CLARIDAD
ccotto@clarridadpuertorico.com
Cuándo empiezan a contar los 120 días del Condominio Sol y Playa en Rincón es la pregunta que hasta ahora nadie puede o quiere contestar. Se supone el Consejo de Titulares del condominio remueva los escombros de su pretendida construcción de una piscina y deje la playa Los Almendros en su estado natural original en ese plazo.
El licenciado José I. Barea Fernández, quien fue la persona que radicó una querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), indicó en entrevista que esa es una pregunta en la que puede haber dos versiones.
El 6 de junio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS) no acogió el auto de certiorari (solicitud de atención) y ni siquiera entró a examinar los méritos presentados por el Consejo de Titulares para que se revocara al Tribunal Apelativo (TA), que a su vez había confirmado una determinación del juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Aguadilla.
El juez determinó que el permiso de construcción era nulo, ordenó la detención de la construcción, la remoción de los escombros y que se devolviera la playa a su estado natural. La determinación del TPI fue emitida en febrero de este año. “Este es el último turno al bate” le expresó al consejo de Titulares respecto a la insistencia de construir una piscina en terrenos de la zona marítimo-terrestre en la playa Los Almendros.
Barea expuso que aunque se supone que Sol y Playa tiene 10 días laborables para solicitar una reconsideración, y sabe que recién se presentó, su parecer es que la petición va a ser denegada. Luego, tendría tres días más para una segunda reconsideración. “Hasta ahí llegaría el tema de tratar de impugnar la determinación del juez Quiñones”.
Queda entonces por definir el término de 120 días para cumplir con la orden de demolición, en la cual puede haber dos versiones. Una es que la demanda al amparo del Artículo 14.1 de la ley 161 del 2009, la Ley de Permisos, se supone que es un procedimiento sumario similar al injuction presentado por el demandante. Así que cuando un juez emite una orden al amparo del injuction tradicional, la orden se tiene que cumplir porque es urgente. De seguir esta analogía con la ley de permiso de carácter sumario, los 120 días pudieron haber comenzado a correr el 14 de febrero porque se supone que hay un daño irreparable, entiende Barea Fernández.
Ahora, si se espera por el proceso del TS, se pierde la certeza de que se vaya a tener un remedio justo. En ese sentido, pudiera ser que los 120 días ya se hayan cumplido porque hay cuatro circunstancias. Estas son el que la parte demandada presentó un auxilio de jurisdicción, tanto al Apelativo como al Supremo, y ambos casos fueron denegados o que la parte demandada evadió ser emplazada en múltiples ocasiones y no contestó la demanda, por lo que se le anotó la rebeldía.
“Si se toma la mala fe a todos los intentos de evitar algo, por alguna razón radicaron la orden de auxilio efectiva a 120 días. La otra opción sería que baje la determinación del Supremo y comenzar a contar 120 días. Sería sumo interesante atender como una controversia de derecho, cuándo comienza a contar el término”.
Explicó que esto está en manos de la Junta de Planificación (JP), que es la que se supone representa los intereses del pueblo de Puerto Rico, y de los abogados del Municipio de Rincón, que a su vez se supone representa los intereses de los residentes de Rincón y, sobre todo, de los que utilizan las playas para bañistas en Rincón, en especial Los Almendros.
No obstante, resaltó que quien tiene que cumplir muto proprio se supone que sea el ciudadano demandado. “Eso no ha sucedido y parece que no va a suceder; pero si no cumple, tanto la Junta de Planificación como el Municipio estarían en pleno derecho de presentar una moción solicitando el cumplimiento de la sentencia o, en su defecto, desacato si no se cumple con la sentencia emitida el 14 de febrero del 2022”.
Barea Fernández está confiado en que el Supremo va a denegar otra vez la petición de revisión. Entre tanto, por parte de Sol y Playa no ha habido movimiento y todavía está la presencia del campamento. “Hay que asegurar que quien vaya a hacer una reparación no ocasione un mayor daño del que ya hay. Siempre dije que la orden de paralización quien la presentó fue el pueblo”.
Mientras, la actual secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la licenciada Anais Rodríguez Vega, emitió una orden declarando nula la certificación del deslinde que emitió el anterior secretario, Rafael Machargo, e indica que si alguien quiere otro deslinde tendría que volverlo a solicitar.
