La Autoridad de Energía Eléctrica se niega a dar información

 

CLARIDAD

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 Un  grupo de organizaciones ambientales y comunitarias logró que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan le ordenara al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) les entregara información acerca de los 18 proyectos de energía renovable a escala industrial aprobados este año.

 La determinación fue emitida el 2 de agosto por el juez Anthony Cuevas, aunque no tiene un plazo de de cuándo entregar la información. Las organizaciones que demandaron solicitando el acceso a la información pública fueron: El Puente, Comité Diálogo Ambiental, Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Organización Boricuá, Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente y la Mesa Multisectorial de Bosque Modelo de Puerto Rico.

 La acción se produjo ante el conocimiento de las organizaciones de que algunos de los proyectos se pretenden levantar en terrenos agrícolas protegidos. Ese es el caso de los proyectos aprobados en terrenos entre Salinas y Guayama.

Victor Alvarado
Foto Alina Luciano/Claridad

Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental, en entrevista junto a otros activistas residentes de Salinas, afirmó que tuvieron que llevar a la AEE y al Negociado al  tribunal porque se negaban a dar información sobre los proyectos. No obstante, las organizaciones lograron saber por información en OGP que AES, antes de conocer que iba a ser seleccionada, comenzó a buscar permisos. “Eso  ya de por sí es algo raro porque cuando  la AEE  dijo que se habían escogido los 18 proyectos   —de esos, cuatro son  de AES—, fue en diciembre, y desde septiembre AES ya estaba buscando permisos”.

De la poca información obtenida hasta el momento se sabe que entre los cuatro proyectos adjudicados a AES (en Salinas, Naguabo, Guayama y Las Piedras) la empresa espera producir alrededor de los 200 megavatios que ahora produce con la planta de carbón en Guayama. La extensión de cuántas placas y los costos, según la poca información que ha dado el  Departamento de Agricultura (DA) hasta el momento, es que son más de 600 de cuerdas. Mientras, la misma AES dice que son 1,029 cuerdas.

“A una empresa que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico, que sigue contaminado el aire y matando gente en Guayama le dan un premio, la rescatan con los nuevos contratos de estos cuatro proyectos, que  de los 18 son los más grandes de energía solar. Pierluisi sigue siendo el cabildero de AES y acaba de darle un rescate sin AES haber asumido el daño ambiental y de salud que ha hecho y siguen haciendo en el área de Guayama”, denunció.

Sobre el caso de Ciro One, que tiene cuatro proyectos de placas solares en Salinas, denunció que la empresa comenzó a remover terreno  agrícola en julio 5, sin todavía haber tenido la certificación del NEPR. Las organizaciones entonces sometieron una querella al NEPR, la cual nunca contestó, y en cambio, lo que hizo fue otorgarles la certificación.

Una de las cosas que han descubierto es que aunque los proyectos fueron seleccionados todavía hay unos pasos dentro del NEPR y la AEE que tienen que darse para entonces firmar los contratos.  Alvarado Guzmán, quien junto a las organizaciones favorece la energía solar de instalación en los techos, dijo que un dato que hay que cuestionar es que el gobierno gaste todo el dinero en establecer fincas solares cuando en caso de un huracán, por ejemplo, como María, comoquiera nos vamos a quedar sin luz porque lo que hacen los parques solares es pasarle la energía a la AEE.

En esa línea, la agrónoma Yamilet Rodríguez, también miembro de Diálogo Ambiental, observó  que cuando se hacen las llamadas fincas solares hay que establecer el sistema para traspasar la energía al distribuidor (en este caso la empresa LUMA), pero en realidad no existe esa conexión. En cambio, cuando se pone en techos, la conexión para la transmisión ya existe. “Pero volvemos a lo que más nos cuesta  para sacar y robar más dinero”, sentenció.

 

 

 

 

 

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