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Mirada al País: Las desigualdades ocultas del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico

 

Columnista Invitado

 1.

Cuando se aprobaron las leyes que rigen el ordenamiento de la Universidad de Puerto Rico, se entendía necesario que, para que la universidad cumpliera su rol en esta sociedad cambiante, esta requería asegurar cierta estabilidad financiera, fuera de los vaivenes que pudieran darse en el gobierno. Por eso, la Ley 2 del 1966, según enmendada, fijaba que la Universidad de Puerto Rico recibiría el 9.6% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

El obtener un porciento fijo del presupuesto propiciaba que el sistema universitario pudiese hacer proyecciones a largo plazo. Por otro lado, si la economía del país enfrentara un golpe, la disminución que recibiría la universidad sería proporcional a la reducción en los recaudos que llegaran al Fondo General. Lejos de representar un privilegio para el sistema universitario, permitía que el sistema se organizara fiscalmente dentro de las fluctuaciones de la economía puertorriqueña. Como para todo proyecto que busca asegurar cierta independencia de criterio y ordenamiento, esta autonomía fiscal que buscaba proveer la fórmula presupuestaria era una pieza clave de la autonomía universitaria a la que se aspiraba (aunque valga aclarar que esta última nunca se ha logrado).

Si bien es cierto que la fórmula presupuestaria no da cuenta de la totalidad del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, sí es su elemento más importante precisamente porque podía darle mayor estabilidad a la institución.

Desde el 2015, la fórmula presupuestaria se ha hecho inoperante, aunque la Ley 2 nunca se haya enmendado o derogado propiamente. Ese año, el gobierno de Alejandro García Padilla congeló los fondos que recibiría la UPR, para demostrarles a los bonistas que Puerto Rico quería y podía negociar su deuda de buena fe (¡!).

Con la entrada de la Junta de Control Fiscal, se continuó con la violación de la Ley 2-1966. Sin embargo, ya no era suficiente congelar el presupuesto, sino que había que constantemente recortarlo. La misma operación cobraba ahora una lógica distinta, perversa.

Sin entrar en detalle en lo que ha ocurrido desde el 2015, veamos el presupuesto universitario en los años más recientes.

Para el año fiscal 2021-2022, según fue aprobado, el Fondo General consistía en $10,100 millones. La aportación del estado a la UPR, de aplicarse la fórmula presupuestaria, hubiese sido de $970 millones. Sin embargo, los recursos que la UPR recibió del Fondo General fueron unos $581 millones. Esto representa un recorte de 40% de lo que se supone fuese el presupuesto de la UPR proveniente del Fondo General, lo que representa un 5.7% del mismo.

Para el año fiscal 2022-2023, el Fondo General aumentó en un 22.77% al llegar a la cifra de $12,400 millones. El 9.6% del Fondo General equivale a unos $1,190.4 millones de dólares. Pero el presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR solo indica que recibirá unos $590 millones provenientes del Fondo General. Esto representa una reducción porcentual de 50.5%. La cifra representa el 4.7% del Fondo General.

Ya vemos la primera desigualdad oculta del presupuesto de la UPR: aunque el Fondo General ha crecido de manera dramática, la política del recorte presupuestario continúa. En términos proporcionales, el Fondo General aumenta y la aportación estatal hacia la UPR disminuye.

2.

El enemigo principal en esta lucha presupuestaria es la Junta de Control Fiscal. Y, si bien es cierto que, según la propia Ley PROMESA, la Junta no se supone que dirija la política pública de Puerto Rico, las garras del colonialismo siempre pueden más que sus máscaras legales. Así, con el impulso de los McKinsey Boys, empezó el discurso que buscaba desmantelar el sistema público de enseñanza.

La Junta dice que privilegia como modelo a la universidad pública de Estados Unidos. Pero documentos de la propia Junta demuestran que el promedio de inversión estatal en la educación superior es 9.8%, menos que lo que establece la fórmula presupuestaria de la UPR que se viola. La Junta reconoce, además, que, con estos recortes, la UPR se ha convertido en la segunda institución universitaria en los Estados Unidos con la reducción presupuestaria más alta en un periodo de 10 años.

Gráfica 1, del Plan Fiscal 2021-2022 de la UPR, aprobado por la Junta de Control Fiscal. Una aclaración: la tabla indica una inversión estatal de 4.1% del Fondo General, en lugar del 5.7% que indicamos más arriba, correspondiente al año fiscal pasado, porque el 4.1% que indica la Junta no incluye los fondos no-recurrentes asignados provenientes del Fondo General.

