CLARIDAD
De llegar a concretarse el plan de ajuste de deuda (PAD) para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF), los y las puertorriqueños estaremos pagando aumentos anuales en los peajes por los próximos 40 años.
El pasado 17 de junio se llevó a cabo la vista de declaración informativa -en la que se presentó el PAD a los acreedores- ante la jueza Laura Swain, que ve el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico mediante la ley Promesa.
El planificador ambiental José Rivera Santana y la licenciada Eva Prados Rodríguez, ambos miembros de la Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral del Crédito Público (CCAICP), en entrevista, denunciaron que el pago de la deuda de la ACT además de depender del aumento en los peajes, el pago dependerá de los ingresos del IVU, los cuales ya están comprometidos para otras emisiones.
De acuerdo a un análisis realizado por la Comisión Ciudadana, el PAD propone un aumento anual de 8.3% durante los primeros tres años, luego aumentos anuales de 1.5%, más un aumento por inflación. Se propone también un aumento anual en multas por la inflación y la colocación de peajes en ambas direcciones. Estos aumentos que se mantendrían hasta el 2062 son tanto para las autopistas privatizadas como para las que aun se mantienen bajo la ACT. El análisis de la Comisión Ciudadana rechaza que el recorte de la deuda incluido en el PAD sea de 80% como alega la JCF.
El análisis de la Comisión Ciudadana expone que la mayoría de la deuda de la ACT -que asciende alrededor de $6.7 mil millones- es deuda a largo plazo lo que representa la mayor carga para la corporación pública. Sin embargo una porción sustancial de esta deuda son reclamaciones del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Las reclamaciones del BGF serían liquidadas en su totalidad por lo que el mayor recorte de la deuda recae sobre ellas. Expone la Comisión Ciudadana que entonces el mayor recorte a la deuda de la ACT son las reclamaciones del BGF lo que consisten en deudas morosas del gobierno con el gobierno mismo, una entidad que ya cesó operaciones, y que estas reclamaciones no aseguradas son de muy poco valor, por no decir nulo.
Pero aun cuando no se pagaran las reclamaciones del BGF, la JCF a su vez propone un “instrumento de valor contingente” (IVC) que se pagaría “solo” en caso de que los recaudos del IVU sobrepasen las proyecciones hechas por la JCF en el Plan Fiscal (PF) del gobierno central. Eso significa que de todas formas la deuda del banco va a ser abonada con el IVC dentro del plan del gobierno central.
Los miembros de la Comisión Ciudadana denunciaron y censuraron que los excedentes de los recaudos del IVU se destinen para pagar la deuda y no para los gastos sociales, Universidad de Puerto Rico, municipios o infraestructura. En la práctica los ciudadanos estaremos pagando dos veces, con el aumento en los peajes y el IVU.
Según está contemplando en el PF se va a crear una corporación nueva para administrar los peajes. Aunque todavía no está claro -indicaron los entrevistados- cómo se va a dar ese proceso híbrido. “Por eso hablamos de que eso va a empujar a la privatización. Una app para administrar los peajes y asegurar que el dinero que entre sea para pagar”.
Por otro lado la JCF omite incluir en su cálculo del recorte un préstamo por la cantidad de $314 millones que el gobierno central tendrá que hacerle a la ACT para viabilizar el PAD. El préstamo se pagaría hasta el 2052. “Resulta cuestionable que la reestructuración de la deuda de la ACT requiera de un préstamo del gobierno central, es decir más cargas al Fondo General, y no tan solo de sus propios recursos”.
Esta no es la única omisión que la Comisión Ciudadana denunció comete la JCF. La Comisión da a conocer que el 71% del recorte no incluye el pago en efectivo de $389 millones que recibirán los bonistas de la ACT. Cuando se incluye este pago en efectivo, el recorte baja a 62%. No obstante -destaca la Comisión Ciudadana- la JCF además omite reconocer que de $1,200 millones en nuevos bonos que la ACT emitiría como parte de la reestructuración, $645 millones serían bonos de apreciación de capital, lo que es más de la mitad de los nuevos bonos.
“Los bonos de apreciación de capital o CABs son bonos cuyo pago de principal e intereses se postergan por años, algunas veces hasta la fecha de maduración. Debido a que por muchos años no se pagan intereses, estos se acumulan en el principal, haciendo que la deuda original incremente con el tiempo”.
A juicio de la Comisión Ciudadana la inclusión de CABs entre los nuevos bonos es una nefasta y es algo que ha sido criticado de manera amplia en el pasado por ser una de las razones que llevaron al país a la quiebra. A lo anterior se añade, que antes de la quiebra los CABs solo representaban el 3% de la deuda de bonos de la ACT y segundo la ACT -los ciudadanos- estaría pagando los nuevos bonos hasta el 2062.
Prados Rodríguez y Rivera Santana, lamentaron lo poco que se ha divulgado el PAD de la ACT y más aun que este parece tener el apoyo de la Legislatura. “La realidad es que no es suficiente, no tenemos capacidad, estamos tomando un préstamo para pagar a los bonistas, comprometiendo el IVU, el aumento no es sostenible y la Legislatura parece que la apoya y por eso decidimos sacar esta opinión, puede ser un recorte mayor en relación a otros planes pero no es bueno para el país”, reiteraron.
