La agenda oficial de despojo contra nuestro patrimonio colectivo sigue su paso inexorable. En componendas secretas de turbia motivación, especuladores privados y personeros del gobierno colonial se ponen de acuerdo para aprovecharse, para lucro y ventaja personal, del patrimonio que es propiedad de nuestro pueblo.
El más reciente ejemplo de esta práctica corrupta es el caso del parquecito del Condado, un área verde en la esquina de la calle Krug y avenida Ashford, transformada súbitamente en lote baldío para la construcción. Años atrás, el pequeño pedazo de terreno había sido convertido en un oasis verde por la propia comunidad. Dos enormes árboles le daban sombra. Unos improvisados bancos le permitían al caminante la oportunidad de un descanso. Una modesta tarja servía como homenaje a una de las pioneras luchadoras por el patrimonio verde y los derechos humanos en nuestro país, Ana Roque de Duprey, líder del movimiento que logró el derecho al voto para las mujeres puertorriqueñas. La esquina era un espacio verde y refrescante en medio de esa congestionada zona.
Sin que nadie fuera advertido, un buen día reciente el parquecito dejó de serlo. Los árboles fueron criminalmente envenenados, los bancos removidos y el terreno cercado y hecho polvo.
La protesta de los vecinos alertó a los medios de prensa y, poco a poco, se han ido conociendo los detalles de cómo y porqué el parque desapareció. En su columna de esta edición, el compañero Manuel de J. González hace el recuento del nebuloso proceso que culminó con la venta del predio donde ubicaba el parque a un desarrollador privado, por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
A la luz de lo revelado en medios de prensa, la madeja de intereses creados detrás de este asunto es tan compleja que llega hasta la misma cúpula del gobierno de Puerto Rico. Pese a las muchas interrogantes, nadie hasta este momento ha explicado porqué el DTOP se apropió para sí e inscribió a su nombre un área verde de dominio público pequeña, y según el entonces secretario de la agencia, de poca utilidad y significancia, para venderla a un desarrollador privado, que justamente necesitaba ese pedazo de terreno para añadirlo a un predio contiguo sobre el cual se propone construir un edificio de apartamentos de lujo en dicha privilegiada zona costera. Más aún, el predio fue vendido por un precio muy inferior a las comparables de la zona, por lo cual la venta no reportó beneficios económicos importantes para el Gobierno. O sea, que el gobierno vendió un apreciado bien comunal natural solo para beneficiar a un sembrador de cemento.
Ninguna autoridad ha negado tampoco la información publicada de que el arquitecto proponente del edificio por el cual se destruyó el parque, es un familiar político de la hermana y principal asesora del gobernador Pedro Pierluisi. Esto nada más debería ser razón suficiente para que el Gobernador autorice la divulgación pública de toda la información relativa a este asunto. Por el contrario, el Gobernador insiste en que la venta del predio es irreversible y no ofrece explicaciones por su temeraria actitud.
Este caso sigue el perturbador patrón de otros, como el del Condominio Sol y Playa de Rincón, o la escandalosa invasión de residencias privadas en la Reserva Federal de Bahía de Jobos en Salinas, o tantos otros proyectos nebulosos, donde ha habido manifiesta complicidad entre intereses privados y funcionarios gubernamentales para la enajenación de bienes públicos estratégicos en las zonas costeras y otros terrenos de alto valor ecológico.
El pueblo puertorriqueño no puede ignorar ni permitir estos crímenes ambientales. En ellos, le va la integridad y la vida misma al único patrimonio natural que tenemos para construir la nación puertorriqueña a la que aspiramos.
