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Una píldora venenosa, un proyecto destinado al fracaso y un ejercicio más de distracción son las descripciones y proyecciones que ha recibido el anteproyecto sobre estatus de Puerto Rico que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó este pasado fin de semana en la isla.

El presidente del Comité, Raúl Grijalba, las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortés y  la comisionada residente, Jennifer González, se reunieron con líderes de los diversos partidos políticos de Puerto Rico y en una maratónica vista pública en la que participaron otros portavoces de las diversas corrientes políticas y de asuntos cardinales que afectan al país. Además, otros congresistas enviaron asistentes a quienes se les vio tomando notas.

La píldora venenosa

Por parte del sector independentista, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sostuvo una reunión con los miembros del comité en la que participaron su presidente, Rubén Berríos Martínez; el secretario general, Juan Dalmau; la vicepresidenta y senadora, María de Lourdes Santiago, y el constitucionalista Carlos Iván Gorrín Peralta.

Tras la reunión, el liderato del PIP declaró a la prensa que  mientras el proyecto mantenga el lenguaje de que la opción de la estadidad es autoejecutable, va a fracasar, ya que este lenguaje lo que constituye es la proverbial píldora venenosa: “El Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y los Estados Unidos, la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora. Debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial tal y como acertadamente reconoce el borrador del proyecto”.

La postura del PIP es que si el Congreso no enfrenta las complejidades de fondo que para Estados Unidos entraña el tema de la estadidad, el proyecto de ley no tiene futuro. El Congreso no aprobará un proyecto que disponga, como lo hace el anteproyecto, que si la estadidad obtuviera la mitad más uno de los votos, el Presidente deberá, sin más, proclamar la admisión de Puerto Rico como estado dentro del año de la votación.

Agregó que, más aun, el anteproyecto no hace referencia a los requisitos mínimos tradicionales de anexión; a saber: el uso generalizado del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y de gobierno, no constituir una carga económica para el erario federal y el necesario consenso de los habitantes del territorio. Tampoco toma en consideración un asunto de aun mayor trascendencia, y es que Puerto Rico tiene una identidad nacional propia profundamente arraigada y diferente a la de los Estados Unidos, nación que a su vez no aspira a convertirse en un país multinacional.

La exclusión del ELA

El profesor de Derecho Constitucional Carlos Ramos González señaló que lo verdaderamente novel del anteproyecto, al dejar de lado las demás consideraciones, incluso consideraciones técnicas, es que es la primera vez que se presenta una medida sobre el estatus de Puerto Rico, que no incluye la alternativa territorial colonial del estado libre asociado (ELA). Dijo creer que el  anteproyecto no se va a aprobar por diferentes razones. Entre ellas está el contenido de ‘la píldora venenosa’ de la estadidad, por las quejas de los que se sientan excluidos, como el mismo Washington DC. El hecho de que se haya presentado sin la alternativa colonial le parece de suma importancia.

Expuso que este hecho tiene  muchas implicaciones políticas, y que una de ellas es que fuerza a los defensores de la territorialidad colonial, que  todavía domina al PPD, a ser más claros en su defensa abierta del coloniaje. “Es importante para un proceso de descolonización que abiertamente admitan que son un territorio por consentimiento. El que digan eso los convierte en delincuentes internacionales confesos. Una cosa es que niegues el territorio colonial y otra que la admitas”.

Este considera que la reunión más importante que tuvieron los congresistas en Puerto Rico fue con los líderes del PPD, debido a que al planteamiento de los congresistas de cuál era su propuesta jurídica de un ELA fuera de la cláusula territorial, el PPD no pudo responder.

Desde esa perspectiva, una de las lecturas que pueden darse del proceso es forzar a ese sector colonialista, que es lo que representa el problema, a que se defina. Si los EE. UU., —entiéndase los intereses económicos, sobre todo— no tuviese un interlocutor en Puerto Rico, como lo ha sido históricamente el PPD, se le haría más difícil la gobernanza territorial.

Un segundo aspecto que  provoca la discusión del anteproyecto es la independencia. A juicio de Ramos González, este presenta una oportunidad para que todos esos trabajos que se han hecho con relación a cómo se tiene que dar esa transición hacia la independencia se retomen y se expliquen al detalle. La medida presenta las áreas especificas que se van a acordar por Estados Unidos en un periodo 25 años de transición. Resaltó que este es el momento, que el independentismo no debe seguir hablando en contra de la estadidad, sino tomar la delantera, porque en el proyecto la primera alternativa que discute es la independencia, después la libre asociación y último la estadidad. En Puerto Rico los proyectos siempre empiezan al revés, observó.

