Si algo quedó demostrado en la vista pública conjunta de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras públicas y la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, ambas de la Cámara de Representantes, respecto a la venta del conocido como el Parquecito del Condado, es la poca transparencia que hubo en la transacción por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Tras las protestas y denuncias de la comunidad por la venta del parque público, el envenenamiento de los árboles y conocerse el precio de venta de apenas $145 mil por un predio de terreno frente al mar, por parte de Krug Property han elevado las suspicacias e indignación por parte de la opinión pública en general. A ello se abona la defensa que ha hecho el gobernador Pedro Pedro Pierluisi Urrutia de que la venta es irreversible.
En la vista pública efectuada el pasado jueves siete de julio, en plena avenida Condado, frente al lote de terreno y a pleno sol, asistieron el director de la Administración de Propiedades del DTOP, la sub secretaria de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP), la secretaria del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA) y el director de Obras Públicas y Ornato, del Municipio de San Juan. También estuvo presente un nutrido grupo de vecinos de la comunidad que se mantuvieron atentos a las contestaciones de los funcionarios e incluso en ocasiones hicieron expresiones desmintiéndolos.
Comenzando con el director de la Administración de propiedades de DTOP, José Torres Aponte, no pudo dar nombre del tasador de la propiedad, cómo se justificó el precio, si hubo comparativas y otros pormenores. Torres Aponte confirmó que el DTOP procedió a inscribir la propiedad a su nombre a petición de compra por parte de Krug Property, que el terreno no estaba incluido en la lista de bienes inmuebles del gobierno para la venta, que en el DTOP no verificaron si el terreno estaba en uso, ni quién le daba mantenimiento.
El presidente de la Comisión Cameral que presidió la vista pública, Luis Raúl Torres le solicitó al DOPT un informe completo del caso, incluyendo la solicitud formal de compra del proponente. Se le concedieron cinco días a partir de la vista para entregar el informe.
OGP, ‘no otorgó ningún permiso’
Mientras la sub secretaria de la OGP, arquitecta Maria Reina Cintrón, se escudó con que el caso -se refiere al permiso de construcción- está en evaluación en el municipio de San Juan que es el que tiene jurisdicción por ser un municipio autónomo. Según explicó a la plataforma de OGP “todo el mundo” radica a través de la plataforma y los casos que le corresponde a los municipios autónomos le llegan directamente a los municipios para que ellos lo evalúen. “No tengo la evidencia de que este parque estaba en desuso o en uso, eso entonces tendríamos que revisarlo con un poco más de detenimiento porque no tenemos ese detalle”.
El Municipio le daba o no mantenimiento
En tanto el director de ornato del municipio de San Juan, Raúl García, entró en contradicción de si el municipio le daba o no mantenimiento al parque. A pregunta del legislador primero dijo que el municipio no le daba mantenimiento al parque, lo que levantó expresiones airadas en contra de los vecinos presentes, a lo que el funcionario entonces dijo que esa era una zona que las brigadas del municipio siempre estaban trabajando. Al funcionario también se le pidió un informe de todas las veces en que el municipio le ha dado mantenimiento al lugar.
No se sabe quién envenenó los árboles.
Por su parte la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodriguez Vega, dijo que esa agencia no incide en permisos de corta y poda de arboles en obras incidentales de construcción. Sí dijo que había una investigación por el envenenamiento de los arboles, que no ha concluido, aunque en un momento hubo una querella que no prosperó. Aclaró que el DRNA no da permisos para envenenar árboles ni tampoco hay ninguna otra agencia que de permiso para ello. Al igual que a los otras agencias, al DRNA se le pidió que entregara copia de su informe sobre el envenenamiento de los árboles, en cuanto esté concluido.
En un aparte con CLARIDAD, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, quien asistió como parte del público a la vista, señaló respecto a la transacción: “Una vez más estamos viendo aquí a unos funcionarios de las agencias que actúan en representación del interés privado y no para proteger el interés publico que están llamados a atender. En este caso estaban bregando con un activo de mucha importancia y también valor y lo trataron con descuido”.
En particular reprobó la tasación de $145 mil aceptada por el DTOP. “Fue una de las cosas que más me llamó la atención en una mera búsqueda pudimos encontrar que a dos cuadras de aquí se había vendido una propiedad a $2 mil dólares el metro cuadrado, pero la propiedad colindante con esta -se refiere al parque- que es de la parte interesada que compra también este predio se había vendido por casi el doble, tenemos todos esos factores que tenían que haber entrado en consideración y no entraron”.
Otro aspecto que trajo a la atención es que cuando se va a vender una propiedad de esta naturaleza se tiene que desafectar dado a que es una propiedad de uso público. Eso conlleva que tiene que haber una notificación a los colindantes -y sobre todo si es un parque a la comunidad colindante- para que sepan se que va a vender o está en consideración la posible venta de algo que es un activo comunitario. Reiteró que el predio en cuestión es un activo que “le pertenece no al DTOP sino al pueblo de Puerto Rico y ellos son custodios de ese activo comunitario, cuando se fuera a vender tenían que darle igualdad de participación y posibilidad a los colindantes y aquí solo se consideró un colindante”.