Ya vemos la segunda desigualdad oculta del presupuesto de la UPR. La Junta habla de equiparar la UPR a estándares de los Estados Unidos, pero exige que se cumpla con la mitad de estos estándares.

3.

Todas estas políticas neoliberales, de desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, pretenden ignorar un elemento fundamental: si hay una salida a la crisis de Puerto Rico, esta requiere la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, lejos de achicarse, debería ampliarse, aumentar su oferta académica y su matrícula de estudiantes, para crear las bases profesionales y de análisis para una economía alterna a la actual (colonial, dependiente, en crisis permanente).

Es, también, junto a la escuela pública, el espacio que más ha propiciado el pensamiento crítico y creativo en toda la sociedad, un elemento necesario de camino al futuro. Imposible medir su influencia en estas áreas.

Incluso, en esta crisis, la Universidad de Puerto Rico cuenta con grandes logros, como lo reconoce el propio gobierno cómplice de las políticas de austeridad. La siguiente información se desprende del informe del presupuesto (anulado por la Junta de Control Fiscal) del gobierno de Puerto Rico (páginas 9 a 13). Por cada dólar invertido en la UPR se genera un retorno de $1.5. Por cada 100 empleos que crea la UPR, se crean unos 164 empleos indirectos. Es decir, lejos de ser un gasto, los fondos dirigidos hacia la universidad son una inversión productiva.

El mismo informe de presupuesto reconoce lo siguiente. Por lo menos un 68% de la producción intelectual del país proviene de la Universidad de Puerto Rico. Los recintos ofrecen servicios gratuitos (salud, comida, educación, servicios legales, servicio comunitario) a las poblaciones circundantes. El Servicio de Extensión Agrícola cuenta con 42 oficinas a lo largo de la isla para el apoyo y desarrollo de la agricultura. Ciencias Médicas capacita a la mayor parte de los profesionales de salud en Puerto Rico, y su facultad y estudiantes ofrecen servicios a más de 27,000 pacientes en Centro Médico. El Recinto Universitario de Mayagüez cuenta con la Red Sísmica de Puerto Rico. Más de 100 agencias reciben adiestramientos por parte de la UPR, entre las que se destacan los adiestramientos a más de 64,000 personas del magisterio…

¿Por qué, entonces, este plan de desmantelamiento del sistema público de enseñanza, por parte de la Junta de Control Fiscal, con la total complicidad de la Junta de Gobierno de la UPR, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista? ¿Por qué tantas mentiras, tantas cifras ocultas, para implementar este plan?

Precisamente, porque la Universidad de Puerto Rico es un foco de cambio, de resistencia, de alternativas, con el que no pueden transar ni convivir los poderes coloniales y capitalistas. Como único las políticas patronales y neoliberales pueden continuar profundizándose es sofocando todo espacio que es capaz de generar esperanzas. Y eso, todavía hoy, con todas sus limitaciones y todos sus dolores, lo brinda la Universidad del pueblo.

El autor forma parte de la Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU). Es miembro de Democracia Socialista.

Posibilidad de desahucios en condominio Bayola es reflejo de la crisis de vivienda en el país

 

CLARIDAD

 gortiz@claridadpuertorico.com

La entidad sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) continúa esperando contestación de parte de la administración del condominio Bayola Apartments tras solicitarle una reunión en o antes del pasado jueves, 13 de julio. En este encuentro la organización pretende aclarar detalles sobre la posibilidad de desahucio que enfrentan los inquilinos que no puedan costear el alza en la renta que propone la compañía dueña del condominio.

La renta actual circunda los $700 y compara con el aumento que se prevé, con el cual alcanzará los $1,000 a 1,200, al incluir otros gastos como el uso de estacionamiento y servicio postal.

La solicitud de esta reunión por parte de ALPR se dio luego de que esta entidad asumiera la representación legal de un grupo de inquilinos del condominio que recientemente hizo pública su desesperación ante el sorpresivo e injustificado aumento. La administración del deteriorado condominio, ubicado entre Condado y Santurce, ha amenazado a la comunidad de unos 200 residentes con que si al 1ero de agosto de 2022 no firma los contratos que especifican el aumento, se procederá con los desalojos.

A juicio de la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, no hay ninguna justificación para el alza, “ni considerando que el casero dijera que es para poner el edificio en condiciones. La realidad es que cuando se tiene un negocio de lo que sea, el casero tiene que correr con los gastos operacionales. El gasto operacional de quien alquila es mantener la cosa en buen estado. No puede venir a cobrarle al inquilino más por hacer una cosa que debe haber hecho”, dijo en entrevista con CLARIDAD.