El tercer aspecto que resaltó fue la importancia que ha tomado la diáspora en el proceso, dado a que hay estudios en todos los órdenes, históricos, políticos, que hablan sobre el futuro de la nación. Un ejemplo de ello es el mismo anteproyecto que fue trabajado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio. “No hay duda de que el pensamiento de esas dos congresista ha sido determinante en todo este proceso. Si Nydia Velázquez no presenta su proyecto, el de Jenniffer no hubiese llegado a ningún lado”.

Elementos importantes

Por otra parte, el presidente de la Comisión para el Estudio Constitucional del Colegio de Abogados  y Abogadas de Puerto Rico (CAPR), Alejandro Torres Rivera, indicó a CLARIDAD que aunque   la posición histórica e institucional del Colegio desde el 1944 ha sido que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos era una basada en consideraciones injustas, por lo que  reclamaba el derecho a la libre determinación.  Más adelante fue madurando un mecanismo procesal, y la posición que sigue teniendo es que el mecanismo procesal debe ser el de asamblea constitucional de estatus. En ese sentido, la posición del CAPR es más cercana a lo que fue el proyecto radicado por las congresistas del Partido Demócrata Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio en el Congreso en el 2021.

Sin embargo, reconoció como uno de consenso el anteproyecto que se ha presentado entre las congresistas y la comisionada residente. A pesar de que excluye la asamblea constitucional de estatus, incluye otros elementos que para el CAPR  son importantes.

Identificó como el primero la ausencia de la alternativa colonial del ELA. Esto es contrario a las posiciones históricas que  había mantenido  el Departamento de Justicia de EE. UU., de que en una consulta de estatus tenían que incluirse opciones constitucionales para ese país bajo su cláusula territorial, lo que es constitucional para ellos, que es el ELA como lo conocemos. En esta ocasión, esa alternativa se descarta y  por primera vez se siembra en un proyecto de ley una propuesta diferenciada de lo que es la libre asociación, qué en efecto lo es y qué es la independencia.

El segundo paso adelante que dijo se incorpora, que estaba presente en el proyecto original de las congresistas, es la creación de una comisión negociadora bilateral. Esto establece también un mecanismo procesal para no descartar lo que puedan ser formas no coloniales y no territoriales y los correspondientes procesos de transición. Este mecanismo hace posible que se hagan  precisiones mayores en lo que tiene que ver con la ciudadanía estadounidense, la nacionalidad, la emigración y los poderes y prerrogativas que tendría el país bajo cada una de las opciones, así como cuáles serían los derechos económicos adquiridos por los habitantes de Puerto Rico de cara a una transición, sobre todo a la fórmula de independencia  y la libre asociación. Otros aspectos que establece son cuáles serían las garantías personales de los ciudadanos, cuáles serían los aspectos del gobierno propio en el caso de la independencia y libre asociación; pero sobre todo, también garantías como las que tienen que ver con el Seguro Social, pensiones de los veteranos y muchos otras cuestiones de transferencias y de aspectos sociales.

Un asunto que trajo a la atención el portavoz del CAPR es que es la primera vez que en un proyecto de estatus hay la referencia específica a Puerto Rico como nación y no como territorio. “En ese sentido, es de mucha importancia, porque Estados Unidos en su historia política nunca ha anexado naciones, siempre ha anexado territorios poblados mayormente por americanos blancos”.

Para el licenciado Torres Rivera, en el marco del  proyecto, lo más positivo que tiene a corto plazo, dentro de lo inviable que posiblemente sea desde el punto de vista del Gobierno de EE. UU.,  es que abre unos espacios de discusión que nunca han estado puestos en un proyecto. Para Puerto Rico  esto puede significar ganancias “en la medida en que nosotros maduremos este proceso de discusión. Que podamos verlo en una perspectiva de desarrollo, no de inmediatez”.

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Con mucha frecuencia en las redes sociales circula alguna foto hermosa del Cañón de San Cristóbal que, según Google, “es una “joya geográfica en el corazón de la Cordillera Central entre los pueblos de Barranquitas y Aibonito.” Por su extraordinaria belleza escénica las entidades que promueven a Puerto Rico como destino turístico lo destacan en sus publicaciones, mostrando la cascada y la exuberante vegetación que lo rodea. ¿Sabía usted que, por muchos años, ese paradisíaco lugar se utilizó como vertedero? Desde el tope de la montaña se lanzaba diariamente casi toda la basura que se producía en Barranquitas, destruyendo la vegetación y contaminando las aguas del río que discurre en el fondo.