Carlos Contreras fue Secretario de Trasportación y Obras Públicas durante el cuatrienio que terminó el 31 de diciembre de 2020. A pesar de los cambios en la jefatura del gobierno que hubo en esos cuatro años, se mantuvo en el cargo más por su inocuidad que por su competencia. No molestaba a nadie y, aunque hizo muy poco para mejorar el estado calamitoso de las carreteras luego del huracán de 2017, consumió su término hasta el último día.
Ahora sabemos que, a pesar de su irrelevancia en cuanto a las labores de su cargo, Contreras fue efectivo ayudando a algunos amigos de su partido político y de sus jefes. En los últimos días al frente del DTOP tuvo tiempo para certificar que un terreno del Condado que los vecinos del barrio utilizaban como parque, carecía de “utilidad pública” y, por tanto, era susceptible de ser trasferido a un desarrollador para que le diera “utilidad”. El terreno “inútil”, según Contreras, resulta ser sumamente valioso para el empresario dueño de un solar contiguo que ya está solicitando los permisos para construir un edificio.
Los eventos que condujeron a la enajenación de ese parque reflejan una conspiración que, como todas, se ocultó a los posibles afectados. Debió estar maquinándose por bastante tiempo, pero quienes utilizaban el pequeño parque se enteraron cuando el nuevo dueño les cerró el acceso y comenzó a destruir los árboles que les daban sombra.
El terreno en cuestión no estaba inscrito a nombre de titular alguno en el Registro de la Propiedad, algo que debieron averiguar los interesados. No podían apropiarse del solar porque la ley no los amparaba y, además, sabían que la comunidad lo utilizaba. Entonces se movieron hacia el gobierno que sí podía reclamarlo para el Estado, como sucede con muchos pedazos de terreno que quedaron como remanentes luego de una obra pública. Ese fue el primer acto conspirativo, ejecutado en el gobierno a petición de empresarios que siempre dan oportunas aportaciones a campañas políticas.
Para poder transferir el parque a los promotores del esquema era necesario la participación de otros conspiradores. En primer lugar, se requería que el DTOP, por conducto de su secretario, “certificara” lo que sería una mentira evidente: que el terreno no tenía “utilidad pública”. En segundo lugar, que un tasador, seguramente gestionado por los promotores, le pusiera un valor “manejable”. En tercer lugar, que el comité creado en 2017 para disponer de propiedades del Estado ordenara la venta directa a los interesados. Ese proceso conspirativo tomó meses y el empresario beneficiado es dueño registral del terreno desde hace más de un año, pero los vecinos se enteraron cuando les cerraron el paso.
El abuso de poder, y las maquinaciones para beneficiar a un ente privado, parecen evidentes. Es difícil imaginar que alguien pueda honestamente creer que un pedazo de terreno en la avenida Ashford carezca de utilidad pública. Además, con sólo mirar el lugar podían concluir que eso no era cierto. Ahora, a pesar de la protesta ciudadana que se ha desatado, nada indica que el gobierno esté dispuesto a buscar la manera de revertir el despojo. Todo lo contrario, el gobernador Pedro Pierlusi tartamudea, pero se reafirma en las acciones del gobierno.
No es la primera vez que una entidad gubernamental despoja a una comunidad del uso de una instalación pública para entregarla a un empresario. En la mayoría de los casos el despojo se materializa y queda impune. En otros, los menos, la movilización comunitaria logra revertir lo ocurrido, ya fuere por su fuerza o recurriendo a la vía judicial. Desafortunadamente, esta última vía no siempre está disponible y, además, requiere recursos que las comunidades de ordinario no tienen.
En nuestra jurisprudencia hay un caso donde una comunidad prevaleció tras una lucha que tomó años: Dorado del Mar v. Departamento de Recreación, KLAN2016 0123. Se trata de una instalación deportiva construida por el desarrollador de una urbanización, pero inscrita a nombre del gobierno en el Registro de la Propiedad como es el caso de la inmensa mayoría de las que existen en el País. El DRD entendía que esa titularidad registral le daba derecho a disponer de la instalación como le plazca y, mediante un contrato, se le entregó a una empresa de eventos deportivos. Como en el Condado, la comunidad se enteró cuando se toparon con los candados. La entrega la hizo el gobierno de Luis Fortuño en 2012, pero el de García Padilla que le siguió la ratificó y el Departamento de Justicia utilizó todos sus recursos para defender el derecho a “pleno dominio” del Estado sobre un parque comunitario.