Ahora mismo y ante la falta de respuestas por parte de la administración, ALPR sostiene reuniones con un grupo de 30 a 50 residentes de este condominio, propiedad de GIB Development LLC desde 2011. “La comunidad se está preparando para asumir su defensa legal”, aseguró Godreau Aubert.

Este grupo de residentes reiteró el pasado lunes sus denuncias respecto a las acciones negligentes, de incumplimiento contractual y los intentos de desalojo ilegal por parte de la administración. Además, alegan que mientras viven en un edificio con condiciones claramente peligrosas, se les impide el uso de áreas comunes.

“Con sus injustas acciones la administración de Bayola intenta desplazarnos desatendiendo la realidad de los residentes, muchos de los cuales son adultos mayores que viven del Seguro Social y quienes han vivido aquí por décadas. El aumento además de desproporcionado implicaría la disolución de nuestra comunidad, de nuestro hogar”, afirmó Pablo Collazo Cortés residente del complejo de viviendas desde el 2012.

Cabe señalar que, a principios de este año 2022, la organización le informó a este semanario que habían atendido 455 peticiones de personas que solicitaban apoyo en temas de alquileres. También, que al día de hoy el 95 % de las personas que son demandadas por desahucio no tienen representación legal.

Aumentos no están regulados

En la isla hace falta legislación para regular el incremento en la renta y visibilizar la incapacidad de pago de las familias. Por esta falta de regulación, no hay nada que impida a un casero incrementar una renta una vez finalizado un contrato, sin embargo cuando estos están vigentes no se puede subir el costo de renta. La licenciada le confirmó a este medio que en el caso de Bayola hay contratos vigentes, lo que favorece a la comunidad que está representando ALPR.  Como entidad, Ayuda Legal tiene una preocupación ante los desahucios, por lo que mantiene un registro de estos casos. Basado en los datos obtenidos, han informado que en lo que va de año suman 790 desahucios por impago. En 2021 hubo alrededor de 750. “Pero aun así, que no estén regulados los aumentos de renta no significa que los inquilinos no tengan ningún derecho”, aseguró Godreau Aubert.

Una tercera parte de la población de la isla vive en una unidad de alquiler, pero son pocas las políticas públicas que cobija a este porcentaje de personas. Por eso, “el caso de Bayola no es un caso particular, es uno que demuestra lo que sucede cuando el gobierno se niega a actuar prontamente, no legisla adecuadamente y dejas sola a una tercera parte de la población”, dijo.  Según especificó la licenciada, esa tercera parte está constituida por adultos mayores, personas con bajos ingresos, madres con hijos menores de edad, personas con diversidad funcional.

“El llamado sigue siendo al gobierno porque el caso de Bayola es otro más entre muchos que hay alrededor de todo Puerto Rico por la amenaza de desplazamientos y viviendas”, comentó la licenciada a la vez que dijo que es un adelanto que en la actualidad hayan sobre la mesa tres proyectos de ley que tratan el tema de los alquileres.

Ayuda Legal quiere indagar sobre la experiencia con alquileres y desahucios en los últimos 5 años y ha preparado una encuesta, que por el momento solo se puede acceder a través de la página web de la organización: https://ayudalegalpr.org/. La encuesta, que es anónima y está diseñada para personas inquilinas y caseras de propiedades residenciales en Puerto Rico, busca conocer necesidades legales que tienen las personas en relación a los alquileres a largo plazo con el interés de informar y diseñar talleres y recursos educativos más útiles.

Aumento en la electricidad, aumento en vivienda

Alquileres en aumento, complicaciones en los procesos para comprar vivienda, alza en los intereses hipotecarios, desplazamientos por inversiones de capital extranjero, todas estas son vertientes de la crisis de vivienda que enfrenta el país actualmente. A esta difícil situación, se le suman los continuos e inciertos aumentos de electricidad y la inflación que se experimenta a nivel mundial.

“El precio de la luz incide en el precio de tener una vivienda”, comentó la licenciada Godreau Aubert. Continuó explicando que el aumento constante en la factura de energía eléctrica “tiene un efecto particular, sobre todo porque es incierta, tú no sabes de cuánto va a hacer, no te puedes preparar para ella. De ahí que digamos que LUMA es desplazamiento”.

En resumen, para la entrevistada la crisis de vivienda “tiene que ver con una incertidumbre sobre si las personas que viven en Puerto Rico van a tener las condiciones para costear un techo y los servicios esenciales que hacen que ese techo pueda ser una casa: agua, luz, transportación, alimentación, educación. De lo contrario, no es una vivienda”.

