acusación, con una inversión de poco más de medio millón de dólares en la campaña política de Wanda Vázquez, el oligarca mafioso venezolano logró controlar la OCIF, colocando en su dirección a uno de sus fieles ayudantes. La salida del jefe de entidad y su sustitución fue burda y descarnada, muy al estilo de Wanda. De un día para otro se le exigió la renuncia al director y poco tiempo después se nombró al individuo cuyo currículum vitae había enviado Herrera a Fortaleza.

Del pliego acusatorio se desprende que el objetivo primario de los federales era la captura de Herrera, desmantelando la “operación lavadora” que este manejaba desde Puerto Rico. En el camino encontraron a Wanda Vázquez actuando como instrumento del mafioso venezolano. Resulta increíble que una exfiscal y exsecretaria de Justicia no haya aquilatado la extrema gravedad de sus actos.

La operación mafiosa ha sido desarticulada, pero no parece que será fácil traer al venezolano al juzgado, salvo que medie antes algún acuerdo de colaboración para ir a otras esferas del lavado internacional de dinero a cambio de un trato favorable. Se trata de un integrante de una de las familias más importantes de la oligarquía de Venezuela, con amplios contactos en Europa, particularmente en Londres, donde los políticos de la derecha son tan corruptos como los de aquí. Ya se conoce de una contribución de 600 mil libras de parte de Herrera al Partido Conservador (Tories), actualmente en el poder, algo que lo ayudará en el proceso de extradición.

En cuanto a la política puertorriqueña, vemos la corrupción bipartidista subiendo de nivel, no tanto por el cargo que ocupaba la acusada, sino por el tipo de esquema que se ha destapado. Por primera vez nos encontramos ante la venta de un importante cargo público a cambio de dinero para tratar de mantenerse en el poder. Wanda Vázquez llegó a la gobernación de pura carambola, sin estructura política organizada, y no tuvo reparos en recurrir al dinero mafioso para tratar de cubrir sus insuficiencias. Cuesta trabajo pensar que no supiera qué tipo de entidad era ese “banco” y lo que implicaba colocar la OCIF bajo el control del individuo que la entidad ya tenía ubicado como “sospechoso”.

Entre los participantes en el esquema, según el pliego acusatorio, hay otro que sorprende que no haya sido acusado del delito de conspiración. Me refiero a Fahad Ghaffar, identificado en el documento como “individuo C”. Se trata de uno de los “inversionistas” que se aprovechan de la legislación que nos convirtió en paraíso fiscal, la llamada Ley 22. Este individuo tuvo una participación prominente para facilitar el operativo de Herrera, primero poniéndolo en contacto con Vázquez y luego reclutando a los consultores políticos que el primero pagó. Se sabe, además, que Ghaffar fue parte de otro esquema corrupto en el que se le entregó un automóvil lujoso al esposo de la entonces gobernadora como parte de gestiones para impedir legislación que afectaría sus negocios. En la acusación se citan constantemente los mensajes que este personaje intercambió con Herrera y otros acusados, pero no se le acusa.

Obviamente, este nuevo capítulo de la saga corrupta no ha terminado.

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“Estas son unas de las tierras más productivas de todo Puerto Rico.  Están centralizadas en  medio del canal que baja desde el río Guamaní y del lago de Patillas.  Son tierras completamente protegidas. Cuando el papá y el abuelo del secretario de agricultura, Manuel González, tenían estos terrenos, aquí había dos  vaquerías; la vaquería Florida y la González. Pero eran las dos del mismo dueño. Todo eso lo destruyó el actual secretario de agricultura. Para él la agricultura no existe, eso es una realidad”.

Entre molesto e indignado se expresa Carlos Lago, de la Comunidad Ranchos Guayama, ante la acción del secretario de agricultura, Ramón González Beiró, de aprobar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas entre Salinas y Guayama. En el caso de Salinas, se le suma que parte de los terrenos pertenecen a la familia del secretario del Departamento de Agricultura (DA).

Este, junto a  Víctor Alvarado Guzmán y Yamilet Rodríguez, ambos del Comité Diálogo Ambiental de Salinas; Istmar Figueroa y Carmen de Jesús, ambas de la Junta comunitaria Poblado el Coquí en Salinas, compartieron en entrevista las contradicciones, irregularidades y daño que los proyectos de las llamadas fincas solares representan tanto para los terrenos como para la comunidad. Los proyectos en cuestión de la empresa AES y Ciro One Salinas (COS) son parte de los 18 proyectos que el Negociado de Energía (NEPR) anunció que aprobó a principios de este año. En el caso de Salinas, ambos proyectos fueron aprobados para terrenos que se supone están clasificados como terrenos agrícolas protegidos.

Bajo un sol candente conversamos frente al portón de los  terrenos de la empresa  Agriart LLC, en Salinas. Alvarado Guzmán narró que Agriart LLC se los compró  a la semillera de transgénicos My cogen.  Ahora Agriart, cuyo presidente es el hijo del secretario del DA,  le está alquilando 1.029 cuerdas a la carbonera AES  bajo el nombre de Clean Flexible Energy para el desarrollo de un proyecto de energía solar a escala industrial. El presidente de AES es el mismo de CFE.

Antes de ser una finca de transgénicos los terrenos eran propiedad de la familia Fonalledas y durante muchos años se utilizaban para ganado. Lago, quien es agricultor de árboles frutales, indicó que luego de la finca de transgénico también hubo siembra de hortalizas y propuestas para seguir sembrando, que evidentemente no fueron atendidas.