Su utilización como vertedero tenía sanción “oficial” y a nadie en el gobierno central puertorriqueño ni federal, ni mucho menos municipal, le parecía una barbaridad cubrir con basura un lugar de tanto valor ecológico. Todo empezó a cambiar cuando organizaciones comunitarias de Barranquitas y Aibonito denunciaron el crimen ambiental y CLARIDAD, entonces un pujante semanario que los militantes del Movimiento Pro Independencia (MPI) distribuían por todo el país, destacó el problema en sus páginas. De manera muy gráfica, las fotos de CLARIDAD mostraban los camiones del municipio lanzando su carga maloliente desde el tope de la montaña.

Tras destacarlo CLARIDAD en 1973, otros medios de prensa recogieron la denuncia y las protestas comunales arreciaron. Algún tiempo después el gobierno se vio obligado a ceder y el abuso ambiental terminó. Desde entonces, poco a poco la propia naturaleza fue reparando el daño y hoy el Cañón San Cristóbal es otra vez el lugar paradisiaco que el gobierno -el mismo que ejecutó y amparó el crimen- utiliza en sus promociones turísticas.

De aquella experiencia ha pasado medio siglo y, aunque el cañón barranquiteño se salvó, los crímenes ambientales siguen manifestándose y el efecto acumulativo de estos es cada vez más grave. Hay, además, una realidad que no ha cambiado: descubrir el crimen y denunciarlo sigue siendo tarea casi exclusivamente de la ciudadanía, y las instituciones gubernamentales actúan -y cesan de encubrir a los culpables- sólo cuando la prensa divulga la denuncia y el tema se convierte en asunto público.

Esos tres pasos -denuncia ciudadana, resonancia en la prensa y acción oficial- se repiten continuamente, siempre en el mismo orden, pero en algunos casos el crimen ambiental es tan severo, y el daño acumulado tan grande, que cuando finalmente se produce la acción del gobierno, o el mandato judicial para que esta se produzca, revertir los efectos resulta casi imposible. Ese es el caso de lo que está ocurriendo en Bahía de Jobos en el municipio de Salinas.

No hay más que ver alguna fotografía o vídeo del estado actual de ese lugar para concluir que el problema lleva allí muchos años y que la indolencia y el contubernio gubernamental ha sido la norma siempre. Se supone que el lugar sea una “reserva protegida”, bajo administración del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y, sin embargo, fue poco a poco destrozada por individuos que construyeron estructuras y muelles a la vista de todo el mundo. En la explanada creada donde antes hubo manglares, se celebraban festivales financiados con fondos asignados por la Legislatura y los políticos del área montaban sus fiestas para recaudar fondos de campaña. Al menos cuatro gobernadores pasaron por Fortaleza, junto a otros tantos secretarios o secretarias de Recursos Naturales, sin que ninguno quisiera fijarse en lo que estaba ocurriendo. Tampoco se habían dado por enterado los federales, aun cuando varias de sus agencias tenían responsabilidad directa para intentar detener lo que estaba ocurriendo.

La atención se produjo cuando ocurrieron los dos eventos que he estado mencionando: denuncia púbica y resonancia en la prensa. En esta ocasión fue la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, quien hizo la denuncia y, ante la magnitud de lo denunciado, la resonancia fue grande. Ahora la nueva secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, parece dispuesta actuar (si la dejan, porque ya se rumora que la van a sacar) y hasta los federales se dignaron a visitar el área. No obstante, dado el tiempo trascurrido y el daño acumulado, el camino a recorrer será largo, repleto de pleitos, y no sabemos si, como ocurrió con el Cañón San Cristóbal, alguna vez pueda la naturaleza recuperar su espacio en Salinas.

Otro caso de mucha resonancia ocurrió en Rincón, donde los titulares de un condominio lograron permisos oficiales para apropiarse de una playa pública. Allí la militancia ciudadana no solo denunció el problema, sino que también se movilizó a intentar detener el crimen ambiental, enfrentándose a la Policía y al propio DRNA. El amparo finalmente vino del sistema judicial y aún se está a la espera de que el área pueda ser restaurada.