Mirada al País: Otro verano 2019 es necesario

 

Especial para CLARIDAD

El 13 de julio de 2019 un grupo de ciudadanos, la mayoría jóvenes, iniciaron frente a los portones de la Fortaleza el proceso de lucha que culminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Desde entonces se han desencadenado una serie de sucesos, que atados a los antecedentes a la renuncia, nos hacen pensar que otro verano es necesario.

La presencia de la Junta de Control Fiscal, las políticas económicas que favorecen al capital, la inflación que nos ahoga, una clase gobernante insensible y hambrienta de un falso poder, la emigración hacia el norte, las deficiencias de los servicios públicos (auto infligidas), el crimen ambiental, entre otros importantes asuntos justifican la lucha colectiva del pueblo.

El problema de raíz, el colonialismo, que junto al capital intenta controlar nuestras vidas dificultan y contradicen unas acciones con otras. Las condiciones objetivas están dadas para que se prenda la chispa que encienda la pradera se diría en otros tiempos en los cuales las ideas y la promesa de una sociedad justa y libre estaba a la vuelta de la esquina.

Entonces, si las condiciones objetivas están dadas, ¿cuáles faltan? Las condiciones subjetivas nos contestaban unos. Otros nos recordaban que las subjetivas no se dan solas, que hay que empujarlas, para que se manifiesten. Como esos ciudadanos que frente a Fortaleza prendieron la chispa hace tres años.

Mientras el pueblo y sus organizaciones celebran y recuerdan esta gesta, el estado aprende de sus errores y experiencias para consolidar su posición que en el 2019 se tambaleo. Si es cierto que en el 2019 todas las fuerzas sociales pidieron la renuncia del gobernador, no es menos cierto que aquellas fuerzas que son parte del sistema (partidos políticos, medios de comunicación, empresarios, asociaciones de patronos, etc.) se aseguraron que otras demandas legítimas como seria que la Junta de Control Fiscal se fuera, o que no se pagara una deuda ilegal, o la defensa de servicios públicos, de la Universidad de Puerto Rico, de los sistemas de pensiones o la protección del ambiente no fueran consideradas como prioridad.

Hoy sentimos y palpamos diariamente las consecuencias de hacer renunciar un gobernante pero que sus políticas y representaciones quedaron intactas. El abogado de la Junta que intento ser gobernador mediante un “golpe suave” hoy es gobernador electo. La gobernadora designada entonces hoy declara que se expone a ser arrestada. La corrupción, producto de la relación contractual de empresas privadas con gobernantes deshonestos, hacen su agosto. La Junta de Control Fiscal ha impuesto sus políticas de austeridad, ha logrado aprobar los planes de pago sin mayor oposición del pueblo, anuncia mediante estos planes de pago aumentos en los servicios públicos de energía, agua y peaje (todos en manos privada), amenaza reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y pretende destruir todos los sistemas de pensiones en el país.

Como si fuera poco la Junta y las asociaciones de patronos se oponen al mejoramiento de las condiciones de trabajo y salario de los trabajadores tanto en la empresa privada como en el gobierno. No se respetan los convenios colectivos ni se fomenta la organización sindical.

El tema de la energía, que debe ser reconocido como un derecho humano, tiene su peor cara en LUMA y los planes de privatizar las plantas generatrices. Mientras siguen llegando compañías privadas para vender placas y baterías financiadas con altos intereses, el gobierno se niega a discutir propuestas serias y viables para dirigir las políticas energéticas por rutas verdes y en manos públicas de manera transparente.

Los más de $50 mil millones de fondos federales son una inversión para que se pueda visualizar la reconstrucción del país mediante una visión integral en la cual toda la sociedad participe. Sin embargo la cuantía disponible provoca todo lo contrario. Las grandes empresas y compañías fantasmas de reciente incorporación están ideando como dar el “tumbe” de estos fondos millonarios. Tanto en Washington DC como en Puerto Rico están presentes los cabilderos de estas empresas para organizar el “tumbe”.

Es hora de insistir en la necesidad de unir las diversas luchas que nuestro pueblo realiza cada día en el país. Hay que salir a “evangelizar” el país. Hay que predicar sobre la posibilidad y la justa demanda de exigir una sociedad justa, participativa e igualitaria, en fin, con libertad. Para ello se tiene que destinar recursos humanos, bien formados, con los medios adecuados para poder llegar a cada rincón del país para escuchar y hablar con la gente. De ahí saldrá la fuerza necesaria para el cambio y construcción de la sociedad que queremos.

No es cuestión de esperar al año electoral. El trabajo tiene que ser constante y diario. Los organizadores sindicales, los activistas de sectores sociales y políticos, las iglesias con compromiso y visión solidaria, las cooperativas, los estudiantes, partidos políticos y cada cual puede ser parte de este “ejercito evangelizador”.