Ante el tribunal la comunidad alegó que la instalación se construyó para su beneficio en cumplimiento de reglamentos que lo requerían, que en última instancia pagaron por ella al comprar sus casas y que, por tanto, el Estado no podía quitársela sin su consentimiento. El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón falló a favor de los residentes, decretando la nulidad del contrato y ordenando que toda contratación futura debía contar con la anuencia de la asociación comunitaria para poder ser válida. Luego el Tribunal de Apelaciones ratificó. A pesar de esas dos sentencias, Justicia acudió al Supremo donde recibió un “no ha lugar”.
El caso del parque en la avenida Ashford tiene hechos distintos, pero en su esencia es el mismo. Igual que en Dorado, se le está quitando un área a una comunidad para entregarla a un uso privado. Es probable que también el asunto desemboque en un procedimiento judicial, pero será la movilización comunitaria frente al abuso lo que puede hacer la diferencia. En Dorado la lucha tomó cuatro años, pero nunca desistieron.
De llegar a concretarse el plan de ajuste de deuda (PAD) para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF), los y las puertorriqueños estaremos pagando aumentos anuales en los peajes por los próximos 40 años.
El pasado 17 de junio se llevó a cabo la vista de declaración informativa -en la que se presentó el PAD a los acreedores- ante la jueza Laura Swain, que ve el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico mediante la ley Promesa.
El planificador ambiental José Rivera Santana y la licenciada Eva Prados Rodríguez, ambos miembros de la Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral del Crédito Público (CCAICP), en entrevista, denunciaron que el pago de la deuda de la ACT además de depender del aumento en los peajes, el pago dependerá de los ingresos del IVU, los cuales ya están comprometidos para otras emisiones.
De acuerdo a un análisis realizado por la Comisión Ciudadana, el PAD propone un aumento anual de 8.3% durante los primeros tres años, luego aumentos anuales de 1.5%, más un aumento por inflación. Se propone también un aumento anual en multas por la inflación y la colocación de peajes en ambas direcciones. Estos aumentos que se mantendrían hasta el 2062 son tanto para las autopistas privatizadas como para las que aun se mantienen bajo la ACT. El análisis de la Comisión Ciudadana rechaza que el recorte de la deuda incluido en el PAD sea de 80% como alega la JCF.
El análisis de la Comisión Ciudadana expone que la mayoría de la deuda de la ACT -que asciende alrededor de $6.7 mil millones- es deuda a largo plazo lo que representa la mayor carga para la corporación pública. Sin embargo una porción sustancial de esta deuda son reclamaciones del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Las reclamaciones del BGF serían liquidadas en su totalidad por lo que el mayor recorte de la deuda recae sobre ellas. Expone la Comisión Ciudadana que entonces el mayor recorte a la deuda de la ACT son las reclamaciones del BGF lo que consisten en deudas morosas del gobierno con el gobierno mismo, una entidad que ya cesó operaciones, y que estas reclamaciones no aseguradas son de muy poco valor, por no decir nulo.
Pero aun cuando no se pagaran las reclamaciones del BGF, la JCF a su vez propone un “instrumento de valor contingente” (IVC) que se pagaría “solo” en caso de que los recaudos del IVU sobrepasen las proyecciones hechas por la JCF en el Plan Fiscal (PF) del gobierno central. Eso significa que de todas formas la deuda del banco va a ser abonada con el IVC dentro del plan del gobierno central.
Los miembros de la Comisión Ciudadana denunciaron y censuraron que los excedentes de los recaudos del IVU se destinen para pagar la deuda y no para los gastos sociales, Universidad de Puerto Rico, municipios o infraestructura. En la práctica los ciudadanos estaremos pagando dos veces, con el aumento en los peajes y el IVU.
Según está contemplando en el PF se va a crear una corporación nueva para administrar los peajes. Aunque todavía no está claro -indicaron los entrevistados- cómo se va a dar ese proceso híbrido. “Por eso hablamos de que eso va a empujar a la privatización. Una app para administrar los peajes y asegurar que el dinero que entre sea para pagar”.
Por otro lado la JCF omite incluir en su cálculo del recorte un préstamo por la cantidad de $314 millones que el gobierno central tendrá que hacerle a la ACT para viabilizar el PAD. El préstamo se pagaría hasta el 2052. “Resulta cuestionable que la reestructuración de la deuda de la ACT requiera de un préstamo del gobierno central, es decir más cargas al Fondo General, y no tan solo de sus propios recursos”.
Esta no es la única omisión que la Comisión Ciudadana denunció comete la JCF. La Comisión da a conocer que el 71% del recorte no incluye el pago en efectivo de $389 millones que recibirán los bonistas de la ACT. Cuando se incluye este pago en efectivo, el recorte baja a 62%. No obstante -destaca la Comisión Ciudadana- la JCF además omite reconocer que de $1,200 millones en nuevos bonos que la ACT emitiría como parte de la reestructuración, $645 millones serían bonos de apreciación de capital, lo que es más de la mitad de los nuevos bonos.
“Los bonos de apreciación de capital o CABs son bonos cuyo pago de principal e intereses se postergan por años, algunas veces hasta la fecha de maduración. Debido a que por muchos años no se pagan intereses, estos se acumulan en el principal, haciendo que la deuda original incremente con el tiempo”.
