CLARIDAD
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El problema en Puerto Rico con sacar dinero de una corporación pública para dárselo a otra es que siempre se ha hecho mal, aparte de que el gobierno tiene otras alternativas, si es que en verdad quiere aliviar los efectos de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos.
El proyecto de la Cámara de Representantes, PC 1387 presentado por los representantes Carlos Johnny Méndez, Juan Oscar Morales Rodríguez, Jesús Santa Rodríguez y Rafael Tatito Hernández Montañez, como una iniciativa del gobernador, Pedro Pierluissi, le ordena a la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE), el traspaso de $165 millones de “su Fondo de Reserva o de cualquier otra fuente de ingresos que identifique” a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
En entrevista, el economista Heriberto Martínez Otero, expuso que la medida no necesariamente está mal si se hace bien. “El problema es que en Puerto Rico el Gobierno siempre lo ha hecho mal”. Como se supone que funcione es que cuando se tienen corporaciones públicas con un excedente de liquidez, se les da un instrumento financiero a cambio, que se conoce como una ‘nota’ o un ‘trans’, es decir, un instrumento negociable. La otra corporación recibe el dinero para un uso en específico porque necesita liquidez; pero se supone que cuando recupere el dinero, lo devuelva. Esos instrumentos deben ser negociables, de menos de un año y que no sean pagarés a 10 o a 15 años. “En ese sentido, si la transacción se fuera a hacer bien, se puede decir que es válido”. Otro mecanismo que se pudiera autorizar es que la propia corporación, en este caso el CFSE, le preste ese dinero de manera directa a las corporaciones (AEE y AA) para que ellos negocien cuándo le van a devolver el dinero.
Martínez Otero subrayó que antes de entrar en esta transacción se supone que hay que saber cuánto dinero hay en ese fondo de reserva. “Si hay $5 mil millones y le retiro $165 millones para prestarlo a la AEE, en el proceso en que está aumentando la luz, que lo devuelva es un pellizco. Ahora, si en ese fondo hay $600 millones y le quito $165, lo quebré literalmente”, advirtió.
“Si lo que se va a retirar son cinco o diez millones a modo de préstamo, no es problemático. Si lo que se está haciendo es quitándole el dinero al FSE para ponerlo en la AEE, entonces es totalmente erróneo, problemático y puede llevar a problemas fiscales y actuariales al Fondo de Seguro, que pueden implicar su cierre. Eso ya lo vimos con el Banco Gubernamental de Fomento”, recordó.
Asoma la privatización
Debido a que no se sabe cuánto hay en el Fondo de Reserva de la CFSE, se le puede añadir la duda que ha habido siempre de las intenciones de su privatización. Repasó que el proceso de privatización comienza con el deterioro y la descapitalización de la estructura pública, para cuando no funcione usarlo como excusa para la privatización.
El economista, que ha servido de asesor legislativo, insistió en que la medida está incompleta y que, en términos estrictamente legislativos, hay que hacerle mucho trabajo, porque no especifica cuál es la naturaleza de la transacción, si es una transferencia directa, si es un préstamo, si es una nota o una aportación de capital de una estructura pública hacia otra. Para él, eso es lo primero que se tiene que establecer.
Lo segundo que hay que establecer es cuánto le ahorrará a los ciudadanos (los consumidores de la AEE y la AAA) en la factura este tipo de transferencia, que al fin y al cabo es lo que le interesa a la gente. Martínez Otero señaló que un proyecto como este debe ir a vistas públicas para que todas las partes — las corporaciones públicas, los sindicatos, la sociedad civil— puedan exponer, debido a que como está escrita la medida, no da información para saber si esos $165 millones para bajar la tarifa de la luz y agua va a ser efectiva o no para los ciudadanos.
En el caso particular de la AEE, se sabe que hay intenciones de su privatización, de hecho, se está negociando. Entonces, el Gobierno está buscando cómo resolver problemas de capitalización de la parte que todavía es pública, para en su momento poderla poner en manos privadas. A su juicio, eso también levanta muchas sospechas porque es un proceso que no se ha hecho con mucha transparencia.