Se requiere disposición y voluntad para prender la chispa. El campo esta listo.

Será otra cosa: Palomas rebeldes

 

 

Especial para En Rojo

El paisaje, con los objetos, criaturas y eventos que define y lo definen, le da forma a nuestra memoria. Y nuestras memorias, a su vez, por más escurridizas o sospechosas que sean, son la materia prima con la que forjamos nuestra identidad. Esa conexión se vuelve particularmente significativa para los seres y pueblos que, por una u otra razón, se vuelven errantes: las maniobras de nuestro pensamiento para preservar el “soy” implican el acto repetitivo de recordar espacios particulares en el lugar de origen, y lo que estos contienen.

Cuando nos mudamos a Estados Unidos, nuestro hijo menor tenía solo cuatro años. Su corta edad tiene que ver con los espacios en Puerto Rico que lo forjan y que tratamos de incluir, como rituales,  en el calendario de cada visita a nuestras islas : el mangle del suroeste Caribeño, una sandwichera favorita, el Parque de las Palomas en el Viejo San Juan.

Era lunes cuando llegamos a las puertas del parque durante nuestro viaje más reciente, y nos encontramos con una vista desconcertante: los portones del parque propiamente dicho estaban cerrados con una gruesa cadena y un candado. Frente a ellos se arremolinaban más de cincuenta personas de todas las edades, pero especialmente niños, en su mayoría con las mascarillas que marcan estos tiempos pandémicos nuestros, algunos tomando videos o fotografías. Sus conversaciones y apariencia sugerían que se trataba de puertorriqueños haciendo turismo interno o tal vez, como nosotros, visitando la isla cuyos paisajes son el núcleo de nuestro “yo soy” colectivo. Se arremolinaban también las criaturas que le dan nombre y sentido a ese espacio, las palomas de domesticación incierta y apetito voraz que visité de niña y que por algún motivo (así es la nostalgia, esa sustancia que también es parte del “yo soy” en ese estado del ser complejo que algunos llaman diáspora) son parte de nuestra cultura familiar. Muchos de los niños llevaban en sus manos bolsitas idénticas del tan familiar maíz que los vendedores ambulantes solían ofrecer frente al parque. Había risas y chillidos.

 

Tanto los visitantes como las palomas, en fin, estaban ignorando alegremente la frontera cerrada entre calle y portón que las cadenas y el candado pretendían establecer, y la calle misma se había convertido en una extensión del parque.

De repente, aparecieron dos personas dentro del parque, un hombre y una mujer, ella llaves en mano, y entre los dos entreabrieron el portón solo lo suficiente para salir a la calle, cerrándolo de nuevo tras de sí. La mujer comenzó a hablar con pequeños grupos de personas. La veía gesticular, pero no lograba escucharla, así que seguí pendiente del teléfono, pero pronto la tuve frente a mí. Mientras yo lanzaba un tuit al mundo preguntando sobre el cierre, ella le hablaba a tres o cuatro niñas que estaban paradas cerca, alimentando palomas. “Cerrado los lunes”, alcancé a escuchar. “Transmiten enfermedades”. “Ese alimento no es bueno para ellas”. “Regresen mañana”. Esto último lo dijo buscando mi mirada, en un volumen bastante más alto de lo necesario, y con una expresión que me pareció exasperada.

–¿Perdone, me habla a mí?–, le pregunté.

–Sí. Le estoy explicando a tus niños que el parque está cerrado y no pueden estar dándole comida a las palomas aquí y están ensuciando la calle y….

–Bueno, pero estos niños no andan conmigo, le sugiero que les pregunte dónde están los adultos a cargo y les hable a ellos.

Se quedó cerca de allí, hablándole a otro grupo, y se me ocurrió que tal vez yo había sido algo brusca, que el tuit había sido relativamente amable pero impulsivo, y que además, secretamente me interesaba escuchar el contenido del regaño en mayor detalle. La escena, pensé, no era solo un asunto de horarios y una inconveniencia para nosotros. Había algo más. Así que me acerqué, y el diálogo subsiguiente fue más o menos así, según mi mejor recuerdo: Disculpe, dije, no le pregunté cuál era el problema, en realidad sí me interesa escuchar porqué está cerrado el parque, pero por favor, no alce la voz, vamos a “bajarle dos”. Pues mira, contestó, tan aferrada a la decisión de tutearme como yo a la de no hacerlo, esto es una ordenanza municipal, el parque está cerrado los lunes, y la gente dándole comida a las palomas aquí está violando la ley y ensuciando la calle, creándole un problema a los negocios, las palomas transmiten enfermedades, el alimento que les están dando no es balanceado ni bueno para ellas, hay que darle un alimento especial, yo tengo un negocio adentro, el Café del Niño, regresen mañana, tiene una vista muy bonita y pueden alimentar y jugar con las palomas en el área designada….

