CLARIDAD
Si algo quedó demostrado en la vista pública conjunta de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras públicas y la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital, ambas de la Cámara de Representantes, respecto a la venta del conocido como el Parquecito del Condado, es la poca transparencia que hubo en la transacción por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Tras las protestas y denuncias de la comunidad por la venta del parque público, el envenenamiento de los árboles y conocerse el precio de venta de apenas $145 mil por un predio de terreno frente al mar, por parte de Krug Property han elevado las suspicacias e indignación por parte de la opinión pública en general. A ello se abona la defensa que ha hecho el gobernador Pedro Pedro Pierluisi Urrutia de que la venta es irreversible.
En la vista pública efectuada el pasado jueves siete de julio, en plena avenida Condado, frente al lote de terreno y a pleno sol, asistieron el director de la Administración de Propiedades del DTOP, la sub secretaria de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP), la secretaria del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA) y el director de Obras Públicas y Ornato, del Municipio de San Juan. También estuvo presente un nutrido grupo de vecinos de la comunidad que se mantuvieron atentos a las contestaciones de los funcionarios e incluso en ocasiones hicieron expresiones desmintiéndolos.
Comenzando con el director de la Administración de propiedades de DTOP, José Torres Aponte, no pudo dar nombre del tasador de la propiedad, cómo se justificó el precio, si hubo comparativas y otros pormenores. Torres Aponte confirmó que el DTOP procedió a inscribir la propiedad a su nombre a petición de compra por parte de Krug Property, que el terreno no estaba incluido en la lista de bienes inmuebles del gobierno para la venta, que en el DTOP no verificaron si el terreno estaba en uso, ni quién le daba mantenimiento.
El presidente de la Comisión Cameral que presidió la vista pública, Luis Raúl Torres le solicitó al DOPT un informe completo del caso, incluyendo la solicitud formal de compra del proponente. Se le concedieron cinco días a partir de la vista para entregar el informe.
OGP, ‘no otorgó ningún permiso’
Mientras la sub secretaria de la OGP, arquitecta Maria Reina Cintrón, se escudó con que el caso -se refiere al permiso de construcción- está en evaluación en el municipio de San Juan que es el que tiene jurisdicción por ser un municipio autónomo. Según explicó a la plataforma de OGP “todo el mundo” radica a través de la plataforma y los casos que le corresponde a los municipios autónomos le llegan directamente a los municipios para que ellos lo evalúen. “No tengo la evidencia de que este parque estaba en desuso o en uso, eso entonces tendríamos que revisarlo con un poco más de detenimiento porque no tenemos ese detalle”.
El Municipio le daba o no mantenimiento
En tanto el director de ornato del municipio de San Juan, Raúl García, entró en contradicción de si el municipio le daba o no mantenimiento al parque. A pregunta del legislador primero dijo que el municipio no le daba mantenimiento al parque, lo que levantó expresiones airadas en contra de los vecinos presentes, a lo que el funcionario entonces dijo que esa era una zona que las brigadas del municipio siempre estaban trabajando. Al funcionario también se le pidió un informe de todas las veces en que el municipio le ha dado mantenimiento al lugar.
No se sabe quién envenenó los árboles.
Por su parte la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodriguez Vega, dijo que esa agencia no incide en permisos de corta y poda de arboles en obras incidentales de construcción. Sí dijo que había una investigación por el envenenamiento de los arboles, que no ha concluido, aunque en un momento hubo una querella que no prosperó. Aclaró que el DRNA no da permisos para envenenar árboles ni tampoco hay ninguna otra agencia que de permiso para ello. Al igual que a los otras agencias, al DRNA se le pidió que entregara copia de su informe sobre el envenenamiento de los árboles, en cuanto esté concluido.
En un aparte con CLARIDAD, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, quien asistió como parte del público a la vista, señaló respecto a la transacción: “Una vez más estamos viendo aquí a unos funcionarios de las agencias que actúan en representación del interés privado y no para proteger el interés publico que están llamados a atender. En este caso estaban bregando con un activo de mucha importancia y también valor y lo trataron con descuido”.
En particular reprobó la tasación de $145 mil aceptada por el DTOP. “Fue una de las cosas que más me llamó la atención en una mera búsqueda pudimos encontrar que a dos cuadras de aquí se había vendido una propiedad a $2 mil dólares el metro cuadrado, pero la propiedad colindante con esta -se refiere al parque- que es de la parte interesada que compra también este predio se había vendido por casi el doble, tenemos todos esos factores que tenían que haber entrado en consideración y no entraron”.
Otro aspecto que trajo a la atención es que cuando se va a vender una propiedad de esta naturaleza se tiene que desafectar dado a que es una propiedad de uso público. Eso conlleva que tiene que haber una notificación a los colindantes -y sobre todo si es un parque a la comunidad colindante- para que sepan se que va a vender o está en consideración la posible venta de algo que es un activo comunitario. Reiteró que el predio en cuestión es un activo que “le pertenece no al DTOP sino al pueblo de Puerto Rico y ellos son custodios de ese activo comunitario, cuando se fuera a vender tenían que darle igualdad de participación y posibilidad a los colindantes y aquí solo se consideró un colindante”.