A juicio de la Comisión Ciudadana la inclusión de CABs entre los nuevos bonos es una nefasta y es algo que ha sido criticado de manera amplia en el pasado por ser una de las razones que llevaron al país a la quiebra. A lo anterior se añade, que antes de la quiebra los CABs solo representaban el 3% de la deuda de bonos de la ACT y segundo la ACT -los ciudadanos- estaría pagando los nuevos bonos hasta el 2062.
Prados Rodríguez y Rivera Santana, lamentaron lo poco que se ha divulgado el PAD de la ACT y más aun que este parece tener el apoyo de la Legislatura. “La realidad es que no es suficiente, no tenemos capacidad, estamos tomando un préstamo para pagar a los bonistas, comprometiendo el IVU, el aumento no es sostenible y la Legislatura parece que la apoya y por eso decidimos sacar esta opinión, puede ser un recorte mayor en relación a otros planes pero no es bueno para el país”, reiteraron.
En días recientes, el gobernador Pedro Pierluisi ha querido presentarse como el campeón de la reducción de la cuenta de la electricidad. En realidad, no propone reducirla, sino mitigar temporalmente el más reciente aumento. Para esto propone sacar $200 millones del Fondo del Seguro del Estado. Los aumentos pasados siguen igual de presentes y el último no dejará de afectarnos una vez el alivio temporero se agote. De paso, afectará negativamente al FSE. Veamos el problema y las alternativas con más detalle y más previsión que la mirada politiquera y miope del gobernador.
El costo de la electricidad no puede reducirse al monto de la cuenta mensual. Hay que añadir el costo en términos de salud y de deterioro ambiental, es decir, de nuestra calidad de vida, asociado a la quema de combustibles fósiles. Tanto para el creciente costo y la dependencia de las fluctuaciones del costo del petróleo y el gas, como para su costo ambiental solo existe una solución real y duradera: la transición acelerada a las fuentes de energía renovable. La propuesta para dicha transición en Puerto Rico ya existe. Es la propuesta ¡Queremos sol!, elaborada por una coalición de organizaciones ambientales, comunitarias y sindicales en colaboración con ingenieros, científicos y expertos en la materia. Esa transición a la energía renovable debe realizarse tomando en cuenta el mejor uso de nuestro limitado territorio, empezando por los terrenos agrícolas. Debe centrarse en la generación distribuida (la mayor parte en techos) y minimizar las llamadas granjas solares. Recientemente se ha modelado la implementación de este modelo, ejercicio que indica que para 2035 Puerto Rico podría generar 75% de la energía que consume con fuentes renovables, a la vez que se reduce, de manera duradera, el costo de la generación a 15 centavos kW/h, es decir menos de la mitad de lo que hoy pagamos. Está claro que este es el camino que seguir, si queremos reducir tanto la cuenta de la luz como los demás costos de la generación, además de crear un sistema más resistente a los embates de huracanes o terremotos. En resumen: no necesitamos ni queremos energía nuclear (con su consecuencias y riesgos), ni malgasto de fondos en la conversión a gas natural, ni granjas solares, sino una acelerada transición a un sistema de generación distribuida centrado en la energía solar. Los fondos disponibles para reconstruir el sistema eléctrico (más $9 mil millones) deben usarse para financiar esta transición.
Por otro lado, existe otra amenaza al bolsillo del consumidor, aparte del aumento del petróleo, del cual debemos desprendernos cuanto antes. Se trata de un posible aumento para pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. En marzo, el gobernador, ante el reclamo de distintos sectores, descartó la propuesta de ajuste de la deuda de la AEE que, entre otras disposiciones, incluía un aumento que ascendería hasta más de 4 centavos kW/h, para pagar a los bonistas. La deuda se encuentra ahora en proceso de mediación, ordenado por la Jueza Taylor Swain. Es imperativo que el ajuste de la deuda esté subordinado a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Cualquier acuerdo debe incluir una reducción sustancial de la deuda y cero aumentos de la tarifa para pagar a los bonistas. Hay que recordar que la deuda de la AEE se emitió según un acuerdo (conocido como Trust Agreement) en que se establecía el pago de los bonistas luego de que la AEE cubriera sus gastos operacionales, incluyendo los pagos a los sistemas de pensiones. En fin, se trata de lo que se conoce como una deuda no asegurada, que la AEE podría reducir a cero. Cualquier ajuste de la deuda, además de reducirla sustancialmente y de no incluir un aumento en la tarifa, debe mantener el orden de prioridades fijado en el Trust Agreement, poniendo en primer lugar los gastos operacionales y los pagos a los sistemas de pensiones. Estas disposiciones están incluidas en el Proyecto de la Cámara 1383, que ya fue aprobado por ambas cámaras legislativas. La medida adopta los puntos señalados como política pública (incluyendo la reducción de la deuda en al menos 75%) y mandata que sean adoptados por la AEE y el Negociado de Energía y cualquier agencia del gobierno al evaluar cualquier propuesta de ajuste de la deuda. El gobernador, si en realidad le interesa la salud financiera de la AEE y evitar futuros aumentos, debe firmar este proyecto inmediatamente.