“Veo que te preocupa el COVID” dijo durante una pausa, señalando mi mascarilla (ella no llevaba una). “Si de verdad te preocupa el COVID, deberían preocuparte también las enfermedades que transmiten las palomas.”

Asentí en silencio, saqué mi libretita, anoté la cita. Me presenté con mi nombre completo, ella me dio su apodo. No le dije que si bien el excremento de paloma, en efecto, como el de muchas otras aves, puede transmitir varias enfermedades, la mortalidad de las mismas palidece ante los números del COVID. No le dije que mi máscara me protegía no solamente del COVID sino de algunas de las enfermedades que ella mencionaba. Tampoco me metí con la contradicción que planteaba al usar las palomas como el atractivo inherente de su negocio a la vez que insistía en describirlas como un problema de salud. Acepté que el tema de la convivencia entre humanos y especies que, sin ser domésticas, viven en espacios urbanizados, está lleno de peligros y contradicciones. Pero sí le pregunté cómo funcionaba el manejo del parque, y entre una cosa y otra, el cuadro que emergió fue el siguiente: ella era ahora la persona encargada de la administración y mantenimiento del parque, y además tenía permiso para operar y generar ingresos de dos negocios dentro del mismo, permiso obtenido a través de un “RFP”. Eso del RFP (solicitud de propuestas) lo repitió con bastante frecuencia. En uno de esos negocios, vendía, además de souvenirs, el único alimento de palomas autorizado para uso dentro de los predios (que a su vez es, averigüé luego, el único espacio autorizado por el municipio para alimentar palomas). Creo que ésta no era su primera vez tratando de pastorear gente empeñada en janguear con palomas los lunes, porque murmurando algo acerca de cómo a veces la gente se iba si ella “pegaba manguera” se alejó un momento, y regresó, en efecto, con una manguera. Mi suegra, que estaba conmigo y no puede permitirse el lujo de una caída, se alejó rápidamente “Uy, ahí se va a resbalar la gente, me voy a la acera, no quiero caerme” y en efecto, bastaron cinco segundos de manguerazos sobre los adoquines para que un niño, de unos ocho años, se resbalara a unos cuatro pies de distancia de la mujer, y cayera al suelo con bastante estrépito. Algunas personas se acercaron, a ver si el nene estaba bien. No así la administradora, quien siguió pasando la manguera como si nada, con lo que me pareció una leve sonrisa.

Empeñada en tratar de escuchar y entender sin prejuicios, le pregunté a mi esposo. ¿Está sonriendo? Sí, me contestó. Mi suegra, igual.

Parece que el golpe del niño no fue serio, y que la estrategia de pasar manguera sirve, en efecto, para dispersar multitudes empeñadas en alimentar palomas. Mientras tanto, la cuenta oficial de la Ciudad de San Juan había contestado mi tuit diciendo que los lunes cerraban por mantenimiento, y que me invitaban a visitar entre martes y domingo. Les contesté dando las gracias y aprovechando para preguntar si la administración del parque había pasado a manos privadas. No obtuve respuesta.

Pero al final del día, esa es la verdadera pregunta. Por soberbia o incómoda que nos pareciera su actitud, y más allá del hecho de que no parecía preocuparse particularmente por la caída de uno de los mismos niños cuyo negocio pretende atender, el asunto no es el personaje individual de la administradora, sino la privatización del patrimonio público. ¿Está el municipio privatizando espacios que son parte del patrimonio cultural? Y si es así, ¿cuáles son los procesos, políticas públicas, entendidos culturales e implicaciones económicas y sociales que acompañan ese traspaso?

Al pie del letrero con las nuevas reglas del parque había una dirección de correo electrónico: empresas municipales. El nombre me remite a la página del municipio, que en efecto, en su sección dedicada al turismo, describe la estrategia de arrendar espacios de atractivo turístico.