Comencé este artículo hablando del Cañón San Cristóbal de hace 50 años, pero antes hubo otro que, a no ser por la denuncia ciudadana, hubiese tenido consecuencias catastróficas para la región central del País. Me refiero a la explotación del cobre que subyace en nuestra Cordillera Central que, a mediados de la década del ‘60 iba a ser extraído, mediante minería a “cielo abierto” que arroparía a tres municipios del área. Una campaña intensa del MPI, que se mantuvo por muchos años, detuvo la amenaza. La campaña comenzó cuando ya se negociaban los contratos de explotación con empresas multinacionales de minería. Algo similar ocurrió la década siguiente, la del ’70, cuando el Gobierno intentó construir un súper puerto petrolero.

La moraleja de estas experiencias del pasado y del presente es clara: sólo la lucha del pueblo puede detener la barbarie ambiental. Así pasa con todo.

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El curso que sigue la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, denunciado por médicos y científicos miembros de la organización Ciencia PR, es de un alza en contagios y el abandono de una política de salud pública por parte del Departamento de Salud (DS). Ese departamento no ha seguido con el rastreo efectivo de casos y no ofrece información sobre las consecuencias serias de salud a largo plazo. El peligro del COVID-19 no ha pasado.

La denuncia de la inacción por parte del DS para atender de manera proactiva la situación del COVID-19 en el País, a partir del comienzo de este año, fue presentada en un foro, moderado por la periodista Edmy Ayala, con la participación de los doctores Alberto Rosario, Brenda Mariela Rivera Reyes, la epidemiológa Fabiola Cruz López y el investigador de enfermedades infecciosas Marcos Ramírez Benítez.

La epidemiológa destacó que la positividad de 30 % de contagios que se está viendo en el país representa una cifra de 4,000 casos diarios. “Esto no es de la semana pasada, esto es que ya llevamos varias semanas dentro de esta misma carga”.

Añadió que los casos que no se están reportando afectan la positividad. Además, se está perdiendo de vista la educación que esos casos recibían por medio del sistema de rastreos municipales. Estos eran llamados y contactados por los sistemas municipales, la información que se obtenía guiaba sus investigaciones y servía para identificar otros contactos. Este proceso ya no se está dando en aquellos casos que se realizan las pruebas caseras y, por ende, no se están reportando al DS.

“Salud pública no es restricciones, salud pública mucho menos es solo hablar de tratamiento y de vacunas. Salud pública es la base para nosotros requerir que el pueblo tome decisiones individuales.  Tenemos que proveer las herramientas, y son las herramientas del conocimiento”, reclamó.

La iniciadora del proyecto de rastreo municipal en el pueblo de Villalba denunció que a partir de mayo del 2021 esos informes desaparecieron. Subrayó que cuando habla de informes de casos no habla de números, sino de cómo se le dice a las personas estos cuáles son los cinco síntomas principales, cuáles son las exposiciones principales, no tan solo en Puerto Rico, sino por regiones, para entonces tener la educación dirigida de cómo va la efectividad de la vacuna, dado a que se sabe que su efectividad va  menguando a través del tiempo.

Hay que saber a qué nos enfrentamos

 El doctor Marcos Ramos Benítez indicó, por su parte, que es importante entender el contexto en que estamos para poder entender  lo que tenemos de frente. Repasó que las vacunas, y más sin el refuerzo, no están 100 % garantizadas. Algunas personas que están en grupos de alto riesgo pueden desarrollar la infección aunque estén vacunadas y, aunque estén vacunadas y tengan el refuerzo, se pueden enfermar y terminar en la muerte. Una vez se entienda eso todo va a depender del contexto en que las personas se encuentren.

Este alertó de que cuando se tiene una tasa de positividad de 31 % significa que aproximadamente una de cada tres personas tiene COVID. Eso quiere decir que ya la probabilidad de que alguien dé positivo es alta. Estamos hablando de que si una persona entra a un sitio en que hay otras diez, es muy probable que tres de esas diez personas den positivo a COVID. Frente a esta situación, las medidas que se tienen que tomar son diferentes a las de un escenario saludable. “Tenemos dos años de práctica y, de repente, parece que lo olvidamos. Es ahí donde tenemos que ser mejores”.

Ante este contexto, recabó la necesidad de evitar la infección regresando al uso de la mascarilla en lugares cerrados y abiertos, mantener la distancia, procurar actividades al aire libre, campañas de educación y la vacunación.