Yamilet Rodríguez, quien es agrónoma y trabajó en el DA, describió que en los terrenos agrícolas lo primero que se  hace para poner las placas solares es llevarse la capa vegetal (topsoil).   “Al eliminar eso de un terreno agrícola, se está dañando por completo. Los terrenos no se van a recuperar, además de que viene la erosión. Una vez se remueve el topsoil, el daño ya se hizo”.

En el caso de la finca de CFE, los terrenos eran parte de lo que fue la Corporación Azucarera. Luego se utilizaron para la crianza de ganado para carne y se hizo hasta un lago para sembrar pasto. Todo eso quedó eliminado con la finca de paneles solares. La agrónoma lamentó que el lago fue una inversión grande que se tiró al desperdicio. La empresa lo rellenó con tierra, lo que provocó que  incluso en una ocasión en que hubo unas lluvias tuvieran problemas con las placas.

Observó además, que en los terrenos se encuentra el acuífero del sur, que  se nutre de los canales. Si no hay producción agrícola, los canales se pierden.

Tanto Lago como Rodríguez, comentaron que en las fincas en cuestión había personas con proyectos agrícolas que han sido desplazados. “Y  todavía el secretario de agricultura se atreve a decir que en menos de dos años podemos tener el 50 % de las necesidades agrícolas. En los terrenos había calabaza,  pepinillos, vegetales. Ya hicieron lo peor del mundo: una vez se remueve  la capa vegetal de un terreno tarda 25 años o más reponerla porque tiene que dejar que sigan cayendo hojas. Pero si no hay árboles, no hay nada. Eso es lo mismo que va a pasar aquí y en las otras  fincas en la isla”, manifestó Lago.

En tanto, Rodríguez denunció que las empresas ven la facilidad para hacer el proyecto  rápido en los terrenos agrícolas porque están limpios. Trajo a la atención que  igual pasó con los molinos de viento en Santa Isabel, que destruyeron un montón de sistemas de riego para poner los molinos; pero  no hicieron el estudio de  viento pertinente para saber que en el lugar no hay el suficiente viento para producir la energía.

La comunidad El Coquí

 Por parte de la comunidad el Coquí,  Istmenia Figueroa, miembro de la Junta Comunitaria, describió que la zona alta de la comunidad es el lugar más seguro en caso de huracanes e inundaciones, a donde  la gente suele llevar sus autos e incluso se apoya a las familias. Con la finca solar de Ciro One,  “ahora ya no habrá lugares seguros en el Coquí para los vecinos protegerse. Eso se va a reflejar en las demás comunidades”.

Describió que hay varias comunidades que rodean los proyectos, incluidas varias urbanizaciones, y al  aplanar los terrenos de la finca para Ciro One, toda el agua ahora corre hacia la comunidad. También comentó sobre el calor que generan los paneles: “Yo vivo cerca, y la calor ahora es inmensa. De noche, con todo y aire, se siente la calor”.

Por  medio de su Junta Comunitaria, la comunidad El Coquí, con el apoyo de otras organizaciones ambientales, trabaja en un proyecto llamado Coquí Solar, para colocar paneles solares en los techos de las casas. Carmen de Jesús expresó que el proyecto no solo nace por la preocupación por el ambiente, sino porque sus jóvenes se están yendo de las distintas comunidades de Salinas, por lo que el proyecto tiene los propósitos de proveer energía más segura, menos contaminante y de retener a los jóvenes.

La comunidad opera también un proyecto comunitario de huertos caseros de modelo hidrópico y que, incluso, antes del huracán María tuvieron crianza de colmenas de abejas. La cosecha se vende a su comunidad y a otras.

Rodríguez expuso la incongruencia de que la Autoridad de Tierras no permitía producir grama en terrenos agrícolas porque cuando se  saca la grama se lleva parte de la capa vegetal.  “Imagínate ahora cómo se va a poner ahora con las placas solares. Se llevarán los árboles y la capa vegetal completa. Es una incongruencia”.

Otro aspecto que recordó es que en los cambios que se pretendían hacer en el Reglamento Conjunto, el cual fue  declarado nulo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se quería incluir que en los terrenos agrícolas se podían  instalar  placas solares.

Exigen renuncia del secretario de agricultura

 Varias  organizaciones ambientales cursaron una carta a finales de julio al gobernador, Pedro Pierluisi, en la que exigen  la destitución de González Berió como secretario de agricultura, por entender que este “no está cumpliendo con su deber ministerial de promover la agricultura, proteger las tierras agrícolas, adelantar la seguridad alimentaria y evitar conflictos de interés por negocios familiares”.

Al momento de la entrevista, no habían recibido contestación de la Fortaleza. Alvarado apuntó que el secretario  de agricultura no está defendiendo los terrenos agrícolas, no solo en este caso de  AES, sino también el caso de Ciro Group.

En cuanto al secretario, quien no ha contestado las cartas que los grupos le han enviado solicitándole que proteja los terrenos, Alvarado señaló que González Beiró ni siquiera ha podido explicar el conflicto de interés y por qué no dio endosos en otros lugares y sí los dio en Salinas. Según dijo el DA, el endoso a un proyecto  en Cabo Rojo y otro en Naguabo se negó porque iban a impactar terrenos agrícolas.

“Si no fuera por las organizaciones ambientales que hay, Puerto Rico estuviera por completo destruido”, concluyó el agricultor Lago.