Buscando en los periódicos, encuentro un parte de prensa donde Miguel Romero, el alcalde, anuncia el nuevo horario en mayo del 2022, y añade que el quiosco Café del Niño dentro del parque sería arrendado tras un proceso de solicitud de propuestas (RFP). Paso entonces un buen rato cepillando la sección de avisos de RFP’s del municipio, pero no encuentro ese. Tal vez porque no lo hubo, tal vez porque no lo subieron, tal vez porque sencillamente no lo ví.  Sí encuentro un proyecto de ordenanza de la legislatura municipal que recomienda iniciar el proceso de solicitud de propuestas para arrendar las estructuras del parque, y otro en donde directamente recomiendan que se le conceda el permiso, sin subasta pública, a la persona que habló conmigo, quien según el documento llevaba varios años sometiendo propuestas para el uso del parque.

Me quedo sin saber si la contratista tiene control legal sobre los dos quioscos o el parque completo, si hubo subasta o no la hubo, quién le paga al ortopeda si el nene del manguerazo se cae y se rompe una pierna, qué pasa con los empleados de limpieza del municipio que van perdiendo las tareas que le estaban asignadas, qué opciones de “desarrollo económico” tienen los señores y las señoras que solían vendernos el maíz, de qué experto en aves proviene la declaración de que hay un solo alimento apropiado para alimentar las palomas y si este lo vende exclusivamente la persona que arrienda “las estructuras”, y si el arrendamiento de “las estructuras” incluye el poder para sacar gente de la calle a regaño (o manguerazo) limpio.

Pero todo eso no es demasiado importante, sea mentira o sea simplemente nébula, esa nébula a la que ya nos hemos acostumbrado y que sería agotador tratar de iluminar, de tan densa y omnipresente que es. Sí vale rebelarse contra ese “sentido común” por tantos compartido, de que lo público es mejor si lo compra, alquila o maneja el sector privado, de que en la privatización está la salvación.

 

 

En Reserva: La federalización de la literatura puertorriqueña

 

Especial para En Rojo

La literatura puertorriqueña parece estar, casi en su totalidad, auspiciada. Auspiciada, desde el exterior. Fondos, becas, grants, fellowships se esparcen, salpican, se multiplican. Parece que nadie queda inmune a este constante desparramamiento de fondos “federales”.

La expansión de este auspicio parecería tener como elementos constitutivos los siguientes dos factores.

1) Nuestra precariedad. Desde la crisis estructural que estalló en el 2006, la economía se ha achicado en un 20%. Se han perdido más de 200,000 empleos. Una mayor parte de las ganancias producidas (o que circulan) en la isla se quedan en los bolsillos de los capitalistas. El costo de vida ha aumentado de forma dramática. Ciertas instituciones que antes podían cobijar a escritores/as, como el Instituto de Cultura Puertorriqueña o la Universidad de Puerto Rico, han sufrido el ataque de los recortes presupuestarios neoliberales. El Departamento de Educación, otro posible refugio para los escritores/as, ha atacado al magisterio, en parte por la feminización de la pobreza común al capitalismo y en parte por revanchismo patronal contra un sector militante del sindicalismo. Y del capital privado, es decir, de las industrias culturales o educativas, no hay mucho que esperar. Los periódicos patronales en su mayoría han desarticulado sus secciones culturales. Las universidades privadas propician la precariedad, no la evitan.

2) El huracán María y la filantropía gringa. Parecería haber una correlación estrecha entre la manera en que la dictadura colonial se agudiza (a través de la Junta de Control Fiscal) y la filantropía estadounidense se acrecienta y afianza en la isla. Colonialismo y filantropía: dos caras de una misma moneda, o de un mismo movimiento político-económico que invade la isla. Pero la agresión de la Junta se entrelaza con el desastre natural y social del huracán María, que intensificó la entrada masiva de fondos federales y fondos filantrópicos (también, federales). El “sentimiento de culpa” del colonizador hacia el colonizado se ha manifestado a través de los Mellon, de los Ford, de Open Society, que llegan en el mismo bote o avión, en el mismo contexto, en que llegaron White Fish, Kobra, Quanta, ATCO.

Caricaturizo, por supuesto. No es lo mismo LUMA que Flamboyán. Con el estridentismo, solo quiero resaltar que la creciente dependencia económica posterior al desastre natural coincide con la creciente dependencia del sector cultural a estos fondos externos. Estamos ante el peligro de la federalización de la literatura.

El problema con esta federalización no es, por supuesto, puramente nacionalista. En Puerto Rico, el talento sobra, pero tenemos a nuestros mejores escritores, no ya al borde de la pobreza, pero persistentemente en ella. Si la reproducción social se dificulta, ¿cómo, desde ella, crear? No es un problema el que una persona con talento gane unos fondos que alivien la precariedad de la existencia isleña. Para muchas, la diferencia entre recibir los fondos y no recibirlos es la diferencia entre escribir o no escribir, entre quedarse en la isla o mudarse al omnipotente confort desideologizado de la vida suburbana estadounidense. Hay fondos, además, que se otorgan bajo la mayor libertad artística para quienes la reciben. Esos no constituyen el núcleo del problema.