Hasta ahora, en lugar de comprometerse con el modelo de generación distribuida y de firmar el Proyecto de la Cámara 1383, el gobernador Pedro Pierluisi ha convocado una sesión extraordinaria para aprobar el Proyecto del Senado 931. El Proyecto 931, como indicamos, pretende quitar más de $200 millones al Fondo del Seguro del Estado para mitigar el más reciente aumento de la luz. Es decir, se atacan los recursos de una agencia para proveer una alivio mínimo y temporero que no atiende el problema del costo creciente del petróleo y de sus efectos ambientales. ¿Qué hará cuando se agote el alivio financiado por esos millones? ¿Seguir vaciando los fondos del FSE o de otras agencias? Incluso la comisionada residente Jennifer González ha indicado que esto sería repetir errores del pasado. Aunque cueste decirlo, hay que reconocer que la amiga de Trump en este caso tiene razón contra el gobernador de su partido.
Si el gobernador busca fondos para un alivio inmediato debe empezar por renegociar aspectos del contrato de LUMA. Ese contrato establece un fondo de reserva de más de $750 millones, de los cuales se pueden sacar fondos para el alivio temporero que pretende realizar con fondos del FSE. En todo caso, lo que hace tiempo de debió hacer es cancelar el contrato de LUMA.
Por estas razones, la delegación del MVC votará contra el Proyecto de la Cámara 931, medida engañosa que nada resuelve. Las únicas alternativas reales y duraderas al creciente costo de la generación es la transición a la energía renovable, según el modelo de generación distribuida (según la propuesta de ¡Queremos sol!) y una renegociación adecuada de la deuda, que priorice los gastos operacionales y los sistemas de pensiones y evite nuevos aumentos de la tarifa, según dispone el Proyecto de la Cámara 1583. Los fondos para un alivio inmediato no deben generarse a costa del debilitamiento acentuado de las finanzas de otras agencias del gobierno.
El 20 de julio próximo marcharemos del Capitolio a Fortaleza exigiendo la cancelación del contrato de LUMA, en rechazo del Proyecto del Senado 931, en apoyo la Proyecto de la Cámara 1383 (incluyendo la reducción de la deuda en más de 75%, no aumentos para pagar a los bonistas, la protección de las pensiones y la priorización de los gastos para dar un servicio adecuado al país) y en apoyo a la propuesta de ¡Queremos sol! y la transición acelerada a la energía renovable. Ese día debemos movilizarnos todos y todas. Allí estaremos, fieles a nuestra consigna: ¡En la legislatura y en la calle!
Al cumplirse el 25 Aniversario del asesinato del Cerro Maravilla, la entonces directora del En Rojo, la periodista Mari Mari Narváez, entrevistó al escritor Manny Suárez a raíz de la publicación del libro Two lynchings on Cerro Maravilla. La volvemos a publicar para beneficio de aquellos y aquellas que desconocen esa parte de nuestra historia.
amf
En Rojo
Todavía quedan preguntas en el aire para Manny Suárez. Aún con ese dominio excepcional que tiene sobre el tema de los asesinatos en el Cerro Maravilla en 1978, el periodista de The San Juan Star tiene unas interrogantes que miles de entrevistas, lecturas y páginas escritas no han podido aclarar.
Two lynchings on Cerro Maravilla, el libro que estrena en este veinticinco aniversario de los asesinatos políticos de Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, es esa historia dura y necesaria que todo puertorriqueño debe conocer. Escrita con palabras activas, nobles y sin pretensiones, esta secuela de Requiem at Cerro Maravilla, que actualiza el curso del caso hasta este año, tiene atributos de novela y noticia viva.
Manny Suárez, maestro del periodismo serio, objetivo y comprometido, habló con En Rojo en este 25 aniversario de la muerte de dos jóvenes que nunca cumplieron esa edad.
Manny, tú sabes todo sobre Maravilla ¿Qué preguntas te quedan?
Por ejemplo, no sé si es cierto que alguien hizo el comentario de que había que dar un escarmiento. No me extrañaría que alguien lo hubiera hecho, pero no sé quién lo dijo ni estoy seguro de que alguien lo dijo aunque es bien posible.
Varias fuentes lo dijeron…
Pero ninguno lo había oído. No me voy con esos tipos de rumores que alguien dijo que alguien dijo.
Y si no era por dar un escarmiento, ¿por qué otra razón podía ser?
Por eso mismo no lo descarto. Estoy convencido de que esto fue un entrampamiento. Me lo amarra ahora lo de la Masacre de Ponce porque fue algo muy similar. La Masacre de Ponce fue provocada por la administración dando permiso para marchar y revocándolo cuando estaban a punto de empezar y sabiendo que los nacionalistas no iban a desistir. El hecho de que las autoridades estaban demonizando a los independentistas, colocando bombas y echándole la culpa a los independentistas, particularmente bombas que causan dificultades en la huelga de lo que era Fuentes Fluviales.