Los científicos —todos— recalcaron que esta enfermedad no es un ‘catarrito’, como muchas personas creen.

En ese aspecto el médico primario Alberto Rosario, expuso su experiencia.

“Desde abril-mayo, que es cuando comienza todo este desbarajuste, el Departamento de Salud realmente se rindió en lo que es la prevención, cuando basó sus esperanzas en decir que no va a haber restricciones porque ahora hay tratamiento, hay antivirales, monoclonales, que ya no hay que presentar restricciones, me di cuenta de que había dejado de hacer lo que es salud pública. Eso no es salud pública”.

El doctor Rosario destacó que la labor de la salud pública debe ser prevenir que las personas lleguen a usar medicamentos. Este entiende que el DS falló en su rol salubrista al descansar en los tratamientos y los medicamentos cuando la mejor herramienta para evitar hospitalizaciones y consecuencias es la prevención. Este difiere de la posición del DS de que una persona vacunada que estuvo expuesta a una persona con covid no tiene que hacer cuarentena.

“Comoquiera, se está expuesto, la vacuna no evita que uno contagie a otras personas. Entonces vimos ese boom de aumentos”.

La crisis del COVID persistente

El DS no está atendiendo la prevención y tampoco está tomando en consideración  lo que es el COVID persistente, subrayó el doctor Alberto Rosario.

“Como médico primario estoy viendo el covid persistente de toda esta ola que surgió de diciembre-enero. Me he encontrado con pacientes para los que la realidad del covid no es un catarrito. El COVID causa una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo especialmente en las células Tenemos que personas que no eran diabéticas ahora son prediabéticas; prediabéticas que ahora son diabéticas; hipotiroidismo con crisis hipertiroidea, personas que tuvieron COVID asintomáticos que llegan con fibrosis en los pulmones, personas con problemas neurológicos por la famosa neblina mental, que es un daño neurológico por la pérdida de memoria”.

Expuso que hay una serie de condiciones que poco a poco están revelando la crisis que deja el COVID persistente, que además de provocar una crisis hospitalaria, deja al descubierto la crisis de especialistas que hay en el país. Reveló que en el área norte está viendo que los hospitales están dando de alta a los pacientes para que el médico de cabecera los refiera al especialista. Esto antes lo hacía el hospital antes de dar de alta al paciente. Y ahora la carga está recayendo en los médicos primarios.

La doctora Brenda Mariela Rivera Reyes, al comparar este año  2022 con los dos anteriores, declaró: “Nunca nos pudiéramos imaginar que estaríamos ahora mismo peor que cuando comenzamos, desgraciadamente. Tuvimos un excelente control de infecciones hasta que llegó ómicron. Después de ómicron todo pasó a un tercer plano como si fuera un chiste realmente de mal gusto”.

Esta aclaró que la carga principal que crea cualquier enfermedad no es la muerte, sino  la morbilidad, que es lo que eventualmente va a ser el saldo a pagar. Expuso que en el caso de Puerto Rico, de acuerdo con lo que dicen los informes, hay un número entre 5 % a un  40 % de personas infectadas que van a desarrollar alguno de los síntomas de COVID persistente. Si a esto se le añade que alrededor de 30 % de la  población de Puerto Rico  tiene como mínimo una condición crónica, estas personas están más propensas a contagiarse del virus.

En Puerto Rico, desgraciadamente, no se tiene una clínica de covid persistente, reveló. Estas clínicas y la información sobre el covid persistente comenzaron en abril y mayo del 2020 en otros países.En Puerto Rico no.

La preocupación de la doctora Rivera Reyes  es que en Puerto Rico tenemos dos poblaciones dentro del COVID. Una, la población entre los 60 a 65 años con alguna enfermedad crónica. Ese va a ser del grupo donde habrá mortalidad. El otro grupo, según los números de contagio totales, está entre las edades de  20, 40 a 50 años: “Ese grupo de nuestra sociedad— que viene siendo el motor, los que trabajan, los padres, cuidadores—, dentro de esa población estamos desarrollando personas con enfermedades crónicas . Esto va a tener otras consecuencias no solo en la salud de esas personas, sino sociales y económicas”.

La doctora Rivera Reyes insistió en que todavía hay muchas personas que no se han dado cuenta de esta parte de la pandemia del covid, cuando ya está probado que el COVID persistente provoca una discapacidad. Esta es una población que en el futuro va a necesitar ayuda económica, social y mental.