El problema pudiera darse cuando la precariedad y la invasión de fondos se mezclan y, por determinados momentos, dictan las pautas de la literatura, de sus proyectos, de sus eventos. Pudiera ocurrir un proceso similar al que se ve con las luchas políticas y la cooptación por parte de Organizaciones No Gubernamentales: los proyectos políticos empiezan a ser dictados por los fondos a los que se tienen acceso. (Sobre esto último, recomiendo el libro The Revolution Will Not Be Funded. Beyond the Non-Profit Industrial Complex.)

En este caso, por ejemplo, la manera en que me concibo como escritor, el trabajo que hago, tendría que moldearse a lo que quiere la beca o los fondos en cuestión. Dicho de otro modo: tendría que moldearse al mercado cultural externo, sobre todo el relacionado a la literatura latinx y a lo que a los estadounidenses les interesa de los problemas puertorriqueños (capitalismo del desastre, descolonización jurídica, crisis energética). De la misma manera que el mercado externo domina el puertorriqueño, el mercado cultural externo parecería llegar a la isla y desequilibrar el espacio cultural interno. Y ni hablar de los poderes (locales y foráneos) que están detrás de la toma de decisiones…

Como escritores, el peligro de la federalización de la literatura es que nos pone ante la espada y la pared por nuestra precariedad. Entre el camino de la creatividad independiente y la escritura subvencionada, ¿cuál tomar?

Hay una pregunta todavía más difícil de contestar: ¿esa decisión está en nuestras manos?

El autor de estas líneas no ha sido inmune al problema. La precariedad de ser docente sin plaza a tiempo parcial me llevó, en una ocasión, a solicitar a una beca (¿o fue fellowship o grant? No recuerdo). Junto a mí, otras dos compañeras conversábamos el proceso. Y a todxs nos preocupó, precisamente, este moldeamiento necesario para adquirir los fondos. Y el moldeamiento dio inicio desde la pregunta más básica: ¿quién soy? A la hora de catalogar nuestro oficio – y era necesario para solicitar a esta beca –, estuvimos les tres con serias dudas de personalidad propia.

Estando al borde del desempleo universitario, ¿soy académico? Bueno, investigo y publico ensayos de crítica, pero… ¿son “académicos” los textos que escribo, que buscan conjugar la crítica con los intentos de una ensayística creativa? Además, ¿cómo compaginar esa categoría con el resto del trabajo creativo que hago?

Si no soy académico, ¿seré gestor cultural? Pero… ¿qué es eso? Todo lo que gesto, lo gesto desde la “pre-profesionalización”. “Gestor cultural” son palabras mayores. Eso se estudia. Es un oficio de verdá. Editor y embelequero, militante de las impresiones, quizás, pero hasta ahí llego…

La falta de categorías estables, o de oficios definidos, es, también, una característica de nuestro entorno cultural y algo que otros autores (pienso en Aimé Césaire y su entrevista en el 1968 en Casa de las Américas) han señalado como un elemento común de las culturas caribeñas, indisciplinadas en el sentido en que no se amoldan a las definiciones estrictas de las disciplinas. (Los literatos escribimos de historia sindical, y los sindicalistas de poesía.) Pero si las categorías que se establecen se deciden desde afuera, habrá un evidente desfase entre realidades. Y la que decide hacia donde van los fondos y qué proyectos auspiciar es la externa.

Nunca recibí la beca. Por un lado, sentí alivio: mi proyecto de ensayos de poesía no tendría que moldearse a ciertos cánones interesados en relacionar el proceso de descolonización con las artes creativas. Pero la dicha de no tener que acomodar mis proyectos literarios a deseos externos se enfrenta a la dificultad de la reproducción social en la isla y al problema de si mi proyecto, en sí, es realizable. ¿Cuántas clases tendré el próximo semestre? ¿Cuántas tendré que enseñar para saldar las cuentas? Si vuelvo a tomar el otro trabajo, ¿podré seguir con mi libro sobre poetas contemporáneos? ¿Y qué de mi trabajo creativo?

Una vez más, los destinos de la historia literaria y de la economía se entrelazan. Ambos caminos ante nosotros implican sacrificios. En mi caso, y mientras pueda, opto por el camino de la independencia de criterio, que quizás reduzca el tiempo de ocio libre y, por tanto, el tiempo para producir y la ambición y el alcance de mis proyectos, pero me permite, todavía, dentro de ciertos límites, crear bajo mis propios términos.