Hay una cosa que sobresale: que había tres organizaciones que trataron de participar en una operación como Maravilla. Estaban los llamados Antiimperialistas, que eran John Sanders Maldonado, Guillermo Segarra y Leoncio Figueroa, los que tirotearon la casa de Muñoz Marín. Ellos, para el 4 de julio, iban al Cerro Maravilla y había policías esperándolos allí ese día. En Mayagüez había otro González Malavé llamado René. Él tenía la encomienda de llevar otro grupo con el mismo nombre de Movimiento Armado Revolucionario y había otra organización más en Mayagüez.
Pero, ¿esas eran organizaciones reales? Tú dices en el libro que González Malavé, cuando sacaba los comunicados, les ponía cualquier nombre a las supuestas organizaciones.
Eran organizaciones, pero organizaciones que no hacían nada. Rosado Ríos dice que hasta que llegó González Malavé a la organización, la única cosa que ellos hacían era hablar. Era lo único que hacían. Gary Pérez (Viera) le pregunta a Desiderio Cartagena: ¿Cómo puede ser que hay tres organizaciones con un plan exactamente igual? ¿No le parece que eso es demasiada coincidencia? Querían coger una organización, no les importaba quién era, para acabar con ellos, para hacerlos un ejemplo.
Manny Suarez. Foto Archivo CLARIDAD
¿Qué otras preguntas grandes te quedan aún?
Hay algo que nunca he entendido. Es una incógnita. Mira esta foto. (Muestra la foto del cadáver de Arnaldo Darío Rosado en la escena del crimen). Yo no la vi hasta el 1983. Es evidente que cogió un escopetazo en la boca y estaba hinchado en la cara de cuando le dieron patadas. Esto demuestra algo que, años más tarde, yo aprendí. Para 1985 u 86, sucede la muerte de esa muchacha en Aguada, Glorimar Santiago Pérez, hija de una familia extraordinaria. La madre era costurera en una fábrica, el padre ayudante en una farmacia. Sus dos hijas mayores ya tenían maestría y Glorimar se había graduado de la UPR de Aguadilla y venía a Río Piedras a estudiar farmacia. Una muchacha bien bonita y muy apegada a su familia. No salía con muchachos ni era discotequera ni nada. Unos muchachos la secuestraron, la violaron, la golpearon y la mataron. En uno de los testimonios se dice que la golpearon. Cuando sale la patóloga, el abogado de la defensa le pregunta a ella si un testigo había dicho que la sacaron del carro y la golpearon. Mire ése ahí, dijo. Le llamaban Hulk. Se parecía a Hulk. Mire lo grande que es. Sin embargo, se dice que la víctima no tenía marcas. ¿Eso será posible? Y la doctora dice: ‘Sí, porque depende del tiempo que transcurrió desde que la golpearon hasta que la mataron. Los hematomas son producto de la coagulación de la sangre. Normalmente tardan, por lo menos media hora. Si la mataron antes de media hora, no se van a formar’.
Entonces yo pienso en eso. Quiere decir que (entre los golpes y su muerte) pasaron más de veinte minutos. Obviamente, estos son golpes de culata de una escopeta. Eso te quiere decir que, definitivamente, la Policía los mató a sangre fría porque estaban desarmados. Porque nadie va a golpear a alguien que tiene un arma en la mano, no importa cuán grande sea la persona. Ellos habían tirado las armas. Puede ser que ahí mismo empezaron a golpearlos. Entonces debió pasar más de media hora (porque tenían hematomas en la cara). Y lo importante es que tuvieron que haber sido desarmados.
¿Cómo pudo habérsele pasado eso a todo el mundo? ¿Cómo puede ser que nadie se dio cuenta cuando las fotos comprueban que los mataron a sangre porque no pudieron estar armados? ¿Cómo fue que los médicos no se dieron cuenta? Mi esposa nunca vio las fotos. No sabía del tiempo. Ella me lo hubiera dicho.
Entonces, ¿cómo se puede comprar el cuento de Romero de que lo engañaron? Tomás Stella, en el 79, entrevista a un grupo de impedidos que estaba allí ese día en el merendero haciendo un picnic. Ellos le dijeron que fueron dos ráfagas de tiros. Ahí se desplomó la teoría de la Policía de que hubo sólo una ráfaga. Por eso trabajaban tanto con don Julio Ortiz Molina, para hacerle parecer que él había cambiado su versión varias veces. Todo el mundo pensó que era un embustero.
¿Dónde está Tomás Stella y qué hace?
Tomás se desencantó con todo. Se desencantó con la empresa, con el periodismo; se desencantó con el Gobierno. Heredó una cantidad de dinero sustancial porque su familia era bastante adinerada, eran los dueños de los terrenos donde se construyó la Corco. Él se queda en su casa, se reúne con sus amigos. Yo quería que alguien me editara el libro así que lo llamé y le mandé el libro. Hizo unas anotaciones bien buenas, me ayudó tremendamente.