Uno de los peligros de este tipo de medida es que la privatizadora puede seguir argumentando que debido al costo de combustible necesita aumentar las facturas, y si no se quiere aumentar la factura, hay que hacer transferencias de los recursos públicos hacia la corporación privada. Esta maniobra, por lo regular, se hace para mantener márgenes de ganancia. El también expresidente de la Asociación de Economistas expresó que esto antes en Puerto Rico lo veíamos en la teoría y en la experiencia internacional, “pero ya aquí lo estamos viendo con el aeropuerto, con LUMA, con las autopistas, que en lugar de decir vamos a administrar mejor para lograr más eficiencia y esas eficiencias se conviertan en nuestras ganancias, lo que estamos viendo es que continúa la ineficiencia que había cuando públicos. Pero ahora son más costosas, mucho más caras para el consumidor”. Otro cuestionamiento que hizo es si en realidad esos $165 millones es el número para que las facturas puedan bajar.
Que ayuden directamente a los ciudadanos
Al observar que la CFSE es la corporación pública más sólida que tiene el gobierno en estos momentos, Martínez Otero planteó que hay otros mecanismos mucho más económicos que se pueden utilizar para detener la inflación, directamente desde el Departamento de Hacienda, y poner más dinero en los bolsillos de la gente, en lugar de intentar hacer transferencias de corporaciones públicas para de alguna manera reducir esas facturas.
Este explicó que el mover dinero de una corporación pública a través de un préstamo para ponerlo en otra, para que esa otra entonces pueda bajar la factura, es mucho más largo que si Hacienda le devuelve a los contribuyentes cierta cantidad de dinero a través de los sistemas de electrónicos directamente y que entonces los ciudadanos lo utilicen como ingreso complementario para enfrentar la espiral inflacionaria.
La medida va a necesitar el aval de la Junta de Control Fiscal. “No veo que la Junta, que todavía es de mayoría conservadora, en términos económicos-fiscales vaya a avalar una propuesta como esta, a no ser que sea su iniciativa”, afirmó.
Martínez Otero llamó a los movimientos sociales a estar muy pendientes de que todavía quedan fondos federales para enfrentar el impacto los huracanes y los terremotos que nos afectaron. El gobernador ha utilizado mucho de esos fondos para diferentes partidas, pero ese dinero no necesariamente ha ido para mitigar los costos de la inflación. Habría que consultar cuánto dinero federal queda y utilizar parte de ese dinero, en lugar de utilizar el dinero de la CFSE. Recordó que la JCF no tiene control sobre los fondos federales.
La Unión defenderá al FSE
Por su parte, la Unión de Empleados del FSE, que reúne a mil setecientos empleados, dio a conocer que su Junta de Directores, por unanimidad, se opone a la medida. Lizbeth Mercado Cordero, presidenta de la Unión, denunció que “nuevamente nuestros gobernantes intentan saquear las arcas de la Corporación al usar la entidad como una ATH, ante su ineptitud para atender de raíz los graves problemas del Estado”.
La líder sindical expuso que dicha acción es una muestra de la “carencia de ideas de los legisladores que apoyan la medida, así como del gobernador, quienes optan por transitar por la vía más fácil, al proponer un retiro millonario de las reservas de la Corporación, por supuestamente estar solvente, en lugar de presentarle al país un plan abarcador que atienda la crisis fiscal del Gobierno, sus agencias y corporaciones”.
“No vamos a permitirles que se salgan con la suya. Basta ya de improvisaciones y soluciones irresponsables. Como unión y ciudadanos exigimos servicios básicos de excelencia a costos razonables basados en eficiencias y planificación a corto, mediano y largo plazo, no estrategias inmediatas que solo visten un santo al desvestir otro”, amplió la presidenta.