¿Cuál era la actitud de tus compañeros periodistas en aquella época en torno al trabajo que ustedes estaban haciendo?
Algunos pensaron que era muy buen trabajo. Había muchos que pensaron que era una pérdida de tiempo, que lo que la Policía y el Gobierno alegaban era cierto y no entendían por qué nosotros seguíamos con la investigación. En eso tengo que darle crédito a Andy Viglucci, que siempre se mantuvo firme en ayudarnos y apoyarnos.
En el libro es evidente que El Vocero y El Nuevo Día estaban alineados con la versión oficial…
Oh, sí. Ismael Fernández estaba llevando la contraria siempre. El Vocero ni se metió. Lo ignoró totalmente.
¿Hiciste este libro pensando en las generaciones futuras?
Pues mira, yo doy clases en la UPR. La primera vez que di clases fue en el 1988. Estaba la hija de Celeste Benítez, estaba Juan Hernández, Marisol Seda de WKAQ, había un chorro de jóvenes que más tarde se destacaron. Cuando yo pongo mi nombre en la pizarra y me doy la vuelta, todos estaban así (embelesados).
Ahora, en la última clase, ninguno había nacido para entonces, pongo mi nombre, me doy la vuelta y tú los ves que están como ‘¿y qué?’. Yo veo este libro como una historia de la A a la Z… Cualquiera lo puede leer y sabe lo que pasó en Cerro Maravilla, sabe la atmósfera en Puerto Rico cuando eso sucede, sabe lo que pasó en los tribunales.
¿Cómo era tu relación con Don Julio Ortiz Molina?
Don Julio te hablaba pero tenías que preguntarle. Con él tuve una relación muy buena.
Tú te das cuenta de que él no…
Yo cuento (en el libro) cuando me doy cuenta de que Don Julio nunca mintió. En una entrevista que tengo con Villanueva; en la segunda investigación fallida, él me dice que Don Julio era su mejor testigo. Yo digo, ‘¿cómo puede ser eso si el hombre ha cambiado su versión tantas veces?’ Entonces Villanueva me dice ‘ajá, tú nunca leíste las declaraciones juradas de Don Julio’. Me dice, léelas y vas a ver que esas declaraciones fueron manipuladas. Entonces las conseguí; eran unos documentos confidenciales. Cuando las consigo y se las enseño a Tomás y le digo: ‘Mira esto, qué porquería la que han hecho con este hombre’.
La primera declaración habla de una ráfaga de disparos pero no dice que fue la única. Él estaba escondido debajo del dash. Cuando sale, ve que estaban golpeando a los muchachos y estaban vivos. Él le dice a Tomás en su primera entrevista ‘estaban vivos’ y le dice que hubo dos ráfagas, da una declaración jurada y dice ‘hubo dos ráfagas’.
Entonces Pedro Colton lo llama para otra declaración jurada y, en esa, lo confronta y le dice ‘condenao viejo, te voy a tener que procesar por perjurio porque tú estás diciendo cosas a la prensa que no nos estás diciendo a nosotros’. Y don Julio dice: ‘pues yo estoy diciendo la verdad y voy a continuar diciendo la verdad. Hubo dos ráfagas’. Entonces viene una secretaria y un fiscal auxiliar y confirman la conversación. Él hace la pregunta: ‘Cuando usted estaba en el sitio específico de los hechos, ¿cuántas ráfagas hubo?’ Don Julio le dice, ‘una ráfaga’. ¿Por qué: Porque a él lo sacan del sitio específico de los hechos y lo llevan a la torre de la Policía y es ahí, donde ya no está en el sitio específico de los hechos, que escucha la segunda ráfaga.
¿Qué pensaste de la posición que asumió el PIP con respecto a Maravilla?
A mí, lo que nunca me gustó fue el comentario de Rubén (Berríos) de que los populares estaban tratando de encaramarse encima de los cadáveres de los dos independentistas. Me pareció que eso estaba de más. No recuerdo que hayan hecho nada por el caso. Puede ser que no tuvieran fuentes o lo que sea.
¿Y el independentismo no pipiolo?
Juan Mari fue quien sacó lo de la conversación de Romero Barceló con (don Julio) Morales Sánchez.
Yo no sé dónde lo vio o lo que sea. Todo el mundo estaba como ‘hey, Don Juan metió la pata’. Pero entonces yo me doy cuenta de que todo el mundo dice que no hay grabaciones pero no oigo a nadie decir que esas conversaciones nunca pasaron. Entonces le digo a Andy Vigglucci que él debía ser la persona en llamar a la Fortaleza y preguntarle directamente al Gobernador si él había tenido conversaciones telefónicas con Julio Morales Sánchez. Él me dijo ‘buena idea’. Como a las dos de la tarde le digo: ‘Andy, did you make the request?’, y me dice, ‘Holy shit, I forgot’. Y se fue a hacerlo. Ya como a las seis y media de la noche, viene una americana que estaba trabajando como ayudante de la mesa ejecutiva y me pregunta: ‘Manny, is this important? Era la declaración (afirmativa) de la Fortaleza. Yo dijo ‘Holy shit, yes! Y ahí tuvimos la portada.
Tú no tenías una relación con el independentismo como la podía tener Stella por ejemplo?
No. En Tomás ellos tenían más confianza que conmigo, la gente del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), todos. Reconocían a Tomás como uno de ellos. A mí, todavía nadie sabe mi política. Muchos creen que soy popular.
Manny, en el libro, hablas de las elecciones del 80 pero nunca dices que esas elecciones se las robaron ¿Por qué?
Posiblemente las robaron con el voto de la Policía pero yo estuve ahí (en las generales) para el recuento, voto por voto, y no creo que fue robado; se corrigió ahí. Tú hablas con Héctor Luis Acevedo y él te dice que no las robaron.
Pero en las vistas de Edgardo Pérez Viera hubo testigos que hablaron de haber estado involucrados en la conspiración para robar esas elecciones; los hermanos Arzola.
Gil Arzola dice que lo hicieron apagando las luces, entonces cambiando la computadora. Pero qué ocurre, todos esos votos se contaron uno a uno y, si hubiera cambios en la computadora, no habría cambios en el papel. Ahí había gente del PSP luchando por cada voto porque querían que entraran Mari Brás y Gallisá. Y tenían al PIP haciendo causa con el PNP y el PSP con los populares.
Ahora que publicaste el libro, ¿estás optimista con respecto al futuro de esta investigación?
Estoy satisfecho porque no se ha puesto un fin total. ¿Quién ordenó todo esto? ¿Quién lo puso en marcha? Por ejemplo, creyendo en Papa Dios, hay demasiado orden en el mundo. Alguien tuvo que haber empezado esto. Cuando uno mira el átomo, es igual que el sistema solar. Hay una organización y un balance en todo y algo tuvo que haber puesto esto en orden. Entonces uno piensa… alguien tuvo que haber puesto en orden esto. Todo empieza con el esfuerzo de demonizar a los independentistas y hacerlos parecer malos.
Hay una carta. ¿Tu leíste en el Star sobre las grabaciones de González Malavé?
(Respondo no con la cabeza)
Ahí fue cuando yo me di cuenta qué poca gente estaba leyendo el Star. Nadie se dio cuenta. Esa era el tipo de información que, cuando yo la publicaba, llegaba al periódico y tenía el teléfono rojo, lleno de mensajes de ‘llama a Gallisá’, ‘llama a Mari Brás’. Ahora, tenemos este caso, yo lo publiqué hace como un año atrás; trataron de esconderlo, lo pusieron en las páginas de atrás. Se trata de que González Malavé posiblemente hizo unas grabaciones hablando todo lo que sucedió antes y después de Maravilla. Lo habían suspendido de la Policía y decide que va a hablar con Rolo Silva para que le den un abogado para defenderse en la Policía. Se estaba quejando de que lo tenían abandonado, sin dinero. Lo único que habían hecho era incrementar el sueldo de su novia, Migdalia Rivera, en WIPR, para que ella le pasara dinero. Él le dice a Hilton Cordero, un compañero de trabajo, que él había hecho unas grabaciones sobre lo que había pasado antes, durante y después de Cerro Maravilla.
Y nadie sabe dónde están esas grabaciones…
Nadie sabe. Hilton dice que nunca las ha visto, Migdalia también. Marcos Rigau dice que las tiene un abogado que está chantajeando al Gobierno para obtener contratos. Yo inmediatamente pensé en Santiago Rivera, un abogado de Bayamón que lo defendió del caso de secuestro; que dice que es independentista pero que es lo más estadista que te puedes imaginar.
¿Y tiene contratos?
Tiene. Y muy buenas relaciones con Gaspar Roca en El Vocero. Bueno, entonces González Malavé va donde Silva. Cuando regresa, le dice a Hilton ‘yo le dije a Silva que si no me daban ayuda, yo iba a tener que dar una declaraciones’.
Yo hablé con Silva y él me dijo que él pidió abogado pero más nada, que no amenazó con nada. Le pregunté a Silva si lo había comentado con otros compañeros del Partido y me dijo que no. ¡Mentira! Él sabía que González Malavé tenía poder para destruir el Partido. Tenía que haberle avisado a alguien. Pues, a los dos meses, matan a Malavé.
¿Qué quieres ver Manny? ¿Te gustaría ver preso a Carlos Romero Barceló?
Eso no me molestaría para nada (ríe). Yo quiero ver una solución. Si este fiscal Molina logra lo que él está buscando, se resuelve el caso. Todavía hay esperanza.
Publicado en CLARIDAD-En Rojo del 24 al 30 de Julio de 2003
